Foto/Emerson Flores
Alcalde de Huizúcar cambia de postura e intenta favorecer a empresa que amenaza el agua del municipio
El Juzgado Ambiental de Santa Tecla corroboró que hubo tala de árboles en los mismos terrenos donde la empresa Huizúcar Energy pretende instalar dos plantas fotovoltaicas. El Juzgado advirtió que eso provocará una disminución en la capacidad de infiltración del agua, lo que se traduce en menos agua disponible para los habitantes de Huizúcar y su vecino municipio de Rosario de Mora. El alcalde de Huizúcar, Mauricio Elías Hurtado, se comprometió inicialmente a defender el agua del municipio, pero luego cambió de postura y en tres ocasiones distintas ha insistido en promover el cambio de uso de suelo que solicita la empresa para iniciar el proceso para instalar sus plantas fotovoltaicas.
Por Marvin Díaz
El alcalde de Huizúcar en La Libertad, Mauricio Elías Hurtado, se comprometió a defender el agua del municipio. Incluso, el 11 de marzo de 2021 cuando todavía era electo y estaba esperando asumir el cargo, acompañó a las comunidades organizadas para denunciar la tala de árboles en una zona del área de conservación natural de la Cordillera del Bálsamo, que la empresa Huizúcar Energy S.A de C.V. pretende utilizar para instalar dos plantas fotovoltaicas para la generación de “energía limpia” a través de un proyecto similar a otros que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha señalado que tienen un impacto ambiental moderado-alto. En esa ocasión, afuera del Juzgado Ambiental de Santa Tecla, el alcalde felicitó a quienes denunciaron que la tala amenaza el agua de la población y aseguró que tendría como “firme propósito” apoyar las medidas para garantizar el agua. Pero, luego de asumir el cargo, cambió su postura y en tres ocasiones distintas ha promovido que su concejo municipal favorezca a la empresa para que logre instalar las dos plantas fotovoltaicas en terrenos talados y otros que todavía falta talar.
La tercera vez que el alcalde propuso favorecer a la empresa fue la tarde del 12 de julio de este año, cuando promovió que su concejo municipal aprobara la solicitud de cambio de uso de suelo a los terrenos de Huizúcar Energy para iniciar el proceso de instalación de sus plantas fotovoltaicas. Al enterarse de la reunión, los líderes comunitarios solicitaron entrar a la alcaldía en calidad de oyentes y testigos. Durante la reunión, el alcalde Hurtado argumentó que era necesario aprobar la solicitud de la empresa para traer desarrollo e inversión al municipio.
“Estamos tratando de otorgar un permiso para un proyecto que realmente no pretende llevarse el agua. Hay un compromiso de parte de la empresa y de los diferentes ministerios para poder hacer una restauración y protección en toda la zona”, dijo Hurtado en esa reunión, según constató esta revista.
En el momento de la votación, el alcalde, la síndica Claudia Gómez y el concejal Miguel Castillo del partido Nuevas Ideas votaron a favor de cambiar el uso de suelo como lo había solicitado la empresa. Pero, con esos votos no se logró la mayoría, ya que un concejal de Arena, uno de Gana y dos de Nuevas Ideas votaron en contra.
Fuentes de la alcaldía, quienes prefirieron no ser mencionados con sus nombres ni cargos, explicaron a esta revista que las dos ocasiones anteriores, cuando el edil promovió la votación, tampoco hubo mayoría. Por lo que la propuesta fue engavetada, pero no rechazada definitivamente.
Esta revista intentó, en tres ocasiones distintas, platicar con el alcalde Hurtado para conocer por qué cambió de postura y cuál es la razón por la que actualmente insiste en favorecer a la empresa. El 21 de febrero de este año, GatoEncerrado llamó al teléfono celular del alcalde y él solo se limitó a decir: “Perdón caballero, pero esas declaraciones no se las puedo dar por este medio, es algo demasiado informal” y no dejó concretar una fecha para reunirse y explicar. En un segundo intento, esta revista lo buscó en una feria de empleos que la municipalidad realizó el 24 de febrero y ahí también se negó a responder. Finalmente, esta revista llamó otra vez al edil para agendar una fecha, pero colgó cuando escuchó que quien le llamaba era un periodista de GatoEncerrado.
Por su lado, el apoderado de Huizúcar Energy, Luis Enrique Sánchez, quien también se presentó como gerente de proyectos de Green Planet Energy —una empresa Centroamericana dedicada al negocio de las energías renovables a través de la instalación de paneles solares en Honduras y El Salvador— dijo a GatoEncerrado que la solicitud de cambio de uso de suelo también fue presentada ante la administración anterior de la alcaldía, cuando el edil era Carlos Mauricio Vicente. La solicitud no fue aprobada y por esa razón regresaron a la alcaldía cuando asumió el cargo Mauricio Elías Hurtado.
La tala
Tras la denuncia de las comunidades, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla corroboró que hubo tala de árboles —incluido el Cedro, que está en el Listado Oficial de Especies en Peligro de Extinción— en parte de las 54 manzanas de tierra que posee la empresa Huizúcar Energy y en terrenos de otro dueño identificado como Leonel Rafael Herrera Larios. En el informe, el Juzgado explicó que la tala no ocurrió en un solo acto, sino de forma gradual desde diciembre de 2011, incluso antes de que la empresa comprara los terrenos. También observó que hay árboles que han sido marcados recientemente con la intención de ser talados, sin contar con los permisos correspondientes.
Entre los árboles talados se encuentran al menos cuatro especies: El Laurel, el Maquilishuatl, el Cedro (Cedrela fissilis) y el Caoba (Swietenia macrophyla). Estos dos últimos se encuentran en la categoría de amenazas, según el listado oficial de especies de vida silvestres amenazadas y en peligro de extinción del MARN.
La consecuencia inmediata de lo que ya está talado y lo que se pretende talar, según advierte el juzgado en su resolución con número de referencia MC40-1/21, es que “se prevé disminución de la capacidad de infiltración del agua que afectará directamente en la recarga hídrica”. En palabras más sencillas, habrá menos agua disponible para los habitantes de Huizúcar y Rosario de Mora, lo que a su vez tendrá un impacto directo en la calidad de vida de la población, la fauna y la flora que son parte de la biodiversidad del lugar.
La situación, según denunciaron las comunidades del sector, será más grave si la empresa logra instalar las dos plantas fotovoltaicas con el beneplácito de las autoridades. El camino para obtener esos permisos inicia en la alcaldía de Huizúcar, donde la empresa presentó la solicitud para que el concejo municipal apruebe el cambio de uso de suelo. Una vez aprobado, la empresa podrá recurrir a otras instancias, como el Ministerio de Medio Ambiente para conseguir un permiso ambiental, al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y luego a la Oficina de Planificación de la Región La Libertad (OPAMUR) para obtener la autorización de instalar una planta fotovoltaica de 8 megas y otra de 4, exactamente en la Finca Carolina Sur, calle El Izote, Cantón Ojo de Agua.
Esa finca, según constató GatoEncerrado en un recorrido exploratorio el 17 de agosto de 2021, es un bosque de árboles longevos y frutales, cuenta con abundante vegetación y es hogar de venados, cotuzas, cusucos y diferentes especies de aves. El lugar se encuentra cerca de una pendiente que da al río Huiza, una de las principales cuencas que abastece de agua a las comunidades locales y al vecino municipio de Rosario de Mora.
Una de las preocupaciones de las comunidades es que el río Huiza disminuya su caudal por la tala de árboles. Eventualmente, esa reducción de la infiltración afectaría directamente a juntas y sistemas comunitarios de agua como la Asociación de Beneficiarios de Agua Potable de la Comunidad Cantón Tilapia Nuevo Oasis (ABAPCT), la Comunidad Ojo de Agua (ABAPCOA) y la Asociación de Desarrollo Comunal Cristo Rey. Incluso, la misma planta de abastecimiento de ANDA, que se encuentra en las riberas del río Huiza, sería afectada.
Por estas afectaciones ambientales, el Juzgado emitió medidas cautelares en diciembre de 2021, para que en el plazo de un mes la empresa Huizúcar Energy y el propietario de terrenos Leonel Rafael Larios Herrera detuvieran toda actividad relacionada con la tala de árboles. A la empresa también se le impuso “permitir la restauración natural de las áreas corroboradas con afectación ambiental, específicamente en (…) donde se pretende desarrollar dos plantas fotovoltaicas, una de 8 mega y otra de 4”.
Asimismo, el Juzgado requirió al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Agricultura que consideren “el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio por la tala de árboles denunciada en los inmuebles propiedad de la Sociedad Huizúcar Energy S.A. de C.V. como preparación del terreno para el desarrollo del proyecto de dos plantas fotovoltaicas, sin contar con el permiso ambiental”.
De la misma forma, el Juzgado envió el expediente del caso a la Fiscalía General de la República (FGR) “para que promueva las aciones que correspondan”.
El 22 de agosto de este año, GatoEncerrado revisó el expediente en el Juzgado Ambiental y encontró que el caso ya está cerrado, y que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura no iniciaron ningún procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la empresa.
El expediente también tiene adjuntado que, el 15 de marzo de 2022, Huizúcar Energy presentó un documento de subsanación e informe de medidas, en el que se informa que la empresa construyó un cerco perimetral “para evitar que los pobladores talaran árboles”. También informó que cesó los contratos de alquiler de sus terrenos que prestaba a los agricultores locales.
El 28 de marzo de 2022, el Juzgado informó a la Fiscalía que el otro dueño de los terrenos talados no acreditó las medidas que tomó, por lo que solicitó que fuera investigado por el delito de desobediencia a particulares.
El 28 de julio de 2022, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía envió una solicitud de informe de cumplimiento de medidas para continuar con las diligencias de investigación del caso que abrió con número de referencia 18-UDMA-2022.
Mientras estas diligencias ocurrían, el alcalde de Huizúcar insistió en aprobar el cambio de uso de suelo que solicitó la empresa.
Una empresa con discurso engañoso
Ante las denuncias de las comunidades por el agua, la alcaldía de Huizúcar organizó un Foro Ciudadano en el que se presentó oficialmente el proyecto a la población que asistió. En representación de la empresa llegó la arquitecta Lisbia Jarquín, quien aseguró que la planta fotovoltaica no utilizará agua para su funcionamiento. Sin embargo y en comparación con otras plantas similares de la misma compañía, el agua sí es necesaria para lavar paneles solares. Es cierto que no es una cantidad industrial de agua, pero sí existe la necesidad de utilizarla, por lo que la afirmación de la arquitecta es engañosa y contradice el estudio de impacto ambiental de la planta Fotovoltaica del Norte S.A. de C.V., en el municipio de Quezaltepeque, en el que se explica que para lavar 22,896 paneles instalados se necesitan 15,730.88 litros de agua al año. Esa agua, según el documento, será llevada en pipas y estará almacenada en tanques cisternas.
En el caso de la planta de Huizúcar Energy, la arquitecta dijo que la empresa todavía está elaborando el estudio de impacto ambiental para instalar los paneles solares en 24 manzanas y aseguró que otras 30 manzanas no serán afectadas.
En el foro, la arquitecta trató de convencer a las comunidades de que el proyecto no afectaría los mantos acuíferos, la biodiversidad y los ecosistemas del bosque. Sin embargo, confirmó que habría tala de árboles y arbustos, pero que la empresa estaba comprometida con compensar esos daños con proyectos de reforestación.
“Es muy probable que algunos árboles o arbustos se van a tener que talar. El problema de los proyectos no es la tala. El proyecto debe tener una compensación del posible daño al medio ambiente, y eso es lo que se está evaluando ahora”, argumentó Jarquín en el foro.
En esa reunión, las comunidades manifestaron su preocupación por la tala y el eventual desabastecimiento de agua para el municipio. La arquitecta y otros representantes de Huizúcar Energy intentaron generar confianza en el proyecto y negaron que los terrenos utilizados por las plantas fotovoltaicas reduzcan la capacidad de infiltración del agua.
Para entender el impacto que las plantas fotovoltaicas podrían tener en la Cordillera del Bálsamo, más allá de lo que afirmaron los representantes de la empresa, GatoEncerrado platicó con académicos. El catedrático de ciencias energéticas de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), Ismael Antonio Sánchez, explicó que aunque no se puede generalizar, la mayoría de este tipo de proyectos impactan en menor o mayor medida al medio ambiente. Para que una planta fotovoltaica produzca electricidad es necesario que esta no reciba sombra de árboles y para eso se debe recurrir a la tala.
El catedrático también señaló que la mayoría de los proyectos fotovoltaicos utilizan agua para limpiar los paneles, ya que estos están expuestos al polvo: “La cantidad de agua que consumen es el otro problema. Hacerlo de forma seca es un poco complicado, porque puede dañar el vidrio. Alguna cantidad de agua van a utilizar” y agregó que algunos sistemas solares canalizan las aguas lluvias hacia pozos de absorción.
Nilton Menjívar, biólogo y máster en medio ambiente de la Universidad de El Salvador (UES), explicó a esta revista que la Cordillera del Bálsamo es un corredor biológico, una área natural susceptible y funciona como barrera ecológica. Por esa razón, la deforestación impacta en la pérdida de fauna y afecta la calidad del aire: “No solo afecta a la biodiversidad, está todo interactuando. Se afecta el suelo y este pierde la capacidad de infiltración de agua en los mantos acuíferos”.
¿El alcalde insiste en un proyecto fracasado?
Para tener la versión de la empresa sobre las denuncias de las comunidades por la tala de árboles, los hallazgos del Juzgado Ambiental, las medidas cautelares impuestas y la relación con el alcalde Hurtado, GatoEncerrado platicó con Luis Enrique Sánchez el 23 de febrero de 2022, quien aseguró que la empresa desistió del proyecto para “no tener conflictos con las comunidades ni partidos políticos”.
En la entrevista con esta revista, Sánchez mencionó que la empresa estaba buscando terrenos en tres municipios para desarrollar el proyecto en otro lugar.
El lunes 8 de agosto de 2022, GatoEncerrado envió un correo electrónico a Sánchez para pedirle una nueva entrevista con la finalidad de que explique por qué sigue insistiendo en enviar la solicitud, a pesar de que él había dicho que la decisión de la compañía era no instalar la planta. En respuesta, el representante de Huizúcar Energy reiteró que la empresa no desarrollará el proyecto en el terreno.
Esta no es la primera vez que en los mismos terrenos de la Cordillera se pretende instalar una planta fotovoltaica sin éxito. En 2018, José Luis Oswaldo Córdova Martínez intentó instalar una planta fotovoltaica de 5 megas en la Finca Carolina Sur, en el mismo terreno que ahora pertenece a Huizúcar Energy. En ese año, la planta fue categorizada como un proyecto de medio impacto ambiental, según indica el sistema de evaluación ambiental del MARN, bajo el expediente DGA23559-2018.
El proyecto consistía en la instalación de 16,665 paneles solares, una subestación eléctrica y muros perimetrales de concreto. El proyecto buscaba explotar 690 metros cúbicos de agua de un nacimiento cercano para la limpieza de los módulos fotovoltaicos y las actividades administrativas de la planta, según detalla el formulario ambiental al que tuvo acceso GatoEncerrado.
En ese momento, el proyecto carecía de medidas de compensación ambiental por la tala de árboles, el tratamiento de las aguas residuales y el cambio de uso de suelo, según el informe técnico del MARN. El proyecto se estancó porque José Luis Córdova Martínez no presentó los estudios de impacto ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente.
Luego de ese intento, Huizúcar Energy compró los terrenos con la misma intención de instalar una planta fotovoltaica. Esta empresa, según el Centro Nacional de Registro (CNR), es administrada por Francis Estuardo Barillas Berger, de nacionalidad guatemalteca, y por Jose Álvaro Alegría Rodríguez, como administrador suplente. En julio de 2021, Berger otorgó un poder general administrativo a Luis Enrique Emmanuel Sánchez Flores, quien actualmente es el apoderado de la empresa.
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