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Beatriz y la oportunidad de que su caso ampare a mujeres criminalizadas por aborto en Latinoamérica
La Corte IDH anunciará, al final de este 2023, su decisión sobre el caso de Beatriz versus el Estado salvadoreño. La sola realización de la audiencia, según feministas como Morena Herrera, es un acto de reparación para la familia de Beatriz por el sufrimiento causado y representa una oportunidad para mujeres y adolescentes de la región que han sido criminalizadas tras abortos o sufrir emergencias obstétricas.
Por Nancy Hernández
Hace diez años, Beatriz empezó una lucha que hasta la fecha sigue vigente y se ha convertido en la bandera de organizaciones feministas, activistas, defensores de derechos humanos, reproductivos y sexuales de las mujeres. El pasado 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), realizó la audiencia sobre “Beatriz y otros vs. el Estado de El Salvador”, relacionada a la prohibición absoluta del aborto que impera en la actualidad en el país centroamericano.
Todo empezó en 2013 cuando Beatriz, una joven de 20 años, pidió la interrupción de su embarazo por el riesgo que implicaba para su salud, pues padecía de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos del cuerpo. En ese momento, su salud estaba deteriorada y los médicos diagnosticaron inviabilidad del feto fuera de la vida intrauterina, debido a un cuadro de anencefalia. Sin embargo, el Estado salvadoreño no emitió resolución a favor de Beatriz y ella permaneció 81 días hospitalizada hasta que le fue practicada una cesárea. El feto anencefálico falleció cinco horas después.
En este escenario, según defensores de derechos humanos, han señalado que El Salvador violó el artículo 65 de la Constitución de la República que reza: “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación”.
Beatriz falleció en 2017, después de un accidente de tránsito y ser ingresada en un hospital de la zona oriental del país donde adquirió una bacteria que le provocó la muerte. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador ha señalado en más de una ocasión que debido al embarazo el estado de salud de Beatriz quedó aún más deteriorado, factor que facilitó complicaciones en ese momento. Ahora, su nombre sigue resonando dentro y fuera del país más pequeño de Centroamérica, cuya sociedad y actores políticos se rigen por el conservadurismo, religiosidad y machismo, aspectos que pasan factura a niñas y mujeres que son revictimizadas y a quienes se les vulneran derechos tan esenciales como la vida, educación, acceso a métodos anticonceptivos o educación integral.
En la audiencia pública de la CorteIDH, las organizaciones colitigantes del caso presentaron testimonios, peritajes médicos y prueba documental que expusieron cómo se agravó la situación de riesgo para la vida, la salud física y mental de Beatriz al no haberse practicado la interrupción cuando el personal médico lo recomendó y cómo esta situación constituyó una forma de tortura para la joven, según explicó Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
La activista explicó que en la jurisprudencia de la Corte, para que exista tortura, es necesario demostrar la existencia de cuatro elementos que están presentes en este caso: intencionalidad, sufrimiento grave, un fin y participación de agentes estatales.
“Hay pruebas que muestran que, en efecto, a Beatriz se le dio un tratamiento inadecuado al retardarle, prolongarle y negarle el acceso a la interrupción del embarazo y cómo eso implicó también un acto de tortura”, detalló en una entrevista con GatoEncerrado y luego agregó que “Beatriz no recibió el tratamiento unánimemente recomendado por los médicos que la atendían, porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia. La prohibición sigue atentando contra la salud, la vida y la dignidad de las mujeres”.
Herrera considera que la audiencia en sí misma es un acto de reparación para la familia de Beatriz, por el sufrimiento causado y un acto que puede abrir la posibilidad de generar cambios para que los Estados aseguren los derechos de las mujeres, adolescentes y las niñas embarazadas.
En los alegatos presentados a la Corte, las organizaciones solicitaron que se ordene al Estado salvadoreño que repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas, que genere las condiciones jurídicas para asegurar el acceso a los servicios de aborto seguro, de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la penalización del aborto no tenga efectos jurídicos, al menos cuando sean casos que arriesgan la vida de la mujer gestante, entendiendo que el aborto sea permitido y garantizado.
También solicitaron mandar al Estado a adoptar leyes y políticas públicas integrales para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en la práctica, de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial para la Salud (OMS) y finalmente que se elaboren Guías de Práctica Clínica que aseguren el acceso a los métodos de diagnóstico y tratamiento en los casos que se requiera practicar un aborto.
“Lo que estamos pidiendo es eliminar la criminalización absoluta del aborto para que las mujeres puedan resguardar sus vidas y su salud”, declaró Gisela de León, representante de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en la audiencia pública.
Gobierno salvadoreño: Despenalizar el aborto sería un error
La defensa del Estado salvadoreño estaba a cargo de Conan Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia de El Salvador, quien no declaró, a pesar de ser la máxima autoridad de la comitiva. En su lugar, intervino Juana Acosta, abogada colombiana y asesora, quien catalogó como “error” la despenalización del aborto bajo el argumento de que se generaría un “acceso libre al aborto en cualquier momento de la gestación”.
Aseguró que en este caso, los médicos trabajaron para salvar ambas vidas porque eran dos seres humanos con los mismos derechos y negó que la vida de Beatriz corriera peligro, ya que su estado de salud estaba controlado y la cesárea practicada evitó mayores complicaciones.
Detalló que el aborto implica “una conducta dolosa” y que “cuando la intención buscada directamente es destruir al no nacido o buscar su muerte, ahí se concreta la causal penal”.
La abogada y asesora colombiana Ana María Hidalgo, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos argumentó que tanto Beatriz como el feto son considerados “seres humanos sin distinción”.
Detalló que el derecho a la vida es intrínseco de todo ser humano, por tanto, el feto tenía derecho a la vida. “Este caso involucra a dos seres humanos, y por lo tanto dos personas titulares de los derechos convencionales, Beatriz y su hija”, expresó. Sin embargo, es necesario destacar que el producto era inviable porque dado su condición de anencefalia, no tenía posibilidades de vida fuera del útero.
Diez años de lucha
La Comisión IDH en su informe de fondo emitido en 2022, determinó que la República de El Salvador fue responsable de vulnerar los derechos de la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud de Beatriz. Además, recomendó al Estado salvadoreño hacer modificaciones legislativas que permitieran a las mujeres abortar de forma segura, por lo menos en determinadas causas. También, garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y que ésta fuera efectiva para no generar inconvenientes a la hora de la práctica.
Otro aspecto es que mientras no hubiesen modificaciones legales, no debían juzgarse, recriminalizar ni aplicarse delitos relacionados con el aborto a féminas y en los procesos que estaban en curso, tomar medidas que estuvieran acorde a estándares internacionales que no vulneraran los derechos establecidos en tratados internacionales.
Para Edith Elizondo, de la Asociación de Mujeres Ixchel, la resolución de la Corte IDH puede marcar un precedente y contribuir a flexibilizar el marco legal actual.
“El caso de Beatriz habla específicamente de acceso al aborto, esta condena va a ser muy importante en materia de las mujeres, marca un precedente. Ella (Beatriz) sí quería tener acceso al aborto porque el bebé no era viable, no tenían las condiciones y por su enfermedad corría peligro su vida”, explicó.
Aseguró que la resolución de la Corte puede contribuir a una flexibilización sobre la penalización del aborto. La audiencia es histórica porque es primera vez que la Corte Interamericana, enfoca su atención en un tema de aborto, donde el Estado es el principal violador y vulnerador de derechos de mujeres. Similar opinó Herrera argumentando que no se puede ni debe seguir exponiendo la salud de las mujeres.
“Esperamos que la Corte establezca con claridad eso, que no puede seguir negando a las mujeres la intervención del embarazo en determinadas circunstancias. En El Salvador prácticamente hay una penalización absoluta y una negación de los derechos de las mujeres como sujetos de derechos, las mujeres somos convertidas en objetos reproductivos y eso (la resolución) va a marcar un precedente para toda la región”, expresó Herrera.
Vulneración a niñas, adolescentes y mujeres
Herrera explicó que la despenalización del aborto busca que las mujeres no expongan su vida con una interrupción insegura o el suicidio, puesto que dado los altos números de embarazos en niñas y adolescentes, los casos son frecuentes porque el Estado no proporciona alternativas seguras.
“Hay suicidios de adolescentes embarazadas, que se enfrentan a situaciones de angustia. En El Salvador hay muchos embarazos impuestos, también como resultado de hechos de violencia sexual, entonces estas adolescentes, estas niñas no tienen ninguna alternativa. En este momento el Estado no ofrece opciones y por eso algunas recurren al envenenamiento”, manifestó.
El país no permite la interrupción del embarazo por ninguna causa, las mujeres pueden morir por embarazos riesgosos o no viables, las niñas de 10 años que quedan en gestación por abuso sexual tampoco tienen el derecho a decidir, aunque su cuerpo no esté en las condiciones de albergar un feto o su vida corra peligro.
En El Salvador, niñas de 10 a 14 años usan métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas. Según los datos del Ministerio de Salud, proporcionados a través de la Oficina de Acceso a la Información, 593 niñas de ese rango de edad estaban activas usando inyecciones, pastillas, preservativos, capuchones cervicales, dispositivo intrauterino, intradérmico o naturales en 2022.
Esto, a pesar que el Código Penal de El Salvador, en su artículo 159, determina que toda relación sexual con un menor de 15 años es delito y tiene una pena de 14 a 20 años de prisión.
Organizaciones sociales nacionales, internacionales y gubernamentales expresan su preocupación por el alto número de embarazos en niñas y adolescentes; sin embargo, es un fenómeno que en la sociedad salvadoreña se normaliza. La prevención y educación sexual para niños y adolescentes sigue siendo un tabú, hasta llegar al punto de suspender un programa educativo de la televisión estatal que abordó el tema de orientación sexual dirigido a niños de octavo grado de educación básica.
Pero eso no es todo, en 2022 fue suspendido, a petición de 13 organizaciones provida y religiosas, el documental Fly So Far (Nuestra Libertad), a pesar de estar autorizado por el gobierno a través de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Las organizaciones amenazaron a los cines con denunciarlos por apología del delito si exhibían el documental que aborda temas de derechos reproductivos y sexuales a través de la historia de Teodora Vazquez, salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por sufrir una emergencia obstétrica y cuya pena fue conmutada en 2018. Teodora ahora es una activista de los derechos de las mujeres que han sido condenadas y criminalizadas por emergencias obstétricas, abortos espontáneos y son conocidas en El Salvador y el mundo como Las17+. Este movimiento busca liberar a las mujeres cuyos derechos de presunción de inocencia y una defensa efectiva han sido vulnerados.
El Centro para la Igualdad de la Mujer, con sede en Estados Unidos, registra que en las últimas décadas, al menos 180 mujeres salvadoreñas han sido procesadas o encarceladas en el país, procesadas por el delito de aborto o asesinato agravado como lo tipifica la ley actual.
En los últimos años, los casos de mujeres procesadas y condenadas por emergencias obtétricas, abortos espontáneos, han surgido con frecuencia. Grupos de la sociedad civil, organizaciones feministas y de derechos humanos se han pronunciado por ellas ante el Estado salvadoreño. Pero hasta la fecha, la aprobación del aborto en El Salvador sigue siendo una utopía, mientras que para los grupos conservadores sigue siendo un abominable pecado y delito.
El Salvador es uno de los países con las leyes más duras contra el aborto, pues prohibe todo tipo de interrupciones, sin importar que esté en riesgo la vida de la madre, si es producto de una violación, incesto o menor de edad.
Este país centroamericano figura junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití, como los únicos países de Latinoamérica que contemplan prohibiciones sin excepciones del embarazo.
En octubre de 2021 la Asamblea Legislativa rechazó una moción para reformar la ley, obtuvo 73 votos en contra, de un total de 84 diputados. La iniciativa es la cuarta que se presenta desde 1998, año en que fue aprobada la ley actual. Antes de 1998, el aborto era considerado delito, pero permitía excepciones entre ellas las emergencias ginecológicas o malformaciones fetales: “Decreto 270, Código Penal de 1973: El artículo 169 del Código Penal establece que el aborto no será punible cuando, con el consentimiento de la mujer – o, en caso de que esta sea menor, incapaz o estuviere imposibilitada de dar el consentimiento, de su representante legal, pariente cercano o cónyuge – y previo dictamen médico, tenga el propósito de salvar la vida de la madre, si para ello no hubiere otro medio; en caso de que el embarazo sea consecuencia de un delito de violación o estupro; y cuando se lo hace para evitar una deformidad previsible grave producto de la concepción”, consignaba el documento.
Después de la última reforma, el aborto quedó prohibido en su totalidad y convierte a El Salvador en uno de los pocos países con leyes tan drasticas sobre el tema. En el Decreto 1.030, se establece en el Código Penal de 1997 que el aborto es penalizado en todas las circunstancias y las personas que participen en la acción también serán procesadas con prisión de 2 a 8 años si es con el consentimiento de la mujer, de lo contrario las condenas rondarán 4 a 10 años. También estipula que para el personal médico que participe en un aborto, las sanciones de prisión serán de 5 a 12 años y se inhabilitará del ejercicio.
Elizondo considera que en materia de derecho, El Salvador ha dado retrocesos durante el Gobierno de Nayib Bukele y que los pequeños avances que se habían tenido en la defensa de derechos humanos se están ignorando. Además, el impacto negativo afecta más a las minorías.
“En vez de avanzar en materia de derechos, vamos retrocediendo y este retroceso a quién afecta más es a los grupos minoritarios que han vivido situaciones de vulnerabilidad históricamente. Entre esos grupos están las mujeres y aún más fuertes las mujeres jóvenes, adolescentes y las niñas”, detalló.
Para la activista feminista, quien desde 2012 se apropió de la lucha y defensa de los derechos de mujeres, es inevitable no hablar sobre maternidad forzada y el derecho a decidir cuando se hace referencia a los embarazos en adolescentes, pues son una situación de desigualdad y violación sistemática de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Considera que esta es una de las razones por las que el aborto debería de ser aprobado en El Salvador.
“Muchas veces los embarazos en adolescentes de 14 y 15 años son producto de relaciones con personas adultas, con personas arriba de los 28 años, desde ahí estamos viendo toda una violación sistemática a los derechos de esta niña y adolescente. En el caso de las niñas, todas son productos de abusos sexuales o de relaciones de poder con personas adultas. Es alarmante esa situación y estas niñas no tienen ni siquiera la opción de poder decidir si quieren o no quieren ser madres y solo ven cómo son trucados muchos sueños, muchos proyectos de vida”, detalló.
Anticonceptivos en El Salvador
A pesar de la restrictiva legislación del país en contra del aborto, incluso las niñas pueden acceder a un anticonceptivo de emergencia o las famosas “píldoras del día después”, ya que dichos medicamentos son considerados de venta libre y sin receta médica en las farmacias del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anticoncepción de urgencia se refiere a los métodos anticonceptivos que pueden utilizarse para prevenir un embarazo después de una relación sexual. El organismo recomienda su uso dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual, pero cuanto antes se utilicen después de la relación, mayor es su eficacia.
Por su parte el Ministerio de Salud (Minsal) detalla que el anticonceptivo o píldora de emergencia debe administrarse inmediatamente después de una relación sexual no protegida, dentro de las primeras 120 horas en cualquier etapa del ciclo menstrual.
La institución rectora de Salud de El Salvador afirma que las causas por las que este método debe ser usado son: posterior a una violación, relación sexual imprevista, como protección adicional en caso de uso incorrecto de otros métodos, así como ruptura o deslizamiento del condón.
Además, el ministerio indica que la Pastillas de Anticoncepción de Emergencia (PAE), no debe administrarse como método regular, pero no especifica el por qué debe evitarse el consumo periódico de este método de prevención.
En este sentido, la OMS aclara que el uso de la anticoncepción de urgencia no tiene ninguna contraindicación médica ni tampoco ningún límite de edad, pero si presenta efectos secundarios como náuseas y vómitos, ligero sangrado vaginal irregular y fatiga. “Estos efectos secundarios son poco frecuentes, leves y normalmente se resolverán sin necesidad de ninguna otra medicación”, detalla la OMS.
En cuanto a su eficacia, la OMS informó que en un metanálisis de dos estudios, se demostró que las mujeres que tomaban píldoras anticonceptivas de urgencia (AU) tenían una tasa de embarazo del 1,2 %. Se ha demostrado que con estas, la tasa de embarazo era de 1,2 % a 2,1 %.
En El Salvador, de acuerdo con datos de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio de Salud, solo en 2022 fueron suministrados 28,285 anticonceptivos de emergencias a mujeres de los rangos de edades de entre 10 y 45 años. Estos comprenden inyectables, orales, de barrera, dispositivos intrauterinos, naturales e intradérmicos. Según la misma institución, este dato representa más del 90 % de anticonceptivos entregados, si se compara con 2018, cuando fueron suministrados 800 paquetes de estas características.
Además, según los datos oficiales, de esa cantidad de anticonceptivos, un total de 14,127 fueron entregados el año pasado a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años en el país. De esa cantidad, el anticonceptivo de mayor predominio es el inyectable, con un total de 9,167 dosis.
Partiendo de los datos anteriores, se puede determinar que un estimado de 30,000 mujeres tuvieron acceso a un anticonceptivo de emergencia en el sistema público; sin embargo, no se cuenta con un registro de cuántos métodos fueron adquiridos en farmacias sin prescripción médica.
Educación sexual en las escuelas
La OIR también proporcionó datos sobre charlas de salud sexual y reproductiva que el Ministerio de Educación ha impartido en centros escolares tanto del sistema público como privado a escala nacional.
De acuerdo con el registro oficial, entre 2011 y 2022 fueron realizadas un total de 16,330 charlas sobre educación sexual en centros escolares de la zona central del país. Mientras que en la zona metropolitana de San Salvador, donde se concentra más del 50 % de la población del país, en la misma fecha los datos del Minsal reflejan que se realizaron 42,536 charlas sobre educación sexual en centro escolares públicos y privados. En la zona occidental, según la OIR, fueron realizadas 23,602 charlas y en la zona oriental se registraron 26,233 en más de 10 años.
El aborto, una cuesta arriba y posturas encontradas
Respecto al tema de aborto hay posturas encontradas porque otras organizaciones que trabajan con la defensa de derechos de las mujeres y empoderamiento femenino consideran que el derecho a la interrupcón no es la solución, sino apostarle a la prevención de embarazos a través de la educación sexual y métodos anticonceptivos.
De este pensar es Mirna Hernández, quien es parte de la Red Nacional de Mujeres Indígenas y asegura que en las comunidades se puede trabajar en la prevención de embarazos para evitar el aborto y que este, quizás, podría considerarse solo en casos extremos, cuando la vida de la madre corre peligro, o el feto no tiene posibilidad de vivir.
“En las comunidades rurales trabajamos y luchamos para evitar los embarazos a temprana edad porque las niñas no disfrutan su juventud, sus sueños se ven truncados. La capacitación y educación sexual ayuda mucho a los jóvenes, debe fortalecerse. No creo que la aprobación del aborto sea la solución, la solución es la educación”, dijo.
Hernández asegura que, fuera de la concepción religiosa, es el hecho de acabar con una vida que “no tiene la culpa de nada”. Sin embargo, considera que podría evaluarse el aborto como una opción, cuando son niñas las embarazadas o sus vidas corren riesgo, siempre y cuando se tenga en cuenta que no toda gestación será riesgosa.
Al respecto, Betty Eliza Pérez, representante del equipo del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), que llevan años trabajando por los derechos de la población indígena, comentó que no definen postura sobre el aborto, esto a pesar de un alto índice de embarazos en niñas y adolescentes indígenas.
“Ese es un tema que no lo hemos debatido, pero es un tema bastante complicado de abordar por todo lo que es nuestra cosmovisión, el respeto a la madre tierra, sus recursos naturales y el respeto a la vida. En ese sentido, más bien debemos buscar mecanismos para prevenir los embarazos”, dijo.
La Segunda Encuesta de Violencia contra las mujeres Indígenas del CCNIS, reveló que el 24 % de mujeres indígenas entrevistadas asegura haber experimentado violencia obstétrica en su periodo de gestación y hora de parto.
Elizondo asegura que en El Salvador, la religión y los grupos conservadores tienen bastante influencia en la población y decisiones políticas, esta es la razón principal de la prohibición absoluta del aborto, aspecto que desde su perspectiva es cuestionable porque en el afán de defender el derecho a la vida, vulneran el mismo.
“No tenemos funcionarios que le apuesten a estos temas, seguimos siendo un país muy conservador y muy moralista. Nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, aún hay mucho mucho poder de las iglesias en nuestro país y este sesgo no permite que las mujeres tengamos acceso a los derechos humanos universales. En una sociedad como la nuestra, es más fácil ver iglesias que ver escuelas. Está muy muy fuerte el tema de los fundamentalismos religiosos, muy arraigados y eso no nos permite ver más allá de las situaciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”, detalló.
Al respecto, Herrera consideró que desde la perspectiva religiosa se debe de revaluar y respetar, porque las creencias son del ámbito de la iglesia, pero no deben de marcar o influir en las políticas públicas o leyes, cuya razón de ser es el bienestar de toda la ciudadanía, por tanto no deben de estar influenciadas a creencias.
“Las iglesias como otras organizaciones sociales, tienen derecho a tratar de influir y van a hacerlo, pero creo que es importante afirmar que el Estado, las políticas públicas y las leyes tienen que ver con toda la ciudadanía y en ese sentido no estar supeditadas a creencias religiosas. Las creencias religiosas son del ámbito religioso, del ámbito de la Iglesia y está bien que la gente las tenga, pero eso no debe marcar lo que es común para la sociedad porque El Salvador es un estado laico y hay que lograr que eso se respete”.
Para el teólogo salvadoreño Ricardo Martínez, el aborto es un homicidio porque “a pesar de ser una persona no nacida, desde el momento que está fecundado hay vida en el interior de la madre”. No obstante, asegura que en ocasiones, cuando la vida de la mujer corre peligro, el aborto puede ser la única solución o la más factible.
“En esos casos debería de quedar a decisión de la madre, el padre o familia de la mujer si se aborta o no, porque se está jugando con la vida de una persona ya nacida y se está poniendo en riesgo la vida de esa persona. En ese caso sí consideraría necesario el aborto o practicable” aclaró.
Para Martínez, en este caso se deben de evaluar aspectos como los impactos emocionales y psicológicos que puede tener el niño si la mamá muere por o durante el parto.
“Las dos decisiones causan dolor, pero quizás es más llevadera la pérdida de alguien que aún no conoces, a alguien que sí conoces, en este caso la mujer. Creo que es más difícil afrontar la pérdida de un ser querido que ha pasado tiempo con vos y que ya no vas a poder ver, a alguien que todavía no conoces”, argumentó.
Aseguró que en el caso de optar por salvar la vida de la mujer, es de importancia dar el acompañamiento que necesite a nivel emocional, psicológico, físico y médico para llevar a cabo el luto.
Martínez tiene 40 años, se graduó de la licenciatura de teología en 2021 del Colegio Bautista de Teología de El Salvador, institución que pertenece al Tabernaculo Bautista, iglesia cristiana evangélica que tiene amplia cobertura e influencia en El Salvador y que es conocida por mantener un discurso conservador.
Para él, una de las apuestas como país debe de ser la reeducación sexual desde una perspectiva integral y en paralelo a la planificación familiar a través de los métodos anticonceptivos, capacitaciones que deben de implementarse desde la educación básica. Apostar por abordar el tema sin tabú en escuelas, hogares, lugares de convivencia social, incluso desde las iglesias, pues debe de aprovecharse el espacio teniendo en cuenta que son un factor fundamental de la sociedad salvadoreña.
“La biblia no menciona nada respecto a los métodos anticonceptivos. Hay religiones o iglesias que conciben como pecado el estar planificando por el mandato que Dios dio de ir, reproducirse y poblar la Tierra. En la actualidad no podemos estar diciendo eso porque estamos hasta sobrepoblados. Hay familias que no usan métodos anticonceptivos por cumplir con una doctrina de hombre, no la de Dios”, detalla.
La justificación bíblica para no aceptar el aborto, según Martínez, es porque la biblia establece que “el único dador y el único que puede quitar la vida es Dios, todos tenemos un proceso”, explicó.
En El Salvador se carece de estadísticas relacionadas a abortos, condenas o criminalización por emergencias obstétricas e incluso de embarazos en niñas y adolescentes, este último porque el subregistro es amplio y los últimos datos que se tienen son de 2021.
Katherine Lino, joven feminista, estudiante y organizada, afirmó que la penalización absoluta limita el acceso a datos; sin embargo, mencionó que entre enero de 2005 y diciembre de 2008 se registraron en el país 19,290 abortos, según datos del Ministerio de Salud.
“En 2011, la Organización Mundial de la Salud señaló que el 11 % de mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país murieron a causa de ello”, agregó la estudiante organizada.
Para Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, tener estadísticas que revelen el riesgo o el número de vidas pérdidas por embarazos riesgosos, es importante para mostrar el impacto que tiene en la población femenina.
“Las cifras son una de las grandes ausencias que ocurren cuando estamos en un país que no reconoce este derecho (interrupción segura) y niega el acceso a la información, pero hay algunas referencias que podemos tomar; por ejemplo, el Instituto Guttmacher hizo un análisis para Centroamérica sobre embarazos e interrupciones inseguras, es decir, abortos inseguros y haciendo una estimación se hablaba de 35,000 abortos inseguros en el país”, declaró.
“La realidad del aborto ocurre en lo cotidiano, creo que todas conocemos a una mujer que ha vivido un aborto o ha estado en riesgo su vida porque no ha tenido acceso a este servicio”, agregó.
Similar opinó Elizondo, pues asegura que en El Salvador, todos los días, una salvadoreña puede arriesgar su vida exponiendose a abortos clandestinos y este es el resultado de la falta de acceso a la interrupción segura, la revictimización a mujeres empobrecidas o con mayor riesgo de vulneración.
“No hay que negarlo, hay mujeres que abortan en este país, algunas de forma segura y otras de forma insegura; o sea, es una realidad que no podemos obviar y decir que no pasa. Las mujeres lo hacen, pero tampoco tenemos esa libertad de tener acceso a esa información”, detalló.
Para Elizondo, la ilegalidad del aborto conlleva exponer a la mujer a métodos inseguros, pagar grandes cantidades de dinero por acceder a ellos, el consumo de médicamentos inseguros y procesos dolorosos. Además, asegura, que resulta curioso que en estratos sociales con recursos económicos no se conozcan de casos de mujeres con emergencias obstétricas o abortos inseguros.
“No hay denuncias del sistema privado por aborto, pareciera que las mujeres que tienen más acceso a recursos económicos no tienen problemas obstétricos, ninguna tiene un aborto espontáneo, ninguna se practica un aborto o provoca un aborto”, señaló.
Mujeres procesadas por delito de homicidio agravado
Son varios los casos representativos de criminalización y condenas por aborto, cada uno con una maraña de injusticias, denigraciones y revictimizaciones contra las mujeres que los han protagonizado, dice Elizondo.
La audiencia de la Corte IDH sobre el caso Beatriz podría ser favorable y establecer una sentencia donde el Estado debe restablecer los derechos y responder por los años de injusticia.
Todo el movimiento feminista de Latinoamérica está pendiente de la resolución de la audiencia, que se espera sea emitida a finales de este año. Para Elizondo, el hecho representa una oportunidad inédita para avanzar en el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la región, principalmente en los países como El Salvador que tienen prohibiciones estrictas sobre el aborto y sin excepción alguna. Además, para los Estados que sí permiten el aborto en determinadas causales, sería una medida de presión para que garanticen la efectividad de la interrupción, seguridad, gratuidad y en los marcos legales establecidos.
Elizondo asegura que el caso de Beatriz es emblemático porque es el segundo llamado que hace la Corte IDH, pero la primera relacionada con acceso al aborto y causuales, específicamente de salud.
“Marca un precedente específicamente sobre aborto y es tan emblemático por eso mismo. El Estado tendría una sentencia específica que habla sobre el derecho a decidir y el derecho a las mujeres a interrumpir embarazos, poniendo al centro el tema de las causales, específicamente salud”.
La importancia radica también porque en el país centroamericano hay varias mujeres criminalizadas, condenadas o que están siendo procesadas por emergencias obstétricas, abortos espontáneos, pero bajo la tipificación de homicidio agravado, delito que faculta al Estado para condenar a 30 o 50 años de prisión a las mujeres, cuando el Código Penal establece que el delito por aborto, cuando fuera provocado por la mujer, tendrá una condena de 2 a 8 años de prisión.
Al respecto, Elizondo lo tacha como una tortura de parte del Estado y un claro ejemplo del retrocesos en materia de derechos: “Lo que hemos estado viendo es un retroceso, que hayamos tenido el año pasado una condena de 50 años de cárcel a una mujer cuando no la habíamos tenido, fue una condena por aborto, pero después por nuestra misma Constitución fue tipificado el delito por homicidio agravado. Tenemos una condena de una mujer joven a 50 años de cárcel, esa es tortura, es una violencia por parte del Estado”, dijo.
Explicó que a nivel jurídico no hay mujeres que estén procesadas y condenadas por aborto, pero este es el resultado de la configuración del delito a la hora de ejecutar el proceso legal, basando en el argumento del principio de la Constitución salvadoreña que establece el derecho a la vida desde desde el momento de la fecundación.
Según datos de la OIR de la Policía Nacional Civil (PNC), entre 2012 y 2022, en El Salvador hubo un total de 35 mujeres detenidas por aborto. Sin embargo, Herrera, quien lleva 13 años trabajando en la defensa de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas y abortos espontáneos, asegura que las cifras son mayores a las registradas por la Policía.
Detalló que según los registros de la agrupación, 190 mujeres han sido procesadas por aborto y homicidio agrabado; de estas, 16 han sido condenadas por aborto, pero se ha logrado el indulto. Desde 2010 la organización ha acompañado el proceso de mujeres que han sido acusadas bajo estas tipificaciones y han logrado evitar que la justicia salvadoreña condene a 70 mujeres.
“Las mujeres procesadas son sospechosas de haberse provocado un aborto, el proceso inicia bajo esta tipificación y después se cambia a homicidio agravado, por eso tenemos condenas extremas de 30 hasta 50 años, cuando el delito de aborto tiene una condena máxima de ocho años”, detalló.
Las 17+
Una sentencia contra el Estado podría marcar un punto de inflexión en la legislación y ya sería la segunda acusación por crimen de lesa humanidad en esta área cometido en la historia del país centroamericano.
El primero fue el de caso Manuela, otra de las historias que son la punta de lanza de movimientos feministas y de derechos humanos. Manuela, fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión, pero solamente cumplió dos, porque falleció por cáncer linfático, esposada en la cama de un hospital.
En noviembre de 2021, luego de una revisión de dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado era culpable de violar la libertad personal, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y la personalidad; y violar la integridad, la privacidad y la salud de Manuela. Por primera vez, el Estado fue condenado por un tribunal internacional por violar los derechos humanos a través de la rígida ley del aborto.
Además de estos casos, también se conocen otros de mujeres que han sido procesadas y condenadas por emergencias obstétricas. Existe una iniciativa conocida como “Las 17+”, este movimiento busca liberar a las mujeres que han sido condenadas por complicaciones obstétricas y vulneradas desde varias perspectivas. Algunos de los derechos que se les han violentado son: presunción de inocencia y una defensa efectiva. La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, es una de las instituciones que también está tras la lucha de estas mujeres que han sido criminalizadas, denigradas y expuestas al rechazo social.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Salud reproductiva, derechos reproductivos y justicia en las Américas.
