El 15 de septiembre de 2022 ocurrió lo que ya se sabía de sobra: Nayib Bukele declara, sin tapujos, que buscará la reelección presidencial en las elecciones de 2024. Conforme a nuestra Constitución, Bukele ejercerá otros cinco años más como presidente en funciones, haciendo un total de diez años. Este hecho, en el que un presidente es reelecto, no ocurría desde el martinato (1931-1945) –Maximiliano Martínez tuvo su última reelección en 1939-, es decir, cerca de ochenta y tres años después, la historia se repite.

La reelección de Bukele implicaría una profundización de la estructura social de opresión, explotación, dominación y despojo, con la cual la única beneficiada, o la mayormente beneficiada, es la élite económica que Bukele está consolidando en el ejercicio de su Presidencia. Y es que para Bukele la presidencia únicamente es un instrumento, una mediación, para poder concretar su proyecto oligárquico y, así, estar en la misma mesa que los Dueñas, Poma, Murray Meza y Kriete. No nos engañemos, para Bukele la figura de presidente únicamente le importa porque es el vehículo para enriquecerse aún más. En este sentido, entendiendo los órganos de Estado como mediaciones para un proyecto oligárquico, Bukele ha cooptado el Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo, la fuerza represiva y punitiva del Estado, así como el Tribunal Supremo Electoral, ya que son quienes le dan sentido a toda una estructura jurídica y política para el despojo de derechos de las mayorías y, correlativamente, de acumulación de bienes y poder a su favor. 

Esto no es nada novedoso, para demostrarlo se invocan hechos históricos en los que la presidencia solo ha sido un instrumento para proyectos oligárquicos. Un dato añejo, pero válido, es la instauración de la República Cafetalera. Rafael Zaldívar, en principios de 1880, eliminó por decreto las tierras comunales y ejidales indígenas para abrir paso a la privatización de la tierra y facilitar la expansión del incipiente sector cafetalero; asimismo, con la finalidad de garantizar la explotación laboral y la protección de la propiedad privada, Zaldívar introdujo leyes que prohibían la “vagancia y trabajo migratorio” y asignó jueces agrarios para controlar la disponibilidad de jornaleros, mientras se autorizaba la expulsión de “intrusos” en todas las nuevas tierras privadas por parte de las recién formadas patrullas policiales comunales. Este aparato represivo fue en progresivo aumento con la introducción de la Policía Rural en 1889. De este régimen de Zaldívar, salieron beneficiadas las familias Alfaro, Palomo, Dueñas, Regalado, Escalón y Meléndez; quienes se apoderaron del 40% del territorio nacional para expandir el sector cafetalero agroexportador.

Sin embargo, el número de familias beneficiadas fue mayor: 1. Regalado Dueñas y Mathies Regalado 2. Guirola 3. Llach y Schonenberg 4. Hill y Llach Hill 5. Dueñas 6. Álvarez Lemus 7. Meza Ayau 8. Sol Millet y Escalante 9. Daglio 10.Other Álvarez 11. Salaverría 12. Deininger 13. Alfaro (Castillo- LiévanoVilanova) 14. Dalton 15. Lima 16. García Prieto-Miguel Salaverría 17. Ávila Meardi-Meardi Palomo 18. Liebes 19. Battle 20. Álvarez Drews 21. Quiñonez 22. H. De Sola 23. Kriete 24. Cristiani Burkard 25. Eduardo Salaverría 26. Bonilla. Todas ellas mantuvieron a la industria del café como el negocio exclusivo hasta el año 1979.

En 1932 hubo esfuerzos para luchar contra la injusticia, la desigualdad, la pobreza y la explotación. En este momento histórico ocurrió la insurrección campesina en las zonas cafetaleras del país. Este hecho puso en jaque momentáneamente al poder oligárquico. Frente a este suceso, la oligarquía recurrió a forjar alianzas con el ejército con la finalidad de establecer orden y sofocar la insurrección. Esta intervención militar masacró a 30,000 campesinos e indígenas; y, así, se instaura una dictadura militar que gobernaría el país por más de 60 años. Esta alianza oligárquico-militar dio como resultado la preservación del status quo de la oligarquía como clase económica dominante, protegida por las armas de los militares; y, por otro lado, los militares pasaron a formar parte de la clase gobernante.

Este poderío político-económico-militar de la oligarquía duró hasta 1979, año en el que Fidel Sánchez Hernández fue derrocado producto de un golpe de estado. Posteriormente, en los ochentas, se da una reestructuración de la oligarquía, presentando como instrumento político electoral al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), llegando a la presidencia Alfredo Cristiani, quien empezó a realizar todo el Ajuste Estructural Neoliberal con el cual se cambió el modo de producción de la oligarquía; pasando de un modelo agroexportador a uno financiero e importador. Este modelo, como es sabido, se basó en la privatización, en la disminución del Estado, la desregulación y autorregulación del mercado –liberalización del mercado-.

Así, en los Gobiernos de ARENA se dio la privatización del comercio exterior para el café y la azúcar, privatización de la banca –Cristiani-; privatización del sistema de pensiones –Calderón Sol-; dolarización de la economía y privatización de algunos servicios médicos del sector público –Francisco Flores-; firma del Tratado de Libre Comercio –Saca-. Toda esta estructura no fue tumbada con los gobiernos del FMLN, se mantuvo y la clase económica dominante no fue amenazada en su status quo.

Con todo el recuento histórico anterior, la figura de Presidente ha estado fuertemente ligada a la emergencia de grupos económicos que dominan el mercado y el Estado. Para que esto sea posible, generan condiciones de opresión, de dominio y explotación. En este sentido, Bukele ya está trabajando en su ascenso al grupo oligárquico–de hecho lo venía haciendo desde que era alcalde de Nuevo Cuscatlán con proyectos urbanísticos. Así, a él poco o nada le interesa estar en el poder solo por estar, acumular poder político no es su mayor interés; sino, más bien, le interesa ir más allá, quiere estar en la clase socioeconómica dominante, quiere estar en la dictadura de clase, en la dictadura oligárquica, que, detrás de bambalinas, domina todo el aparato estatal. 

Entonces, Bukele únicamente es una profundización de una estructura que empobrece, que oprime y que explota. Si vemos, hace lo mismo que Zaldívar y ARENA, ya está repartiendo la tierra y el agua para grupos económicos minoritarios –Dueñas, Poma y otras familias, incluidos sus amigos y el mismo Bukele- para la especulación inmobiliaria; ya está haciendo uso de todo el poder represivo y punitivo del Estado para, en cualquier momento, reprimir toda protesta o iniciativa popular que pueda amenazar este tipo de intereses. Bukele está usando el Estado sólo como una mediación para trascender a los grupos oligárquicos, al igual que sus predecesores; así de espuria e ilegítima será su reelección.