El pasado 12 de agosto se conmemoró el día internacional de la juventud, una fecha oportuna que motiva a reflexionar sobre los desafíos a los que enfrentan los seres humanos en esta etapa de la vida, sobre integrar oportunidades para potencializar su desarrollo y sobre las enormes responsabilidades de los Estados y la sociedad en reconocer el momento demográfico tan importante. Actualmente, en Centroamérica más de la mitad de sus habitantes tienen menos de 30 años, y se proyecta que al final de 2030 la juventud representará el 49.0 % de la población, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Pese a que los ideales, las aspiraciones y la búsqueda de reconocimiento no termina con los años, es en las primeras etapas de la vida cuando se forman y se desarrollan talentos importantes, que, aunados a la energía propia de la juventud, se consideran elementos clave para construir una vida adulta con bienestar, individuos plenos que se integrarán a la sociedad. Sin embargo, cuando a edades muy tempranas el entorno en el que se habita es de sobrevivencia, cuando la sociedad margina y el Estado no otorga los bienes y servicios indispensables para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, ese valioso potencial puede apagarse.

En la región los jóvenes se ocupan en el mercado laboral a edades muy tempranas, avalado formalmente al considerar que una persona tiene edad para trabajar a partir de los 15 años. Por ello, generalmente se describe a la participación laboral juvenil como  jóvenes, hombres y mujeres, entre 15 y 24 años de edad. A 2020, según datos de la Cepal, en Centroamérica alrededor de 9.8 millones de jóvenes  estaban comprendidos en esas edades, es decir el 19.6 % del total de la población. Este balance de edades representa una oportunidad demográfica ventajosa, pues la tasa de población en relación de dependencia es baja, lo que resulta un potencial productivo y una oportunidad de desarrollo. Sin embargo, al cuantificar y cualificar la participación de la juventud en el mercado laboral y realizar una evaluación comparativa entre los países centroamericanos, surgen cifras alarmantes.

En general, los desafíos del mercado laboral son numerosos, pero las dinámicas de la participación laboral de los jóvenes enfrentan dificultades particulares y mayores, que involucran a la educación y a la capacitación para el trabajo. La transición entre la escuela y el trabajo es sumamente difícil cuando los sistemas educativos de un país fallan y dejan a un porcentaje de niños y niñas lejos de las escuelas, o con niveles de escolaridad muy bajos.

En Centroamérica, según cifras del Banco Mundial, en promedio uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 24 años no está en la escuela ni trabaja. Los promedios más altos los tienen Honduras, con 28.0 % (2019), Guatemala con 27.6 %(2014), El Salvador con 26.2 % (2021), Nicaragua con 25.8 % (2014) y Panamá con 19.3 % (2021), mientras que la proporción más baja es la de Costa Rica, con 16.5 %.

Existen otros factores que inciden en que estas cifras sean altas. Uno es el género, pues, exceptuando a Costa Rica y a Panamá, en Centroamérica las mujeres son quienes se ven mayormente afectadas, pues casi el 50.0 % de las niñas y jóvenes entre 15 y 24 años de edad, no estudian ni  tienen un trabajo remunerado.

El que un joven se encuentre laborando tampoco es sinónimo de que su situación sea favorable, pues la gran mayoría labora en empleos en actividades informales. La escasa experiencia laboral, la reducida formación académica, un mercado de trabajo deteriorado, incapaz de crear nuevos empleos y absorber a esta nueva fuerza de trabajo, aspectos directamente vinculados con la pobreza y la exclusión, es un patrón común en estos territorios, razón por la que muchos jóvenes logran emplearse en el sector informal. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de la ocupación informal en jóvenes entre las edades de 15 y 24 años está muy por encima de la tasa informal de la ocupación en adultos mayores de 25 años. En Nicaragua 89.3 % (2012), en Honduras 89.2 % (2017), en Guatemala 86.4 % (2022), en El Salvador 72.8 % (2022), en Panamá 72.6 % (2021) y en Costa Rica 41.0 % (2022).

Respecto al desempleo juvenil, en Nicaragua, quienes buscan activamente emplearse y no lo han logrado representan 8.5 % (2014) de la población económicamente activa (PEA), en El Salvador 7.7 % (2022), en Guatemala 6.6 % (2022) y en Honduras 17.7 % (2020). Contrario a otros indicadores laborales, los países con mayores niveles de desempleo en la región son Panamá 22.4 % (2021) y Costa Rica 30.4 % (2022), fenómeno explicado por la calidad de las ocupaciones a las que aspiran, pues ambos países tienen los porcentajes mayores de población ocupada en el sector formal.

Estas condiciones abren brechas salariales entre jóvenes y adultos, que impiden aspirar a un nivel de vida de bienestar y que obstaculizan el desarrollo social. Razones suficientes para considerar este momento como oportuno, y reconocer el valioso lugar que tienen en la sociedad este grupo etario como agentes de cambio: la productividad y el crecimiento necesitan de este capital humano. Los Estados deben estar abiertos al diálogo, a contribuir con programas y políticas públicas, construir alianzas público privadas, facilitar la formación y la educación, con el objetivo común de solucionar la compleja realidad a la que se enfrentan los y las jóvenes. Que acceder a un empleo decente debiera ser posible desde la primera oportunidad laboral.