Política
Bukele reemplaza a su secretario jurídico, el hombre de confianza que dirigió el golpe al Poder Judicial
Nayib Bukele inició su segundo quinquenio reemplazando a su secretario jurídico, Conan Castro. En su lugar, fue nombrado el abogado Adolfo Muñoz, quien participó en el equipo del vicepresidente Félix Ulloa para diseñar una nueva Constitución. Conan Castro, quien ahora deja el cargo, fue el principal operador del golpe al Poder Judicial en 2021, cuando la Asamblea bukelista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y luego los sustituyó con abogados afines al oficialismo. Por estas acciones, Estados Unidos lo sancionó y lo incluyó en su lista de corruptos por socavar la democracia en El Salvador. Además de este cambio, la Presidencia anunció que el diputado oficialista Rodrigo Ayala presidirá la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest). Los demás funcionarios y ministros del gabinete siguen al frente de las instituciones sin un nombramiento público.
Por Eugenia Velázquez
Junio 5, 2024
Tras cuatro días de silencio, luego de que Nayib Bukele se quedó en el poder para un segundo periodo consecutivo de forma inconstitucional, la Presidencia de la República anunció los dos primeros cambios en el gabinete del nuevo quinquenio 2024-2029 y detalló que de momento no habrá más movimientos en el gabinete, lo que supone que los ministros y funcionarios de las diferentes carteras de Estado también siguen al frente de las instituciones sin haber sido nombrados oficial y públicamente.
Exactamente a las 6:00 de la mañana del 5 de junio, a través de la plataforma X, Casa Presidencial publicó que el abogado Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros se convirtió en el nuevo Secretario Jurídico de la Presidencia de la República. Muñoz era asesor jurídico del vicepresidente Félix Ulloa y formó parte del equipo Ad Hoc que diseñó la propuesta para una nueva Constitución que Bukele recibió en septiembre de 2021, pero que todavía no ha enviado a la Asamblea para su aprobación.
Desde que Bukele llegó al poder en 2019, la Secretaría Jurídica de la Presidencia estuvo a cargo de Conan Tonathiú Castro, un hombre de su confianza y quien fue el principal operador de la destitución ilegal de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2021 y uno de los funcionarios bukelistas sancionados por Estados Unidos por cometer actos de corrupción y socavar la democracia en El Salvador. Una investigación de GatoEncerrado reveló las amenazas que hizo Castro a los magistrados destituidos y cómo dirigió toda la campaña para imponer como magistrados a abogados afines al bukelismo.
Otra investigación periodística detalló que Conan Castro admitió en su declaración patrimonial que tenía un salario oculto mensual de $8,000, a pesar de que su cargo como secretario jurídico era ad honorem (sin goce de sueldo). Justificó que ese pago era por asesorar a Bukele y no por su cargo oficial.
Conan Castro también fue gerente legal de la alcaldía de San Salvador en la gestión de Bukele (2015-2018) y representante legal del partido oficialista Nuevas Ideas.
Ser parte desde el inicio del proyecto político que posibilitó los procesos de transformación de #ElSalvador, no tiene precio.
— ConanCastro (@CONANCASTRO2) June 5, 2024
Gracias, presidente @nayibbukele , por tu confianza para acompañar este proyecto de nación que hoy se está convirtiendo en realidad, y que…
El otro nombramiento que anunció la Presidencia fue el del diputado oficialista y segundo vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Ayala, a quien se le encomendó dejar la diputación para presidir la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), en sustitución de Salvador Gómez Góchez.
En junio de 2021, en una comisión legislativa que investigaba los sobresueldos, el expresidente Antonio Saca reveló que el padre de Rodrigo Ayala, Eduardo Ayala Grimaldi, fue unos de sus exfuncionarios que recibieron sobresueldos de la partida de gastos reservados.
Rodrigo Ayala también fue quien introdujo en la Asamblea Legislativa la primera petición formal de reforma al artículo 248 de la Constitución, el pasado 29 de abril. Esto fue aprobado con los votos de los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC. Esta modificación, en palabras sencillas, abre la puerta a más reformas constitucionales que pueden ser aprobadas y ratificadas en una misma legislatura, cuando anteriormente las enmiendas a la Constitución debían ser aprobadas en una legislatura y ser ratificadas en la siguiente.
La institución que dirigirá Ayala fue creada en sustitución de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Proesa). De acuerdo con una publicación oficial del sitio “Invest in El Salvador”, del 13 de noviembre de 2023, Gómez Góchez promovió las relaciones comerciales entre El Salvador y China, país que construyó la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) y está apoyando otros megaproyectos de Bukele.
En su discurso del 1 de junio, Bukele prometió que el reto para su nuevo periodo será mejorar la economía; sin embargo, no dijo cómo lo piensa hacer ni qué medidas tomará el gobierno para minimizar la crisis que atraviesan las familias salvadoreñas. Lo único que explicó es que la población tenía que obedecer sus indicaciones y tomar “medicina amarga” sin quejarse. Según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), El Salvador alcanzó su nivel más alto en seis años, sumando 55,097 salvadoreños más en condición de pobreza en 2023.
Del resto de nombramientos de ministros y presidentes de instituciones autónomas aún no se sabe nada públicamente. En el comunicado oficial, Casa Presidencial se limitó a decir que “el presidente Bukele informará paulatinamente, durante los próximos meses, todos los cambios necesarios que se realizarán en el gabinete y en la estructura ministerial”.
El Presidente @nayibbukele realiza los primeros cambios del Gabinete de Gobierno y ha juramentado a @AdolfoGMunoz como Secretario Jurídico de la Presidencia y a @rodrigoayalasv como Presidente de INVEST. pic.twitter.com/jMqiKFDDR5
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) June 5, 2024
Mientras tantos, los funcionarios han seguido al frente de las instituciones como si el periodo para el que fueron nombrados no ha acabado. Incluso sigue como ministro el de Trabajo, Rolando Castro, quien hace unos meses aseguró que ya no continuaría en el cargo durante el segundo Gobierno de Bukele, pero hasta este 6 de junio, en la cuenta de X todavía mantenía su puesto como “Ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador” y aparece en fotografías de reuniones con parte de su equipo.
El 28 de noviembre de 2023, en una reunión con su gabinete, en la que también fue invitado el fiscal general Rodolfo Delgado, Bukele advirtió a sus funcionarios que serían investigados para descubrir si han cometido actos de corrupción.
“El gobierno continuará fiscalizando el quehacer de los funcionarios y el manejo que realicen de los recursos públicos, para prevenir irregularidades y deducir responsabilidades en caso de infringir la ley”, reza el comunicado oficial de este 5 de junio, que sigue en sintonía con lo que Bukele advirtió aquel 28 de noviembre del año pasado.
El documento que publicó Casa Presidencial también señala que “el resto de funcionarios del gabinete saliente (2019-2024) se mantienen, hasta los próximos anuncios, en sus cargos”.
¿Mantener a los funcionarios en el cargo sin un nombramiento oficial y público es legal?
El abogado experto en administración pública, José Marinero, explicó a GatoEncerrado que la falta de evidencia de que exista un nombramiento oficial de los mismos funcionarios es un problema menor en comparación a la ilegalidad que comete Nayib Bukele al quedarse en el poder a través de una reelección inconstitucional. Para Marinero, no se trata ni siquiera de un segundo mandato, sino de la “ampliación” del único mandato que ganó de forma legítima en las elecciones de 2019. Ese mandato debía haber terminado el 31 de mayo, como lo indica la Constitución en su artículo 154, y con ese mandato también tenía que haber cesado el trabajo de los funcionarios.
“Al tratarse de un gobierno que ha impuesto la ampliación de su mandato, que se ha quedado en el poder a la fuerza, esas discusiones se vuelven un poco bizantinas (artificiosas), porque si el origen del gobierno es ilegítima, el cumplimiento de esta normativa que serían secundarias, viene siendo en relación al pecado de origen, una problemática menor”, apuntó Marinero.
Eduardo Escobar, experto en transparencia, agregó que los funcionarios no pueden estar operando sin un nombramiento oficial, por lo que debería de existir algún respaldo jurídico, a pesar de no haberlo hecho público.
“Tendría que haber un respaldo jurídico, no sabemos bajo qué figura lo han hecho, si se emitió un nuevo decreto ejecutivo que le amplía el periodo, no sé qué figura han usado, por el tema que estas personas que estaban ocupando los ministerios tienen que tener la investidura como tales, para poder refrendar cualquier tipo de acto que en el ministerio se ejecute. De hecho, en el consejo de ministros, ¿cómo me voy a poder reunir si no estoy nombrado como ministro? No creo que hayan dejado tanto a la deriva el tema de los ministros, tiene que haber una situación jurídica que le dé esa investidura de manera temporal a quienes eran los ministros y que ahora continúan en el cargo”, dijo Escobar, en la entrevista Frente a Frente de TCS.
Marinero agregó que la falta de información sobre el nuevo gabinete es un acto sintomático del papel que juegan los funcionarios del bukelismo.
“Creo que nunca antes en la vida democrática, a partir de 1992 (año en que se firmaron los Acuerdos de Paz, tras 12 años de conflicto armado para derrocar a la dictadura militar), habían sido tan irrelevantes los nombres de las personas que ocupan las carteras de Estado y presidencias de las oficinas descentralizadas. La razón es bien clara, las decisiones verdaderamente importantes no las han tomado ellos (ministros) en 5 años y ahora tampoco las tomarán. Las decisiones no solo han estado concentradas en Casa Presidencial, sino que además han estado mediadas por un aparato de intermediarios en que figuran los asesores venezolanos, pero sobre todo la familia de este señor (Bukele)”, explicó Marinero.
Un claro ejemplo de lo que menciona Marinero es lo que se observó el 1 de junio en la toma ilegítima de posesión de la Presidencia que hizo Bukele, los diputados de Nuevas Ideas fueron convocados a la Sesión Solemne de Investidura, pero su papel se redujo a quedarse encerrados en el Teatro Nacional. No fueron partícipes de la imposición de la banda presidencial que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, colocó a Bukele en el Palacio Nacional. Tampoco asistieron ninguno de los funcionarios y ministros ni del gabinete de gobierno.
“Me parece que es muy similar a lo que sucede con los diputados del oficialismo, son tan irrelevantes para quien ejerce hoy el poder, que ni siquiera los dejó figurar en la puesta en escena el 1 de junio. Es vergonzoso, los dejó encerrados en el Teatro Nacional. Es precisamente lo que pasa en una dictadura, el poder se rodea de agentes dóciles y perfectamente intercambiables. Un día pueden ser diputados, otro día la cabeza de una institución pública y otro día pueden salir por la puerta de atrás de un puntapié”, ilustró Marinero.
