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Director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es especialista en desarrollo con enfoque de derechos humanos y en política fiscal. Estudió Economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Forma parte del Icefi desde 2006. Coordinó las áreas de investigación sobre Presupuestos Públicos y Derechos Humanos, y de Coyuntura Económica y Fiscal, hasta 2012, momento en que asumió la dirección ejecutiva. Anteriormente, laboró en los departamentos de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de las divisiones de desarrollo social y desarrollo económico de la CEPAL. Es miembro del Advisory Board for the Commitment to Equity (CEQ) y de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Es escritor y participa en diferentes medios de comunicación con columnas de opinión.
¿Lograrán Petro y Márquez un gobierno ejemplar para Centroamérica y los centroamericanos? ¿Logrará la élite económica colombiana —conservadora y tradicionalmente mimada por los gobernantes—, respetar la elección democrática, aceptar sus nuevas responsabilidades y cooperar por el bien de la sociedad, llegando a ser un ejemplo para las élites centroamericanas?
Por Jonathan Menkos Zeissig*
Gustavo Petro y Francia Márquez han asumido el gobierno de Colombia, la cuarta economía más grande de América Latina y el Caribe. Han llegado al poder liderando una coalición, el Pacto Histórico Colombia Puede, lanzada en febrero de 2021 y formada por una convergencia de partidos políticos y movimientos sociales autodenominados de izquierda, centroizquierda, progresistas, socialdemócratas y socialistas democráticos que meses antes de la elección presidencial habían conseguido muy buenos resultados en las elecciones para el Senado y la Cámara de representantes.
Con sus discursos de campaña, su oferta electoral y su empatía con las preocupaciones de las mayorías, de las cuales provienen, Gustavo Petro y Francia Márquez han logrado superar la enorme estrategia mediática conservadora que siempre apela al «miedo rojo», esa suma de argumentos flojos, pero que traducidos en propaganda, se repiten hasta el cansancio por voceros del statu quo e intentan sembrar la desconfianza en aquellas personas o colectivos que abogan por derechos individuales y sociales, por el respeto del territorio y sus habitantes y por el deseo de construir una sociedad en democracia. En su discurso de toma de posesión, el presidente Petro —exguerrillero, economista, experimentado y ejemplar político y luchador por la paz— ha tenido como invitados de honor no solo a altos dignatarios de diversas naciones, sino a obreros, campesinos y líderes sociales representativos del pluricultural pueblo colombiano. Un gesto justo, humano y emotivo. Muy cerca, otras 100,000 personas le vitoreaban en la plaza Bolívar de Bogotá.
Ahora viene la parte más compleja pues, aunque han logrado una alianza a su favor en el Senado y la Cámara de Representante; han formado un gabinete con personas capaces e idóneas; cuentan con una alta legitimidad social, Petro y Márquez solo tienen cuatro años para poner en marcha las reformas y cambios ofrecidos y planteados en su plan de gobierno, dialogado durante la campaña electoral con millones de colombianos. Entre estas propuestas destacan seis.
1. Las mujeres en el centro de la política de la vida. Las mujeres deberán ocupar el 50% de todos los cargos públicos, en todos los niveles y las ramas del poder. En esta esfera también ha propuesto la creación del Ministerio de la Igualdad, cerrar brechas de género en el sistema educativo y que toda la institucionalidad y los programas de política estarán orientados por una perspectiva de género de carácter inter-seccional, que reconozca a las mujeres en su diversidad étnica, cultural, sexual y de género, ciclo vital y nivel de ingresos. Priorizar a las mujeres en las políticas de acceso a empleo, crédito, vivienda, tierra, salud y educación, y garantizar efectivamente sus derechos sexuales y reproductivos.
2. Creación de un Sistema Nacional de Cuidado, que reconozca, recompense, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado actualmente feminizado. Entre las medidas se propone integrar al sistema de pensiones a las mujeres que han dedicado su vida al trabajo de cuidado en el hogar, así como la provisión de servicios eficientes proveídos por el Estado, el sector privado y las comunidades.
3. Un modelo económico, social y ambientalmente sostenible, lo que incluye transitar hacia una economía sin carbón y petróleo y otras transformaciones de fondo para enfrentar el cambio climático, dejando atrás el modelo extractivista y fomentando una economía basada en el cuidado de la naturaleza, con más y mejores inversiones públicas y privadas. También ha pedido al Fondo Monetario Internacional un canje de deuda para liberar fondos que puedan dedicarse a ejecutar políticas ambientales. A eso se suma el ordenamiento del territorio alrededor del agua como elemento central para planear la vida y ha puesto sobre la mesa la necesidad de conseguir soberanía alimentaria y mitigar el hambre. Sobre este punto resaltan estrategias para la reactivación de las economías campesinas y populares, programas de asistencia alimentaria y un plan a gran escala de compras públicas a pequeños y medianos productores de alimentos y emprendimientos de transformación.
4. Otra forma de enfrentar las drogas, reconociendo que la guerra contra estas ha fracasado, dejando en las últimas cuatro décadas, un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, y cerca de 70,000 estadounidenses muertos anualmente por sobredosis de droga no producidas en América Latina. Por ello, su plan de gobierno propone un proceso integral de sustitución de economías y tierras relacionadas con la droga hacia una vinculada a economías productivas que dignifiques a las poblaciones rurales y tenga el doble dividendo de proteger la naturaleza.
5. Trabajar para conseguir la paz verdadera, llamando a los grupos armados a deponer las armas, pero también comprometiéndose a cumplir con los acuerdos de paz. Su plan de gobierno incluye cesar la violencia contra los firmantes de la paz; establecer como pilar central del proceso de democratización de la tierra lo establecido en el acuerdo sobre reforma rural integral, así como la creación de diferentes instancias que el ordenamiento territorial, seguridad jurídica y resolución pacífica de conflictos agrarios. También se proponen diversos mecanismos para avanzar hacia una cultura de paz, reconciliación y convivencia. Respetar la Constitución y todos los derechos y responsabilidades que esta contiene.
6. Reforma fiscal integral. Se ha planeado aumentar en 5.5% del PIB la recaudación con el fin de garantizar el financiamiento del plan de gobierno, utilizando medidas que doten de mayor progresividad al sistema tributario, es decir que quien tenga más, pagará más impuestos. Se estudiará eliminar beneficios tributarios (regímenes de privilegios) y reforzar medidas contra la evasión y la elusión de impuestos. En este país, aproximadamente el 39.3% de la población, unos 19.6 millones de personas (2021) padecían pobreza monetaria mientras, según ha dicho el presidente Petro, en su discurso inicial, ha dicho que «el 10% de los colombianos tiene el 70% de la riqueza», lo que considera amoral.
Es imposible analizar sin entusiasmo las propuestas de Petro y Márquez, pues técnicamente tienen coherencia y solidez y, de concretarse, pueden ser la base para mitigar los grandes problemas estructurales (exclusión, racismo, pobreza y violencia) que Colombia comparte en buena medida con los Estados centroamericanos. ¿Lograrán Petro y Márquez un gobierno ejemplar para Centroamérica y los centroamericanos? ¿Logrará la élite económica colombiana —conservadora y tradicionalmente mimada por los gobernantes—, respetar la elección democrática, aceptar sus nuevas responsabilidades y cooperar por el bien de la sociedad, llegando a ser un ejemplo para las élites centroamericanas? Espero que sí, que así sea.
@icefi @jmenkos
Director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es especialista en desarrollo con enfoque de derechos humanos y en política fiscal. Estudió Economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Forma parte del Icefi desde 2006. Coordinó las áreas de investigación sobre Presupuestos Públicos y Derechos Humanos, y de Coyuntura Económica y Fiscal, hasta 2012, momento en que asumió la dirección ejecutiva. Anteriormente, laboró en los departamentos de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de las divisiones de desarrollo social y desarrollo económico de la CEPAL. Es miembro del Advisory Board for the Commitment to Equity (CEQ) y de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Es escritor y participa en diferentes medios de comunicación con columnas de opinión.