Por Óscar Hernández

Mujeres organizadas se concentraron, en la mañana de este 18 de octubre, frente a la entrada del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para exigir que cese la violencia sexual y física que han cometido los militares y policías en contra de las mujeres y niñas durante el régimen de excepción. Con pancartas en mano y consignas, las feministas se tomaron la alameda Manuel Enrique Araujo, por unos minutos, para denunciar que en estos últimos 19 meses, en los que el país ha permanecido bajo estado de excepción, las niñas y las mujeres han sido amenazadas, golpeadas, capturadas arbitrariamente y violadas por agentes de seguridad. Además, señalaron que bajo el régimen las niñas tampoco están seguras, ya que hay casos de feminicidios de niñas y adolescentes en lugares donde el Gobierno de Nayib Bukele ha hecho operativos y desplegado militares y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Entre los casos más recientes, las feministas mencionaron la violación de una niña cometida por un sargento de la Fuerza Armada, mientras otros cinco militares eran cómplices, en Mizata de Teotepeque, La Libertad. Asimismo, mencionaron que el régimen no es garantía de seguridad para las mujeres que viven principalmente en zonas pobres como La Campanera, donde una niña de ocho años fue asesinada y luego su cuerpo fue puesto adentro de una bolsa y arrojado en un parque de la comunidad. 

La feminista Sara García señaló que las organizaciones civiles que defienden derechos humanos han recibido reportes de mujeres, de todo el territorio nacional, que ponen en evidencia los abusos perpetrados por policías y militares; y que además son la prueba de que el régimen de excepción no ha servido para garantizar seguridad a las mujeres y niñas.

“Las compañeras nos han reportado violencia sexual, violencia feminicida. Está el caso de una niña de ocho años que enfrentó violación sexual, también está el caso de una niña de 13 años que enfrento violencia por parte de un militar y de la Policía, y el caso de una joven de 19 años víctima de feminicidio. Estamos aquí para hacer un llamado a la organización, a que salgamos a las calles, a que el miedo no nos impida que nos manifestemos. Este régimen de excepción, que sabemos, no está funcionando para nosotras, el régimen de excepción no nos tiene más seguras. Los feminicidios, la violencia sexual, las violaciones contra niñas siguen sucediendo, el régimen de excepción no sirve para nosotras”, denunció García, afuera de las instalaciones militares. 

De acuerdo con las denuncias de las feministas, los agentes de seguridad se convirtieron en una amenaza más de violencia sexual para las mujeres y niñas en el régimen de excepción. De manera que a la lista de victimarios y depredadores sexuales de El Salvador, según los reportes de las organizaciones, hay que agregar a los militares y policías junto con los pandilleros que operaban en las colonias, comunidades y cantones. 

Las feministas también denunciaron que el Estado salvadoreño carece de iniciativas orientadas a la prevención de violencia para las niñas y niños.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Niñez y Adolescencia, desde enero de 2020 hasta septiembre de 2023, se reportaron al menos 28 feminicidios de niñas y adolescentes. Esto se suma a los 5,203 casos de violencia sexual reportados en 2022, además de 306 personas desaparecidas durante el mismo año, de las cuales se desconoce la cantidad de niñas y adolescentes ya que las autoridades niegan esta información que por ley debería ser pública. 

Según datos recopilados por el mismo Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), antes CONNA, durante 2021 se registraron 2,780 vulneraciones de violencia sexual hacia la niñez y adolescencia; y en 2022, se reportó un incremento del 47 %. 

Recortes presupuestarios en medio de violencia contra las niñas

El tema de la violencia contra las niñas no es responsabilidad exclusiva de los agentes de seguridad pública. La actual Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, también es incoherente en el tema, según denuncian las feministas. Por un lado, los diputados oficialistas y sus aliados han aprobado tres leyes a favor de la primera infancia, niñez y adolescencia; y por el otro, han hecho recortes millonarios al presupuesto de las instituciones que son las encargadas de ejecutar políticas de prevención de violencia contra las niñas. 

Esta semana, por ejemplo, la Asamblea Legislativa recibió una solicitud por parte de la Presidencia de la República para aprobar recortes a 22 instituciones públicas, por un monto de $108 millones, con el fin de que el Ministerio de Hacienda pueda pagar las facturas del gobierno este año.

Entre las 22 instituciones con recortes presupuestarios se encuentra el CONAPINA, el cual se vio afectado con un recorte presupuestario de $7.5 millones para 2023. También le quitaron $766,485 al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

“Esto es preocupante, porque año con año hemos visto cómo este presupuesto ha ido disminuyendo. Hemos visto las graves consecuencias en otros gobiernos al momento de reducir el presupuesto en estas instituciones. Por otro lado, es cuestionable que actualmente tengan un presupuesto y la prevención contra la violencia en los niños y niñas es casi nula, ha quedado claro que para este gobierno no es una prioridad. Al final del día este gobierno deja ver cuáles son sus verdaderas intenciones. El plan de gobierno está enfocado básicamente en la militarización y no le importan ni políticas de reinserción, ni políticas de prevención de violencia y menos garantizar los derechos plenos de los niños y niñas”, dijo la feminista Keyla Cáceres a GatoEncerrado, quien además trabaja en la fracción legislativa de Nuestro Tiempo como analista legislativa en temas de género y población LGBTI. 

Cáceres agregó que esta semana también fue aprobada una reforma para que las niñas y niños que han sido condenados bajo un delito en el régimen de excepción no tengan las garantías para su defensa y revisión de su resolución. 

“Eso va en contra de la convención de niños y niñas y también de convenciones como el de la tortura; entonces vemos que la reducción del presupuesto es solo una de las esferas que el gobierno está dejando entre ver de que los niños y las niñas no son una prioridad. Incluso en legislaciones que se han aprobado en esta Asamblea Legislativa, no existe una mayor preocupación por dejar un presupuesto asignado para que no se le toque el futuro a los niños y niñas. (Esta semana) veíamos cómo la Asamblea Legislativa retiraba $60 millones a la educación, eso es seguir profundizando esos eslabones de desigualdad social”, dijo Cáceres a esta revista.