Guatemala se encuentra en una encrucijada respecto a su juventud. Con una población joven, con edades entre los 13 y 29 años, de 5.8 millones, equivalente al 33.0 % de la población, el país enfrenta desafíos y oportunidades únicos. Los y las jóvenes son una fuerza vital para el progreso y el cambio, juegan un papel protagónico para aprovechar los dividendos del bono demográfico, una oportunidad irrepetible para lograr el crecimiento económico sostenible y el bienestar de la población, que solo se conseguirá si se garantizan los derechos de las y los jóvenes.

El Estado de Guatemala ha asumido múltiples obligaciones sobre la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos de las juventudes, tanto a nivel internacional como nacional. Sin embargo, son dispersas y generales. A inicios de 2022 el estudio Rejuvenecer Guatemala recomendó ratificar la Convención Iberoamericana de la Juventud, aprobar legislación específica para juventudes y actualizar la Política Nacional de la Juventud. Contar con una norma específica o ratificar esta convención, reiteraría y reforzaría la obligación que tiene el Estado de atender a la juventud, teniendo en cuenta las características propias de su período de vida, además, sentaría las bases para una mejor planificación, diseño, financiamiento y ejecución de programas para las y los jóvenes.

Millones de jóvenes se encuentran en condiciones precarias. Seis de cada diez jóvenes enfrentan pobreza multidimensional, han sido privados del acceso a la salud, a la educación, a la seguridad alimentaria, a la vivienda adecuada u otros elementos básicos para su desarrollo. Alrededor del 70% no puede acceder a un trabajo formal, por lo que la mayoría no puede ejercer el derecho a un trabajo decente. Estas situaciones fuerzan la migración de miles de jóvenes cada año.

La juventud no fue una prioridad para las autoridades gubernamentales salientes. La IX Legislatura (2020-2024) no logró ningún avance en la ratificación de la Convención Iberoamericana de la Juventud, ni en la aprobación de una ley para este grupo poblacional. Mientras que la Presidencia de la República no aprobó una nueva política para las juventudes, a pesar de que su proceso de actualización se inició desde 2020.

Guatemala se encuentra en una encrucijada respecto a su juventud. Con una población joven, con edades entre los 13 y 29 años, de 5.8 millones, equivalente al 33.0 % de la población, el país enfrenta desafíos y oportunidades únicos. Los y las jóvenes son una fuerza vital para el progreso y el cambio, juegan un papel protagónico para aprovechar los dividendos del bono demográfico, una oportunidad irrepetible para lograr el crecimiento económico sostenible y el bienestar de la población, que solo se conseguirá si se garantizan los derechos de las y los jóvenes.

El Estado de Guatemala ha asumido múltiples obligaciones sobre la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos de las juventudes, tanto a nivel internacional como nacional. Sin embargo, son dispersas y generales. A inicios de 2022 el estudio Rejuvenecer Guatemala recomendó ratificar la Convención Iberoamericana de la Juventud, aprobar legislación específica para juventudes y actualizar la Política Nacional de la Juventud. Contar con una norma específica o ratificar esta convención, reiteraría y reforzaría la obligación que tiene el Estado de atender a la juventud, teniendo en cuenta las características propias de su período de vida, además, sentaría las bases para una mejor planificación, diseño, financiamiento y ejecución de programas para las y los jóvenes.

Millones de jóvenes se encuentran en condiciones precarias. Seis de cada diez jóvenes enfrentan pobreza multidimensional, han sido privados del acceso a la salud, a la educación, a la seguridad alimentaria, a la vivienda adecuada u otros elementos básicos para su desarrollo. Alrededor del 70% no puede acceder a un trabajo formal, por lo que la mayoría no puede ejercer el derecho a un trabajo decente. Estas situaciones fuerzan la migración de miles de jóvenes cada año.

La juventud no fue una prioridad para las autoridades gubernamentales salientes. La IX Legislatura (2020-2024) no logró ningún avance en la ratificación de la Convención Iberoamericana de la Juventud, ni en la aprobación de una ley para este grupo poblacional. Mientras que la Presidencia de la República no aprobó una nueva política para las juventudes, a pesar de que su proceso de actualización se inició desde 2020.

La baja importancia que el Estado guatemalteco le da a las juventudes se expresa claramente en su presupuesto público. A junio de 2023, el presupuesto vigente que la Administración central destina a la inversión pública en juventudes (Ipjuve) directa es de Q7,210.3 millones, equivalente a 6.1% del presupuesto público y 0.9% del producto interno bruto (PIB). De ejecutarse en su totalidad, algo muy difícil de lograr, pues el promedio de ejecución de la Ipjuve directa de 2015 a 2021 rondó el 85.0%, este presupuesto representaría una inversión diaria en cada joven de Q3.40, monto insuficiente para garantizar todos los bienes y servicios públicos que este sector poblacional requiere para su desarrollo adecuado.

La Ipjuve directa no tuvo aumentos significativos en el último gobierno. La Ipjuve directa en 2019 representó 6.3% del presupuesto público y 0.9% del PIB. La inversión diaria por joven en 2019 fue de Q2.70, mientras la inversión diaria por joven presupuestada para 2023 a precios de 2019 es de Q2.80. El Gobierno saliente se caracterizó por el abandono hacía las juventudes, tanto en la agenda legislativa y ejecutiva, como en los escasos recursos públicos destinaron a las necesidades de este sector de la población.