En la mañana del lunes 24 de enero del 2022, tres integrantes de la agrupación  Víctimas Demandantes (VIDAS) acudimos a la Asamblea Legislativa. Nos había  convocado Rebeca Aracely Santos de González, quien presidía la Comisión de  Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa siendo parte de la  bancada cian: la del partido de Nayib Bukele que ‒desde el primer día de mayo del  2021‒ controla ese órgano estatal de forma absoluta. De entonces en adelante nada se aprueba o rechaza, se mueve o estanca dentro del mismo si no es en función de los dictados del autócrata. En ese entorno, el cumplimiento esencial de la sentencia de inconstitucionalidad de la mal llamada Ley de amnistía general para la  consolidación de la paz continúa sin concretarse.  

Dicho adefesio normativo fue aprobado el 20 de marzo de 1993 para cubrir con el  trapo chuco de la impunidad a los responsables de graves violaciones de derechos  humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad que se perpetraron  sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de 1970 y durante toda la de  1980. A estas alturas, siete años y medio después de haberse declarado  inconstitucionalidad, aún no se aprueba la normativa ordenada en favor de las víctimas de esas atrocidades. ¿A qué se deberá? Pues los hechos apuntan a que, independientemente del palabrerío, a Bukele no le interesa que eso ocurra; más  bien, lo que le importa es mantener la mejor relación posible con la Fuerza Armada de El Salvador. Por ello, prefiere que se imparta una “justicia” selectiva y parcializada de forma pausada, lenta y discrecional para favorecer a sus amigos y  joder a sus enemigos.

Pero antes de abordar eso, veamos qué pasó hace casi dos años cuando nos  recibió doña Rebeca antes de que se descubriera la clase de fichita que es. Pese a  haber sido denunciada por nepotismo, ella presidía la citada comisión parlamentaria; también fungía como relatora de la llamada Comisión especial para  investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa  Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores. 

Para ocupar ambos puestos, debería haberse destacado por tener y mantener una  integridad superlativa; sin embargo, en julio del presente año ‒tras una “exhaustiva  investigación”‒ Nuevas Ideas decidió que ella y su suplente no participarán en las  elecciones del 2024. ¿Por qué? Pues por la realización ‒se leía en el respectivo  comunicado‒ de “actos no éticos que contradicen los principios del partido,  vinculados a sus candidaturas”. 

A la diputada Santos y a sus colegas del “cianismo”, participantes en la referida  reunión realizada hace ya casi dos años, no les presentamos en esa ocasión una  propuesta de ley. No les íbamos a hacer el trabajo conociendo su falta de  compromiso con las víctimas. Lo que pretendíamos era dejarles clara nuestra  posición en cuanto a la necesidad de “consensuar una agenda para el desarrollo de  un proceso de consulta, elaboración y aprobación” de la ley mandada por la Sala de  lo Constitucional, partiendo de que esta no era un fin sino un medio para alcanzar el cumplimiento real de los tres componentes del “camino de la paz”, como nombró Naciones Unidas al proceso iniciado en Ginebra el 4 de abril de 1990 con la firma  del primero de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de aquella época: la  democratización del país, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la  (re)unificación de la sociedad.  

Ninguna de esas aspiraciones es ni será realidad mientras no se logre la verdad  esclarecida, la justicia impartida, la reparación integral debida y las garantías de no  repetición de la barbarie ocurrida. Por eso les dijimos en su cara que una sociedad  conciliada y en paz no se decreta mediante una ley. Esa utopía aún muy lejana en  El Salvador, será el resultado de un proceso en el cual la participación de las  víctimas del hambre, la sangre y la impunidad se encuentren colocadas respetuosa  y tiernamente en el centro del mismo. No se vale decir, aseguró el beato Rutilio  Grande, “sálvese quien pueda con tal de que a mí me vaya bien. Nos tenemos que  salvar en racimo, en mazorca, en matata… O sea en comunidad”. 

Puntual y firmemente sostuvimos que no se debía aprobar normativa alguna que  desconociera en la práctica los parámetros establecidos dentro de la citada sentencia de inconstitucionalidad emitida el 13 de julio de 2016. Asimismo, les  planteamos que era esencial la creación de un funcional y eficaz grupo de trabajo  por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición que  entre sus principales tareas debiera impulsar una consulta transparente y lo más  amplia posible a víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas, sin importar el  bando responsable de las violaciones de sus derechos humanos que sufrieron. 

También debían garantizar que en dicha consulta no participaran victimarios  imprescindibles, cómplices necesarios y encubridores. 

Dicho grupo debía elaborar y aprobar la Ley para la dignificación de todas las  víctimas de antes y durante el conflicto armado interno en El Salvador. También  debía elaborar y entregar al titular del Órgano Ejecutivo –para su aprobación y  ejecución– propuestas de políticas públicas sobre verdad, justicia, reparación  integral y garantías de no repetición requeridas para hacer realidad lo establecido  en dicha normativa dentro de la cual no se debían incluir, entre otras, disposiciones  abiertas o veladas de amnistía o prescripción ni excluyentes de responsabilidad que  impidiesen investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de  derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. 

Era necesario incluir ‒sostuvimos en enero del 2022‒ disposiciones que  garantizaran la creación y el funcionamiento de una jurisdicción especial provista de  los recursos suficientes para conocer los casos de graves violaciones de derechos  humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad; también se debía  contemplar la creación de un banco nacional de datos de ADN de las víctimas de  dichos casos y brindar reparación integral, tanto a las sobrevivientes como a las  familias de las que murieron o fueron desaparecidas.  

Pero nada de eso se ha hecho en función de avanzar en el cumplimiento de lo  dispuesto por la Sala de lo Constitucional hace más de siete años; durante casi tres  de estos Bukele le ha ordenado a sus diputadas y diputados todo lo que deben aprobar, sin que nadie se haya atrevido siquiera a cuestionarlo o ‒peor aún‒ a  desobedecerlo. Eso hace suponer que en la agenda presidencial no figura este  asunto y que, de materializarse su reelección inconstitucional, pasarán otro quinquenio sin que las cosas cambien en favor de las víctimas de graves violaciones  de sus derechos.  

¿Por qué no baja este su endiosado dedo para revertir todo eso? Permítanme  especular. No lo hace para no incomodar a una Fuerza Armada que nunca, ni por  asomo, reconoció humildemente ni mucho menos pidió perdón sincero por su  responsabilidad en todo lo sucedido antes y durante la guerra en perjuicio de tanta  gente. No lo hace porque para él la Fuerza Armada, agarrada de su mano, será “más gloriosa de lo que siempre ha sido”. No lo hace porque hizo que sus  integrantes juraran “ser leales y tener disciplina, honor hacia” él y él les juró “tenerles  lealtad”. No lo hace porque en su régimen de excepción vigente y sus proyecciones  despóticas, esa institución es y será ‒al igual que en la Nicaragua orteguista y junto  con la corporación policial‒ instrumento de control social y represión para contener  la protesta popular.