Durante su intervención en una sesión virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada la semana pasada, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, dijo que a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, encarcelados desde hace más de seis meses, no los “juzga” por su labor actual de defensores de derechos ni su activismo ambiental. A ellos los estoy “juzgando” -dijo- por delitos que cometieron quizás en su juventud, cuando pertenecieron a organizaciones guerrilleras.

Si en un país, con independencia judicial y separación de poderes, el fiscal general declara que “está juzgando” a personas procesadas a petición suya por los tribunales de justicia, eso es solo un desliz discursivo o un lapsus mental por el cual pide disculpas al nomás percatarse del error. Sin embargo, éste no es el caso de El Salvador, donde la gran mayoría de los jueces y juezas hacen lo que les pide la Fiscalía, sin importar si es legal o ilegal y si los acusados son culpables o inocentes. 

Por tanto, Rodolfo Delgado probablemente también se asume como juez, y no tiene ningún impedimento para expresarlo sin pudor ni vergüenza; y lo dice respondiendo, precisamente, sobre un caso que evidencia con claridad la anulación de la presunción de inocencia, el debido proceso penal y la justicia verdadera en el país, porque los jueces están sometidos a los designios de la Fiscalía y ésta a su vez obedece a las directrices de Casa Presidencial. 

Estos jueces cobardes e indecentes que traicionaron su misión de aplicar justicia asumen como órdenes los requerimientos fiscales y los convierten casi literalmente en argumentos de sus resoluciones. En el Caso Santa Marta/ADES esto se comprueba con la actuación del Juzgado de Paz de Victoria y del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, cuyas juezas se han mostrado totalmente complacientes con la Fiscalía, a pesar de que ésta no presenta pruebas reales que vinculen a los detenidos con los delitos imputados y aun cuando la acusación es improcedente debido a la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. 

El desempeño de estas “aplicadoras de justicia” es tan sumiso a las pretensiones de la Fiscalía, que un magistrado de la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque lo señaló con dureza. En su voto razonado de una resolución sobre la decisión de la jueza de Instrucción de Sensuntepeque de negar medidas sustitutivas a la detención de los líderes ambientalistas, el magistrado Santiago Alvarado Ponce advirtió que “es ilegal decretar detención preventiva teniendo como único argumento la existencia de un requerimiento fiscal”.

En El Salvador, ciertamente, nunca hubo total independencia judicial: había jueces independientes y también había corruptos, ineptos y sometidos al gobierno de turno, a las élites empresariales, a los grupos criminales o a la presión del loby conservador, sobre todo en casos relacionados con el aborto. Seguramente la mayoría eran jueces injustos, pero cuando los casos llegaban a manos de los pocos jueces decentes, probos e imparciales era posible encontrar justicia. 

No obstante, la situación cambió a partir del 1o. de mayo de 2021, pues -con la mayoría legislativa a su favor- el gobierno decidió cooptar a todo el Sistema Judicial colocando a jueces, magistrados y fiscal general a su medida. Para eso destituyó en forma fulminante y sin un proceso legal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal, luego reformó la Ley de la Carrera Judicial para sustituir a todos los jueces mayores de más de 60 años o con más de 30 años de servicio y después nombró nuevos magistrados en las demás salas de la Corte Suprema de Justicia.

A los jueces buenos que quedaron se les castigó con traslados arbitrarios, desmejora de sus condiciones laborales, amenazas, chantajes, descalificaciones y linchamientos digitales de la maquinaria gubernamental de trolls cuando resolvían en contrasentido con los intereses del oficialismo o el deseo presidencial. Así que, para evitar esos costos, pocos jueces se arriesgaron, muy pocos, casi nadie. De esta forma se cerraron los resquicios de independencia judicial que aún existían. 

Pero la perspectiva del “fiscal-juez” no sólo es una confirmación de la falta de independencia judicial, sino también es un síntoma de la pérdida total de la institucionalidad y el respeto a los derechos de la población, pues también están los “policías-jueces de la calle”. Lo dijo el propio director policial Mauricio Arriaza Chicas en febrero de este año, sin que los jueces protestaran por esa definición tan aberrante y justificatoria del abuso de poder.

El grave quiebre institucional se personifica, además, en los “diputados aprieta botones” que solo siguen órdenes del Ejecutivo, los “ministros marionetas” manejados por los asesores (de oposición) venezolanos de Nayib Bukele y los militares que cambiaron la lealtad a la Constitución por el servilismo ciego al presidente de turno. Y esta reversión democrática será aún más grave y se profundizará en perspectiva dictatorial si Bukele logra su inconstitucional objetivo reeleccionista en febrero de 2024.