Imagen/Leo Pacas
El proceso secreto para crear la nueva Constitución de Bukele
El equipo ad hoc que propone una nueva Constitución para El Salvador declaró confidencial toda la información relacionada a los involucrados en el proceso de creación y todas las actas o registro de discusiones de las mesas de estudio. Estas negativas a entregar información de interés público contrastan con la propuesta de elevar a rango constitucional el derecho a acceso a la información pública.
Por Karen Moreno
Por Ruth Zavala
La información relacionada al proceso de creación de la propuesta de nueva Constitución de la República que elaboró el equipo ad hoc, liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, se ha mantenido bajo llave, en secreto. Tanto las propuestas que fueron enviadas por la ciudadanía, como los nombres de las personas participantes en las mesas de discusión y las actas de dichas sesiones fueron declaradas como información “de carácter confidencial” por parte de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la presidencia de la República. Este hermetismo contrasta con la elevación del derecho al acceso a la información pública a rango constitucional que quedó plasmado en el proyecto final de propuesta.
Uno de los primeros acuerdos del “equipo ad hoc para el estudio y propuesta de reformas a la Constitución de la República”, el 10 de octubre de 2020 durante la primera de las 21 sesiones de las cuales sí hay registro, fue habilitar el sitio web “consulta.sv” para que los salvadoreños, tanto dentro como fuera del país pudieran enviar sus propuestas de reformas a la Constitución, en el breve periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2020 y 28 de febrero de 2021. El lema del proyecto fue “Mejoremos juntos nuestra Constitución, para mejorar juntos nuestro país” y hasta el momento se desconoce el contenido de las 4 mil propuestas recibidas. Incluso, se desconoce si esa es la cantidad real de propuestas que fueran recibidas por el equipo ad hoc. Esa cifra fue mencionada por el vicepresidente Félix Ulloa, quien también fue coordinador del equipo.
El 7 de octubre, el secretario del equipo ad hoc, Adolfo Muñoz, dijo GatoEncerrado a través de la oficina de acceso a la información que las propuestas y los datos de quienes participaron en las mesas de discusión son de carácter confidencial.
“A la fecha, no se cuenta con el consentimiento de los remitentes de las propuestas de estudio, ya sea en su carácter personal o como representantes de Fundaciones, Asociaciones, Gremiales o Personas Jurídicas en general, que permita hacer del conocimiento público el contenido vertido en dichas propuestas”, contestó el secretario.
Muñoz fue el único de los miembros originales que se mantuvo fiel hasta el final al proyecto dirigido por el vicepresidente. Es un abogado y notario de 46 años que funge como asesor jurídico de Ulloa, tal como él mismo mencionó en la primera presentación pública del equipo ad hoc, en octubre de 2020. En junio de este año, escribió en su Twitter personal que “ahora sí tenemos una @FGR_SV que vela por el pueblo”, a pesar de que el fiscal de la República Rodolfo Delgado fue impuesto por el oficialismo el 1 de mayo sin el debido proceso y no cumple los requisitos para el cargo, tal como reveló esta revista. Incluso ha manifestado que “el futuro empieza aquí”, con la implementación del Bitcoin en El Salvador, cuya ley contiene varias contradicciones y fue aprobada de manera inconsulta en la Asamblea Legislativa.
En el acta número 9, de 21 que publicó el equipo, consta que Muñoz afirmó que “existe de un clamor popular de casi un noventa por ciento de las propuestas, por un Tribunal Constitucional”; sin embargo, nadie puede dar fe de la veracidad de estas afirmaciones, porque la información no ha sido transparentada.
A diferencia de Muñoz, sus colegas José Fabio Castillo, Giovanni Rosales Rosagni y Karla Contreras Tejada se salieron del equipo ad hoc pocos días después de la destitución ilegal de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Castillo expuso en una carta: “pido a Dios que dentro de 20 años este quinquenio no sea llamado el del ‘tirano Bukele'”. Rosales, quien actualmente es oficial de acceso a la información de la CSJ, también presentó su carta de renuncia, aunque ante los medios dijo que la razón fue por “cuestiones de tiempo”.
El primero en salir del equipo fue el doctor en derecho constitucional y defensor de derechos humanos Manuel Escalante, meses antes de estos acontecimientos, e hizo pública su renuncia a través de una carta publicada en GatoEncerrado el 7 de noviembre de 2020, en la que argumentó que en el equipo ad hoc hacía falta decretar una Ley de Reconciliación Nacional y señaló la negativa del Ejecutivo a permitir inspecciones en los archivos militares.
Luego se incorporaron al equipo Mauricio Rodríguez Flores, Getsy Karennie Rivas de Posada y Marlon Harold Cornejo. La información sobre sus hojas de vida fue obtenida a través de la revisión que hizo esta revista de las 21 actas disponibles hasta el 29 de mayo de 2021, en el sitio web de la Presidencia. Cornejo es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no solo promovió la creación de la Sala de lo Electoral dentro de la CSJ, sino también el nuevo Colegio de Abogados y Notarios y la colegiación obligatoria, tal como mencionó en el proceso de entrevistas para optar a una magistratura de la CSJ. Estos puntos han sido señalados como preocupantes por abogados especialistas en derecho constitucional consultados por esta revista.
Contra el reglamento interno
Ulloa también propuso dividir la socialización de las propuestas en cuatro mesas, dirigidas por cada miembro del equipo ad hoc: La primera, encargada de los derechos fundamentales individuales y colectivos hasta el artículo 70; la segunda, del sistema político y el orden económico; la tres, encargada de los tres órganos del Estado y el resto de instituciones; y la mesa cuatro revisó la parte procesal constitucional.
El Reglamento Interno del equipo ad hoc contempló en el artículo 7 la creación de “equipos especiales de trabajo”, pero en ninguna parte se estipuló la revisión y modificación de 216 artículos de la Constitución. Una fuente que participó en el proceso de creación de la nueva Constitución, y quien pidió anonimato por temor a represalias, dijo a GatoEncerrado que le sorprendió que la metodología de trabajo fuera la revisión artículo por artículo de la Constitución, para discutir qué cambiar a cada uno, ya que eso no estaba contemplado en el reglamento.
“Una cosa son las enmiendas a la Constitución y otra muy diferente es el desmembramiento de la Constitución”, expresó la fuente, quien señaló que el equipo ad hoc propuso cambiar el proceso de reforma constitucional que establece el artículo 248 de la Constitución vigente, para incorporar el referéndum. Según la fuente, esto es “peligroso” y “un engaño populista” para que el presidente consolide su poder, tal como han coincidido especialistas que han analizado la propuesta.
Las mesas de trabajo que supervisó el equipo ad hoc no estaban conformadas por especialistas en la materia y no todos eran abogados, sino que asistieron activistas, representantes de iglesias, entre otros, sectores para modificar la Constitución. Si bien es cierto, la fuente consideró que “no es campo solo de juristas”, en las discusiones ni siquiera se tomaban en cuenta las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la CSJ como fuente de derecho.
El artículo 21 del reglamento también contempló el derecho “a fundamentar o razonar sus decisiones, sean estas concurrentes o disidentes”; sin embargo, esto no se implementó en la dinámica, aseguró la fuente que presenció las sesiones de trabajo.
GatoEncerrado solicitó a Presidencia, por medio de acceso a la información pública, el listado de personas que conformaron dichas mesas de discusión de las propuestas, cargos y sus hojas de vida, pero nada de esta información fue entregada y también fue declarada como confidencial, bajo la justificación de que “a la fecha no hay consentimiento” de entregar datos sobre las personas “que de manera altruista y desinteresada han participado y donado su tiempo de forma voluntaria para dicho esfuerzo, en un proyecto de carácter académico ajeno a sus labores cotidianas y en horarios fuera de la jornada laboral, así como tampoco su información de carácter personal”, contestó nuevamente el secretario del equipo ad hoc.
En el artículo 13 de dicho reglamento, los miembros también establecieron que “las sesiones del equipo ad hoc serán públicas”; sin embargo, nunca fueron publicadas las actas de registro o los audios o material audiovisual de dichas mesas de discusión. Esta revista también solicitó esta información pero fue declarada inadmisible en la Unidad de Acceso a la Información Pública de Presidencia, supuestamente, por no haber subsanado las prevenciones que consistían en que la firma de la solicitante no coincidía con la del DUI, a pesar de que era exactamente la misma.
Esta negativa a entregar información acerca de las propuestas para la creación de la nueva Constitución y las personas encargadas de la discusión no va en sintonía con la elevación del derecho a acceso a información pública a rango constitucional.
En la reforma al artículo 6 de la Constitución, el equipo ad hoc propuso que “el derecho de acceso a la información pública es inherente de toda persona, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas”. Este reconocimiento resulta más contrastante cuando se compara con las casi 300 reservas de información que han declarado 15 instituciones del gobierno de Nayib Bukele, según encontró GatoEncerrado en la revisión de los índices de información reservada, a pesar de que mucha de esa información debería ser pública.
