Foto Emerson Flores / Diseño Leo Pacas
La UES encubre a los agresores
Las mujeres estudiantes, docentes o empleadas administrativas que sobreviven al acoso y a las agresiones sexuales en la Universidad de El Salvador no confían en las instituciones internas para conseguir justicia. La gran mayoría de mujeres ni siquiera denuncia y cuando sí lo hacen se enfrentan a que su caso no sea una prioridad y en el peor de los escenarios ni siquiera abren un expediente de investigación en contra de los agresores. GatoEncerrado revisó resoluciones y encontró que hay más denuncias públicas en medios de comunicación y en redes sociales que en las instituciones internas.
Por Gabriela Méndez
Rosa concluyó, casi de inmediato, que las instituciones internas de la Universidad de El Salvador (UES) no están para defenderla de los empleados universitarios que son acosadores laborales y agresores sexuales, sino para encubrir. Cuando se quiso acercar a la Defensoría de Derechos Universitarios y a la Fiscalía universitaria para denunciar una agresión sexual cometida por Douglas Antonio Hernández Miranda, quien en ese momento era el Secretario de Comunicaciones, fue convencida de no ir bajo el argumento de que no la escucharían porque su caso “había ocurrido afuera” del campus; aunque eso no era del todo cierto, ya que parte del acoso comenzó a intensificarse mientras trabajaba, en horario laboral y en las oficinas. Además, se convenció de que el agresor tenía influencias.
Así que Rosa no llevó toda la evidencia que había documentado, como capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp y descripciones sobre cómo el secretario Hernández fue aumentando gradualmente el acoso, desde miradas lascivas hasta la ocasión cuando ocurrió la agresión sexual.
Frustrada, decidió que iba a denunciar afuera de la universidad. Acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), pero se desanimó cuando la persona que la recibió le dijo que los fiscales estaban atendiendo una situación de emergencia y que debería regresar en tres horas.
Las amigas de Rosa le aconsejaron que lo mejor sería ir a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), donde finalmente la escucharon y la apoyaron para enfrentar la situación.
Rosa también se enteró que no era la única persona acosada por Hernández. Algunos empleados de la UES confirmaron a GatoEncerrado, bajo anonimato para no tener represalias en su trabajo, que fueron testigos de cómo el Secretario de Comunicaciones acosó sexualmente a varias mujeres bajo su cargo e incluso acosó laboralmente a hombres. De acuerdo con los empleados, lo que Hernández hacía con sus compañeras era tan evidente que llegó hasta defenderse públicamente diciendo que todo era mentira.
“Él mismo comentaba que le hacían mala fama de ser acosador y violentador (…) Manipulaba e incluso pedía a algunas empleadas que salieran con él para ‘hablar de trabajo’; llegó al punto de agredir y violentar sexualmente a una de ellas (Rosa)”, dijo uno de los empleados de la UES.
A pesar de que Hernández nunca ha enfrentado una investigación o un proceso sancionatorio ni disciplinario desde la instituciones universitarias por el caso de agresión sexual en contra de Rosa, sí ha enfrentado distintas denuncias y procesos por acoso laboral. Su historial, en realidad, ya está manchado. Por eso, lo ocurrido con Rosa no es una novedad ni sorpresa para nadie de los que trabaja en la Secretaría de Comunicaciones y otras áreas de la universidad.
La UES encubre violencia contra la mujer
La violencia sexual que ocurre en la universidad en contra de mujeres estudiantes, docentes y administrativas es una realidad documentada ampliamente por medios de comunicación y denuncias en redes sociales. Pero también por estudios como el de la Red de Colectivas Feministas, que dan cuenta de cómo 9 mujeres de cada 10 que dijeron haber sufrido violencia sexual en la universidad prefirió no denunciar ante instancias internas por desconfianza, o en algunos casos porque ni siquiera sabían cómo son los procesos de denuncia. De los agresores que sí fueron denunciados (10 % de los casos), más de la mitad quedaron absueltos.
GatoEncerrado también revisó, a través de Acceso a la Información, las resoluciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Universitarios y encontró que, en el caso de que se compruebe la agresión, la institución tiene una función casi decorativa en el interior del campus, ya que solamente se limita a dar recomendaciones a los agresores para que eviten actuar con violencia. Empleados de la universidad señalaron que esas resoluciones no tienen un seguimiento y en la práctica no sientan ningún precedente para sancionar a los acosadores y agresores.
Los datos también señalan que la Defensoría no es un lugar al que acudan las víctimas. En los últimos cinco años, desde 2017 hasta 2021, la Defensoría solamente registró seis denuncias de violencia contra la mujer, a pesar de que en medios de comunicación y redes sociales trascendieron otros en el mismo periodo. Cuatro de los seis casos que sí llegaron a la Defensoría fueron interpuestos por estudiantes y dos por empleadas de la universidad. Los agresores de esos casos son docentes o trabajadores administrativos. Solamente dos de esos seis casos concluyeron en resoluciones que declaran que sí hubo agresiones.
Entre esos casos que llegaron a la Defensoría está el de una estudiante de Ingeniería Industrial que denunció, el 23 de julio de 2018, al docente Carlos Mario Aparicio por acoso sexual cometido en la Facultad de Ciencias Agronómicas. La estudiante describió ante la Defensoría que sus notas habían bajado y que fue afectada académicamente después de rechazar las invitaciones e insinuaciones del catedrático.
En su resolución, la Defensoría recomendó al docente abstenerse de utilizar su posición de poder para “causar menoscabo a la dignidad de las estudiantes mediante acciones tendientes a vulnerar los derechos humanos de las mismas y especialmente los derechos a libertad sexual”.
En los mismos cinco años, la Defensoría registró otras 16 denuncias de violaciones a derechos laborales y universitarios. Todos los denunciados son docentes o trabajadores administrativos. Una de esas denuncias fue contra el fiscal general de la universidad, Rafael Humberto Peña Larín, por incumplir plazos acordados por la Asamblea General Universitaria para realizar una investigación. Aunque se demostró que el fiscal violó el artículo 16, numeral 1, de la Ley de Procedimientos Administrativos, no se le declaró con responsabilidad y la Defensoría solo recomendó una obviedad: cumplir los plazos.
Asimismo, existen resoluciones que muestran que son las Juntas Directivas de las Facultades las que también encubren las violaciones a derechos universitarios. El 7 de diciembre de 2018, por ejemplo, una estudiante de arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura denunció al docente Eduardo Edgardo Góngora por maltratos verbales e incumplimiento de deberes académicos. La Defensoría declaró sin responsabilidad al docente debido a que “cumplió los acuerdos conciliatorios del caso, con lo que subsanó su incumplimiento a los deberes académicos”. No obstante, la Defensoría declaró responsable a la Junta Directiva de la facultad “por haber podido actuar de forma distinta y armónica respecto a los derechos”. En pocas palabras, la Defensoría señaló que en el caso pudo haber declarado responsable al docente de maltratos verbales e incumplimiento de deberes académicos, pero la Junta Directiva encubrió al permitir una conciliación.
El Defensor de Derechos Universitarios, Luis Antonio Lipe, admitió y explicó a GatoEncerrado que la Defensoría se limita a hacer recomendaciones, debido a que no es un ente sancionador y su labor solo es ser “responsabilizador”; es decir, declarar que alguien cometió alguna falta y recomendarle no cometerla más.
“Después de que se emite una resolución estamos pendientes, no cerramos el caso ahí, cerramos el expediente, pero el caso no (…) Después ya no nos volvemos parte del proceso, sino garantistas del debido proceso”, mencionó Lipe, quien agregó que los casos pueden llegar a otras instancias internas donde sí pueden haber sanciones en contra de los agresores.
En la universidad también existe un Centro de Estudios de Género y una Política de Equidad de Género (PEG), pero lo que no existe es un acompañamiento a las víctimas de violencia que hablaron con GatoEncerrado.
El director del Centro, Danilo Ramírez, explicó a esta revista que su aporte es limitado y que es muy poco lo que en realidad puede hacer por las víctimas y para prevenir la violencia de género en el campus.
“No tenemos una herramienta como para decir que jurídicamente nosotros podemos actuar de alguna manera (…) En cuanto a la salud mental, solo se cuenta con una persona profesional para atender los casos. Cuando se requiere este tipo de apoyo, se tiene que buscar con compañeras afuera de la universidad y la Colectiva (Feminista) principalmente es quien nos ha apoyado en ese sentido”, explicó Ramírez.
Keyla Cáceres, representante de la Colectiva Amorales que ha acompañado a distintas víctimas de violencia en la universidad, aseguró a GatoEncerrado que las autoridades de la UES son “cómplices” de los agresores.
“Sostenemos que las autoridades son cómplices de la violencia contra las mujeres dentro del campus universitario. Se han dedicado a solapar a los agresores y acosadores sexuales. Por años se ha denunciado la violencia a la que nos vemos sometidas las estudiantes universitarias y nunca han tomado una medida para erradicarla”, señaló Cáceres.
Como revelan los datos de las resoluciones de la Defensoría, la mayoría de los agresores que son denunciados en las instancias universitarias terminan siendo protegidos. Pero hay otros casos peores, como el de Rosa que ni siquiera tienen un expediente abierto de investigación.
Afuera de la universidad, en Isdemu, Rosa recibió acompañamiento psicológico y legal ante el acoso sexual. Fue gracias a ese respaldo que regresó a la Fiscalía General de la República para denunciar a Douglas Hernández. Al final, la Fiscalía abrió el caso bajo el número de referencia 258-UDMM-2020-SS; pero, desde la denuncia formal hasta el momento cuando Rosa comentó lo ocurrido a esta revista, pasaron dos años y la Fiscalía todavía no había citado a Hernández ni tampoco informó de avances en la investigación.
El historial de Hernández
Aunque el caso de agresión sexual nunca fue investigado por ninguna institución interna de la UES, Hernández acumuló otras denuncias por acoso laboral cuando era secretario de comunicaciones. Uno de esos casos es el de una empleada de la Secretaría, quien denunció en septiembre de 2018 una serie de acciones en su contra que afectaron sus laborales y su salud mental y emocional.
Cinco días después, una segunda empleada sumó otra denuncia contra Hernández por acoso laboral. Según la víctima, los malos tratos por parte del secretario de comunicaciones venían desde 2007, cuando supuestamente y sin ninguna evidencia la acusó de robar material histórico.
En febrero de 2019, la Comisión Disciplinaria y de Conflictos recomendó al Consejo Superior Universitario (CSU) remitir la denuncia a la Fiscalía General Universitaria para abrir un expediente disciplinario en contra de Hernández y que se siguieran las investigaciones correspondientes para determinar si efectivamente el secretario había atentado contra la integridad física o moral de los miembros de la comunidad universitaria, que es infracción clasificada como “menos grave” en el artículo 12, literal h, del Reglamento Disciplinario de la UES.
En ese mismo año, la Fiscalía Universitaria demostró que Hernández incurrió en la infracción de atentar contra la integridad física o moral de las dos empleadas que lo denunciaron y aconsejó al CSU sancionar administrativamente de acuerdo al artículo 17, literal a, del reglamento de la UES, el cual establece la suspensión máxima de un mes sin goce de sueldo y la inhabilitación hasta por dos años para ejercer funciones en organismos colegiados y desempeñar cargos de autoridades universitarias.
A pesar de la conclusión a la que llegó la Fiscalía Universitaria, el CSU se convirtió en una especie de protector de Hernández, ya que dilató el proceso por más de dos años y realizó siete audiencias inútiles que nunca daban por cerrado el caso, con la sanción que correspondía o la absolución.
Diferentes fuentes internas de la UES dijeron a GatoEncerrado que algunas veces las audiencias se suspendían por diferentes motivos, como que no había quorum, pero que en el fondo era “porque no había interés de las autoridades para resolver a favor de las víctimas”.
En la séptima audiencia, que se realizó el 26 de mayo de este año, el rector de la universidad, Roger Arias, dijo que las personas que integran el Consejo ya deberían tener una decisión para evitar dar una mala imagen: “No podemos dar esa imagen mala hacia la población salvadoreña de que no somos capaces de autoregularnos”, comentó.
Esos comentarios del rector, según coincidieron las fuentes internas de la UES, iban más en la línea de limpiar la imagen de la universidad ante las múltiples notas que salieron sobre el caso en distintos medios de comunicación que para procurar justicia para las víctimas.
El defensor de los Derechos Universitarios, Luis Antonio Lipe, justificó ante GatoEncerrado que el retraso se debía a que no todos los consejeros votaban y por eso la audiencia tenía que reprogramarse para hacer una nueva votación.
“Son 37 consejeros pero muchas veces no van a votar todos. El problema en estas situaciones es que hay muchos que se abstienen y por eso no se logra que se de la votación para sancionar o absolver”, dijo Lipe.
GatoEncerrado también buscó al fiscal general de la UES, Rafael Humberto Peña, para conocer el trabajo que realizó en el caso de las dos empleadas de la Secretaría; pero, solo respondió que en el caso de las empleadas no podía decir nada por la reserva: “Ya tiene un tiempo de estar, no es cosa de un mes, la reserva ya tiene más de un año, así que yo no puedo hablarle de eso”, dijo.
Al final y después de dos años y ocho audiencias, el pasado 2 de junio, el Consejo acordó con 24 votos a favor sancionar a Hernández por atentar contra la integridad física o moral de las dos empleadas de la Secretaría.
Keyla Cáceres, de la Colectiva Amorales, criticó que la sanción más parece una medida para quitarse de encima la exigencia pública de justicia en el caso: “La decisión que se ha tomado es sin duda alguna la más acertada; sin embargo, sí es cierto que se hizo porque había un escrutinio público sobre el Consejo”, dijo.
Según el vicerrector académico de la UES, Raúl Azcúnaga, a Hernandez se le interpuso la sanción máxima que el reglamento establece: un mes sin goce de sueldo y dejarlo inhabilitado para desempeñar cualquier cargo de dirección durante dos años. En su lugar, fue elegida otra persona para asumir la Secretaría de Comunicaciones.
Lissania Zelaya, de la Colectiva Amorales, explicó a GatoEncerrado que la sanción impuesta a Hernandez no es suficiente, pero se debe a que la Universidad de El Salvador no reconoce en su normativa la violencia contra las mujeres y por eso no existen mecanismos de sanción, prevención ni detección.
“Lastimosamente, esa es la sanción mayor que reconoce el reglamento disciplinario y obviamente no es suficiente para nosotras”, dijo Zelaya.
Una de las (ahora) exempleadas de la Secretaría de Comunicaciones aseguró que van a seguir apoyando a otras víctimas de Douglas Hernández que aún no lo han denunciado porque tienen miedo a represalias.
“Para nosotras esto no es motivo de celebración ni de alegría, porque en ningún momento quisimos vernos en este proceso. Nadie quiere pasar por una situación tan desgastante y tan estresante y sobre todo por tanto tiempo”, dijo una de las exempleadas a GatoEncerrado, después de que todo el proceso finalizó.
En su historial, Hernández también acumula otras denuncias por acoso laboral. En mayo de 2019, 11 empleados y exempleados de la Secretaría de Comunicaciones presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Universitarios.
En la carta entregada a la Defensoría, los empleados exponían que en la Secretaría existía una segmentación de los trabajadores propiciada por el secretario. Según el documento, Hernández acusó a algunos empleados de perder o arruinar equipo utilizado para las producciones audiovisuales. En su carta, también señalaron que Hernández “desvalorizaba” frecuentemente el trabajo que realizaban los trabajadores que no son afines a su gestión.
“En diferentes oportunidades ha bloqueado o eliminado publicaciones por cuestiones personales”, expusieron en la denuncia.
Ante las constantes amenazas de despido y acoso laboral, los empleados también solicitaron al CSU que Hernández fuera trasladado; pero, en el caso de mantenerlo en el mismo puesto, los 11 pidieron ser trasladados hacia otras áreas o dependencias de la universidad para evitar el acoso.
Uno de los 11 explicó a GatoEncerrado que en ese momento de la denuncia todos tenían un contrato “muy malo” y que le consta que Hernández “es un gran misógino, violentador de muchas cosas, a las compañeras las trataba mal”.
Agregó que tras una denuncia individual que hizo, Hernández se le acercó para amenazar con despedirlo si no firmaba una carta para desistir de la denuncia que había hecho.
“Tengo familia, por eso tuve que firmar esa carta para desligarme. Este señor me hizo sentir tan mal que me quebré por un momento y si eso hizo conmigo, ¿cómo no hará sentir a las compañeras?”, dijo el empleado.
Para conocer su versión de los hechos y darle la oportunidad de explicar lo ocurrido en el caso de Rosa, el caso de las dos exempleadas por el que fue sancionado y la denuncia de los otros 11 empleados, GatoEncerrado buscó a Hernández en su oficina el 24 de mayo, a las 2:10 de la tarde. Un empleado de la universidad en el lugar dijo que le iba a preguntar si podía recibir a periodistas, pero cuando regresó dijo que Hernández mandó a decir que “ahorita no está dando entrevistas a la prensa”.
Corrección: En el texto original, el primer párrafo decía que en la Defensoría y en la Fiscalía universitaria rechazaron el caso de Rosa (nombre ficción para cuidar la identidad), pero lo correcto es que la convencieron de que no fuera porque iban a rechazar su caso. Así fue cómo comenzó a desconfiar de las instancias internas y por eso prefirió buscar justicia afuera de la universidad.
