Faltan pocos días para el evento principal de las elecciones más fraudulentas de la historia democrática salvadoreña, que iniciaron formalmente el pasado 6 de enero con la votación electrónica de la población en el exterior para elegir presidente y diputados de la Asamblea Legislativa. Se trata de los comicios menos transparentes, menos justos y menos democráticos desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

El momento es propicio para señalar los hechos más relevantes del fraude, con el propósito de dejarlos registrados en esta terrible historia que leerán incrédulas las generaciones venideras y de la que también se avergonzarán muchos votantes actuales del oficialismo que se arrepentirán cuando la realidad supere a la propaganda, la razón termine con el dominio de las emociones y la mayoría de la población engañada deje de ser seguidora y se convierta en ciudadanía crítica, responsable y digna.

El primer elemento de fraude es -sin duda- la reelección ilegal del actual Presidente Nayib Bukele, quien obtendrá un segundo mandato consecutivo violentando flagrantemente varios artículos de la Constitución de la República que lo prohíben directamente: el Artículo 75 suspende los derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección presidencial continua; el Artículo 88 obliga a la alternancia en el ejercicio de la Presidencia de la República; el Artículo 131 manda a la Asamblea Legislativa a destituir al Presidente si éste permanece en el cargo después de haber terminado su mandato; el Artículo 152 prohíbe al Presidente ser candidato presidencial; y el Artículo 154 limita el período presidencial a cinco años y establece que el Presidente “no puede quedarse ni un días más”. 

A estos artículos se suman otros que indirectamente también prohíben la reelección presidencial: el célebre Artículo 87 que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección cuando haya sido alterado el orden constitucional; el Artículo 235 obliga a los funcionarios públicos a cumplir su juramento de respetar la Constitución; y el Artículo 248 que prohíbe reformar las disposiciones constitucionales referidas a la forma de gobierno, al territorio de la República y a la alternancia en el ejercicio de la Presidencia.

Además, al agregar los artículos 153, 156 y 168 (referidos a la “irrenunciabilidad del Presidente de la República” y al nombramiento de los designados presidenciales), violentados con la aprobación de la “licencia” de Bukele para “ausentarse” del cargo y la supuesta designación de su secretaria privada como “presidenta en funciones”, se constata que el múltiple fraude constitucional supera la decena de artículos transgredidos por Bukele y sus secuaces en la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

Ningún presidente de la posguerra llegó tan lejos y el último gobernante autoritario en reelegirse antes de Bukele fue el general Maximiliano Hernández Martínez noventa años atrás. El “martinato” duró doce años (1932-44) y marcó el inicio de la serie de atroces dictaduras militares que sometieron al país durante cinco décadas. La autocracia de Bukele y sus hermanos no se sabe cuánto tiempo durará ni cómo terminará.

El segundo aspecto fraudulento es el régimen de excepción. Ninguna elección después de la guerra civil (1980-92) se realizó bajo un estado de suspensión de garantías constitucionales que -como ahora- permitiera al gobierno de turno no rendir cuentas, mantener un estado policial militar, violentar derechos humanos y atemorizar a la gente con que si gana la oposición o el oficialismo pierde su mayoría legislativa “las pandillas volverán a extorsionar, violar y asesinar en las comunidades que antes controlaban”.

A finales de marzo de 2022 el gobierno inició una ofensiva contra el eslabón más bajo de las pandillas y disminuyó su accionar en la mayor parte del territorio nacional, pero ha vulnerado los derechos a miles de personas inocentes, especialmente jóvenes y adultos pobres que residen en zonas marginales. Según el Socorro Jurídico Humanitario, de las más de 70,000 personas capturadas, al menos 20,000 no tienen vínculos con pandillas. Centenares de estos detenidos han fallecido en las cárceles a manos de custodios y policías o en hospitales después de ser vapuleados en los centros penitenciarios.

Mientras mantiene a miles de inocentes encarcelados en condiciones infrahumanas, el régimen de los Bukele se niega a extraditar a jefes de pandillas reclamados por Estados Unidos. Uno de ellos, Elmer Canales Rivera, conocido como “Crook”, incluso fue liberado ilegalmente de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca donde cumplía una condena de 40 años, fue armado con una pistola, alojado en un apartamento de lujo en San Salvador y luego llevado hasta Guatemala por un funcionario gubernamental. 

En noviembre pasado este cabecillas de la Mara Salvatrucha-13 fue capturado en México por autoridades estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora el gobierno salvadoreño no ha dado ninguna explicación sobre sus favores a este criminal, aún cuando -en audios publicados por el semanario digital El Faro- Carlos Marroquín, director de Tejido Social del Ministerio de Gobernación, admitió que él personalmente llevó a Crook a Guatemala y afirmó que “Batman” (supuestamente refiriéndose al presidente Bukele) estaba al tanto del asunto.

Recientemente también se supo que el gobierno intentó recapturar a “Crook” con el objetivo de anticiparse a Estados Unidos, para evitar su extradición y para dar un golpe mediático antes de las elecciones de febrero. La fallida conspiración, coordinada directamente por un alto mando de la Policía Nacional Civil (PNC), involucraba a otro cabecilla de pandillas y a un peligroso cártel mexicano, a los que el gobierno pagaría 1.3 millones de dólares por el “Crook” vivo o muerto.

Ante tan grave y vergonzoso escándalo, Bukele respondió en sus redes sociales que la publicación periodística es “un ataque de los medios de (George) Soros”. En los audios publicados por El Faro, el inspector policial a cargo de la delictiva operación habla en nombre de “el patrón” y un “mandamás” que podría ser el director de la Policía, el ministro de Seguridad Pública o el propio presidente Bukele.

El tercer elemento de fraude es el conjunto de reformas de ley orientadas a “marcar la cancha electoral” a favor del oficialismo y a cerrarle cualquier espacio a la oposición. Una de las más importantes fue la reducción de 84 a 60 diputaciones y el cambio de la fórmula para asignar los escaños, con lo cual se quitó posibilidades a los partidos minoritarios (todos los partidos de oposición hoy son minoritarios) y asegura al gobernante partido Nuevas Ideas no solo mantener la actual súper mayoría parlamentaria, sino -incluso- convertirse en único partido con representación en la próxima legislatura.

Esto se traduciría en el poder total para Bukele y el clan familiar que gobierna con él, ya que le permitiría aprobar las leyes que quiera, hacer una nueva constitución a la medida de sus delirios dictatoriales, obtener todo el financiamiento que desee y nombrar a los funcionarios más afines, dóciles y serviles, sobre todo al Fiscal General y a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como ya lo hizo el 1o. de mayo de 2021.

El efecto de reducir la cantidad de curules se agrava con la concentración de los votos de la diáspora (mayoritariamente oficialista) en San Salvador, el departamento que cuenta con más diputaciones. Y esto, a su vez, tiene un agravante peligroso: la votación desde el exterior se realiza mediante un dudoso mecanismo electrónico -sin la debida vigilancia, control, medidas de seguridad y auditoría- que podría conducir a un fraude todavía mayor, tal como advierte la iniciativa de veeduría ciudadana VOTANTE.

Otra reforma perniciosa es la que eliminó de un plumazo 218 municipios, en la mayoría de los cuales el bukelismo preveía perder las elecciones debido a la mala gestión de sus alcaldes. La nueva distribución municipal, que redujo a sólo 44 las alcaldías y no respondió a ningún criterio técnico ni de consulta ciudadana, también parece diseñada para asegurar el control territorial de Nuevas Ideas. 

Entre las reformas fraudulentas también está la que permitirá votar a más de 600,000 personas con Documento Único de Identidad vencido. Además, una serie de modificaciones al Código Electoral, como la que eliminó la prohibición de cambiar las reglas electorales a menos de un año de los comicios, lo cual significa que el oficialismo aún podría modificar la ley electoral si lo considera necesario.

El cuarto aspecto fraudulento es el sometimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los designios del oficialismo, expresado claramente en su decisión de inscribir la candidatura inconstitucional de Bukele, alegando que “las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento”, como si la Sala actual fuera legítima y como si ésta pudiera emitir fallos que violen la Constitución.

Previo a la aprobación de la candidatura inconstitucional de Bukele, el magistrado Julio Olivo Granadino declaró en la entrevista del canal TVX que “había temor en la mayoría de magistrados del TSE”. Al respecto vale recordar que, según publicó la revista digital Gato Encerrado, en septiembre de 2021 los magistrados electorales fueron citados a Casa Presidencial donde el asesor jurídico Javier Argueta los habría conminado a acatar la “resolución” de la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo que autorizaba la reelección de Bukele.

El TSE también permitió la campaña adelantada del oficialismo, inscribió a partidos afines al gobierno que no cumplieron requisitos, cometió irregularidades en la contratación de la empresa responsable de la transmisión de los resultados electorales y ha propiciado serias dudas sobre la votación electrónica. El ente electoral, además, organizó los comicios colocando en la misma fecha la elección presidencial y la legislativa para que la popularidad del inconstitucional candidato presidente tenga “efecto de arrastre” y favorezca a los impresentables candidatos a diputados del partido oficial. 

A la falta de independencia del TSE se agrega el control del oficialismo sobre el resto de instituciones públicas, entre éstas algunas que también son importantes en el desarrollo del proceso electoral, especialmente la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No hubo una elección en la historia reciente del país donde el gobierno o -mejor dicho- el presidente de turno ejerciera un control absoluto y férreo sobre la institucionalidad estatal.

Para terminar, el quinto elemento de fraude tiene que ver con el uso descaradamente intransparente y abusivo de los fondos y recursos públicos en función de los objetivos electorales del oficialismo, violando la Constitución, el Código Electoral y otras leyes. Desde que inició, el gobierno de Bukele ha mantenido una permanente campaña propagandística y puede utilizar impunemente todo el dinero público que quiera porque ha bloqueado el acceso a la información y no existen mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y prevención de la corrupción. 

Nadie sabe, por ejemplo, a cuánto asciende el costo real de la gigantesca maquinaria de comunicación oficialista que incluye un canal de televisión abierta, tres emisoras de radio, un periódico impreso, decenas de medios digitales, cientos de “granjas de troles” o “cuartos de guerra comunicacional” y miles de “influencers”, “yuotubers”, “tiktokeros” y demás replicadores de la omnipresente propaganda gubernamental. Sumado a esto el pago de asesores, lobistas y publicidad a medios privados que son afines o están sometidos a la agenda y narrativa oficial.

La utilización de las cadenas de medios de comunicación como herramientas de propaganda, también es otro abuso de recursos públicos con fines electorales. El derecho que la Ley de Telecomunicaciones establece al Presidente de la República a realizar cadenas nacionales de radio y televisión para “transmitir mensajes importantes o urgentes a la población”, poco o nada tiene que ver -por ejemplo- con transmisiones propagandísticas como la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional donado por el gobierno de China.

Y mientras disponía de todos los recursos del Estado para hacer campaña, el gobierno de Bukele saboteó financieramente a los partidos de oposición negándoles los fondos de la deuda política que por ley el Ministerio de Hacienda debía entregarles a tiempo. Esto, más la ausencia  notoria de donantes de esos partidos, hace que -en la práctica- exista una sola campaña electoral: la del oficialismo.

Finalmente, durante las últimas dos semanas antes de las elecciones, el gobierno entregó paquetes de alimentos por todo el país con el claro propósito de aprovechar el hambre y la miseria de cientos de miles de familias salvadoreñas para comprar la voluntad en sus votantes. El reparto incluyó harina de trigo y sacos de arroz donados por China, país al que antes Bukele criticó y consideró un socio “no confiable”.

Sean, pues, bienvenidos y bienvenidas a las elecciones más fraudulentas de la historia democrática salvadoreña.