El operador principal del golpe de 2021 fue uno de los funcionarios de máxima confianza del presidente Bukele: su secretario jurídico. Conan Castro hasta forzó a una magistrada a llevarle la carta de renuncia a Casa Presidencial. Uno secundario fue un magistrado que, lejos de respaldarles, presionó a sus colegas para ayudar a consolidar el golpe después de 48 horas de acoso y amenazas. Esta historia reconstruye la caída de la Sala de lo Constitucional.
Por Jéssica Ávalos* | Octubre 3, 2023
Edición: Ricardo Vaquerano
El celular del magistrado Óscar Pineda sonaba insistentemente, pero el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador no contestaba: no acostumbra responder llamadas de números desconocidos. Era la noche del domingo 2 de mayo de 2021 y habían pasado 24 horas desde que la Asamblea Legislativa había decretado destituirlo a él y a los otros cuatro magistrados de lo constitucional. Afuera de su residencia se había estacionado un vehículo de la Policía Nacional Civil con varios agentes armados. Y mientras Pineda dejaba sonar su teléfono, en otro punto del Área Metropolitana de San Salvador sonaba el celular de uno de sus colaboradores, que recibía una llamada del mismo número y él sí atendía la llamada. Una voz de hombre habló al otro lado y se identificó como Conan Castro, secretario jurídico del presidente Nayib Bukele. Castro le pidió que persuadiera a su jefe de atenderle una llamada. Y Pineda, tras hablar con su colaborador, accedió. Por eso cuando volvieron a llamarle de ese número, tomó la llamada. Castro le pidió que se reunieran en persona. La reunión se concretó el lunes 3 de mayo, al mediodía, en una residencia en la colonia Escalón, y Castro solo le pidió una cosa a Pineda: su renuncia.
En aquella reunión, Castro, que carecía de atribuciones legales para pedirle la dimisión a Pineda, le entregó una hoja de papel: era una especie de formulario que debía llenar para renunciar al cargo de presidente de la Sala. Para entonces, y desde el sábado 1 de mayo, ya habían renunciado bajo un acoso que incluía amenazas e insultos, tres de los cinco magistrados de lo Constitucional. Para que sea un acto legal, un magistrado de la Corte Suprema solo puede renunciar ante la Asamblea Legislativa y esta solo puede destituirlos tras un proceso de antejuicio. La noche del 1 de mayo la nueva legislatura, una vez emitió el decreto de destitución de la Sala de lo Constitucional, nombró a los magistrados sustitutos.
Ante aquel panorama, Pineda no opuso más resistencia. La única condición que planteó para rendirse fue que cesara la hostilidad: que la Presidencia de la República ordenara retirar la patrulla policial apostada desde un día antes frente a su casa. Se negó a usar el formato de renuncia que le entregó Castro y esa misma noche envió su carta a la Asamblea, en la que escribió: “Debido al acontecimiento político-partidario y que no se cuenta con las garantías mínimas para ejercer el cargo (…) he tomado la decisión de renunciar”.
Así estrenó su poder el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, en su primer día en la Asamblea Legislativa, y con mayoría absoluta en la primera sesión de la legislatura 2021-2024. Así derrocó el presidente Bukele a aquel tribunal que hasta entonces le había contenido en sus abusos, arbitrariedades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Así culminó Bukele su campaña de meses contra aquel quinteto que desde 2020 se había convertido en el blanco predilecto de sus diatribas y mentiras después de que le declararon inconstitucionales varias de sus decisiones excesivas y abusivas durante la pandemia de covid-19.
Esta historia reconstruye el rol de los principales peones de Bukele en el sitio de 48 horas contra aquella Sala de lo Constitucional, entre los cuales destaca el secretario jurídico de la presidencia. Conan Castro no solo acosó a algunas de las personas derrocadas, sino que también estuvo presente en la sesión de instalación de la nueva Corte Suprema, a la que instruyó sobre los nombramientos que debía hacer para llenar magistraturas vacantes, y hasta se atrevió a suplantar a la Asamblea Legislativa al recibir en las oficinas de Casa Presidencial la renuncia de una de las magistradas destituidas.
Esta reconstrucción fue posible gracias a las declaraciones de tres magistrados y exmagistrados de diversas salas, al testimonio de uno de los magistrados removidos, y a entrevistas “off the record” con tres exasesores de la Sala de lo Constitucional y con un miembro del cuerpo diplomático. Rol protagónico tuvieron, aparte del presidente Bukele -quien siempre ha reivindicado el jaque mate a la Sala de lo Constitucional como una jugada suya-, un asesor jurídico de Casa Presidencial, la jefa de Comunicación Institucional en la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, el magistrado Óscar López Jerez, actual presidente de la Corte Suprema, y el secretario jurídico de Bukele, quien tuvo a su cargo las tareas principales en los momentos más importantes.
Después del golpe los exmagistrados se han reunido en varios momentos y han compartido entre ellos sus experiencias durante aquellas 48 horas. Una fuente que tuvo conocimiento de las llamadas de presión que recibían y que atestiguó algunas de las reuniones en que se pedía las renuncias, asegura que Conan Castro explicaba que al exigirles la dimisión estaba cumpliendo un encargo del presidente Bukele.
Magistrados quedan en soledad
La tarde del golpe, el magistrado Carlos Sánchez estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rosales. Su hija llevaba dos semanas ingresada a causa de la covid-19, y tenía un pulmón perforado y hemorragia por neumonía. Eran casi las seis de la tarde cuando sonó el timbre del celular de su esposa. La mujer contestó. Le llamaba un colaborador judicial porque Sánchez no usaba teléfono celular, y le pidió que se lo comunicara porque había una emergencia. Sánchez tomó el teléfono de su esposa, se separó unos pasos y atendió la llamada. Lo que escuchó le aceleró la respiración: debía irse de inmediato para la Corte Suprema de Justicia porque la nueva Asamblea Legislativa había comenzado el proceso para destituirlo a él y a los otros cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Media hora antes, a las 5:30 de la tarde, la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea por Nuevas Ideas, pidió una dispensa de trámite ante el pleno para iniciar el derrocamiento de la Sala de lo Constitucional. Sus compañeros le aplaudieron y se pusieron de pie al escuchar la petición. Luego la diputada Elisa Rosales, secretaria de la Asamblea, leyó la pieza introducida por Callejas con la que intentaban justificar el golpe a la sala: “Ante las múltiples sentencias antipopulares de la Sala de lo Constitucional, cuyo análisis abordaremos más adelante (…) Consideramos que los magistrados han generado con sus sentencias arbitrarias un fraude a la Constitución”.
Aquella tarde del 1 de mayo de 2021, al colaborador judicial le tomó media hora llegar al Hospital Rosales a recoger al magistrado Sánchez. Se condujeron al palacio judicial, en San Salvador, pero al llegar a la calle de acceso, que separa al edificio administrativo de la Corte de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, se toparon con una barricada y numerosos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Intuyeron peligro y viraron en U. Un empleado de la Sala de lo Constitucional entonces les informó que sesionarían en el Centro Judicial de Santa Tecla, unos 10 kilómetros al oeste.
Alrededor de las 7:00 de la noche se juntaron en el salón de usos múltiples, en la segunda planta del centro judicial, los magistrados Sánchez, Aldo Cáder, Marina de Torrento, Sergio Avilés y el presidente de la sala, Armando Pineda. Por las prisas, ninguno había llevado computadora, así que tuvieron que esperar a conseguir una para comenzar a redactar el borrador de una resolución. Dos colaboradores buscaron papel y una impresora.
“Lo que más me impresionó de ese momento fue ver el casi nulo apoyo que teníamos del aparato administrativo y de seguridad de la Corte, la ausencia total de las jefaturas. Eran pocas personas las que habían llegado a apoyarnos”, relata Sánchez.
Pidieron apoyo a la Dirección de Comunicaciones, al director de seguridad y protección judicial, César Galo, pero nadie les contestó. El personal de seguridad, una división que depende de la PNC, había dejado de responderles las llamadas el mismo sábado. El jefe del Departamento de Seguridad de la Corte, Manuel Henríquez, también les dio la espalda. Ni siquiera al mismo presidente de la institución le atendían las llamadas, según recuerda uno de sus asistentes. Y no eran los únicos que les dejaban en visto en aquella emergencia. Un excolaborador de la Sala y otras fuentes aseguran que aquella noche también buscaron apoyo en la embajada de Estados Unidos. Una de las fuentes precisó que lo que solicitaron con desesperación fue que les permitieran reunirse en una sala en las instalaciones diplomáticas, pero que les respondieron que eso era imposible. Por eso se trasladaron a Santa Tecla.
Mientras redactaban, encendieron un televisor que estaba disponible en el salón y sintonizaron la transmisión de la sesión plenaria de la Asamblea, donde estaban procesando la solicitud de destitución. Frente al televisor, cruzados de brazos, los magistrados escuchaban la justificación de los diputados. “Era patente la soledad en la cual nos encontrábamos, era devastador advertir que el personal de apoyo y de seguridad de la Corte no estuviera presente”, dice el exmagistrado Sánchez.
Los diputados iniciaron el proceso para acabar con la Sala de lo Constitucional con dispensa de trámite, es decir, sin que la moción presentada por la diputada Suecy Callejas pasara antes por una comisión legislativa.
El turno de la petición de Callejas llegó a las 7:00 de la noche, cuando comenzó la “discusión” en el pleno. En realidad no se discutió nada, sino que la bancada controlada por Bukele insistió en que la Sala había mostrado “arrogancia autoritaria” con una serie de “sentencias antipopulares” y, a partir de esto, concluían que habían hecho fraude a la Constitución. Tras una hora con 18 minutos de arengas contra la Sala, votaron en favor del derrocamiento. La legislatura dijo que el artículo 186 de la Constitución les daba la atribución de remover a los magistrados.
El artículo 186 de la Constitución dispone que la Asamblea Legislativa puede destituir a magistrados de la Corte Suprema, siempre y cuando se atienda a causas previamente tipificadas en la ley. Ese fue uno de los argumentos de los magistrados destituidos y especialistas del derecho tanto locales como internacionales, para declarar la ilegalidad de la destitución: ni la Ley de la Carrera Judicial ni ninguna otra normativa incluyen una lista de razones para la destitución. Para el día del golpe, la Ley de la Carrera Judicial solo incluía las causales de destitución para jueces de instancias inferiores.
“Era pavoroso escuchar sus intervenciones y alocuciones, y los argumentos que citaban para justificar la destitución de la Sala. Fue una profunda decepción ver cómo abogados que son legisladores pueden torcer toda la interpretación de las normas”, dice Sánchez, quien no podía dar crédito a lo que presenciaba porque aquello era el mundo al revés. “Era evidente la usurpación de la función judicial que hacía la Asamblea para erigirse como el máximo intérprete de la carta magna”, cuenta.
En lo que duró el proceso, los miembros de la Sala de lo Constitucional experimentaron la soledad casi total: ni siquiera otros magistrados o magistradas de otras salas les acuerparon o defendieron.
Estaban viviendo sus últimas horas con la investidura de jueces máximos, a pesar de que aún les faltaban seis años de mandato. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional son elegidos para nueve años. La Sala elegida en 2018 finalizaría su período en 2027. El artículo 236 de la Constitución de la República establece que la Asamblea puede iniciar un antejuicio para removerles, pero debe escuchárseles y debe nombrarse un fiscal. Los legisladores de Nuevas Ideas se saltaron ese procedimiento.
Un golpe anunciado
La Sala de lo Constitucional se venía preparando para un intento de golpe desde un mes atrás. Nuevas Ideas arrasó en las elecciones de febrero de 2021 y obtuvo 56 escaños legislativos. Mayoría calificada. Justo dos tercios de las 84 sillas legislativas. Desde entonces, y dadas las rabietas y los discursos llenos de mentiras que Bukele dirigió repetidas veces contra los magistrados, estos temían que intentara destituirles.
La Sala estaba en la mira de Bukele desde la pandemia por covid-19. El presidente no disimuló su desprecio a las resoluciones de los magistrados y cuando determinaban que se había privado de libertad ilegalmente a decenas de ciudadanos, los cuestionó públicamente a tal punto que les acusó en cadenas de radio y televisión de sabotear sus medidas sanitarias porque, según él, querían que murieran muchas personas por covid-19. En algún momento llegó a anunciar que desacataría una de aquellas resoluciones.
“Está claro, los magistrados de la @SalaCnalSV no entienden 3 principios BÁSICOS (o no quieren entender $$$): 1. El derecho de uno termina, donde empieza el del otro”, publicó el funcionario en junio de 2020 en su cuenta de Twitter.
Está claro, los magistrados de la @SalaCnalSV no entienden 3 principios BÁSICOS (o no quieren entender $$$):
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 23, 2020
1. El derecho de uno termina, donde empieza el del otro.
Alguien puede tener derecho de ir a donde quiera, pero no si pone en riesgo el derecho a la vida del otro.
Con aquellos antecedentes, una vez el partido de Bukele ganó la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, los magistrados Aldo Cáder y Sergio Avilés fueron encargados de redactar un borrador de sentencia para neutralizar cualquier intento de remoción. No se confiaban, pero tampoco supieron calcular bien: creían que los legisladores intentarían destituirles pero mediante el proceso de ley, que tomaría semanas.
“Fuimos inexpertos en medir la arbitrariedad y la brutalidad con la que lo harían”, dice Sánchez, quien había estado ausente las tres semanas previas a la destitución. A inicios de abril había pedido permiso para poder estar con su hija, pero desde su casa estuvo revisando el borrador de la resolución que emitirían ante cualquier intento de destituirles. Por lo tanto, cuando llegó el día, ya tenían un trabajo avanzado.
Los magistrados finalizaron su resolución casi en simultáneo con la finalización de la sesión plenaria legislativa. La publicaron a las 8:30 de la noche. “Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa es inconstitucional en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”, resolvió la Sala en un documento titulado Mandamiento Número Uno.
En su resolución, incluyeron una serie de interpretaciones sobre lo que implicaba la decisión de destituirles de la forma en que lo estaban haciendo. “La Asamblea Legislativa ―cuya correlación política favorece al presidente de la República y cuyos diputados han mostrado, desde antes de su elección, que tendrían la función de seguir los lineamientos presidenciales― implica erradicar una barrera de control hacia el Ejecutivo y hacia sí misma”, advirtieron en aquel documento que rotularon Mandamiento Número Uno.
No pudieron publicarla en la cuenta oficial de Twitter de la Corte Suprema porque, según dos excolaboradores de la sala —y como suele suceder cuando hay golpes de Estado—, les estaban arrebatado el control de las comunicaciones institucionales. Cuando finalmente lograron publicarla en el sitio web oficial de la Corte, acordaron volver a reunirse previa coordinación telefónica.
Renuncias “Made in Capres”
La jugada del presidente Bukele para deshacerse de una Sala de lo Constitucional que le estorbaba terminó creando un nudo jurídico: por un lado, logró que sus legisladores destituyeran a la Sala de lo Constitucional, pero por el otro, su secretario jurídico Conan Castro se dedicó a acosar a los magistrados supuestamente destituidos para que renunciaran a sus cargos, como si reconociera tácitamente que las destituciones decretadas por la legislatura no tendrían efectos legales y por lo tanto era preciso forzarles a renunciar. Este caso aún está pendiente de resolución, pues está en manos del sistema interamericano de derechos humanos.
El acoso, que según las fuentes consultadas se acompañaba hasta de amenazas de represalias e insultos, dio frutos. El primero en renunciar fue el magistrado Aldo Cáder. Él publicó su renuncia a las 11:55 de la mañana del domingo 2 de mayo. “… Aunado a razones personales y familiares diversas, he tomado la decisión de renunciar irrevocablemente a mi cargo”, publicó en su cuenta de Twitter. Sus compañeros de sala dicen que se enteraron de su decisión en redes sociales.
La segunda fue Marina de Torrento. Presentó su renuncia después de las 8:00 de la noche del domingo. Su hija trabajaba en el Ministerio de Trabajo y las fuentes consultadas aseguran que su temor a que la despidieran aceleró su decisión de renunciar. También influyó que, según los entrevistados, los funcionarios que instigaron fueron más violentos con ella. Recibió insultos y gritos. La trataron, según el exmagistrado Sánchez, de una forma “despiadada, vulgar y deshumanizada” porque fue víctima de ataques misóginos en redes sociales.
Todos recibieron, por diferentes medios, un formato de renuncia enviado por Conan Castro. La renuncia de Cáder y la de Torrento tienen una redacción similar. Ambos exfuncionarios atribuyeron su renuncia a causas de la misma índole y hay oraciones o frases escritas de forma idéntica: “… aunado a razones personales y familiares diversas”.
Cartas de renuncia de cuatro de los magistrados
La magistrada de Torrento tuvo que presentar su renuncia en Casa Presidencial. Pese a que es la Asamblea la que elige a los magistrados y la que podría tramitar una renuncia, ella tuvo que llevarla a un despacho del Ejecutivo, porque así se lo exigieron los golpistas. Su renuncia la recibió el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, según ella misma relató a sus colegas.
Dos meses después, el secretario jurídico se convertiría en uno de los sancionados por Estados Unidos. Castro ingresó a la lista Engel en julio de 2021 porque “socavó los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general”.
El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo otorga 14 atribuciones al secretario jurídico, pero ninguna de ellas es presionar a magistrados de Corte Suprema para que renuncien. De hecho, la atribución número 2 del artículo 53-I del reglamento precisa que sí es atribución del secretario jurídico tramitar renuncias de funcionarios siempre y cuando su nombramiento sea competencia del Presidente de la República. La atribución 14 es la única que deja abierta la posibilidad de que Conan Castro estuviera haciendo su trabajo, siempre y cuando Bukele le hubiera encargado la misión de concretar el golpe: “14. Realizar cualquier atribución que le encomiende el Presidente de la República”.
Las fuentes que hablaron para este reportaje coinciden en que la renuncia de Torrento propició la caída del resto, porque para firmar inconstitucionalidades, como la que pretendía frenar el golpe, se necesitan cuatro votos. Ya sin ella solo tenían tres.
Las otras tres claves que explican por qué no resistió la Sala son que los magistrados no encontraron respaldo suficiente en el cuerpo diplomático; que carecían de la simpatía y apoyo decidido de la sociedad civil o de grupos empresariales como sí lo tuvo la Sala de 2009-2018, y que lejos de recibir el respaldo de los magistrados de las otras salas, uno de estos, López Jerez, incluso pareció haberse cambiado abiertamente al bando golpista.
La persecución policial
La mañana del domingo 2 de mayo, el magistrado Sánchez intentó comunicarse de nuevo con el personal de seguridad que se encargaba de transportarlo. “Como la persona que tenía asignada no había llegado a la casa, nos comunicamos para ver qué sucedía, informándome que nos habían retirado la seguridad, que tenían órdenes de no prestarnos asistencia y que los habían convocado en su unidad de seguridad”, relata.
Sánchez y su esposa fueron a misa por la mañana y después un familiar los llevó al Hospital Rosales. “Ese día ha sido uno de los más difíciles y tormentosos de mi vida, fue una verdadera pesadilla que aún me afecta emocionalmente”, dice Sánchez.
Llegaron al Hospital Rosales al mediodía. Al entrar, observó un movimiento inusual: policías uniformados y los que le parecieron otros vestidos de particular estaban apostados tratando de disimular, según él, su estancia en diferentes pasillos del hospital. Tuvieron que tomar un acceso diferente para llegar a la cama de su joven hija. Cuando finalmente lo lograron, recibieron dos llamadas. Primero les marcó la magistrada de Torrento y después el mismo colaborador que lo trasladó un día antes.
“Me dijeron que me tenía que ir inmediatamente del lugar, que la policía nos estaba buscando a todos los magistrados para capturarnos, que se había detectado en las casas presencia policial, y que era urgente que me fuera del lugar, que no me podía quedar ahí”, recuerda Sánchez, quien a lo largo de su carrera ha recibido cursos que le permiten detectar actividades policiales encubiertas.
También le dijeron que no podía volver a su casa, pues la PNC estaba rodeando las viviendas de los magistrados para capturarlos. Él y su esposa se despidieron de su hija y salieron por una ruta distinta a la que usaron para entrar. “La niña estaba desconsolada, no entendía por qué teníamos que irnos si acabábamos de llegar. Fue sumamente traumático tener que dejarla en esas condiciones”, relata el exmagistrado.
La Policía permaneció afuera de la casa del magistrado Pineda, de la de Carlos Sánchez, de la de la hija de Torrento y de la de los padres del magistrado Avilés.
“Se desató una persecución contra todos: hubo llamadas telefónicas coaccionándonos a todos para que presentáramos la renuncia porque ellos sabían, estaban claros, que el mandamiento que habíamos emitido había surtido efecto”, señaló Sergio Avilés, otro de los magistrados destituidos, durante un conversatorio en la UCA en abril de 2022.
El mismo día del golpe, el 1 de mayo de 2021, la PNC envió agentes a las afueras de la Asamblea y de la Corte Suprema. De la mano del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), la Policía Nacional Civil se tomó el Palacio Judicial poco después de que la Sala destituida publicara su resolución. SITTOJ es un sindicato dirigido por Roswald Solórzano, un sindicalista afín al Ejecutivo, quien abierta y públicamente ha apoyado al Gobierno de Bukele.
“Desde temprano (del 1 de mayo) sabíamos que la Policía y los militares andaban en los alrededores de la Corte. Pero no entraron, sino hasta después, ya por la tarde. Entonces, ese movimiento de policías nos alertó a todos. No era normal esa cantidad de policías y sus movimientos en la zona”, dice uno de los magistrados que integraba la Sala de lo Contencioso, quien por temor a represalias pidió que se mantenga bajo reserva su identidad.
A medida que pasaban las horas, también crecía el temor. Los magistrados de lo Constitucional creían que iban a llegar a capturarlos. Lo creían porque entre sus colaboradores se había esparcido ese rumor. “Cada vez que veíamos una patrulla, sentíamos un vuelco al corazón”, dice Sánchez.
Nunca intentaron pedir apoyo o protección a la PNC ni a la Fuerza Armada, a pesar de que la Constitución les habilitaría para ello. “No lo hicimos por la total y absoluta desconfianza que se tenía hacia ellos”, explica Sánchez
El desaire de la embajada
El domingo 2 de mayo, la esposa del magistrado Sánchez recibió una nueva llamada. Era para avisar que habían conseguido una reunión con el cuerpo diplomático. El mismo familiar que lo trasladó al hospital lo llevó a un centro comercial. Hizo una oración con su esposa, se despidió de ella y se fue rumbo a la reunión. El mismo empleado judicial que lo había recogido la noche anterior pasó por él y empezaron a dar vueltas en varias calles de San Salvador.
Para el mediodía del domingo, los colaboradores ya le habían hablado de la posibilidad de solicitar asilo o refugiarse en alguna embajada. En el trayecto, lo atormentaban pensamientos sobre lo que estaba pasando: “Pensaba si todo lo que había hecho en la Sala para hacer respetar los derechos de las personas, para hacer respetar la Constitución, valía semejante sufrimiento de mi esposa e hija. Fue una separación sumamente dolorosa”, dice.
El magistrado y el colaborador deambularon por más de una hora por las calles de San Salvador. Fue hasta las 4:00 de la tarde cuando se juntaron los cinco integrantes de la sala en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). Llegó Aldo Cáder, a pesar de que horas antes había hecho pública su renuncia.
“Él nos expresó que se trataba de motivos personales y familiares, por la situación de persecución desencadenada, lo cual resultaba comprensible, pues cada quien vivía escenarios diferentes”, dice el exmagistrado Sánchez.
En la reunión participó el entonces encargado de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O’Brien, funcionarios de esa embajada y el representante de la OEA en El Salvador, Juan Carlos Roncal. Pero no les dieron demasiadas esperanzas. Les dijeron que se solidarizaban con ellos, pero que no podían hacer más.
“Algunos magistrados pidieron apoyo en la embajada de Estados Unidos, pero el encargado de negocios no abrió las puertas para reunirse en la embajada. El domingo, alguien preguntó si era posible el asilo porque ya se estaba hablando de medidas ilegítimas contra los magistrados, y no hubo reacciones concretas”, relata uno de los exempleados de Pineda, quien también participó en esa reunión.
Desde Washington los mensajes comenzaron a hacerse públicos, pero no había nada muy concreto ni definitivo para contener el golpe. El domingo, a las 10:00 de la mañana, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que había conversado con Bukele acerca de sus “serias preocupaciones” sobre las decisiones de la Asamblea. El martes ya había varias condenas al golpe: la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris criticó la decisión de la Asamblea.
Este medio solicitó entrevista tanto con el encargado de asuntos políticos de la embajada de Estados Unidos, como con el representante de la OEA en El Salvador, pero en ninguno de los casos hubo respuesta.
A las 5:02 de la tarde de ese domingo, desde la cuenta de Twitter de la Sala de lo Constitucional habían publicado la fotografía de los abogados impuestos por la Asamblea la noche anterior con la leyenda “Nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional”.
“La seña de la toma oficialista de la Sala fue el cambio del logo y que sacaron ese tuit reconociendo a los nuevos magistrados”, comenta el exasesor de Pineda.
López Jerez hace los mandados a Bukele
Al finalizar infructuosamente la reunión, alrededor de las 6:00 de la tarde del domingo, los cuatro magistrados que aún resistían conversaron en el vestíbulo de la sede de la OEA, en la colonia Escalón, para discutir el siguiente paso. La magistrada de Torrento recibió una llamada en ese momento. Se apartó, pero luego puso el teléfono en altavoz. Quien le llamaba era el magistrado Óscar López Jerez, ahora presidente de la Corte Suprema, uno de los cinco que fueron nombrados para reemplazar a los destituidos.
Hasta entonces, López Jerez, quien fue asesor del Partido Demócrata Cristiano en la era del secretario general Rodolfo Parker, se había caracterizado por votar para ocultar la información de funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito. En 2016 votó para liberar a los militares procesados por la masacre de los jesuitas.
López Jerez jugó un papel de aliado del golpe, pues como magistrado ayudó a consolidar el derrocamiento de la Sala de lo Constitucional. “Él decía que si no renunciábamos la íbamos a pasar muy mal, que nos harían mucho daño, y nos causarían mucho sufrimiento, a nosotros y a nuestra familia, que él no iba a poder seguir parando todo lo que nos iba a pasar, que por eso teníamos que renunciar esa mismo día”, relata una de las personas que escuchó aquella conversación.
GatoEncerrado preguntó a López Jerez sobre este señalamiento, pero no contestó los mensajes enviados a su celular. El director de comunicaciones de la Corte, Hugo Mena, tampoco atendió la petición de entrevista para este reportaje. También se buscó a los exencargados de la seguridad de los exmagistrados, César Galo y Manuel Henríquez, y ninguno respondió.
Después de aquella llamada de López Jerez se quedaron discutiendo qué hacer. Consideraron sus opciones. Acudir el lunes 3 de mayo a la Corte Suprema los pondría en riesgo de capturas. La charla terminó casi a las 7:00 de la noche sin más acuerdo que comunicarse al día siguiente para coordinar. El magistrado Sánchez le pidió al colaborador judicial que lo llevara. Pasó cerca de su casa y alcanzó a ver una patrulla policial estacionada afuera. Siguió de largo hasta la casa de un familiar, donde se reencontró con su esposa. Eran las 8:30 de la noche.
Ella le contó que la magistrada Torrento y alguien más, a quien solo identifican como “una persona de la Corte”, le estuvieron llamando.
“Le llamé a la persona de la Corte, y me manifestó que de manera insistente y reiterada, un funcionario le había estado llamando insistiéndole en que yo debía renunciar lo más pronto posible y que sólo eso podía garantizar mi seguridad y la de mi familia…que sólo así podría evitar el daño que se me iba a hacer”, relata Sánchez.
Fue esa persona, un colaborador jurídico de la Sala de lo Constitucional, quien le dijo, según él, que tenía listo el formato de renuncia. El magistrado colgó y empezó a valorar junto a su esposa la posibilidad de claudicar.
Más noche le llamó la magistrada de Torrento para decirle que no aguantaba las presiones: “Marina estaba sumamente alterada, aterrorizada. Me manifestó que después de que nos fuimos siguieron comunicándose con ella distintos funcionarios que la estuvieron amenazando muy gravemente para que presentara la renuncia, que le decían que solo renunciando podían garantizarle su seguridad”, relata Sánchez. Uno de esos funcionarios, según las personas que hablaron con ella, fue Conan Castro. El otro, López Jerez.
Ella le comentó que ya había recibido el formato de renuncia y le pidió, según él, que fueran juntos a entregarlo a Casa Presidencial. Fue Conan Castro quien se encargó de entregar el formato tanto a Torrento como a Pineda, el presidente de la Corte destituido.
Luego Sánchez recibió una llamada del empleado judicial. Este le dijo que debía presentar su renuncia ese mismo día. “Que si no, las consecuencias serían muy serias, que nos harían mucho daño, que tuviera presente que mi hija estaba muy enferma y hospitalizada en el Rosales”, recuerda Sánchez.
Aquellas palabras marcaron un nuevo quiebre. Sintió que ya no podía lidiar con la angustia y le explicó al empleado judicial dónde podía localizarlo.
Después volvió a recibir otra llamada de la magistrada de Torrento, quien le explicó que acababa de regresar de Casa Presidencial de dejar su renuncia.
“Ella me comentó que en ese lugar ya la estaban esperando, que la recibió un funcionario de ese lugar, quien la trató de una manera amenazante, humillante y con gran prepotencia, expresándole que todo eso nos había pasado por oponernos al presidente”, relata Sánchez.
El funcionario que recibió a la magistrada Marenco, según tres personas que hablaron con ella, era el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Quienes supieron de aquel encuentro recuerdan lo siguiente: que él se dirigió a otra oficina a entregar la renuncia y que cuando volvió donde estaba ella cambió de actitud. “De ser una persona violenta y amenazante que la había maltratado y denigrado, pasó a ser una persona afable, y mostrándose amigable, manifestándole que al haber renunciado, ya no iba a pasarle nada, que no se preocupara, que todo iba a cesar”, dice uno de esos testigos.
Sánchez pensó en el estado de salud de su hija. También pensó que no tenía opciones. Se sintió desamparado. Sabía que sin el voto de la magistrada sería imposible volver a emitir una nueva resolución para defenderse.
“Sabía que el verdadero obstáculo que impedía al gobierno ejercer un poder arbitrario y déspota, y violar la Constitución, era la Sala de lo Constitucional, pero estábamos solos, nos habían dejado solos”, reclama dos años después.
No quiso firmar el formato que le ofreció el colaborador de la Sala. Hizo modificaciones al documento que le enviaron y agregó: “Teniendo razones de índole familiar que algunos funcionarios del Ejecutivo no ignoran, que son la grave enfermedad que mi única hija está padeciendo estando ingresada en el Hospital Rosales es que he tomado la irrevocable decisión de renunciar al cargo”. Ese documento se hizo público después de las 11 de la noche. Él y su esposa pasaron la noche fuera de su casa.
Al magistrado Sánchez no le queda duda de que el presidente Bukele fue el autor intelectual del golpe. Tampoco a un miembro del cuerpo diplomático. “El presidente nunca intentó fingir que todo eso había sido idea del parlamento”, dice un embajador que participó en una reunión con Bukele dos días después del golpe.
Y ni el presidente ni los diputados tampoco se han esmerado en disimularlo: “Nuestro presidente necesitaba gobernabilidad y los planes que tenía la oposición era bloquearlo a través de la Sala de lo Constitucional y a través de la Fiscalía; y el 1 de mayo de 2021 les dijimos, ¡para fuera!”, reconoció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en un viaje a Estados Unidos en febrero de 2023.
Y este martes 19 de septiembre, en su discurso ante la asamblea general de la ONU, Bukele reivindicó como suyo el golpe. “Nos exigían explicaciones de por qué cambiábamos al fiscal, a los magistrados o a los jueces”, comentó ante el pleno, usando la primera persona del plural. “¿No les parece absurdo que nos cuestionaran por eso?”
El Gobierno hizo de la Sala de lo Constitucional una sucursal más del Ejecutivo. Conan Castro, el secretario jurídico de la Presidencia, estuvo en la cuarta planta de la Corte Suprema la mañana del lunes 3 de mayo, cuando llegaron los nuevos magistrados electos. Lo confirman tres exasesores y dos magistrados de otras salas que lo vieron. Subió a la quinta planta, donde se celebran las reuniones plenarias de la Corte y donde solo tienen acceso los magistrados. Les instruyó que votaran por ciertos nombres para las magistraturas suplentes, recuerdan esos dos magistrados de otras salas. Y eso pasó. Los magistrados votaron por ellos, según consta en el acta de la primera reunión.
Aquel golpe estaba consolidándose con la complacencia de López Jerez. Uno de los magistrados que integraban las otras salas recuerda aquellos momentos, y estaba espantado desde el momento en que comenzó el acto de destitución en la Asamblea. “El sábado yo estaba en mi casa, horrorizado. Me sentí impotente. Y, no le voy a mentir, sentí que hasta podían capturarme. Sobre todo porque ya después del nombramiento en la Asamblea, el magistrado López Jerez me llamó y me dijo que tenía que presentarme a la reunión de Corte Plena donde se iba a reorganizar las Salas”, dice.
La Corte Suprema está conformada por cuatro salas. La Asamblea descabezó a la que tiene la última palabra en materia de interpretación de la Constitución, y es tal su relavancia que el presidente de esa Sala es también el presidente de la Corte Suprema y del Órgano Judicial.
Cuando la Asamblea Legislativa decretó las destituciones, aún había posibilidad de frenar el golpe desde la misma Corte Suprema, pues quedaban en sus cargos 10 magistrados de otras tres salas que podían frustrar el derrocamiento. Un grupo de ellos habló el domingo para poder reunirse. Querían organizarse para desconocer a los nuevos magistrados electos. Pero la reunión fracasó porque no asistieron todos. Según uno de esos magistrados, porque había desconfianza entre ellos y temor de que algunos estuvieran dando información al oficialismo.
“Yo era de la idea de que teníamos que atrincherarnos. Tal vez no los 15 magistrados, porque teníamos sospecha de que algunos ya estaban alineados e involucrados en el golpe. Intuíamos que estaban involucrados los magistrados López Jerez y (Elsy) Dueñas”, dice uno de los exmagistrados de la Sala de lo Penal.
López Jerez, según los dos integrantes de las otras salas, fue quien estuvo llamándoles constantemente para exigirles que se presentaran el lunes a apoyar a los recién elegidos
“A mí López nunca me amenazó directamente, no sé a los demás, pero de todas formas sentí temor. Y ese miedo se hizo más grande cuando llegué el lunes a mi oficina porque estaba todo lleno de policías. En mi puerta había un policía que al principio no me dejó entrar a mi oficina, hasta que le expliqué que yo soy magistrado”, dice uno de los magistrados que integraba la Sala de lo Contencioso.
GatoEncerrado envió un mensaje a López Jerez preguntándole sobre estos señalamientos, pero no contestó a la pregunta enviada vía la aplicación de chat Whatsapp.
La Sala destituida había generado anticuerpos hasta dentro de la misma Corte. “En algunos temas se le fue la mano a la sala. Todos tenemos pecados, y a ellos los pudieron quitar con un antejuicio, pero los trataron como a unos delincuentes”, dice el exmagistrado de la Sala de lo Penal.
“La Sala anterior (2009-2018) tenía más respaldo político, en el buen sentido de la palabra”, admite el exmagistrado Sánchez. Se refiere a la sala que fue conocida como la de “Los cuatro fantásticos”, en alusión a cuatro abogados que emitieron sentencias que incomodaron al poder. Tanto la derecha como la izquierda intentaron destruir a esa sala, a través del decreto 743, pero los magistrados obtuvieron respaldo de diferentes sectores para detener aquel intento de golpe.
Los magistrados destituidos en mayo de 2021 tampoco forjaron una estrategia de comunicación, como sí lo hizo la sala de 2009. Un mes antes del golpe contrataron a un especialista en comunicaciones, pero este ni tan siquiera alcanzó a cobrar ni el primer salario.
El control de las comunicaciones
La Corte tiene una Dirección de Comunicaciones que responde a los magistrados de las cuatro salas. Esa dirección manejaba las cuentas de redes sociales y la página oficial del Órgano Judicial. Durante el golpe, la toma de las comunicaciones fue uno de los puntos clave para el oficialismo. La noche del 1 de mayo, los magistrados en proceso de destitución perdieron el control sobre las cuentas de redes sociales. Hay dos versiones sobre quién, en representación del Ejecutivo, tomó el mando de esas cuentas: una ubica a un empleado del oficialista Diario El Salvador como el encargado y otra afirma que fue una empleada de la Presidencia quien tomó el control.
Según dos excolaboradores de la Sala de lo Constitucional, el personal de la dirección de Comunicaciones también dejó de contestar los mensajes al presidente Pineda desde la noche del 1 de mayo. “No solo entregaron las cuentas, entregaron al doctor Pineda porque ya sabían lo que iba a pasar”, dice uno de los exasistentes del expresidente de la CSJ.
Otro exasesor de la Sala de lo Constitucional repite esa versión. Según ambos, desde el golpe fue Karla Rauda, una empleada de confianza de la secretaria de comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, quien asumió el control de la dirección de Comunicaciones.
Un empleado de la oficina de comunicaciones dice que, contrario a la versión de los dos asesores de la sala, Karla Rauda se instaló hasta el miércoles 5 de mayo en la oficina, y que antes de eso quien coordinó fue Álex Torres, un editor de Diario El Salvador, el periódico financiado con fondos públicos al servicio del régimen. Se le consultó a ella sobre su participación, en un correo electrónico a su cuenta oficial, pero no respondió.
El domingo 2 de mayo, a las 6:00 de la tarde, la Corte cambió su logotipo. El que colocaron ese día ni tan siquiera lleva tilde en la palabra “Órgano”. Hay dos versiones sobre ese cambio: los exempleados de la Sala aseguran que lo coordinó Casa Presidencial, y el empelado de comunicaciones dice que lo hizo la oficina de López Jerez.
En la reunión de Corte Plena del 3 de mayo, únicamente Diario El Salvador y Canal 10, la televisora al servicio del Ejecutivo, pudieron ingresar a la sala de reuniones de magistrados a tomar imágenes.
El defensor del golpe
El último en renunciar fue el presidente de la sala y de la Corte, Armando Pineda. Lo hizo la noche de ese lunes 3 de mayo. Usó un formato similar al de sus compañeros, pero agregó que la decisión de la Asamblea violó los derechos y fue inconstitucional porque no les garantizó su derecho a un juicio justo, de audiencia y defensa.
Esa noche, el presidente Nayib Bukele convocó al cuerpo diplomático a una reunión privada en Casa Presidencial. Durante dos horas intentó justificar lo que sus diputados hicieron. Empezó jactándose de los votos que obtuvo su partido en las elecciones legislativas de 2021: 1.9 millones de votos entre NI y su aliado GANA. “Para nosotros es importante decir que las cosas que están sucediendo son producto de las elecciones”, les dijo, según consta en el vídeo grabado durante aquella reunión.
Sobre este punto, la Constitución lo que establece es que el producto de las elecciones legislativas es integrar la Asamblea Legislativa, no propiciar destituciones, y menos destituciones que incumplen los procesos que detalla la Constitución y el mismo reglamento del Órgano Legislativo.
El presidente dijo que le parecía extraño que hubiera condenas de parte del cuerpo diplomático y de la comunidad internacional. Para ese momento, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varias embajadas, ya habían condenado públicamente la remoción abrupta de los magistrados. “Que alguien me explique por qué las condenas”, les pidió, como si no entendiera que acababa de dinamitar el concepto básico que democracia que prescribe la Carta Democrática Interamericana y que cada Estado miembro de la OEA está comprometido a respetar.
Bukele dijo en su cara a los embajadores que “no había nada que condenar”, que “no tenía lógica lo que estaban diciendo” que estaban “mal informando a sus países” y, en varios momentos, les cuestionó “de qué lado estaban”.
El presidente justificó el reparto de funcionarios, como magistrados y fiscales, que se hacía hasta 2018, antes de su llegada al poder. Dijo que antes de él se repartían los cargos, y aunque reconoció que aquello no era ético, dijo que sí era legítimo.
El máximo representante de la embajada de Estados Unidos en ese momento, Brendan O’Brien, no acudió a la cita. Esto llamó la atención del mandatario, quien hizo alusión a ese país en varios momentos. “¿Cómo vamos a pedirle a Biden que ponga un fiscal republicano? Sería una contradicción de parte de nosotros exigirle a los demócratas que no explotaran su triunfo”, dijo, como si fuera un ignorante sobre las diferencias entre las disposiciones legales de El Salvador y Estados Unidos, que prescriben un mecanismo totalmente distinto para nombrar fiscal.
Bukele confesó esa noche que él mismo había preguntado cuándo podría tener su propio fiscal, su fiscal afín, y que le dijeron que debía esperar y romper récord de votación. “Con 64 votos, 8 de sobra, se destituyó al fiscal y a los magistrados”, añadió después.
El presidente siempre usó la primera persona para referirse a lo que estaba ocurriendo. Usó frases tipo “como lo hicimos” para referirse al método usado por la Asamblea para quitar a los funcionarios. Y obvió decir que sus diputados se habían saltado el proceso que dicta la Constitución. “Los diputados leyeron 29 páginas de causas específicas establecidas por la ley… Dónde está la violación aquí, cómo pueden condenar algo porque cumplimos la Constitución”, afirmó.
Javier Argueta, el asesor jurídico de la Presidencia, estuvo en esa mesa aquella noche con el cuerpo diplomático. Le acercó un teléfono a Bukele para que pudiera leer el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía para justificar la destitución de Raúl Melara, quien fue removido el mismo día y en las mismas condiciones que los magistrados de lo Constitucional.
Bukele se centró mucho en la figura del fiscal y porqué, por la afiliación partidaria de Melara con Arena, habían decidido removerlo sin seguir un proceso.
Argueta tomó la palabra en varias ocasiones y también dio explicaciones de lo que habían hecho los diputados oficialistas. Hasta ofreció enviarle a los embajadores 12 sentencias con antecedentes de destitución de funcionarios. “La Asamblea tenía que hacerlo sí o sí, sí, y eso quién lo decía: la misma jurisprudencia”, afirmó.
El primero que tomó la palabra después de aquella explicación fue el representante de la Unión Europea, Andreu Bassols, quien recapituló la posición de la Unión Europea y dijo que lo visto en la Asamblea “fue chocante ver sin trámites previos se destituía a unos magistrado sin que ellos pudieran decir prácticamente nada”.
También habló la embajadora de Canadá, quien recalcó la importancia que tiene para su país la separación de poderes y la independencia judicial.
Al final de la reunión, el presidente dijo a los embajadores que lo que habían escuchado aquella noche era la posición oficial del gobierno. Lo que no sabían aquella noche los embajadores es que Bukele rompería el pacto de privacidad y haría pública la grabación, en una cadena nacional transmitida por radio y televisión esa misma noche.
Dos años después, uno de los diplomáticos que participó en aquella reunión, comenta: “Fue un discurso hábil, como siempre. Él es muy seductor. En un tono irónico, con esa media sonrisa que tiene a veces, nos dio una explicación muy retorcida, que no tiene ni pies ni cabezas”, comenta.
Ellos estaban indignados por el tono de Bukele y sorprendidos porque cuando los invitaron les dijeron que se trataba de una reunión privada. “Hay decisiones en las que se duda la autoría, pero en este caso no cabe duda que fue idea suya o de su hermano”, dice este diplomático. Respecto al abandono que dijeron sentir los magistrados destituidos responde: “Nosotros hicimos lo que podíamos hacer por la vía privada”.
Lo que cambió con la nueva sala
El magistrado Sergio Avilés fue el único que no presentó renuncia. Dijo en aquel momento que defendería hasta el final lo que escribieron en el Mandamiento Número Uno, la resolución que emitió la sala para declarar inconstitucional su remoción y que a la fecha sigue vigente. Los magistrados señalaron en esa sentencia que los diputados violaron la independencia judicial, establecida en el artículo 172 inciso 3° de la Constitución, y también porque acabaron con el sistema plural, contenido en el artículo 85, porque el presidente Bukele, además de controlar el Ejecutivo y el Legislativo, tomó el control de todo el sistema judicial.
“Y el resultado que generaría la decisión de la Asamblea Legislativa sería un típico ejemplo de un hiperpresidencialismo en su máxima expresión: los tres órganos fundamentales responderían a la voluntad proveniente del Ejecutivo”, advirtieron en aquel fallo.
La misma noche del 1 de mayo, los diputados eligieron el reemplazo y nombraron a personas afines al oficialismo en la sala: López Jerez, quien fue nombrado como presidente. También juramentaron como magistrado a Nahún Martínez, el abogado que había defendido al director de la Policía, Mauricio Arriaza; a José Ángel Pérez, exasesor jurídico de Bukele; a Javier Suárez Magaña, que trabajó en la Superintendencia de Telecomunicaciones; y a la magistrada Elsy Dueñas, que procedía de otras salas.
Lo que la sala destituida escribió en su resolución se convirtió en un vaticinio: desde el golpe, el Órgano Legislativo y el Judicial responden a la voluntad del Ejecutivo. Los nuevos magistrados han emitido fallos trascendentales, como el que permite la reelección de Bukele, a pesar de que está prohibida en al menos seis artículos de la Constitución. También se convirtieron en cómplices de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejecutivo durante el régimen de excepción, y de una falsa depuración judicial.
La prolongación del golpe
El golpe para los abogados derrocados no terminó cuando presentaron sus renuncias. “Ha sido tan difícil hasta para encontrar trabajo en la empresa privada. Prefiero no hablar”, dice uno de los magistrados que fue removido.
Una de las exmagistradas de las otras salas hace un mea culpa sobre lo ocurrido en mayo de 2021. Las semanas siguientes le pesó la displicencia con que actuaron. Enfrentó un proceso depresivo. Se vestía para ir a la Corte y luego, ya con la ropa puesta, se volvía a acostar en su cama. “Le fallamos al pueblo. Pudimos haberle dado estabilidad a la Sala en ese momento. Con cuatro magistrados que los apoyáramos, hubiéramos encontrado la salida, pero cada quien pensó en su estabilidad y en su interés, y así fue difícil. Le fallamos a la gente”, dice.
El caso todavía está pendiente de un desenlace. Los magistrados Sánchez y Avilés presentaron una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay precedentes de resoluciones por violaciones a la independencia judicial en otros países, pero los casos suelen tardar más de tres años en ver la luz. Así ocurrió en Honduras, donde una magistrada y un juez fueron restituidos nueve años después de su remoción por oponerse al golpe de estado de Manuel Zelaya. El caso fue conocido como López Lone versus Honduras.
Hay un emblemático para El Salvador: el del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg, quien fue destituido en 1996 sin que la Asamblea siguiera el procedimiento de ley. El país fue condenado por su destitución arbitraria por la Corte Interamericana quince años después. La demanda presentada por Sánchez y Avilés todavía no ha sido admitida.
La hija del magistrado Sánchez recibió el alta una semana después del golpe. Pero las secuelas en su familia aún quedan. Él no ha logrado desempacar lo que le devolvieron una semana después del golpe. Unos mil libros de su biblioteca personal permanecen dentro de las cajas de cartón que le enviaron días después de su remoción.
El mediodía del pasado miércoles 20 de septiembre, GatoEncerrado llamó al secretario jurídico al número desde el cual hizo llamadas al personal de la Corte Suprema mientras se gestaba el golpe, para preguntarle sobre su participación en él. Atendió la llamada, pero se rehusó a responder las preguntas.
⎯Buenas tardes, secretario, estamos preparando un reportaje sobre la destitución de los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional y varias fuentes coinciden en que usted tramitó la renuncia de ellos y se reunió con algunos, como, por ejemplo, con el doctor Armando Pineda…
⎯Para nada, no tengo ninguna declaración que dar al respecto.
⎯Las fuentes con las que hemos hablado nos aseguran que usted recibió, por ejemplo, la renuncia de la magistrada Torrento en Casa Presidencial.
⎯Le agradezco la llamada por darme parte, pero no tengo ninguna declaración que dar al respecto. Y gracias.
El primer milagro de la Asamblea bukelista: convertir una Sala enemiga en amiga
El 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa (2021-2024) dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas asumió el poder legislativo, hubo un golpe al poder judicial. Los diputados iniciaron sus funciones jurando que iban a obedecer la Constitución de la República, pero su primera acción fue hacer lo contrario: irrespetar el debido proceso, destituir a los magistrados de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que habían frenado las actuaciones inconstitucionales del gobierno de Nayib Bukele y en su lugar impusieron a unos abogados afines a los intereses de la Presidencia.
A las 5:30 de la tarde de ese sábado, la diputada Suecy Callejas solicitó, con dispensa de trámite, la destitución de los magistrados de la Sala. En ese mismo momento, los diputados oficialistas celebraron con aplausos la primera iniciativa, mientras en sus escritorios tenían una copia de la Constitución con los colores y la “N” características del partido.
A las 8:10 de la noche, los diputados oficialistas y sus aliados aprobaron la destitución de los magistrados y volvieron a aplaudir y celebrar, sin seguir el debido proceso ni ofrecer oportunidad de defensa a los magistrados destituidos. A las 8:20, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, se paseó entre algunas curules de los diputados oficialistas y se unió a la celebración.
Después, a las 8:34 de la noche, como si se tratara de su propia oficina, Conan Castro bajó por el Salón Azul y subió hasta donde están ubicados los diputados de la Junta Directiva y se detuvo a platicar con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.
Unos minutos después, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, también subió hasta la zona de la junta directiva de la Asamblea y se unió a las pláticas previas a la imposición de los abogados en la Sala.
Dos horas después, a las 10:20, la Asamblea Legislativa ya había consumado el golpe al poder judicial con la juramentación de los abogados impuestos en las magistraturas de la Sala de lo Constitucional. Así como destituyeron, impusieron a nuevos magistrados: sin un debate legislativo y sin entrevistas de los diputados a los candidatos a las magistraturas. Los magistrados tampoco formaron parte de ninguna lista de aspirantes, exigida como requisito por la Constitución, que es enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Simplemente fueron juramentados.
Óscar López Jerez fue trasladado de la Sala de lo Civil y nombrado de una vez como el nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de tener antecedentes de haber sido investigado por la Fiscalía por sospechas de lavar dinero.
Algunos de los nuevos magistrados que asumirían las funciones de control de las actuaciones de Bukele fueron prácticamente extraídos del equipo de confianza del presidente Nayib Bukele. En 2020, por ejemplo, Luis Suárez Magaña fue nombrado por Bukele, en un proceso irregular, como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en representación del sector de periodistas; Suárez era hasta entonces gerente de operaciones de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (Siget). Luego, de ese nombramiento, la Asamblea bukelista lo juramentó como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Suárez, además, fue investigado por el Tribunal de Ética Gubernamental por una supuesta falta.
Otro de los nuevos magistrados extraídos del club de Bukele es José Ángel Pérez Chacón, quien era uno de los abogados de Casa Presidencial en la oficina de la Secretaría Jurídica, esa que conduce Conan Castro. La misma historia tiene Nahúm Martínez quien, antes de ser nombrado como magistrado de la Sala, fue el abogado del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, cuando enfrentó una interpelación ante la legislatura pasada.
Todos los magistrados impuestos y Conan Castro fueron agregados en la lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar la democracia” de El Salvador.
*Con reportes de Ezequiel Barrera
Este reportaje fue realizado gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
