Género
El Salvador incumple sentencia del caso Manuela: Mujeres aún enfrentan riesgo de prisión por emergencias obstétricas
Si bien el Estado ha comenzado a subsanar algunas acciones tras ser condenado por el caso de Manuela, organizaciones feministas señalan que aún hay riesgo de que mujeres sean encarceladas por sufrir emergencias durante sus embarazos. Señalan que actualmente hay al menos cuatro mujeres que posiblemente sean condenadas a varios años de prisión; a dos de ellas se les aplicó el régimen de excepción.
Por Mario Beltrán
Junio 29, 2023
Organizaciones de derechos de las mujeres consideraron, este jueves 29 de junio, que en El Salvador todavía hay riesgos de ir a prisión por emergencias obstétricas, a pesar de que en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al país y le ordenó medidas de no repetición y de reparación por el caso de Manuela, una mujer condenada a 30 años de prisión en 2008 acusada de aborto cuando lo que en realidad tuvo fue una emergencia obstétrica, y quien murió en 2010 en un hospital a causa de un cáncer linfático mal tratado.
De acuerdo con estas organizaciones, durante el último año en el país al menos cuatro mujeres acudieron a recibir servicios médicos tras sufrir emergencias obstétricas en sus embarazos, pero hoy enfrentan la posibilidad de ser condenas a varios años de prisión acusadas de homicidio por interrumpir su embarazo. A dos de estos casos, según las defensoras de derechos de las mujeres, se les aplicó el régimen de excepción.
La CIDH condenó en noviembre de 2021 a El Salvador y le sentenció a cumplir medidas de reparación y no repetición como atención integral y acceso a la salud y educación de los hijos y familia de Manuela, el reconocimiento de haberle violado sus derechos, el perdón público que el Estado por medio del presidente deben pedirle a la familia, la creación y divulgación de protocolos para atención de emergencias obstétricas, garantías del secreto médico profesional sobre la salud de las pacientes, y desarrollo de educación sexual en la currícula escolar.
No obstante, para Catalina Martínez, directora del Centro de Derechos Reproductivos, El Salvador aún está en deuda respecto del cumplimiento de varias de estas medidas. Una de ellas, es que, si bien ya hay lineamientos sobre el secreto médico profesional a todo el personal de salud sobre este tipo de atenciones, aún no hay garantías de cumplimiento.
“Los lineamientos todavía dicen que el secreto profesional médico puede ser levantado por razones legales o médicas imperiosas, pero qué quiere decir eso para cada profesional de salud que trabaja en diferentes centros de salud. Esto es un riesgo muy grande para que se siga levantando el secreto profesional y se siga denunciando a las mujeres”, explicó Martínez.
🔴Sin embargo, Catalina Martínez, directora del Centro de Derechos Reproductivos, afirma que el Estado salvadoreño aún no da garantías para proteger el secreto médico profesional ya que persisten denuncias de acusación de aborto contra mujeres que sufren emergencias obstétricas… pic.twitter.com/CI9fBZL6WR
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) June 29, 2023
La abogada Martínez afirma que debe quedar claro en los lineamientos estatales que el personal de salud no va a ser sancionado si no levanta su secreto profesional médico; para que se cumpla la sentencia, es necesario que el acceso a la historia clínica se limite estrictamente a la información médica necesaria, pues según la sentencia de la CIDH, el personal médico está obligado a respetar el secreto profesional y no puede reportar o denunciar casos vinculados a aborto o emergencias obstétricas.
Asimismo, lamenta que, si bien el Estado ha desarrollado un protocolo de atención a emergencias obstétricas, no ha sido lo suficientemente difundido entre el personal de salud a nivel nacional, ocasionando que siga habiendo denuncias contra mujeres víctimas de emergencias obstétricas.
Además, lamenta que no se esté dando cumplimiento al tema de educación sexual integral en las escuelas, y que lejos de cumplir, hay un “retroceso” en el sistema educativo actual sobre el tema.
“Es importante decir que el Estado no ha avanzado en esta medida particular. El plazo para que el Estado pueda protocolizar una política pública de educación sexual integral en el territorio es de cinco meses antes que se venza el plazo que la Corte puso, y decimos con preocupación que no solo no vemos avances, sino que además vemos intentos de retrocesos. Vemos cómo el Ministerio de Educación ordenó retirar los libros sobre violencia de género y educación sexual integral de los centros educativos”, señala Martínez, quien agrega que esta acción es una violación al derecho humano a la educación.
Por otro lado, el Estado aún no reconoce que violó derechos humanos de Manuela, aún no pide disculpas públicas a la familia, y tampoco ha divulgado en sus sitios web, Diario Oficial, ni en periódicos de mayor circulación el resumen de la sentencia como lo ordena la CIDH.
“El presidente de la República en su calidad de jefe de Estado, no porque él hubiera estado durante los hechos en que se afectaron los derechos a Manuela, sino porque como jefe de Estado, le corresponde hacer ese reconocimiento, y todavía no tenemos información sobre eso”, dice Morena Herrera, de la Colectiva Feminista.
Esta petición pública de perdón y reconocimiento estatal de responsabilidades, la deberá hacer Nayib Bukele lo antes posible, pero si incluso se reelige -inconstitucionalmente-, en su próximo mandato deberá subsanar esta medida de la CIDH; de lo contrario, el país quedará como un Estado que no cumplió con la totalidad de la sentencia de este organismo internacional de derechos humanos, y persistirá la presión a su cumplimiento.
Durante el análisis de cumplimiento, estas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres reconocieron que el Estado salvadoreño sí ha comenzado a cumplir algunas de estas medidas como garantizar el acceso a la educación y salud integral para los hijos y familiares de Manuela, así como la capacitación a personal de salud por parte de la Procuraduría General de la República.
Estas organizaciones realizarán, este 30 de junio, una fiesta popular en Cacaopera, Morazán, al oriente de El Salvador donde vivía Manuela. En este acto simbólico que debería hacer el Estado, estas organizaciones instalarán un mural y una placa con su nombre legal con el fin de reivindicar su memoria, superar el estigma de su criminalización y llamar al cese de las injusticias reproductivas.
