Opinión

El Régimen

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Ricardo Castaneda Ancheta

@Recasta

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

De manera descarada se están usando recursos públicos para una campaña electoral que ya había empezado desde hace meses, pero que ahora es más visible. 

Por Ricardo Castaneda Ancheta* 

Entre 2019 y 2021, la pobreza extrema, es decir quienes no tienen ingresos suficientes siquiera para comprar alimentos, aumentó: 165 mil personas más que viven en este martirio social. En ese mismo período la inseguridad alimentaria aumentó 4.3 puntos respecto al periodo 2014-2016, por lo que en ese tiempo la mitad de la población salvadoreña no comió lo suficiente o incluso no comió. A esto se debe sumar que el subempleo subió; el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela se duplicó entre 2020 y 2021 y el alfabetismo igualmente se ha incrementado. En 2022, El Salvador será el país de la región centroamericana que menos crecerá y además con una crisis financiera muy delicada, donde calificadoras de riesgo han puesto al gobierno en la categoría de alta probabilidad de impago. 

Esta grave realidad se da en un contexto donde, el presidente Nayib Bukele, su familia y sus principales socios tienen el control total del aparato estatal, es decir han tenido todo el poder para evitar que esto sucediera ¿por qué no lo han hecho? Porque cuando la prioridad es únicamente concentrar el poder, resolver los problemas de la gente pasan a un segundo término. 

El 15 de septiembre, en el marco de los 201 años de independencia, en un discurso transmitido en cadena nacional, lejos de reconocer la realidad del país y sin indicar soluciones concretas para enfrentarla, el autoproclamado candidato Nayib Bukele, provocó la utilización de recursos públicos y de una manera grotesca anunció que violaría la Constitución al buscar la reelección presidencial.  Claro, esto no es una nueva idea, sino una burda copia de lo que hizo Juan Orlando Hernández en Honduras o Daniel Ortega en Nicaragua, para mencionar los ejemplos más cercanos. 

Por cierto, este anuncio se da cuando ni siquiera se ha convocado a las elecciones. Pero de manera descarada se están usando recursos públicos para una campaña electoral que ya había empezado desde hace meses, pero que ahora es más visible. 

El hecho que la reelección presidencial está prohibida en El Salvador no da lugar a dudas, no es necesario ser un erudito, basta con leer la constitución para comprobarlo. De hecho, existen vídeos del propio presidente, vicepresidente y de toda una camarilla diciendo que la reelección presidencial estaba prohibida. Que ahora intenten decir lo contrario solo retrata su doble lucha.

Lejos han quedado los tiempos en el que el presidente criticaba a quienes utilizaban el poder para permanecer y los tildaba de dictadores, pues ahora sin rubor los imita. Es llamativo que para alguien que aspiraba a ser el nuevo Morazán, se conforme con pasar a la historia como el alumno adelantado de Ortega. 

Él llegó al poder por la vía democrática y logró por la misma vía controlar la Asamblea Legislativa. Pero ya el 9 de febrero de 2020, había advertido que él quería todo el poder sin importar cómo conseguirlo. Pero particularmente pareciera urgido para no rendir cuentas y continuar con el mantra de la opacidad. Hay que destacarle que ha sido mucho más rápido que sus maestros y en un tiempo récord ha logrado la captura del Estado. 

En 1748 el pensador francés Montesquieu decía «[…] una autoridad exorbitante dada de pronto a un ciudadano, convierte la república en monarquía; peor que la monarquía, porque en ésta el monarca está sometido a una Constitución, pero si en la república se le da un poder exorbitante a un ciudadano, es mayor el abuso de poder, puesto que las leyes no lo han previsto».

Los regímenes autoritarios se alimentan principalmente de tres grupos de personas: aquella parte de la población que por desconocimiento y buena fe los respalda, los apáticos que saben que lo que pasa está mal, pero prefieren no involucrarse y los hirudíneos, donde se mezclan aquellos que sienten que para mantener o mejorar su condición política, económica o social deben ser cómplices del régimen, incluyendo los rentistas (sí, rentistas no empresarios) que no les importa ser sustento del régimen con tal de asegurar sus ganancias. Por cierto, este último grupo es sinónimo de pueblo en el discurso de un régimen. Por ejemplo, cuando cometen actos de corrupción, aprueban normas de opacidad o destruyen la institucional suelen decir: esto es en “beneficio del pueblo” o “esto lo pidió al pueblo”, en realidad en esas frases utilizan pueblo como disfraz para indicar que en realidad se refieren a sus hirudíneos. 

Además, los regímenes autoritarios allanan su camino cuando logran que la descalificación personal se imponga al debate de ideas. Cuando controlan a los medios para imponer “su verdad”. Cuando convierten en enemigo público a quien emite su propia opinión. Cuando logran normalizar las violaciones a los derechos humanos.  Cuando el odio se convierte en la principal herramienta política. 

¿Qué va a pasar en El Salvador? No se puede saber con certeza. La historia muestra que los regímenes autoritarios provocan un aumento de la represión, montajes de casos burdos para capturar a voces disidentes, incremento de los exilios y una ampliación de la pobreza y el hambre. Por eso es comprensible que en este contexto aflore el miedo, la desesperanza y la tristeza.

Pero, en esta realidad es cuando es más urgente que nunca que la población pueda saber que esa no es la única vía. Que, sí es posible vivir en una sociedad con mejor educación, salud y justicia, donde nadie padece hambre, donde hay agua potable en el chorro, educación de calidad para sus hijos e hijas, salud para toda la familia y una pensión digna para las personas adultas mayores. A la vez que a nadie se le introduce en la cárcel siendo inocente, donde los funcionarios no son la ley sino se someten a ella y rinden cuentas. Y, donde a todas las personas, independientemente de quien sea, se les garantiza todos sus derechos.

Frente a la propuesta de la consolidación de un régimen autoritario, la respuesta tiene que ser trabajar de manera colectiva, a pesar de las enormes diferencias, por una democracia que se concrete en la paz, la libertad, la igualdad y el bienestar de todas y todos los salvadoreños.

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Ricardo Castaneda Ancheta

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Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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