Por Melissa Paises

Estas muertes no son contabilizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) ni por el Ministerio de Seguridad en los reportes que dan a través de sus redes sociales.

El 7 de noviembre de 2022, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, admitió que hasta esa fecha 90 personas habían fallecido al interior de los centros penales; sin embargo, justificó que “en todo el sistema penitenciario hay muertes”.

Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de derecho y seguridad de Cristosal, dijo que la cantidad de fallecidos podría ser mayor ya que la organización ha verificado que existen casos en que los privados de libertad son enterrados en fosas comunes: “Esto no significa que solo ellos han muerto, porque hay testimonios y evidencias de que muchos han sido enterrados en fosas comunes”, señaló.

Cristosal documentó cuatro de esos casos, uno de ellos es el de un joven de 23 años que fue enterrado en una fosa común luego de estar dos meses recluido. Su familia se enteró de su muerte seis meses después, pese a que cada mes llegaban al centro penal a entregar el paquete alimenticio. Dos meses después su cuerpo fue exhumado y se le encontró varios golpes, según fotografías de Medicina Legal.

En muchos de estos casos, los familiares se enteraron de la muerte por terceras personas, incluyendo a personal de funerarias que ofrecieron sus servicios luego de informales que su familiar había fallecido, o por grupos en redes sociales de familiares de privados de libertad.

Cristosal cuestionó el accionar del Gobierno de Nayib Bukele, ya que con el régimen de excepción se pretendía “frenar la ola de violencia sin precedentes”, pero “transitó del terror de las pandillas a la violencia sistemática del Estado”.

Sin derecho a la salud

El derecho a la salud de los privados de libertad también se vio vulnerado bajo el régimen de excepción por la falta de acceso a atención médica, medicamentos, alimentos y objetos de aseo personal, sumado a las condiciones de insalubridad y hacinamiento en los centros penales que derivaron en el deterioro de la salud. Esto, según Cristosal, coloca una responsabilidad al Estado por enfermedades que se convirtieron en muertes.

Según los datos de Cristosal, se reportaron cuatro casos de muerte por infarto y dos de ellos se debió a que no se proporcionó el medicamento requerido para las enfermedades. En 17 casos, el Estado incumplió su deber de proporcionar atención médica adecuada, o “no se suministró el medicamento a los privados de libertad según lo requerido”. Cuando las autoridades reportan las muertes, suelen constar que se trató de enfermedades o condiciones de salud crónica, aunque estas personas no contaran con enfermedades previas, según sus familiares.

Aunque los familiares de personas detenidas aseguran que han entregado medicamentos a los centros penales, los testimonios de los privados de libertad que fueron liberados demuestran que no en todos los casos son entregados. 

Mujeres: las cuidadoras ante el régimen

Durante el primer año del régimen, Cristosal recibió 3,275 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos. De este total, 85.5 % fueron casos de hombres y 13.9 % de mujeres. Además, contabilizaron 55 personas de la comunidad LGBTIQ+. De los 139 casos de muertes al interior de los centros penales registrados por Cristosal, cuatro fueron de mujeres; sin embargo se presume que el total sea mayor.

Pese a que sólo se contabilizaron cuatro casos de mujeres, según los testimonios recogidos por Cristosal, muchas mujeres aseguraron que vieron morir a otras privadas de libertad en el interior de los centros penales. También manifestaron haber presenciado abortos provocados por negligencia y abusos de autoridad.

“Muchachas que iban embarazadas y como no se les dio asistencia médica a tiempo, pues, abortaron. Yo vi a una muchacha que a ella se le reventó su apéndice en la celda donde estábamos, la llevaron al hospital, le hicieron el lavado y a los tres días la llevaron nuevamente al piso donde estábamos. Todos los días tenía que salir caminando ella por todas esas gradas para ir a curación, y cuando le hicieron la cirugía no se dieron cuenta que la muchacha tenía cuatro meses de embarazo y después de que la habían operado del apéndice, la muchacha se agrava nuevamente, la llevan al hospital y se dan cuenta que ella estaba embarazada y le hicieron un legrado”, reza uno de los testimonios recogidos en el informe.

Además de las muertes en custodia del Estado y de las capturas arbitrarias, las mujeres se vieron afectadas en su vida cotidiana. Las afectaciones psicológicas, el incremento en las labores de cuidado y el reiterado acoso propiciado por policías y militares se incrementaron.

Las mujeres fueron las principales en asumir los cuidados y la búsqueda bajo el régimen. El 80 % de las denuncias que atendió Cristosal fueron interpuestas por mujeres, quienes también asumieron los trámites de documentación de sus familiares detenidos, el suministro de alimentos, medicamentos y paralelamente continuaron con las labores de cuidado y crianza de los niños, niñas y adolescentes que quedaron en abandono cuando sus padres o madres fueron capturados. 

Cristosal categorizó las principales vulneraciones que las mujeres han sufrido bajo el régimen así: pérdida de recursos económicos para subsistencia, desmejora en las condiciones de vida cuando las mujeres dependen económicamente de su familiar capturado, asignación adicional de tareas de crianza y de cuidados, disminución de los ingresos y la inversión de tiempo a fin de investigar el paradero de sus familiares, impactos en la salud física, emocional y mental, y pérdida del proyecto de vida, principalmente cuando dejan de estudiar o pierden sus emprendimientos o empleos por dedicarse a tareas de cuidados y a la búsqueda de justicia para sus familiares detenidos.