Para el 2023, se estima que Guatemala tendrá una población joven de 5.8 millones (13 a 29 años), lo cual equivaldrá al 33.0% de la población total. La vida de la mayor parte de las juventudes se desarrolla en contextos de pobreza y exclusión. Los datos más recientes disponibles muestran que seis de cada diez jóvenes viven en pobreza monetaria, aumentado a ocho de diez en juventudes indígenas. Mientras que, al observar la pobreza en su carácter multidimensional, los datos muestran que seis de cada diez jóvenes han sido privados del acceso a la salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda adecuada u otros elementos básicos para su desarrollo.

Las juventudes también tienen un acceso muy limitado a oportunidades educativas: en 2021, el 52.0% de las personas de 13 a 18 años se encontraba fuera del sistema educativo. El acceso a la educación para las juventudes se agravó por los efectos sociales y económicos de la pandemia de COVID-19; al comparar la matrícula de estudiantes del 2021 respecto a la del 2020, se observa que esta decayó en un 6.7% en el nivel básico y en un 7.5% en el de diversificado. Las personas jóvenes con bajos niveles educativos tienen menores oportunidades de acceder a trabajos decentes y de obtener ingresos suficientes para tener un nivel de vida adecuado. Los indicadores laborales muestran que de la juventud que se encuentra trabajando, solamente el 28.5% tiene acceso a un trabajo formal y solamente el 13.7% está afiliado a la seguridad social. El poco acceso a oportunidades educativas y laborales son unas de las principales razones por las que las juventudes migran. 

El número de jóvenes en Guatemala le presentan al país la oportunidad de aprovechar los dividendos del bono demográfico (Período en que la proporción de personas en edad potencialmente productiva (de 15 a 65 años) aumenta sostenidamente respecto a las personas en edades potencialmente inactivas (de 0 a 14 años y de 65 años en adelante), pero para que estos se traduzcan en desarrollo económico y social es necesario garantizar sus derechos, lo cual implica que se tomen todas las medidas necesarias, incluyendo la adopción de marcos legales específicos para las juventudes, así como inversiones públicas significativas. Sin embargo, el Estado de Guatemala aún no cuenta con una ley específica para juventudes ni ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; además, tampoco se cuenta con una política nacional de juventud, la última venció en 2020 y no se ha aprobado una nueva.  Siendo esta una muestra de la poca voluntad de las autoridades gubernamentales respecto a la mejora de las condiciones de vida de la juventud.

En cuanto a las inversiones públicas en juventudes, el estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en alianza con Paz Joven y Plan Internacional Guatemala muestra que, en promedio, las inversiones directas realizadas por el Gobierno central y entidades descentralizadas entre 2015 y 2021 correspondieron a un monto equivalente a Q2.6 diarios por cada joven (USD 0.3), a un 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB) y a un 6.5% del gasto público. En este último indicador se observa que en 2015 las inversiones en juventudes equivalieron a un 7.1% del gasto público, mientras que para 2021 solo representaron el 5.9%:  la prioridad de las juventudes dentro del gasto público disminuyó en estos años. 

Por medio del gasto público se puede evaluar los esfuerzos que el Estado de Guatemala realiza para garantizar los derechos de las juventudes, este refleja concretamente las prioridades del Estado. En ese sentido, el Icefi realizó una nueva estimación de la inversión pública directa en juventudes (Ipjuve) del Gobierno central con base en el presupuesto de gastos vigente a agosto del 2022 y al proyecto de presupuesto de gastos del 2023.  

Las estimaciones muestran que para el 2022 se tiene una Ipjuve presupuestada vigente de Q6,138.2 millones (USD 796.7 millones), de la cual se ha ejecutado un 54.5% hasta agosto. De ejecutarse en su totalidad, lo cual será muy difícil de lograr tomando en cuenta que entre 2015 y 2021 el promedio de ejecución fue del 84.5%, la Ipjuve en 2022 representaría una inversión diaria por joven de Q2.9 (USD 0.40) y a un 5.6% del gasto público; asimismo, representaría el 0.9% del PIB. Para el 2023, se estima que del presupuesto recomendado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) se destinarán Q6,753.6 millones a la Ipjuve, lo cual equivale a Q3.2 diarios en cada joven (USD0.4), 6.3% del gasto público y apenas el 0.9% del PIB.