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Gobierno mantiene desfinanciado el presupuesto para paquetes agrícolas y dejará desabastecidas algunas zonas del país en 2024

El Gobierno de Nayib Bukele ha mantenido, durante todo el quinquenio, un presupuesto precario para los paquetes agrícolas y la reducción de pobreza. Abastecer a los agricultores y erradicar la pobreza no ha sido su prioridad. Consecuentemente, en el país hay más pobres y una situación insostenible de inseguridad alimentaria. Para ir resolviendo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha tenido que pedir refuerzos presupuestarios cada año y eso también le tocará hacer en 2024. De lo contrario, habrá zonas del país donde los agricultores no tendrán acceso a los paquetes agrícolas.

Foto/Archivo GE

Por Guillermo Cartagena

Diciembre 22, 2023

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cerrará el quinquenio de Nayib Bukele con menos presupuesto en líneas de trabajo claves para abastecer de alimentos a la población y en la reducción de la pobreza. En otras palabras, el final de la presidencia estará marcado por el desabastecimiento de insumos agrícolas, lo que agudizará el hambre en algunas zonas del país, principalmente en el área rural.

Aunque el gobierno ha promocionado la entrega de paquetes agrícolas como una de sus principales apuestas en la economía agropecuaria, lo cierto es que la línea de trabajo “Abastecimiento y Seguridad Alimentaria” ha tenido una disminución presupuestaria significativa. Desde el primer año del Gobierno de Bukele, el presupuesto bajó de $26 millones a $19.3 millones y así se ha mantenido hasta el presupuesto aprobado para 2024. No hubo aumentos cuando la actual Asamblea Legislativa inició su periodo, a pesar de que el partido oficialista Nuevas Ideas es mayoría y que las autoridades de su mismo gobierno han solicitado refuerzos presupuestarios para cumplir con la entrega de paquetes agrícolas. 

La directora de la Unidad Financiera del MAG, Laura Martínez, reveló que con ese monto no alcanzará a cubrir la entrega de paquetes agrícolas en todas las zonas del país. Es decir, será necesario un refuerzo presupuestario, porque sino habrá agricultores que se quedarán sin paquetes y consecuentemente habrá menos alimentos y más hambre. 

Martínez detalló que el Ministerio de Hacienda les informó que para 2024 les iba asignar un presupuesto de $101,778,829, dentro del cual se destinaban $49,496,585 millones para paquetes agrícolas. Sin embargo, en el documento final que fue entregado a la Asamblea, el presupuesto del MAG tenía una asignación de $90,947,199, y el monto para paquetes agrícolas volvió a ser de $19,332,674. Esto implica que el Ministerio de Hacienda asignó $30.1 millones menos de lo necesario para los paquetes agrícolas.

“Con esa asignación presupuestaria que se nos está dando a los paquetes agrícolas sólo podríamos cubrir dos áreas o dos sectores que sería la zona 1 y 2; estaríamos dejando desprotegidos o desfinanciados la asignación de los paquetes para la zona 3 y 4”, dijo Martínez, el pasado 27 de octubre, en la Comisión de Hacienda. Agregó que de mantenerse esa asignación, durante 2024 tendrían que pedir refuerzos presupuestarios como lo han hecho este año y con los cuales llegaron a un monto de $38.4 millones.

Los datos muestran que,  a través de modificaciones hechas a medio año, el presupuesto del MAG ha aumentado, pero al finalizar el año no lo ejecutan por completo. En 2020, el MAG recibió un aumento de $33.1 millones; para 2021 fue de $38.1 millones; en 2022 tuvo la mayor modificación presupuestaria con $61 millones, de los cuales $46 millones fueron destinados al programa de los paquetes agrícolas; y en 2023 ha recibido $38.5 millones con la misma finalidad de cumplir con ese programa.

Reducción de $7.1 millones en desarrollo rural

La población de la zona rural también perderá para 2024 uno de los programas que tenía como propósito “activar la economía para generar oportunidades y prosperidad a las familias”, tal como lo define el MAG. Se trata del Programa Nacional de Transformación Económica Rural Buen Vivir-Rural Adelante, financiado con un préstamo de $11.8 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y una donación de $4.9 millones de ASAP. Para 2023, este programa tenía asignado $5.1 millones y para 2024 tiene $964,955. Este programa duraba cinco años.

Para el economista José Luis Magaña, esta acción ejemplifica la fragilidad de los programas que se ejecutan con préstamos externos: “El hecho que al cerrar el proyecto no se busque otra fuente de financiamiento o se abra una nueva línea presupuestaria que busque financiar un proyecto alternativo, muestra que las prioridades del gobierno no están puestas en el fortalecimiento de la agricultura”, sostuvo Magaña. 

Además, en la misma unidad presupuestaria de desarrollo rural, el monto asignado a la línea de trabajo “Producción Agropecuaria”, que busca fortalecer la infraestructura agrícola y productiva para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, pasará de $3.5 millones en 2023 a $500 mil para 2024, es decir que bajó a medio millón. En total, se presenta una reducción de $7,142,965 en el desarrollo rural.

Estas reducciones contrastan con la situación de inseguridad alimentaria que vive El Salvador. Hay reducciones específicamente en los presupuestos destinados a prevenir el hambre y la pobreza. Según el informe “Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional – América Latina y el Caribe 2022”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la situación de inseguridad alimentaria moderada o grave pasó de afectar al 42.4 % de la población en el periodo de tiempo 2014-2016, a impactar al 46.5 % en los años 2019-2021. 

Esos datos revelan que en los últimos años el hambre y la inseguridad alimentaria ha aumentado en vez de disminuir. Sobre todo en las zonas rurales y peor en las que son parte de lo que se conoce como “Corredor Seco” de El Salvador. 

En el transcurso del quinquenio de Bukele también incrementó el precio de la canasta básica hasta en un 25.5 %. Para el mes de septiembre de 2023 llegó a tener un costo de $257.60 en el área urbana y $192.27 en el área rural, según datos de la Oficina Nacional de Censos y Estadísticas (ONEC). 

Krissia Romero, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, dijo que un aspecto que preocupa en el presupuesto del MAG para 2024 es que no se está priorizando la producción nacional de alimentos, lo que deja a El Salvador en situación de dependencia de otras naciones.  

“Al depender de otros países entramos en ese juego del mercado y puede que los productos entren más caros al país, y las personas van a tener menos capacidad económica para solventar esta situación”, señaló Romero.  

Lo grave de la situación relacionada a la agricultura y alimentación también se ve reflejado en datos proporcionados por el Banco Central de Reserva, que en su boletín estadístico mensual del mes de septiembre reportó una caída de 1.5 % en el rubro de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, según el Índice de Volumen de la Actividad Económica. 

El economista César Villalona, en una entrevista televisiva del pasado mes de noviembre, expuso algunas de las razones de esta caída de la agricultura; entre ellas, la expropiación de tierra por parte del gobierno, inmigración de la población campesina, el encarecimiento de los productos necesarios para el cultivo de granos básicos y el recorte a programas en beneficio del sector agropecuario. 

Krissia Romero también mencionó que los proyectos que el MAG presentó como novedosos, entre ellos el Proyecto de Cultivo de Maíz de Alto Rendimiento y el Programa RECETO, tampoco se vieron materializados en el territorio. 

Un desfile de ministros y viceministros

El financiamiento del Ministerio de Agricultura no es lo único que ha sido inestable en el quinquenio de Bukele. Por el ministerio han pasado hasta cuatro ministros y cinco viceministros, siendo una de las instituciones con más cambios de sus titulares junto al Ministerio de Hacienda. En ninguno de los cuatro gobiernos anteriores al de Nayib Bukele se dio una situación similar. Lo más cercano fue durante el periodo presidencial de Mauricio Funes, cuando estuvieron en el cargo Manuel Sevilla (del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2010), José Belarmino López (del 31 de mayo de 2010 al 5 de septiembre de 2012) y Pablo Ochoa (del 5 de septiembre de 2012 al 1 de junio de 2014). 

Bajo la actual administración del gobierno, Pablo Anliker fue el primero en estar al frente del MAG y fungió durante la emergencia sanitaria por Covid-19. En ese periodo fue señalado por actos de corrupción, como el caso de $23 millones utilizados para hacer compras de granos básicos para los paquetes alimentarios que no fueron notificados en un inicio a la Asamblea Legislativa, violando así los artículos 228 y 131, numeral 8, de la Constitución. Anliker fue citado por la Comisión de Hacienda para justificar el uso de estos fondos, pero nunca llegó a brindar su declaración. 

Por el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación a finales de 2020. Meses después, la Corte de Cuentas de la República (CCR) también indicó que se realizaron compras de alimentos por un monto de $105 millones y el ministro reportó más productos de lo que en realidad recibió. Anliker llegó a pedir hasta tres prórrogas a la CCR para presentar informes sobre el uso de fondos durante la pandemia. También enfrentó cuestionamientos por la distribución de atún enlatado elaborado por una empresa vinculada con ilegalidades en México, incluso, catalogada como empresa fantasma por las propias autoridades fiscales mexicanas. 

El 7 de abril de 2021, Anliker fue degradado de ministro a viceministro del MAG, cargo en el que se mantuvo por solo un mes. El presidente Nayib Bukele nunca brindó las razones por las que realizaron ese cambio. 

En julio de ese mismo año, Anliker figuró en la Lista Engel, publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señalado por actos de corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal. 

Quien sustituyó a Pablo Anliker en el puesto de ministro fue David Martínez y se mantuvo al frente de la institución hasta el 9 de marzo de 2022 cuando presentó su renuncia. Tras esta acción, Enrique Parada Rivas fue nombrado ministro interino y fue titular de esta cartera del Estado durante los siguientes nueve meses. El 14 de diciembre de ese mismo año se hizo oficial el nombramiento de Óscar Enrique Guardado como nuevo ministro, quien hasta ese momento se desempeñaba como viceministro ad-honorem. 

El cargo de viceministro también ha sufrido múltiples cambios. El primero en ostentar dicho cargo fue el exdiputado por el partido GANA, Rigoberto Soto, quien renunció en noviembre de 2020 para volver a competir por un puesto en la Asamblea Legislativa en las elecciones de febrero de 2021. Tras el efímero paso de Pablo Anliker como viceministro entre abril y mayo de 2021 llegó el turno de Marta Lilian Pacas, quien se mantuvo en el cargo hasta mayo de 2022. En ese punto fue nombrado quien ahora es el actual ministro Óscar Enrique Guardado. Dejó el puesto libre en diciembre de ese año y en la primera semana de enero de 2023 Nayib Bukele nombró al quinto viceministro de su mandato: Óscar Alejandro Domínguez Ruiz.

Domínguez Ruiz, fue capturado en 2015 y acusado por supuestamente clonar los sitios web de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en donde se compartía información falsa haciendo uso de los logotipos de ambos periódicos. Además, según su hoja de vida, Domínguez no cuenta con ninguna experiencia previa en la rama de agricultura y ganadería que le califique para ostentar el cargo de viceministro. De hecho, su formación académica se reduce a un ciclo en Técnico de Ingeniería en Sistemas y un diplomado en dibujo técnico.