El régimen de excepción va dejando víctimas colaterales a su paso. Tras las redadas quedan niños y niñas separados de sus padres que enfrentan soledad, baja autoestima, ansiedad, cambios de conducta y otros problemas de salud. El Estado no les brinda atención psicológica ni apoya económicamente a los abuelos o a los familiares que asumen la responsabilidad de cuidarlos.
Lucía no sintió cuando los policías se llevaron a su papá en la madrugada, pero sí despertó para encontrar a su mamá y a su abuela llorando: “¿Y ustedes por qué lloran? Duérmanse, todavía es hora del sueño”, murmuró, medio dormida, y regresó a la cama sin entender lo que pasaba.
Cuando se levantó para alistarse e ir a la escuela, se fijó que su papá no estaba. Su mamá, conteniendo las lágrimas, le dijo que andaba haciendo un mandado. “Pero ella (la niña) comenzó a llorar, como que presintió algo. Pasó llorando ocho días”, contó su abuela, quien ha tenido que convertirse en el principal sostén de sus nietas y su nuera.
Ese 19 de mayo, los policías llegaron a las 4:00 de la mañana al terreno dividido en tres pequeñas casas de bajareque y arrebataron la paz a la familia Benito, que se sentía acogida bajo la seguridad de no tener vínculos con pandillas y de trabajar todos los días, pese a que a veces el salario no alcanzaba más que para una golosina como el lujo de la semana. De una de esas viviendas, los agentes sacaron a Daniel Antonio Benito Miranda, de 26 años.
Para calmar a su mamá y a su esposa, Daniel les dijo que no se preocuparan, que ya iba a regresar, porque no tenía antecedentes y podía demostrar que es inocente como sus hermanos. Pero no volvió.
Daniel tenía un trabajo fijo como peluquero en una barbería de San Salvador y su tiempo libre lo dedicaba a sus dos hijas: Lucía de 7 años y una bebé que apenas tenía un mes en ese entonces.
Todas las mañanas, Daniel se encargaba de llevar en motocicleta a Lucía al Centro Escolar Las Crucitas de Panchimalco, al sur de San Salvador, para evitar que caminara sola por varias cuadras en las calles polvosas e inclinadas que se vuelven resbaladizas en invierno. Para salir desde las casas de la familia Benito hay que subir dos cuestas para llegar a la calle principal. Entre esas cuestas se alcanza a ver la costa de La Libertad, una vista que no vale la pena detenerse a apreciar cuando se va cargando cántaros porque las casas no tienen conexión de agua, cestos con frutas para vender o mochilas pesadas con los útiles escolares.
Daniel había prometido que el 26 de mayo, día del cumpleaños de Lucía, iban a celebrar. Así que la niña tenía muchas ilusiones de una fiesta que no iba a tener con su papá ausente. Su tío Juan Carlos Benito al verla triste decidió llevarla de paseo al centro de San Salvador, el sábado 21 de mayo. Con ese tío, que es miembro del partido Nuevas Ideas y empleado de la alcaldía de Panchimalco, Lucía veía algunas veces los discursos del presidente Nayib Bukele.
El domingo 22 de mayo, a las 6:00 de la mañana, los policías volvieron a llegar a la casa y esta vez se lo llevaron a Juan Carlos.
Cuando Lucía preguntó por su tío, su madre y abuela le dijeron que su papá se había ido a otro país y que su tío fue a buscarlo. No le querían decir la verdad, pero Lucía siempre ha sido muy lista para su edad. Escuchó a su abuela contarle a su mamá sobre todos los documentos que tenían que sacar, los paquetes que había que llevar a los centros penales y sobre las otras familias que comenzaban a reclamar las detenciones arbitrarias de sus parientes. Así se dio cuenta que a su papá y a su tío se los llevaron los policías.
“Él trabajaba, pero los policías se lo llevaron. Cuando yo desperté ya no estaba, la última vez que estuvo conmigo, estuvo riendo conmigo. Estábamos hablando de las caricaturas que a él le gustaban, las de la Era del Hielo. Esa sí me hacía reír mucho”, cuenta Lucía.
En su casa, la señal de teléfono e Internet es inexistente, así como el acceso al agua potable. Para distraerse, Lucía dibuja y juega utilizando su imaginación: Emulando el oficio de su papá, ha inventado un salón de belleza, pone su mesa con su equipo imaginario y dibuja los estilos de corte que ofrecerá a sus clientes. Las películas que disfrutaba con su papá no las ha vuelto a ver porque el disco se le rayó. Mira las noticias y va a la iglesia. Gracias a su tío Juan Carlos reconoce quién es el presidente de El Salvador y a veces le pregunta a su mamá por qué el presidente se llevó a su papá. En otras ocasiones le dice que va a recoger dinero para ir a buscar a su papá.
“Él cuando venía de trabajar, me traía una papita, yogurt o una chocolatina”, recuerda la niña.
La escuela no es un espacio de distracción para Lucía. Su papá también estudió en el mismo centro escolar y a veces los profesores la llaman “Danielita”. En ocasiones le preguntan por qué su papá ya no la llega a dejar a la escuela o le preguntan que cuándo va a salir.
“Y el profe y todos siempre me preguntan: ‘¿y por qué no te viene a dejar tu papá?’ Es que no ha salido, les digo. Siempre me preguntan algo así”.
En la escuela, Lucía ha notado la ausencia de los papás de algunos compañeros. Dice que a muchos de sus compañeros, sus papás los llevaban en motocicletas, pero cree que la Policía se los ha llevado porque hoy sus mamás los llegan a dejar.
Por las noches, Lucía habla mucho de su papá con su mamá. Se pregunta cuándo volverá, si está comiendo bien, también anuncia que al verlo lo primero que hará será correr a abrazarlo. Reza por él y su tío antes de dormirse.
“Es bien duro así, yo siento que un niño ya va quedando con esa mente, ya lleva ese dolor cuando va creciendo. Ella va solita. Como ella ve noticias, ve todo lo que hacen y que todo eso viene del presidente. Ella me dice: ‘¿Por qué el presidente está haciendo esto?’”, cuenta la mamá de Lucía.
Los signos de la ausencia
El domingo 25 de septiembre, un grupo de familiares de detenidos durante el régimen de excepción que forman parte del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) llegaron a la Catedral Metropolitana de San Salvador. Su esperanza era que el arzobispo José Luis Escobar Alas los recibiera, pero en su lugar fueron atendidos por un empleado de protocolo de la Iglesia quien los maltrató y los mandó a que se quitaran de la entrada principal. El arzobispo no mostró ninguna intención de recibirlos.
Entre los manifestantes andaban dos niños que acompañaban a sus abuelas. En ambos casos, sus abuelas también hacen las veces de mamá y papá, porque los padres de estos niños son parte de las estadísticas de detenidos del régimen de excepción.
Leo, uno de los dos niños, vio cuando los policías se llevaron a su papá el 4 de agosto. Su abuela, quien lo cuida desde el año pasado, andaba acarreando agua cuando le avisaron que “habían detenido al gordo”. Cuando llegaron al lugar donde Martín Alfonso Vásquez, de 26 años, trabajaba como ayudante de albañil, los policías ya lo habían esposado. Al ver a su hijo llegar, Martín pidió misericordia a los agentes y que lo dejaran libre para seguir trabajando por su hijo, pero sus ruegos cayeron en oídos sordos. Se lo llevaron y ahora Leo repite que “su papá se fue con la Policía”. Ese día, lo único que los policías devolvieron fueron las camisetas sudadas que Martín usaba mientras trabajaba.
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Se lo llevaron unos días antes del cumpleaños de él y el niño preguntaba y mi papá dónde está. “Mi papá en la policía”, dice porque él vio cuando se lo llevaron. Al niño lo han dejado traumado tanto mentalmente como emocionalmente porque cuando ve a un policía, él les tiene miedo. Cuando ve a los soldados, él se les queda viendo, se les queda viendo. Él dice “papá los policías se lo llevaron en el carro”. Con sus tres añitos nadie le podrá mentir, aunque le digamos que ha ido a trabajar, él dice que “papá policía”. Nadie le da mentiras, es un niño que apenas ha cumplido años el 20 de agosto, días antes que se lo llevaron a su papá y él pregunta por su papá,¿ cuándo va a venir?
“A sus tres añitos, él bien entiende. Cuando ve a los policías y los soldados a veces se pone nervioso”, cuenta su abuela. Un día cuando ella estaba sacando todos los documentos de Martín, el niño encontró su DUI y al ver la foto de su papá corrió con el documento por toda la casa mostrando que su papá estaba ahí.
Antes de ser capturado, Martín había mandado a sacar un cuadro con una fotografía de Leo, para tenerla lista el 20 de agosto y celebrar el cumpleaños del niño. Pero la fiesta que había planeado ya no se pudo realizar. Tras su detención, Leo ha presentado problemas estomacales e inflamación en un testículo. A su abuela le preocupa mucho y espera conseguir el dinero suficiente para llevarlo al Hospital Bloom.
El otro niño que andaba entre los manifestantes del Movir es Abraham, de cuatro años, quien es reconocido entre las marchas de los familiares de detenidos en el régimen de excepción por su camisa en la que dice: “Libertad para mi papito”. Al igual que Leo, su única figura materna es su abuela. A su papá, Bryan Alexander Torres Esquivel, de 23 años, se lo llevaron los policías el 16 de abril. Bryan se dedicaba a la agricultura, labor con la que sustentaba a su hijo y apoyaba a su familia.
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Él todos los días, ¿y mi papá cuando va a venir? Esos hombres que no me lo sueltan, esos hombres no lo mandan, mami yo quiero a mi papi. Le digo yo, hoy vamos a ir a San Salvador. ¿Y me vas a poner la camisa donde dice libertad para mi papi? Sí, le dije yo. Acá andamos, anda conmigo donde quiera que yo ande, pero la verdad es injusto. Hasta la primera dama dicen nacer con cariño y cuál es el cariño que le tiene a los niños no, no tiene cariño para los niños porque… él con dolores de cabeza. Yo lo tengo en control con una pediatra, en la clínica pública, ella me lo está chequeando por unos dolores de cabeza que le han caído. Me le da vitaminas. Le doy su lechita, yo ahí ando contemplando, la verdad en ese en ese modo. Pero él siempre… nosotros entramos al cuarto del papá. Me dice que le ponga la tele en el cuarto de mi papi y ahí está en su cama acostado. Y así es que estamos aquí luchando por esto, ojalá que haga caso el presidente que piense pues que pandilleros son pandilleros e inocentes son inocentes.
A la abuela de Abraham le preocupa que tras la captura de Bryan, el niño empezó a tener dolores de cabeza de forma constante.
“Lo tengo en control con una pediatra en la clínica pública, la doctora me lo está chequeando por el dolor de cabeza que le ha caído. Me le da vitaminas. Le doy su lechita, yo ahí ando contemplándolo. Él siempre me pide que le ponga la tele en el cuarto de su papá”, dice su abuela. Ella solo pide que las autoridades liberen a los jóvenes que no son miembros de pandillas.
En El Jícaro, 11 niños se quedaron sin papás
La familia Sandoval ha quedado desestabilizada. El lunes 23 de mayo, cuando un grupo de la familia se dirigía a las 5:30 de la mañana a trabajar en sus cultivos, fueron arrestados. Con ellos iba un niño de 9 años, a quienes los policías obligaron a cargar las mochilas de todos sus familiares de regreso a la casa. Al llegar, los agentes encararon a la madre del niño y también se la llevaron detenida.
Los detenidos fueron José Alfonso Sandoval García, de 66 años, el patriarca de la familia quien durante la mayor parte de su vida se ha dedicado a la agricultura y era el encargado de cuidar una finca donde cultivan café en la zona del cantón El Jícaro, en Tacuba, Ahuachapán. Con él detuvieron a su hijo, Hugo Ernesto Sandoval García, quien tiene 7 hijos, la mayoría menores de edad, incluyendo un bebé. Uno de los hijos de Hugo Sandoval también fue detenido e identificado como Hugo Edgardo Sandoval García, quien tiene cinco hijos y el mayor apenas tiene 9 años. Entre los capturados está Elsa Sandoval García, quien es la madre del niño de 9 años que fue obligado a llevar las mochilas de todos. Posteriormente, los policías detuvieron a Manuel de Jesús Ramírez Mateo, quien tiene un bebé de un mes, y a Gloria Daysi Sandoval García.
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-Me dice, ¿mami cuándo te van a dar al abuelo? Hay veces en la tarde me dice: Mami, yo ya quiero que los policías me den al abuelo, yo siento que nunca te lo dan.
-Yo siento que mi papi lo va a ir a traer.
Al perder el sostén económico, la familia ha caído en una crisis. Parte de los cultivos se han perdido y a veces no tienen ni para comprar dulces a los niños cuando piden algo más para comer.
La nieta de José Alfonso, una niña de tres años, lo veía como su papá y hay noches en las que ha pasado gritando. En su angustia, las hijas más jóvenes de José Alfonso la han llevado con un psicólogo en el Hospital de Ahuachapán. Además le han detectado anemia.
El bebé de Manuel de Jesús tiene desnutrición severa y ha tenido que ser ingresado. Creen que por el shock, la mamá ya no ha podido producir leche materna y es imposible para ellos comprar los botes de leche en polvo que les han recomendado. En el caso del niño que presenció todo, pasó varias semanas sin querer salir ni ir a la escuela.
Uno de los niños de Hugo Edgardo le dijo un día a su tía que de nada sirvió que su papá trabajara tanto si siempre se lo llevaron.
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Pues los niños, una niña que estaba con mi papá ahí que es de mi hermana menor, como a mi papá le decía papá, ya la tuvieron con psiquiatra ahí de la clínica, del Hospital de Ahuachapán. Porque ella todos los días grita que quiere a mi papá, como papá le dice a mi papá. Y el niño de la Elsa también está mal, como ella era papá y mamá para él. Está malo el niño también. Pasó tres meses que no quería estudiar. Ahora los niños de Edgardo, que son cinco varoncitos, dicen que el mayor dijo que ¿de qué sirvió que su papá fuera trabajador si igual lo tienen encerrado como delincuente?.
Un impacto a largo plazo
En el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) las atenciones psicosociales para las víctimas del régimen de excepción han aumentado. Para el instituto no es un procedimiento habitual, pero al ver la necesidad de los casos que siguen recibiendo comenzaron a brindar este tipo de atención.
German Cerros, psicólogo del IDHUCA, expuso que ha sido muy difícil observar el deterioro progresivo de la salud mental en algunos casos. Explicó que los niños, niñas y adolescentes han sido afectadas de su área comunitaria, que es donde se desenvuelven, pero lo que más han identificado son afectaciones en su área familiar y personal.
“Hemos identificado, por ejemplo, síntomas de niños que hasta la fecha están presentando niveles de frustración, que hasta en este momento en los niños y las niñas la frustración tendría mucho que ver con los espacios en donde se desarrollan, que tienen que ver en sus lugares de escuela con otros chicos y chicas con su grupo de iguales. Pero no una frustración que es generada desde un sistema de seguridad, desde un contexto social, que quieras o no los está colocando en una situación bien compleja, hay niveles de tristeza en cada uno”, indicó.
Cerros explicó que para un profesional de la salud mental es fácil identificar si un niño o niña está viviendo una situación muy complicada porque no solamente se expresa en sus emociones, sino en todo el cambio conductual.
“Hay una sensación de abandono bien, bien, compleja, ya no digamos el abandono que han vivido socialmente con sus grupos familiares, porque se les ha extirpado, se les ha quitado abruptamente un integrante de la familia, que para ellos tenía alta significación. Es prácticamente como la retirada de un pilar fundamental para su desarrollo”, expuso Cerros.
Destacó que para las personas adultas es complicado manejar el estrés, y este se vuelve aún más duro para los niños y niñas que cuentan con herramientas de afrontamiento muy precarias o muy básicas para poder luchar con una realidad que es bastante difícil.
“Vemos procesos de duelos muy complicados. Es un duelo muy complicado y no resuelto. No saben cuándo van a regresar”.
Cerros dijo que uno de los niños que ha atendido le comentó que al ver las noticias de prórrogas del régimen, lo que piensa es que su familiar va a pasar 30 días más en la cárcel.
Consideró que las autoridades pensaron mucho en cómo atacar el tema de la violencia generalizada, con medidas que ya habían sido usadas previamente, pero se pensó poco o nada en cómo estos procedimientos iban a afectar a la niñez y adolescencia salvadoreña.
Poco se conoce si los policías tienen formación o directrices de cómo abordar una situación de captura en el momento que hay un menor de edad y qué es lo humanamente posible realizar para para cuidar y velar por el interés superior de los niños y de las niñas durante un procedimiento.
“Se está lacerando directa o indirectamente a los niños”.
Cerros señaló que ni el CONNA ni el ISNA se han pronunciado respecto a estos procedimientos, ni siquiera se ha intentado hacer un llamado a que se vele por los estándares mínimos de protección a niñez y adolescencias.
Lamentó que tampoco los colegas especialistas en salud mental, ya sea del área del Ministerio de Salud o de la Junta de Vigilancia de la Profesión en Psicología se han pronunciado al respecto. Dijo que desde el Ministerio de Salud se podrían buscar estrategias de mitigación de daño, crear protocolos de respuesta en los centros escolares donde haya casos de un niño o una niña que está dejando de ir a la escuela o que está teniendo cambios en su conducta porque han detenido a un integrante de su familia.
Durante años en el IDHUCA han atendido a víctimas de la violencia por pandillas, por desplazamiento forzado. Cerros dijo que, para él, no es lo mismo subsanar o tratar de reparar el daño emocional causado por una estructura criminal que por una estructura de seguridad.
“En su momento nos dijeron que iban a velar por nuestra integridad y nuestra dignidad. Es como cuando en un grupo familiar te das cuenta que un niño por un lado está siendo afectado por terceros, el niño puede llegar a tener ciertas afectaciones y que en su momento pueden llegar a ser reparadas. Pero cuando es un mismo integrante del grupo familiar quien te causa daño, es más difícil reparar eso porque los niños piensan que ese familiar que tiene la obligación de proteger te está causando daño. Viendo el Estado como una estructura familiar es bien difícil reparar algo cuando el que te tiene que garantizar la seguridad es el que te está lastimando, es el que te está estigmatizando, en el caso de los adolescentes”, dijo Cerros.
Un fenómeno que se está dando es el de parentificación, que ante la ausencia de miembros de la familia, los niños mayores deben hacerse cargo de la función que ellos cumplían. Por ejemplo, las hermanas mayores que ahora deben cuidar a los menores si la mamá ha sido detenida.
“Esto ha sobrecargado emocionalmente a los niños, prácticamente las capturas masivas están moviendo abruptamente la estructura del sistema familiar y no les está dando tiempo de reinventarse con el tiempo”, dijo.
Reiteró que los niños no procesan el dolor de la misma forma que los adultos, ya que aún les hace falta adquirir las herramientas necesarias para afrontar una situación difícil. Por ello, son más susceptibles a tener efectos psicosomáticos, como problemas estomacales, o sueño irregular.
“Se está fragilizando una sociedad que ya está sumamente quebrada”, expresó Cerros.
Revista GatoEncerrado solicitó una entrevista con UNICEF para conocer sus perspectivas sobre el impacto del régimen de excepción en la niñez salvadoreña. Se informó que la entidad se mantiene apegada a lo expresado en abril, cuando representantes del organismo emitieron una declaración titulada: “Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución a la violencia de pandillas en El Salvador”.
Lucía seguirá esperando el regreso de su papá y su tío. Sobre todo, para tener la oportunidad de volver a celebrar el cumpleaños que quedó pendiente. Cuando llegó el día de su cumpleaños, Lucía no tuvo la piñata ni los regalos que esperaba con ilusión. Quienes más aportaban a la economía de la casa ya no estaban. Pero para el próximo año espera tener una piñata de un poni. Y a su papá.
*En esta nota no se usan los nombres reales de los niños y niñas para proteger su identidad. Los nombres de los familiares también se omitieron ya que temen represalias.
