Régimen de Excepción

Informe revela muertes por tortura en las cárceles de El Salvador

Desde la implementación del régimen de excepción hasta el 30 de abril de este año, al menos 153 privados de libertad fallecieron bajo custodia del Estado salvadoreño, según informe de Cristosal. Algunas de las mujeres privadas de libertad, que fueron arrestadas en el régimen a pesar de estar embarazadas, también han sufrido abortos por la negligencia de las autoridades.

Féretro de Adrián Solórzano quien según el dictamen médico forense falleció por "asfixia mecánica por estrangulación", el 4 de julio.

Por Melissa Paises

Mayo 31, 2023

Walter Sandoval, de 32 años, fue detenido el 30 de marzo de 2022, tres días después de la implementación del régimen de excepción, cuando el gobierno ya contabilizaba la captura de al menos 1,400 personas. Falleció el 3 de abril, tres días después de su captura. Su cuerpo presentó signos de tortura: una herida en la cabeza con forma de “C”, múltiples hematomas (moretones), abrasiones (raspones) y fracturas en extremidades inferiores y superiores. Según la esquela de Medicina Legal, la causa de muerte fue “trauma cerrado de tórax severo de tipo contuso”.

Este es uno de los 153 casos de muertes al interior de centros penales que la organización defensora de derechos humanos Cristosal documentó entre el 27 de marzo de 2022, cuando fue aprobado el régimen de excepción, y el 30 abril de 2023. En ninguno de los casos la persona había sido declarada culpable.

Para cada uno de los casos, la organización realizó investigaciones de campo, incluyendo recorridos por fosas comunes, analizó fotografías de los cadáveres y recolectó esquelas del Instituto de Medicina Legal; también entrevistó a los familiares, vecinos y conocidos de las personas fallecidas y conversó con personas que fueron liberadas luego de ser privadas de libertad bajo el régimen de excepción.

Del total de los casos, “la investigación permite sostener que al menos 28 personas tuvieron una muerte violenta por tortura, golpes, asfixia mecánica por estrangulación, lesiones, entre otras causas; las cuales fueron documentadas por el mismo Instituto de Medicina Legal, y en otros casos Cristosal ha verificado fotografías de los cadáveres que presentan signos de violencia”, señala el informe.

Según el documento, cuatro categorías engloban las posibles causas de muerte: violenta, probable muerte violenta, muerte natural o patológica y muerte sospechosa de criminalidad. En los casos registrados como muertes violentas se identifica un patrón común: el cadáver presenta laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento, entre otros.

Estas muertes no son contabilizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) ni por el Ministerio de Seguridad en los reportes que dan a través de sus redes sociales.

El 7 de noviembre de 2022, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, admitió que hasta esa fecha 90 personas habían fallecido al interior de los centros penales; sin embargo, justificó que “en todo el sistema penitenciario hay muertes”.

Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de derecho y seguridad de Cristosal, dijo que la cantidad de fallecidos podría ser mayor ya que la organización ha verificado que existen casos en que los privados de libertad son enterrados en fosas comunes: “Esto no significa que solo ellos han muerto, porque hay testimonios y evidencias de que muchos han sido enterrados en fosas comunes”, señaló.

Cristosal documentó cuatro de esos casos, uno de ellos es el de un joven de 23 años que fue enterrado en una fosa común luego de estar dos meses recluido. Su familia se enteró de su muerte seis meses después, pese a que cada mes llegaban al centro penal a entregar el paquete alimenticio. Dos meses después su cuerpo fue exhumado y se le encontró varios golpes, según fotografías de Medicina Legal.

En muchos de estos casos, los familiares se enteraron de la muerte por terceras personas, incluyendo a personal de funerarias que ofrecieron sus servicios luego de informales que su familiar había fallecido, o por grupos en redes sociales de familiares de privados de libertad.

Cristosal cuestionó el accionar del Gobierno de Nayib Bukele, ya que con el régimen de excepción se pretendía “frenar la ola de violencia sin precedentes”, pero “transitó del terror de las pandillas a la violencia sistemática del Estado”.

Sin derecho a la salud

El derecho a la salud de los privados de libertad también se vio vulnerado bajo el régimen de excepción por la falta de acceso a atención médica, medicamentos, alimentos y objetos de aseo personal, sumado a las condiciones de insalubridad y hacinamiento en los centros penales que derivaron en el deterioro de la salud. Esto, según Cristosal, coloca una responsabilidad al Estado por enfermedades que se convirtieron en muertes.

Según los datos de Cristosal, se reportaron cuatro casos de muerte por infarto y dos de ellos se debió a que no se proporcionó el medicamento requerido para las enfermedades. En 17 casos, el Estado incumplió su deber de proporcionar atención médica adecuada, o “no se suministró el medicamento a los privados de libertad según lo requerido”. Cuando las autoridades reportan las muertes, suelen constar que se trató de enfermedades o condiciones de salud crónica, aunque estas personas no contaran con enfermedades previas, según sus familiares.

Aunque los familiares de personas detenidas aseguran que han entregado medicamentos a los centros penales, los testimonios de los privados de libertad que fueron liberados demuestran que no en todos los casos son entregados. 

Mujeres: las cuidadoras ante el régimen

Durante el primer año del régimen, Cristosal recibió 3,275 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos. De este total, 85.5 % fueron casos de hombres y 13.9 % de mujeres. Además, contabilizaron 55 personas de la comunidad LGBTIQ+. De los 139 casos de muertes al interior de los centros penales registrados por Cristosal, cuatro fueron de mujeres; sin embargo se presume que el total sea mayor.

Pese a que sólo se contabilizaron cuatro casos de mujeres, según los testimonios recogidos por Cristosal, muchas mujeres aseguraron que vieron morir a otras privadas de libertad en el interior de los centros penales. También manifestaron haber presenciado abortos provocados por negligencia y abusos de autoridad.

“Muchachas que iban embarazadas y como no se les dio asistencia médica a tiempo, pues, abortaron. Yo vi a una muchacha que a ella se le reventó su apéndice en la celda donde estábamos, la llevaron al hospital, le hicieron el lavado y a los tres días la llevaron nuevamente al piso donde estábamos. Todos los días tenía que salir caminando ella por todas esas gradas para ir a curación, y cuando le hicieron la cirugía no se dieron cuenta que la muchacha tenía cuatro meses de embarazo y después de que la habían operado del apéndice, la muchacha se agrava nuevamente, la llevan al hospital y se dan cuenta que ella estaba embarazada y le hicieron un legrado”, reza uno de los testimonios recogidos en el informe.

Además de las muertes en custodia del Estado y de las capturas arbitrarias, las mujeres se vieron afectadas en su vida cotidiana. Las afectaciones psicológicas, el incremento en las labores de cuidado y el reiterado acoso propiciado por policías y militares se incrementaron.

Las mujeres fueron las principales en asumir los cuidados y la búsqueda bajo el régimen. El 80 % de las denuncias que atendió Cristosal fueron interpuestas por mujeres, quienes también asumieron los trámites de documentación de sus familiares detenidos, el suministro de alimentos, medicamentos y paralelamente continuaron con las labores de cuidado y crianza de los niños, niñas y adolescentes que quedaron en abandono cuando sus padres o madres fueron capturados. 

Cristosal categorizó las principales vulneraciones que las mujeres han sufrido bajo el régimen así: pérdida de recursos económicos para subsistencia, desmejora en las condiciones de vida cuando las mujeres dependen económicamente de su familiar capturado, asignación adicional de tareas de crianza y de cuidados, disminución de los ingresos y la inversión de tiempo a fin de investigar el paradero de sus familiares, impactos en la salud física, emocional y mental, y pérdida del proyecto de vida, principalmente cuando dejan de estudiar o pierden sus emprendimientos o empleos por dedicarse a tareas de cuidados y a la búsqueda de justicia para sus familiares detenidos.