Foto/Melissa Paises
Al Comité Contra la Tortura de la ONU le preocupan las violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción
El Estado salvadoreño intentó tapar con tecnicismos los impactos a los derechos humanos a causa del régimen de excepción durante su audiencia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Para expertos en derechos humanos, el papel del Estado ante el comité fue lamentable ya que “ha mentido abiertamente”.
Por Xenia Oliva
El Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su “profunda preocupación” ante el serio impacto a los derechos humanos en El Salvador como consecuencia del régimen de excepción, aprobado desde el 27 de marzo pasado y que ha sido prorrogado, hasta diciembre, ocho veces. La última vez que el CAT emitió un informe periódico de El Salvador fue en noviembre de 2009. Para ese entonces, las observaciones se enfocaron en la persistencia de alegaciones de casos de tortura, sobre todo cometidos por agentes policiales y penitenciarios; la impunidad; el uso excesivo de militares en tareas de seguridad pública; la excesiva duración de la prisión preventiva; las carencias en la atención a víctimas de distintos tipos de violencia y la necesidad de derogar la Ley de Amnistía. Parte de los hechos que generaban preocupación en ese entonces aún siguen vigentes, pero a esto se le ha sumado la situación generada por el régimen de excepción.
“El Comité expresa su profunda preocupación por las graves consecuencias en materia de derechos humanos que presentan las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y aún en vigor, y que hasta la fecha han supuesto la detención de más de 57,000 personas (aunque hasta la primera semana de diciembre van más de 59,000)”, señaló el Comité en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador.
Al respecto, son siete los puntos que más han preocupado al Comité: las detenciones colectivas y de carácter discriminatorio; los obstáculos para notificar la detención a un familiar; las dificultades en el acceso a una asistencia jurídica adecuada, debido a la saturación de casos en la Procuraduría General de la República (PGR). Otro de los puntos es la ampliación del tiempo en que una persona puede estar detenida antes de ser llevada ante un juez, que pasó de 72 horas hasta 15 días. Además, durante el régimen de excepción se ha mantenido la falta de efectividad del recurso de habeas corpus, presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De igual forma, falta un registro completo de las personas privadas de libertad, incluyendo información actualizada sobre los traslados entre centros penales y la carencia de información sobre las investigaciones o medidas disciplinarias adoptadas contra “agentes de las fuerzas del orden por incumplimiento de las salvaguardias procesales para prevenir la tortura y los malos tratos”.
El comité llamó al Estado salvadoreño a tomar medidas eficaces para “prevenir las detenciones arbitrarias sin orden de detención y garantizar que las personas detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su privación de libertad de conformidad con las normas internacionales, en particular los derechos a: ser informados de las razones de su detención; a informar con prontitud de su detención a un familiar o a un tercero; el derecho de ser asistidas sin demora por un abogado; y a recibir asistencia letrada gratuita de calidad en caso de necesidad”.
El Comité también pidió al Estado que retire las disposiciones que permiten que una persona esté en detención administrativa por 15 días, cuando el tiempo establecido era de un máximo de 48 horas.
Evaluación del comité sobre la respuesta estatal a la violencia criminal
Al igual que en 2009, el Comité volvió a señalar su preocupación ante el hecho de que las fuerzas armadas siguen realizando tareas de seguridad ciudadana con regularidad.
Además, exteriorizó su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales que han afectado hasta menores de edad. En este punto también señaló que las reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo son imprecisas y esa ambigüedad puede afectar a jóvenes y adolescentes.
Agregó que le preocupa que hay pocos avances en la investigación de las denuncias sobre “uso excesivo de la fuerza, tortura, malos tratos y desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes de Policía o personal militar”.
El Comité sostuvo que el Estado debe “garantizar que las normas que rigen la aplicación del estado de excepción se ajusten a las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas en el ámbito internacional por el Estado parte”.
Observación por falta de información sobre las medidas de reparación
El Comité pidió al Estado que brinde una reparación justa a las víctimas de tortura y lamentó que este no haya brindado información sobre las medidas de reparación que se han implementado para las víctimas de tortura y malos tratos.
Previo a la emisión de las observaciones finales, durante la exposición de la delegación de El Salvador, Adela Saravia, fiscal de derechos humanos, quien representó a la Fiscalía General de la República (FGR) expuso que en el país solo hay cinco investigaciones activas sobre casos de tortura, registrados entre 2019 a 2022. De ninguno de esos casos ofreció detalles.
El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), David Reyes, dijo que desde 2019 ningún agente policial ha sido detenido por el delito de homicidio, aduciendo que se debe a la implementación de “nuevas políticas sobre valores y formación policial”.
David Morales, jefe jurídico de justicia transicional de Cristosal, dijo que el registro de investigaciones por casos de tortura es un número muy bajo para los cuatro años que comprende el informe, de 2019 a 2022. Señaló que con tan solo revisar notas de prensa sobre la actuación policial se puede encontrar distintos casos relacionados a presuntas torturas o de homicidios en los que agentes policiales están involucrados.
“Creo que este posicionamiento lo que refleja es la ausencia de investigaciones y, por lo tanto, el alto nivel de impunidad que se está generando o que se está garantizando por parte del gobierno”, sostuvo Morales.
Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, consideró que no son aceptables las declaraciones de los representantes del Estado que negaron que haya investigaciones sobre tortura: “Precisamente han modificado la legislación para no investigar, para no establecer las responsabilidades de policías que han sido denunciados abiertamente. Hemos visto hasta videos públicos en los que policías están golpeando y maltratando a personas. El grave problema es que la institucionalidad interna de la Policía no funciona y por eso es que no hay resultados”, expuso.
Preocupa el uso excesivo de la detención provisional
“Vemos con preocupación las informaciones que señalan un uso excesivo y en algunos casos indefinido, sin determinación suficiente e individual sobre su necesidad y proporcionalidad, de la detención preventiva”, señaló el Comité en su informe.
Recomendó que la detención provisional sea usada solo como último recurso en un plazo más breve: “Desde el momento que una persona es detenida o privada de libertad, se le notifica de una forma verbal todos los derechos y prerrogativas que le asisten. Seguidamente, tiene la potestad de firmar o no la hoja física donde están señalados los derechos que nuestra Constitución y leyes secundarias le reconocen como tal”, aseguró el subdirector de la Policía, quien añadió que también se le notifica de forma verbal todos los derechos al detenido.
Morales, sin embargo, señaló que las miles de denuncias durante el régimen demuestran que hay un abuso sistemático de las detenciones sin orden de captura, sin motivos legales, en los que incluso hay abusos de autoridad al momento del arresto.
Preocupación por el estado de la justicia juvenil
El Comité también expuso su preocupación por el elevado número de menores de edad ingresados “en centros de resguardo (2,464 menores) y centros de integración social (1,730) de enero a septiembre de 2022”. De igual manera, lamentó que hubo falta de información detallada de las condiciones de los centros en los que se encuentran los menores.
El Comité añadió que le preocupa la reforma a la Ley Penal Juvenil que permite penas de hasta 20 años para mayores de 16 años y de hasta 10 años a adolescentes mayores de 12 años. Señaló que tampoco se le brindó la información requerida sobre estas disposiciones y llamó al Estado a que garantice que la privación de libertad de menores sea el último recurso y con un período mínimo necesario.
La directora Ejecutiva del CONNA, Linda Amaya de Morán, aseguró que tanto fuera como dentro del régimen de excepción, “el Estado salvadoreño ha llevado a cabo intervenciones integrales para proteger a la niñez y adolescencia de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y trabajar por una integración positiva y sostenible de los adolescentes con responsabilidad penal en sus entornos familiares, comunitarios y sociales, en concordancia con los espíritus de la convención de los derechos del niño”.
Pero Navas señaló que a partir de la nueva reforma se corre el riesgo de que los menores de edad sean procesados como adultos y que se les limite la posibilidad de obtener una medida alternativa al internamiento, como lo establece la Ley Penal Juvenil.
Preocupación sobre las condiciones de detención
“El Comité mantiene su preocupación ante la sobreocupación en los centros penitenciarios del país, agravada por el considerable aumento de la población reclusa”, observó el Comité. Para octubre de 2022, se reportó que había más de 94,000 reclusos a escala nacional.
“Asimismo, preocupan las informaciones que señalan el incumplimiento de las órdenes de excarcelación, la falta de separación estricta entre presos preventivos y condenados, y el trato vejatorio a las personas privadas de libertad”, añadió el Comité. También enumeró las denuncias de problemas en el abastecimiento de agua y saneamiento.
“Le preocupan las informaciones recibidas de la atención médica insuficiente. Otro motivo de preocupación es la ausencia de políticas de reinserción social”, agregó el Comité.
Javier Hernández, de la Dirección de Centros Penales, aseguró que la atención al derecho a la salud de las personas privadas de libertad es una prioridad y que trabajan constantemente para mantener condiciones favorables en los centros. Hernández dijo que por el régimen de excepción se creó un protocolo de actuación para “garantizar el respeto a los derechos humanos” y que, en caso de que las familias de personas privadas de libertad no tengan la capacidad para llevar el paquete con productos higiénicos y ropa, Centros Penales gestiona donaciones.
“De todos es sabido que el Estado no es el que provee los medicamentos de las personas que se encuentran privadas de libertad y que tienen padecimientos severos, algunas de las personas han muerto por falta de medicamentos y por falta de atención médica”, señaló Navas, la jefa jurídica de Cristosal.
Preocupación por violencia en los lugares de reclusión y muertes en custodia
Otra de las preocupaciones del Comité son las muertes de personas privadas de libertad al interior de centros penales durante el régimen de excepción. El Comité urgió al Estado salvadoreño a que investigue todos los casos de muertes de privados de libertad y que dijo que esperará los resultados de estas investigaciones. Y que se determine si hubo responsabilidad de agentes de seguridad.
Saravia dijo que la Fiscalía ha abierto 90 investigaciones por muertes de privados de libertad, pero aseguró que a la fecha en ninguno de los casos hay evidencia de que las muertes ocurrieron por exceso de fuerza de las autoridades.
Navas, por su parte, señaló que Cristosal ha documentado algunos casos en los que las personas que fallecieron al interior de centros penales claramente sufrieron golpizas: “Fiscalía tendría que reportar a cuántos de estos cuerpos se les hizo autopsia y qué es lo que determinó en este tipo de cuerpos; al menos las organizaciones documentamos tres casos en los que hay evidencia de tortura y la Fiscalía nos lo reconoce”.
Preocupación por falta de vigilancia de los lugares de detención
El Comité lamentó la falta de información sobre la agenda de visitas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a los centros penales y el seguimiento de las autoridades a sus recomendaciones.
Durante el interrogatorio al Estado y ante los cuestionamientos sobre la labor de la PDDH y su imparcialidad, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dijo que la entidad está protegida de injerencias externas por su rango constitucional. Además, defendió la elección de la procuradora actual, Raquel Caballero, diciendo que se eligió “previa valoración de su independencia e idoneidad para ejercicio del cargo; el pasado 14 de octubre se nombró como nueva procuradora por destacada trayectoria”.
Morales recordó que Caballero ha recibido condenas por nepotismo de parte del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). Además, señaló que a más de un mes de su elección hay una ausencia de un posicionamiento claro.
“Ante un régimen de excepción que ha colocado a numerosas personas que se encuentran privadas de libertad en una condición de tortura colectiva, que ha derivado inclusive en muertes arbitrarias, ese silencio no es admisible”, dijo Morales.
Manuel Merino, representante de la Procuraduría General de la República, dijo que “la defensa pública se garantiza por igual a todas las personas que lo solicitan. Existe completa libertad para los imputados para decidir si quieren contratar abogados particulares o si quieren un defensor público”.
También dijo que cuando la persona o grupos de personas son detenidas son llevadas a la Procuraduría General para que inmediatamente se les asigne un defensor público que los asista.
“Rechazamos las declaraciones de la Procuraduría General de la República con respecto a que no existen quejas de que los abogados no tienen comunicación con los detenidos”, dijo Navas y señaló que en El Salvador no se está permitiendo que los abogados tengan contacto con los detenidos y tampoco hay posibilidad de visitas en los centros penales para los abogados.
El Salvador se compromete a defender los derechos humanos de los “ciudadanos honrados”
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, cerró la participación del Estado salvadoreño destacando los “esfuerzos nacionales”, pese a los desafíos y la realidad del país: “Nuestro país es respetuoso de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y en estos tres años de gestión la prioridad del presidente Nayib Bukele siempre ha sido el defender los derechos humanos de los salvadoreños honrados”, dijo Mira. Pidió además al Comité que “las observaciones sean pertinentes, concretas y relevantes”.
Al presentar sus observaciones, el Comité le pidió al Estado darle difusión a su informe presentado y a las observaciones finales. Pese a las preocupaciones del Comité con respecto a las medidas impulsadas por el régimen de excepción, estas han persistido e incluso se siguen normalizando como la implementación de cercos militares en municipios.
