El derecho humano al agua en El Salvador es un derecho abandonado por el Estado, sobre todo para el 25 % de la población que es abastecida por el alrededor de 2,500 juntas de agua que existen en las zonas rurales y periurbanas; la necesidad de tener agua en la casa obligó a las comunidades a asumir la autogestión del abastecimiento. Estas son organizaciones con carácter social, sin fines de lucro, y que si bien cobran una cuota a las familias usuarias, lo recaudado se destina al funcionamiento del sistema que administran: pago de energía eléctrica, compra de suministros, exámenes de calidad de agua, sistemas de cloración, procesos de formación, asuntos administrativos, entre otros. 

La Ley de Recursos Hídricos en el artículo 41 reconoce la figura de “Juntas de Agua”, un logro gracias a la lucha de las comunidades organizadas defensoras de la gestión comunitaria del agua; este reconocimiento debería implicar un inicio para que el Estado asuma la responsabilidad de potenciar las capacidades de estos sistemas. Sin embargo, esta ley es un territorio poco amistoso ya que podría impactar directa o indirectamente a las Juntas de Agua; la ambigüedad de algunos preceptos, que abordaremos en este artículo, abre espacios para la disputa política de temas apremiantes para las Juntas.

El pago del agua es un asunto de justicia: que pague más el que tiene más

Si bien a través del artículo 109 de la ley se ha determinado la obligación del pago del canon por la extracción del agua, incluyendo a las juntas de agua, la misma ley no determina con exactitud cuánto se pagará; esto deberá determinarlo la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) de acuerdo al artículo 110. 

¡Nuestra exigencia es que el cobro rompa el modelo de injusticia! Que las juntas de agua y demás usos sociales del agua paguen un canon simbólico, mientras que los usos económicos o usos para la ganancia, que hace la oligarquía y sus empresas, asuma el costo de la gestión del agua, pues hasta ahora han gozado de impunidad, usando toda la que necesitan, contaminándola y sin pagar ni un centavo. 

Como ejemplos de este modelo de injusticia encontramos en la zona marino-costera, la agroindustria azucarera (encabezada por la familia Regalado) quienes aprovechando y promoviendo una política de debilitamiento institucional histórica en el MAG en su función de regulación del agua para riego, sobreexplota libremente los ríos y acuíferos para el monocultivo de caña de azúcar, teniendo o no permisos y pagando una miseria o nada por el uso del agua. También, en las pocas zonas verdes aledañas al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS): volcán de San Salvador, Cordillera del Bálsamo y Finca El Espino se han creado mecanismos injustos para el robo y despojo del agua; por ejemplo: en el municipio de Nuevo Cuscatlán (Cordillera del Bálsamo) tenemos la construcción del megaproyecto urbanístico más lujoso del país: Kalamanda, propiedad de la Sociedad Briko (en la que se encuentra relacionado el círculo cercano al presidente Bukele) y al cual se le está garantizando casi seis millones de litros de agua al día, en un territorio donde la gente empobrecida sufre la sequía y además, pagando un precio subsidiado que no corresponde con su poder adquisitivo.  

Un pago simbólico a cambio de una institucionalidad eficiente 

De acuerdo al artículo 35 letra a) de la Ley de Recursos Hídricos, el Ministerio de Salud (MINSAL) es el competente de regular y administrar a las juntas de agua, cuando dicho Ministerio no tiene las capacidades ni para resolver sus propios líos. No hay medicina y la remodelación del Hospital Rosales se ha reducido a una campaña de publicidad del gobierno. ¿Cómo hará el MINSAL para mejorar los sistemas comunitarios de agua, facilitar capacitaciones y brindar cualquier tipo de asistencia técnica, financiera, legal y administrativa que las Juntas necesiten? 

Se necesita crear una institucionalidad especializada, fuerte, con recursos y voluntad política para resolver los problemas del abastecimiento rural.

Tratamiento de aguas residuales: las Juntas de Agua garantizan, pero que el Estado sea el que pague

De acuerdo al artículo 41 de la ley, las juntas deberán garantizar el tratamiento de sus aguas residuales (aguas grises y negras). La gran mayoría de juntas (posiblemente todas) no ofrece este servicio, que, aunque necesario, necesita inversiones tan fuertes como los mismos proyectos de abastecimiento que podrían incluir en algunos casos, como mínimo, la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento; en otros casos, sistemas de tratamiento unifamiliar, como fosas sépticas y pozos de infiltración, entre otras tecnologías de saneamiento. 

Esto quiere decir, que el artículo 41 intenta delegar y descargar esta obligación que corresponde al Estado, en las juntas de agua; cuando hasta ahora, la misma institucionalidad pública salvadoreña no ha podido o no ha querido responder a esta obligación. La situación es tan grave, que de acuerdo con el MARN, más del 95% de las aguas residuales domésticas se descargan a un cuerpo receptor sin ningún tratamiento, y los escasos sistemas existentes funcionan de manera deficiente. 

Si bien es urgente buscar solución al problema de la contaminación del agua, no es justo que ahora se busque que la gente empobrecida pague nuevamente para satisfacer sus propios derechos. Desde el derecho a la salud de las personas y desde el cuido y conservación de la naturaleza, se reconoce la urgencia de un esfuerzo serio para garantizar el saneamiento. Sin embargo, las juntas no cuentan con la capacidad económica para invertir en este tipo de infraestructura que esto requiere; por ello, el Estado debe generar proyectos específicos para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, es decir, las juntas garantizan la administración de estos sistemas, pero que sea el Estado el que pague su construcción. 

Urge el análisis colectivo y la construcción de propuestas

La Ley de Recursos Hídricos tal como está aprobada y en las condiciones de crisis fiscal que enfrenta el país, es un territorio de nadie; que se implemente, de manera justa o injusta, va a depender de la acción que tomen los grupos interesados. En ese sentido se vuelve un asunto urgente la elaboración y aprobación de un reglamento que desarrolle herramientas y genere mecanismos concretos para promover los intereses y evitar impactos negativos en los sistemas comunitarios. Esto requiere sin duda hacer un gran esfuerzo de análisis colectivo y propuestas sobre las implicaciones de la ley y las posibilidades que tienen los sistemas comunitarios; pues el reglamento debe ser una herramienta política que unifique criterios y en el que la sociedad se ponga de acuerdo para exigir el derecho humano al agua. 

En dicha herramienta se debería incluir la exigencia de un pago simbólico por parte de las juntas de agua, que el Estado genere proyectos de inversión para garantizar tratamiento de aguas residuales y una institucionalidad especializada, fuerte, con recursos y voluntad política que garantice el derecho al agua. 

También desde el reglamento es importante continuar defendiendo la declaratoria de interés social. Allá por el 2013, se logró que más de 800 juntas de agua se les declarara de “interés social”; esto implica exención de la tasa por explotación del agua, programas de fortalecimiento y el subsidio en el pago de la energía eléctrica, pues por ejemplo una junta de agua mediana (que abastece a unas 500 familias) sin subsidio podría andar pagando unos $1,600 al mes por energía eléctrica, con subsidio paga alrededor de $700. Sin embargo, aún existe una importante cantidad de juntas que no cuentan con la declaratoria de interés social. Por lo tanto, por un lado es necesario que se conserve la declaratoria de interés social y sus prerrogativas, y por otro lado que se incluya en el mismo a más Juntas de Agua Rurales, Periurbanas y Urbanas que lo necesiten. El Estado no debería imponer más cargas a las Juntas de Agua, al contrario, debe mantener el subsidio y ampliarlo.

Hace unos días una lideresa de una Junta Rural de Suchitoto me dijo: “La Ley de Recursos Hídricos es una oportunidad para que las Juntas de Agua nos organicemos y articulemos, porque sino la ASA nos va a desaparecer”. También creemos lo mismo. Esta ley es una oportunidad para construir desde las juntas un acuerdo político para reivindicar el derecho humano al agua y al saneamiento, para exigir que la gente empobrecida no pague o lo haga de manera simbólica, para que pague más el que tiene más y para exigir que la oligarquía asuma el costo de la gestión del agua. Esta ley es una oportunidad para que levantemos cabeza y continuemos en la disputa política por el derecho al agua. 

¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!