Justiciómetro
El 52 % de las víctimas de violaciones a derechos en el régimen de excepción son jóvenes
El régimen de excepción, que se encuentra vigente desde marzo de 2022, ha causado que 1,620 personas de cada 100 mil habitantes en El Salvador se encuentren privados de libertad, siendo la tasa más alta del mundo, incluso por encima de Estados Unidos, según datos del Servicio Social Pasionista. El régimen también ha provocado graves violaciones a derechos humanos y el sector población más afectado es la juventud, principalmente de las zonas más pobres del país.
Por Guillermo Cartagena
Octubre 18, 2023
El 52.54 % de las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción ―como capturas arbitrarias, torturas, violencia sexual y abusos de autoridad por parte de policías y militares― son jóvenes con edades de 19 a 30 años. En otras palabras, la medida que el Gobierno de Nayib Bukele ha tomado para enfrentar la inseguridad también ha provocado, como daño colateral, que jóvenes inocentes sean la población más afectada, principalmente de las zonas más pobres del país. Así lo señalaron distintas organizaciones civiles en su más reciente informe actualizado sobre vulneraciones a derechos humanos, presentado públicamente en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Además, las organizaciones civiles han documentado 192 casos en los que las víctimas han sido adolescentes entre los 13 a 18 años: “Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que también es otro sector de la población estigmatizado al que se le concretan medidas y regulaciones similares a las de una persona adulta y eso contraviene distintas normativas y estándares de protección en materia de niñez y adolescencia”, recalcó la directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Gabriela Santos.
Las organizaciones también destacaron que “un dato preocupante” es que las víctimas identificaron que el 75 % de los victimarios son miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y un 7.13 % personal de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Asimismo, resaltó que la narrativa del Estado sobre la “detención de terroristas” se contrarresta con los datos presentados sobre los principales hechos violatorios, siendo la detención arbitraria el primero de ellos con 5,473 personas, y el segundo la falta al debido proceso con 5,027: “Muchas veces se trata de personas inocentes”, agregó Santos.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, comentó que ante la dificultad de acceso a la información, las organizaciones civiles han tenido que realizar una proyección de la cantidad de personas en cárceles del país. Según esa proyección, las organizaciones estiman que son alrededor de 102 mil detenidos.
“Esto es preocupante, porque en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hay poca información sobre lo que se quiere hacer en términos de rehabilitación de personas privadas de libertad. Hay una intención política de no buscar programas alternativos, solo implementar estas penas meramente punitivas”, argumentó Reyna.
Gonzalo Montano, Secretario de formación en Amate El Salvador, explicó que las organizaciones también han documentado casos de personas de la diversidad sexual que no han sido atendidas por médicos y han comenzado a padecer enfermedades sin tener acceso a ningún tratamiento.
“Hemos registrado que debido al proceso de hacinamiento y las malas condiciones en los centros penales, algunas personas de la diversidad sexual, específicamente mujeres trans, habían empezado a desarrollar insuficiencia renal y enfermedades cutáneas”, mencionó Montano.
Por su parte, Alejandra Burgos, integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, hizo hincapié en que el régimen de excepción también ha sido utilizado como una herramienta para afectar a líderes y lideresas comunitarios, a la vez que desarticulan movimientos sociales y citó como ejemplo de represión y miedo los cercos militares que se han establecido en distintos puntos del país, entre esos el de Santa Marta, en Victoria, Cabañas.
En la sesión plenaria 127, del pasado 11 de octubre, los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC aprobaron por decimonovena vez una prórroga para que el régimen de excepción continúe vigente, lo que deja suspendidos tres derechos constitucionales de la población salvadoreña: la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, el derecho de defensa y la suspensión del plazo máximo de detención administrativa.
