Este 30 de agosto, familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado se reunieron frente al Monumento de la Verdad, ubicado en el parque Cuscatlán de San Salvador, para exigir justicia y conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
También se insistió en la necesidad de declarar cada 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Detención y Posterior Desaparición Forzada; sin embargo, ese mismo día, la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas rechazó la petición.
"Duele, porque a mí me arrebataron la niñez cuando desaparecieron a mi papá, no sé lo que es vivir con un papá, me privaron de poder abrazarlo, jugar con él, tenerlo a mi lado. A mis 40 y tanto años de vida lo sigo extrañando como el primer día", expresó Marily Alfaro Hernández. Contó que su padre fue secuestrado el 24 de marzo de 1982, cuando se dirigía a la celebración del aniversario del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
En medio de la displicencia de los diferentes gobiernos, Marily y otras familias han buscado sin cesar a sus desaparecidos.
"El Estado tiene una gran deuda con nosotras las víctimas de desapariciones. Somos miles de personas que estamos en la misma situación de haber perdido a sus familiares y no tenemos una sola pista", dijo Marily.
En mayo de 2021, la nueva Asamblea envío al archivo las propuestas de ley de Creación del Sistema de Personas Desaparecidas y no Identificadas y la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Ovidio Miguel, representante de la Comisión Pro-Memoria Histórica y Director Ejecutivo de Tutela Legal, dijo que los delitos de lesa humanidad fueron cometidos, principalmente, por el Estado salvadoreño y, por eso, es necesario que se reconozcan y que exista justicia.
“Mientras no se dé con el paradero de la víctima, el delito es permanente, y tanto es cómplice quienes lo hicieron, como los que están ahorita y no han investigado este tipo de casos”, sostuvo.
A la actividad asistieron familiares de personas desaparecidas para recordar a las víctimas y solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que retomen la propuesta de ley para llevar justicia a las familias que por años han sufrido la desaparición de sus familiares.