Imagen/Karina Hernández

Se busca juez para cambio de nombre

Mónica Linares es una activista y defensora de los derechos humanos a quien el Estado salvadoreño negó el cambio de nombre y género argumentando la “ausencia de una ley”.  En El Salvador, la autorización del cambio de nombre y género de las personas trans está bajo el criterio de los jueces.

Por Gabriela Méndez

Por Gabriela Méndez

“Mi nombre es Mónica Linares Hernández, soy una mujer trans de 43 años. Casi siempre digo mi edad porque generalmente Latinoamérica tiene la expectativa de vida de las mujeres trans en 35 años. Para mí, pasar de los 35 es ganancia. No soy de las que dice ‘no, no me pregunte la edad'”.

Mónica explicó a GatoEncerrado que nació y vivió su niñez en el departamento de Santa Ana, en un pueblo salvadoreño limítrofe con  Guatemala. A los 14 años se vio obligada a emigrar a la capital, San Salvador, para buscar un mejor futuro.

“El detonante para mí creo que fue el ser una mujer trans joven, con una expresión de género femenina en los (años) 90, 91. En los años 96, 97 más o menos, hacíamos trabajo sexual en las calles con una compañera (…) y existía una Ordenanza Contravencional que hablaba de poner multas a quien ofreciere y a quien comprare sexo en las calles”. 

Después de enfrentarse al Cuerpo de Agentes Metropolitanos una especie de policía municipal—  por ejercer el trabajo sexual en las calles, Mónica tenía claro que no existía ninguna organización ni institución que defendiera sus derechos. Al darse cuenta de la realidad de estar desprotegidas, Mónica y sus amigas empezaron a organizarse para  defenderse.

“Nos pareció interesante el poder estar defendiendo nosotras mismas nuestros derechos y no creernos la mentira de que las trans no podemos hacer otra cosa que no sea prostitución”.

Muchos años después, en 2008, el proyecto que soñaron se cumplió: fundaron la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), de la que actualmente Mónica es la directora.

Para 2012, seis organizaciones se aliaron para formar la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género:  Colectivo Alejandría, DIKE, Comcavis Trans, Generación Hombres Trans, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y ASPIDH. Ese espacio ha venido trabajando para que el Estado salvadoreño estructure una ley que reconozca el derecho a la identidad de las personas trans.

La Mesa por una Ley de Identidad, decidió emprender un nuevo camino debido a la falta de leyes de reconocimiento y protección de las personas trans: interponer demandas para acceder a cambios de nombre. Los procesos de demanda los realizó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), una organización que brinda servicios jurídicos. FESPAD pertenece a redes nacionales e internacionales y lucha por el respeto a los derechos humanos.

En 2019, echando mano de jurisprudencia internacional, FESPAD presentó cuatro demandas ante Juzgados de lo Familiar que buscaban cambios de nombre para personas trans. Tres de las demandas se interpusieron en San Salvador y la demanda de Mónica fue presentada en el Juzgado de Santa Ana.

Los cuatro Juzgados rechazaron las demandas, pero FESPAD apeló ante las Cámaras de lo Familiar. En San Salvador, las Cámaras ordenaron a los Juzgados, en dos ocasiones, conocer por qué en las demandas se argumentaba que los nombres registrados de las personas trans afectan su dignidad humana. En Santa Ana la historia fue diferente. La Cámara de lo Familiar apoyó la decisión del Juzgado de rechazar la demanda.

Kerlin Belloso, abogada de FESPAD y una de las encargadas de estos casos, aseguró a esta revista que el Juzgado y la Cámara de lo Familiar de Santa Ana argumentan la ausencia de una ley específica para no conocer la demanda de Mónica. Belloso explicó que a partir de este nuevo rechazo sólo quedaba un último recurso:  presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso que según Belloso se realizó en 2019 y aún no existe una respuesta.

La abogada señala que mientras no exista una Ley de Identidad de Género, la autorización del cambio de nombre y género de las personas trans quedará bajo el criterio de los jueces de Familia. 

“Somos parte de las sobrevivientes de una guerra civil, somos parte de las mujeres trans sobrevivientes de una pandemia y de otra pandemia que siempre ha existido en nuestras vidas, que es la discriminación social”, Mónica Linares, 2021. Foto/Archivo GatoEncerrado

Una espera de 10 años por una ley

En 2016, Karla Avelar, activista y defensora de derechos humanos, interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ una demanda por considerar que el artículo 11 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, el cual establece que no se puede asignar un nombre propio cuando pueda perjudicar la dignidad humana; y el artículo 23, numeral 2 de la misma ley, señala que el cambio del nombre propio sólo se puede realizar una vez al ser “equívoco respecto del sexo, impropio de persona, lesivo a la dignidad humana”, violan los artículos 2, 3 y 36 numeral 3 de la Constitución de la República. 

Los artículos de la Constitución establecen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a un nombre que las identifique. La demanda fue admitida hasta mayo de 2018.

En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional resolvió a favor la demanda de Avelar  y ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la Ley del Nombre para que las personas trans puedan cambiar su nombre y sea compatible con su identidad y expresión de género.

Según la resolución de la Sala, la falta de regulación y condiciones para que una persona cambie su nombre por “razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado”.

La activista y defensora de derechos humanos, Amalia Leiva, dijo a GatoEncerrado que la resolución significa un avance: “La resolución no solamente abre la puerta a que las personas trans se puedan cambiar el nombre, sino que también abre la puerta para que se apruebe una Ley de Identidad de Género y se aplique una legislatura más integral y completa”.

Una comunidad vulnerable 

Debido a las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, las personas LGBTIQ+ son víctimas de agresiones físicas y verbales, discriminación social y estatal, y crímenes motivados por odio, así lo señala el informe No muero, me matan” de ASPIDH y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) publicado en 2021 Este informe señala que las mujeres trans jóvenes son las más vulnerables ante los abusos y violaciones de derechos humanos.

El informe Solo queremos salir adelante. Necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador, de las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Comcavis Trans publicado en julio de 2022, también explica que la falta de una Ley de Identidad de Género provoca que las personas trans no puedan acceder a derechos como: salud, empleo, atención en las instituciones bancarias y emisión del voto.

Para Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría; y Mónica Linares, de ASPIDH, la aprobación de una Ley de Identidad de Género abre la puerta para el acceso a derechos y para la creación de políticas públicas en favor de la población trans.

“La Ley de Identidad de Género no viene a resolver todos los problemas de las mujeres trans. Sin embargo, el hecho de ser reconocidas con el nombre que una se identifica y no solamente que se identifica sino que esa es la expresión de una, si viniera a aliviar muchísimas situaciones que actualmente se siguen dando en temas de violaciones de derechos humanos como el acceso a salud, educación, vivienda y todo lo demás”, señaló Guevara.

La RedLacTrans señala que la aprobación de una Ley de Identidad permitiría que las identidades trans no se consideren una enfermedad y sería un mecanismo para garantizar que las personas trans tengan acceso integral a la salud, educación y al trabajo.

Según RedLacTrans, de los 42 países de Latinoamérica y el Caribe, sólo Costa Rica, Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia, Uruguay y algunos Estados de México cuentan con una Ley de Identidad de Género. 

Aunque el Estado negó a Mónica su derecho al cambio de nombre, ella asegura que desde su posición de activista y defensora de derechos humanos seguirá luchando porque se respete las identidades de las personas trans y se les garantice el acceso a sus derechos.

Edición: Suchit Chávez

Más de GatoEncerrado

VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE