Por Alejandro Henríquez

El Salvador se encuentra hundido en el hambre. Una sensación y necesidad tan básica del ser humano, como la ingesta adecuada de alimentos para satisfacer nuestra demanda calórica, no puede ser saciada por el actual modelo económico neoliberal, el cual ha hecho que millones de personas sufran hambre por 35 años —20 años de ARENA, 10 del FMLN y 5 de Nuevas Ideas—. Y es que, a lo largo de estos gobiernos, el Estado ha ido adoptando una serie de medidas económicas, sociales, políticas, jurídicas e institucionales que han beneficiado a unos pocos y han condenado millones.

En este sentido, existe una íntima relación entre el estómago vacío o medio lleno de casi cuatro millones de personas y el modelo neoliberal. Tal relación perversa, mortífera e inmoral ha permitido el desarrollo del neoliberalismo hasta nuestros días  —un hiperneoliberalismo —. Sin el hambre de todas estas personas, el bolsillo de las minúsculas familias oligarcas no estaría rebalsando de dinero y no serían lo que son hoy en día: la élite económica y política de nuestro país. 

Para entender lo anterior, es necesario recordar todo el paquete de medidas económicas que se han venido imponiendo desde la época de Cristiani con los Programas de Ajuste Estructural. 

Enfocándonos en la agricultura es posible identificar una política de liberalización compuesta de cuatro ejes: 

1. 1. La desregulación de precios de los alimentos
2. 2. La apertura de la economía al mercado exterior
3. 3. La privatización de instituciones claves para el fortalecimiento de la agricultura
4. 4. Y, por último, la mercantilización de la tierra propiedad de las cooperativas de producción agropecuaria

Estos elementos, hoy día, siguen achacando una agricultura que ya está estructuralmente debilitada y, como consecuencia, proliferan el hambre a un ritmo fulminante.

De las primeras medidas adoptadas para el deterioro de la agricultura, en 1991, el gobierno de Cristiani cerró el Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA), desregulando el sistema de precios de los alimentos, especialmente los de granos básicos -arroz, maíz, frijol y sorgo- y de lácteos. Esto hizo que los precios de los alimentos fluctuaran de acuerdo con la regla de la oferta y la demanda; generando que, por un lado, el campesinado dejase de recibir los precios de garantía, que era un precio justo por su cosecha y, del otro, el consumidor los empezó a adquirir a un precio más elevado.

Lo anterior provocó una tendencia hacia las importaciones de productos agrícolas apertura de la economía al mercado exterior-, ya que los precios internacionales resultan más baratos que los locales. Así, El Salvador ha firmado una serie de Tratados de Libre Comercio (TLC), como el CAFTA-DR, el Mercado Común Centroamericano y, de los últimos, uno suscrito con Colombia para la importación de carnes. Estos instrumentos comerciales, además de restarle competitividad a la producción local, desgravan la entrada de granos básicos de manera gradual, lo que incentiva la importación y desincentiva la agricultura nacional. Esta dinámica ha hecho posible el surgimiento de grandes empresas que se dedican a “traer” productos del extranjero, tal como MOLSA y HARISA.

Asimismo, para el establecimiento y desarrollo de un modelo neoliberal que deteriora la agricultura y prolifera el hambre, se privatizaron instituciones públicas como INAZUCAR, INCAFE y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). El cierre y privatización de estas instituciones permitió que pequeños grupos económicos se hiciesen de negocios oligopólicos. Tal es el caso del azúcar, cuyo mercado es dominado por la familia Regalado Dueñas y Wright, quienes se sirven de la institución pública para proteger y aumentar sus ganancias, puesto que el Estado ha establecidos mecanismos de protección arancelarios y no arancelarios a la importación de azúcar y, además, le busca negocio exterior mediante la suscripción de instrumentos comerciales con otros países -firma de TLC con China por parte del gobierno de Bukele, por ejemplo, en el que se estimula la exportación de azúcar-.

Finalmente, yace la mercantilización de la tierra propiedad de las cooperativas de producción agropecuaria. Para ello, en los dos primeros gobiernos de ARENA se emitieron la “Ley del Régimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la Reforma Agraria” y la “Ley Especial de las Tierras en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarias de la Reforma Agraria”. Con ambas leyes se liberalizó la tierra, puesto que ofreció la posibilidad de que los socios optasen por una forma de propiedad individual -privada- y, también, a que cualquier persona pudiese comprar o arrendar las tierras de las cooperativas sin límite alguno.

Lo anterior  —la mercantilización de la tierra — ha generado las condiciones fértiles para el desarrollo de una dinámica de robo y despojo de tierras de las cooperativas de producción agropecuaria. Así, familias inescrupulosas que por años han engordado su bolsillo a costa de la vida de miles de personas, refluyen para arrebatar las pocas tierras que aun permanecen en poder del campesinado organizado en cooperativas. Tal adueñamiento se hace con la finalidad de echar andar proyectos urbanísticos, turísticos o agroexportadores. Ejemplos de estos casos son los de las Cooperativas La Labor, Normandía, Bendición de Jacob y Escuintla.

Todas estas medidas adoptadas, desarrolladas y profundizadas durante 35 años, sin duda, han cuajado a un campesinado estructuralmente debilitado, una agricultura deteriorada y un El Salvador con hambre. El acribillamiento a la producción local ha encarecido la canasta básica a una magnitud tal que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 14 % de la población salvadoreña está en una fase crítica de hambre; es decir, que unas 907,000 personas están a unos pasos de entrar en hambruna.

La situación tiende a agravarse con la gestión del gobierno, debido a la adopción de instrumentos normativos y de política pública regresivos y perjudiciales para el pequeño y mediano productor, especialmente con la aprobación de la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria (LICA) y la tarjeta agrícola; así como por la ausencia de medidas destinadas a estimular la producción local, a reducir la inflación de los precios de los granos básicos y a garantizar la propiedad de la tierra del pequeño y mediano productor.