Opinión

El hambre que aumenta

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Ricardo Castaneda Ancheta

@Recasta

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La inseguridad alimentaria es un problema complejo y multifacético que involucra factores como la pobreza, el desempleo, el aumento de los precios de los alimentos, el cambio climático y la falta de acceso a recursos básicos. Sin embargo, un factor clave en todo esto es la indiferencia y la falta de acción por parte de los gobiernos. Es evidente que los gobiernos de la región tienen prioridades equivocadas.

Por Ricardo Castaneda Ancheta* 

Hace un año, escribí una columna titulada El hambre que nos rodea, donde abordé la crisis de hambre en los países del norte de Centroamérica y la indiferencia hacia esta problemática. Sorprendentemente, un año después, los datos actualizados del informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2023, elaborado por agencias de las Naciones Unidas FAO, FIDA, Unicef, PMA y la OMS), muestran que la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado.

En El Salvador, Guatemala y Honduras, entre 2020 y 2022, ¡19.4 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria! Esto representa un aumento de 6.1 millones de personas en comparación con el periodo entre 2014 y 2016. Para dimensionarlo, en Guatemala y Honduras, 6 de cada 10 personas han experimentado inseguridad alimentaria, mientras que, en El Salvador, la mitad de la población ha sido afectada.

Además, entre 2020 y 2022, 7.1 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria grave, lo que significa que se quedaron sin alimentos o pasaron un día entero sin comer en múltiples ocasiones durante el año.

Estos datos son alarmantes y no podemos ignorar esta desesperada situación que afecta a millones de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras. La escalada en el número de personas afectadas es inaceptable y exige una respuesta urgente y contundente.

La inseguridad alimentaria es un problema complejo y multifacético que involucra factores como la pobreza, el desempleo, el aumento de los precios de los alimentos, el cambio climático y la falta de acceso a recursos básicos. Sin embargo, un factor clave en todo esto es la indiferencia y la falta de acción por parte de los gobiernos.

Es evidente que los gobiernos de la región tienen prioridades equivocadas. El gobierno de Giammattei en Guatemala está más preocupado por defender el pacto de corruptos que por implementar cambios necesarios. El gobierno de Bukele en El Salvador prioriza mantenerse en el poder a cualquier costo. Y el gobierno de Castro, aunque heredó una situación desastrosa, ha pasado más tiempo lidiando con crisis internas que implementando cambios significativos.

Es crucial reconocer que el hambre no es solo una cuestión de falta de alimentos, sino también de falta de voluntad política y priorización de recursos para abordar de manera integral esta problemática. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, en una región rica en recursos naturales, millones de personas no tengan suficiente comida o no puedan comer en absoluto. Este problema no solo implica la producción de alimentos, sino también su distribución equitativa.

Es responsabilidad de los gobiernos de estos países tomar medidas efectivas y sostenibles para combatir la inseguridad alimentaria. En el corto plazo, se requieren políticas de transferencia de recursos y alimentos para garantizar que nadie padezca hambre. Además, es fundamental invertir en programas y políticas que fomenten la soberanía y seguridad alimentaria, la producción agrícola sostenible, el acceso a tierras y recursos para los pequeños agricultores, así como asegurar la disponibilidad y el acceso equitativo a alimentos nutritivos.

Además, es necesario abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad que perpetúan la inseguridad alimentaria en la región. Esto implica mejorar la educación, fortalecer los sistemas de salud, promover empleos dignos y garantizar la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. Es esencial utilizar la administración pública para implementar políticas que respondan a los problemas reales de la población.

La comunidad internacional también debe asumir su responsabilidad y aumentar la asistencia y cooperación con estos países para hacer frente a esta crisis humanitaria. Es hora de que los líderes mundiales se comprometan de manera real y efectiva a erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria, asignando los recursos necesarios para lograrlo, pero también evitando ser cómplices del debilitamiento institucional que está pasando en la región.

Es inaceptable que una sola persona padezca hambre, y mucho más inaceptable cuando millones de personas lo hacen. No podemos permitir que el hambre siga siendo una realidad cotidiana para tantas personas en nuestra región. Vivimos en una época en la que la política ha perdido su contenido económico, social, ético e incluso político. La política se ha alejado cada vez más de la realidad de las personas, y se debate sobre trivialidades en lugar de ideas para resolver los problemas reales. Ha llegado el momento de que todos los actores de la sociedad asumamos la responsabilidad y por lo menos no seamos indiferentes ante el hambre que nos rodea y que sigue aumentando.

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Ricardo Castaneda Ancheta

@Recasta

Economista salvadoreño graduado de la Universidad de El Salvador. Posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra/IDEC Barcelona y una maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario. Autor de múltiples investigaciones sobre política fiscal, niñez y adolescencia, desarrollo rural, pobreza y desigualdad. Actualmente es economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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