"Los derechos humanos no son exclusivos de cierto grupo de la sociedad": Glenda Ayala

Por Mario Beltrán

Por Mario Beltrán

Glenda Ayala Mejía es una abogada hondureña y defensora de derechos humanos que trabajó en la creación del mecanismo nacional de prevención contra la tortura en Honduras, país que ha suscrito y ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ayala es, a la fecha, comisionada Nacional Designada por Sociedad Civil ante dicho organismo y platicó con GatoEncerrado para contar su experiencia y sus valoraciones sobre lo que ocurre en El Salvador, donde el convenio ha sido suscrito pero no ratificado.

Sobre este tema de las torturas, el pasado 17 y 18 de noviembre, el gobierno salvadoreño fue cuestionado en una audiencia ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura por el uso de fuerza excesiva contra personas detenidas en medio del régimen de excepción que el Gobierno de Nayib Bukele y su Asamblea Legislativa mantienen vigente desde marzo. 

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; así como altos mandos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Fiscalía General de la República, negaron que exista tortura o violación de derechos humanos en El Salvador. No obstante, representantes de organismos de derechos humanos del país presentaron un informe al comité en el que se evidencia falta de independencia judicial, negación del derecho de defensa de los detenidos y la muerte de más de 90 personas bajo custodia estatal en centros de detención.

De acuerdo con la especialista hondureña, los Estados que han suscrito el Convenio deben adecuar su derecho interno a prevenir las torturas y malos tratos de parte de agentes de seguridad hacia la población en general. Ayala asegura que los derechos humanos deben ser evolutivos y no involutivos, y que su respeto y cumplimiento dan muestra de la sana democracia de un Estado. 

En su informe, el Comité contra la Tortura de la ONU deja claro que existe una preocupación por la utilización del régimen de excepción para justificar torturas y graves violaciones a derechos humanos.

¿Porque es importante que un gobierno democrático deba ratificar el protocolo facultativo contra la tortura a personas privadas de libertad?

La mayor parte de los países que respeta los derechos humanos han suscrito la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y para hacer funcional la aplicabilidad de la Convención es necesario contar con un protocolo facultativo que crea los mecanismos nacionales de prevención y que también prevé un mecanismo de visitas del subcomité internacional de prevención contra la Tortura; entonces, es como ratificar nuevamente el compromiso que tienen los Estados para prohibir la tortura y los tratos inhumanos y degradantes en su país, y de alguna manera garantizar la dignidad de todas las personas y sus ciudadanos.

¿Cuál es la percepción a escala internacional o ante la comunidad internacional de un gobierno que no ratifica esta convención? 

Los Estados deben avanzar y fortalecer el sistema democrático. Todo Estado y todo gobierno que sea respetuoso de la dignidad de los derechos humanos obviamente va a hacer efectivo el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales. En el caso de Honduras, se ratificó la Convención contra la Tortura y tuvo que pasar una situación crítica de crisis política tras el golpe de Estado para que dentro de esas negociaciones, dentro de esa buena voluntad de los gobernantes, estuviera en tela de juicio la aplicación o la aprobación del Protocolo Facultativo de la Comisión; y es así como, a raíz de ese golpe de Estado y de esa crisis política, los organismos internacionales hicieron un diálogo permanente con las nuevas autoridades del gobierno. Parte de esta estabilidad que debía regresar nuevamente el gobierno de Honduras fue que se negoció la suscripción del Protocolo Facultativo que crea el mecanismo nacional del cual trabajé por seis años. 

Pero hacia afuera, hacia la comunidad internacional y organismos de derechos humanos internacionales ¿Cómo queda un gobierno que todavía no da ese paso?

Considero importantísimo que las democracias en América Latina deben de ser fortalecidas y parte de ese fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado es la aplicación y la suscripción de tratados y convenios internacionales. Un Estado no puede ir en involución de derechos humanos, porque los derechos humanos son evolutivos, o sea, hoy tenemos unos, mañana puedes garantizarlos con otros, pero deben de ir en evolución y nunca en involución. Cuando un Estado o gobierno retroceden en el tema de derechos humanos, pues obviamente es un gobierno que a nivel internacional no respeta el sistema democrático que debe de estar implantado en donde la persona humana es el fin supremo del Estado. Creo que es fundamental retomar lo que establecen las constituciones de América Latina en torno a la finalidad del cumplimiento de la pena, o de las medidas privativas de libertad. La defensa social estamos conscientes que juega un papel preponderante y fundamental, pero esta defensa social también va encaminada de este tratamiento, rehabilitación y reinserción que los Estados deben de dar, y, sobre todo, el respeto a la dignidad de las personas que están confinadas por parte del Estado.

Honduras ratificó la convención y tiene un mecanismo interno. ¿Qué beneficios ha traído a los derechos humanos en Honduras ratificar ese tipo de protocolos?

Yo creo que no se deben satanizar las instituciones de derechos humanos. Creo que juegan un papel muy importante. El sistema de pesos y contra pesos en un gobierno es fundamental para fortalecer el tema de la democracia. Y el diálogo nacional e internacional en donde hay una apertura, en donde hay una voluntad, porque muchos dicen: “ah, los derechos humanos defienden solo a los delincuentes”, y eso no es así. Yo creo que el beneficio mayor es el que tiene el Estado cuando es un Estado que se muestra que respeta la dignidad de sus ciudadanos, y que aparte suscribe estos convenios y estos protocolos de buena fe. Todos los Estados, incluyendo El Salvador que han suscrito la Convención contra la Tortura, suscribieron este documento internacional de buena fe, y bajo ese marco de la buena fe es que se obligan también a modificar su derecho interno y se obligan a generar acciones orientadas a garantizar la dignidad de los ciudadanos. Lo importante es que la convención contra torturas busca proteger a las personas, a los ciudadanos de cualquier trato inhumano y degradante, de cualquier tortura que pudiera estarse generando desde los miembros del orden del Estado. Yo creo que todos los Estados debemos ir encaminados o debemos de ir orientados a tener miembros del orden que sean respetuosos de la dignidad de todas las personas. Yo sé que a mayor rigurosidad que nosotros enfrentamos día a día en nuestras democracias, menos le ponemos atención al respeto de la de la dignidad de las personas.

Recientemente el presidente Nayib Bukele en una reunión pública con la nueva procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo esta frase: “Son más importantes los derechos humanos de las personas honradas, que de los criminales o de las personas que están privadas de libertad”. ¿Puede un gobierno que ha suscrito un tratado internacional contra la tortura hablar con esta ligereza?

Creo que hay que orientar el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son exclusivos de cierto grupo de la sociedad, son derechos humanos para todos; y en la medida en que un gobierno garantice los derechos de todos sus ciudadanos, pues obviamente en esa medida también va a crecer y va a fortalecer el sistema democrático de derecho. Creo que es importante que de alguna manera las instituciones nacionales tienen que reconocer el importante trabajo que deben hacer, porque no solo es atentar contra aquella dignidad, contra aquella vida de aquellas personas que están o que pertenecen a una sociedad, recordemos que las personas privadas de libertad solo son un grupo o un segmento de la población y que más tarde o más temprano van a regresar nuevamente a la sociedad, y es ahí donde el Estado debe de aprovechar al máximo el tiempo de esta privación de libertad para que esta persona haya aprendido la lección y se pueda reinsertar adecuadamente. Sí considero que estas declaraciones o estas exclusiones de los derechos humanos son atentatorias a ciertos grupos, son estigmatizantes y no podemos criminalizar solo por pertenecer a un estrato. Sí estoy convencida que la pena debe tener un fin rehabilitador, la persona no puede llegar siendo un homicida y salir siendo un homicida, tiene que haber aprendido la lección y la pena tiene que cumplir ese fin ejemplificador para el cual fue prevista desde el quehacer de los derechos humanos. 

Desde el quehacer de derechos humanos en Honduras, ¿cómo ven a su vecino El Salvador que ya lleva más de ocho meses con un régimen de excepción con más de 90 fallecidos en centros penales?

Muchas de las personas que trabajamos en el tema de los derechos humanos, sí nos solidarizamos con aquellos grupos que de alguna manera están haciendo un importante trabajo por garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sí creo que estas políticas de mano dura, que nosotros las hemos tenido en nuestro país también, son políticas erradas, no van a resolver el problema de la seguridad; es necesario que se retome y que se revisen esas políticas de mano dura y del puño firme que no nos llevan a más que convertir al Estado en un agente provocador y un agente instigador de comisión de delitos, porque eso es lo que sucede cuando Estado tiene vía libre para irrespetar los derechos a través de los miembros del orden, estamos más bien generando violencia desde el Estado hacia la ciudadanía y obviamente que esto tendrá grandes repercusiones, no solo nacionales e internacionales. Nosotros instamos a que la sociedad civil organizada, a que las instituciones nacionales democráticas de derechos humanos se reúnan, pongan en la agenda la discusión de hacia dónde o qué ruta hay que seguir para de alguna manera prevenir las violaciones a derechos humanos y sobre todo terminar con un régimen que lo que está es generando una serie de procesos sistémicos que dan lugar a la comisión de hechos delictivos.

Desde su experticia, ¿qué considera que normaliza este tipo de acciones atentatorias de derechos humanos de parte de un gobierno?

La violencia, el abuso de poder y las ansias de perpetuarse en el poder. Nosotros como país vecino venimos de una narco-dictadura, y cuando uno verifica los patrones que se están cometiendo, decimos: “Nosotros hemos pasado por esa línea y ya ustedes como vecinos saben en qué desembocó todo eso”. Nosotros miramos en las elecciones del año pasado que llegó una fiesta cívica de votación a las urnas como nunca se había visto en el sistema democrático de Honduras. Pero ese fue un ejemplo claro de que las personas, los que acudimos a esas urnas decimos ya no queremos dictadores, ya no queremos represión, ya no queremos abuso de poder, entonces yo creo que esa es uno de los más grandes ejemplos que nosotros hemos tenido, y con muy buen acierto la señora presidenta de Honduras ha desmilitarizado los centros de privación de libertad, porque sabe que no es el camino correcto. Si queremos avanzar en democracia, si queremos fortalecer las democracias, debemos avanzar también a hacer lo correcto y parte de hacer lo correcto es que los militares se dediquen a la función para el cual fue constituido y no a tareas de orden público porque definitivamente no es su función principal, y es ahí donde se genera cualquier cantidad de abusos y exceso.

Nota del editor: Esta entrevista fue realizada antes de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emulara las políticas de seguridad de El Salvador y promoviera un régimen de excepción en su país.

Ese tipo de excesos pueden tener como base el populismo y discursos populistas para lo que usted mencionaba de perpetuarse en el poder…

Claro que sí. Nosotros como país vecino vivimos cada una de esas etapas y es lamentable que se manipulen y controlen todos los poderes del Estado desde un poder del Estado para perpetuarse en el poder, para seguir cometiendo más actos delictivos y para darle poder omnipotente a un ejército que debería de estar para cuidar la Seguridad Interior del Estado y no para estar realizando tareas de seguridad pública.

Parece que el autoritarismo y la violación de derechos humanos en Centroamérica se están propagando. ¿Cuál debería ser el actuar de organismos internacionales sobre lo que pasa en esta región?

Creo que es importante el diálogo que pueden hacer las embajadas, la Unión Europea en la oficina del Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Nosotros hemos tenido muchos acercamientos con estos organismos y con los representantes a nivel nacional. Yo creo que el diálogo diplomático debe de tener la apertura de las instituciones nacionales, debe de ser permanente, y obviamente el acompañamiento que debe de ser fundamental para la sociedad civil porque no concebimos a una cooperación internacional que tenga un diálogo avalando torturas, avalando tratos inhumanos y degradantes, no es de su función, su función es velar porque en cada país en donde hay una representación se avance en estos temas derechos humanos, y una vez que se garantice la prohibición de la tortura como ya lo ha hecho El Salvador con la suscripción de la Convención contra la Tortura, entonces no puede venir en involución y decir: “No, yo la suscribí pero no la voy a cumplir”, tiene que cumplirla porque ese convenio es un tratado que se debe de cumplirse de buena fe. 

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