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Periodismo explicativo

Solo la mitad de los diputados de NI revelaron su gasto de funcionamiento a medias y a regañadientes

Los diputados de Nuevas Ideas mintieron en el periodo anterior. Aseguraron que no tenían asignados $14 mil para gastos de funcionamiento. Cuando inició la actual legislatura, la narrativa oficial fue insostenible y hasta sus simpatizantes comenzaron a exigir transparencia. La mitad de los diputados oficialistas reaccionó ante la presión de la opinión pública y compartió el listado de sus empleados, sus cargos y salarios; mientras que la otra mitad sigue en silencio. La información que compartió la mitad de la bancada oficialista, sin embargo, está incompleta, ya que aún se desconoce cuántos vehículos tienen asignados, vales de gasolina y gastos de viajes o representación.

Asamblea Legislativa/ Foto Bladimir Nolasco
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Por Eugenia Velásquez

Septiembre 02, 2024

Los diputados de la Asamblea Legislativa fueron criticados en los primeros meses de la actual legislatura por su falta de transparencia. Los cuestionamientos fueron más fuertes en contra del partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, por ocultar el monto asignado mensualmente a cada diputado para la contratación de sus asesores, fotógrafos, encargados de comunicaciones y demás empleados. Algunos de los diputados oficialistas, incluso, mintieron en la legislatura anterior, asegurando que no tenían asignados $14 mil para gastos de funcionamiento. 

Tras la exigencia pública de transparencia, la mitad de los diputados de Nuevas Ideas se vieron obligados a informar quiénes son sus empleados, sus cargos y los salarios. La información que compartieron, sin embargo, fue incompleta, ya que sigue oculto cuántos vehículos tienen asignados, motocicletas, vales de gasolina, gastos para viajes y otros desembolsos. La otra mitad de los diputados oficialistas sigue sin revelar cómo gastan el monto asignado mensualmente para gastos de funcionamiento.

Los diputados del PCN y PDC, quienes son aliados del oficialismo, ni siquiera compartieron la mínima información incompleta que presentó Nuevas Ideas. Así que hasta la fecha se desconoce quiénes son sus empleados, sus cargos y salarios. Tampoco se sabe cuántos vehículos tienen asignados, vales de gasolina y otros gastos. 

El partido de oposición Arena se limitó a compartir quiénes son los empleados de su fracción y sus cargos, pero ocultó los salarios. Mientras tanto, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, reveló que inicialmente tenía asignados $20 mil para pagar a sus 11 empleados; pero, tras la polémica, su monto asignado fue reajustado a $11 mil, tal y como ocurrió con todos los demás diputados. Ortiz también ocultó inicialmente que tenía asignado un vehículo. Tuvo que admitirlo hasta que periodistas le preguntaron si lo tenía, junto a una motocicleta y vales de gasolina. Finalmente, dijo que la Asamblea le quitó ese vehículo. 

El secretismo en la Asamblea Legislativa no es nuevo. Antes de que Nuevas Ideas controlara el poder legislativo, también hubo ocultamiento de información sobre el gasto de funcionamiento.

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La mitad de los diputados del partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, reaccionó ante las críticas de sus simpatizantes por mantener en secreto el monto que la Asamblea Legislativa les asigna mensualmente para pagar a sus encargados de comunicaciones, fotógrafos, asesores, asistentes, conserjes y demás empleados que han contratado en el actual y anterior periodo legislativo. En sus perfiles de redes sociales, los diputados oficialistas intentaron silenciar los cuestionamientos al publicar listados simples del personal que trabaja bajo la modalidad de contrato en sus oficinas y la cantidad de dinero público que la Asamblea les desembolsa cada mes para las remuneraciones. Algunos, como el jefe de la fracción, Christian Guevara, también bloquearon a sus críticos en la plataforma X. 

La información que los diputados de Nuevas Ideas compartieron inicialmente, sin embargo, no es oficial ni ha sido publicada de forma oficiosa por la Asamblea —como corroboró esta revista antes de la publicación de esta nota— y además está incompleta, ya que los listados de su personal son escuetos y no incluyen el detalle sobre los desembolsos de dinero para viajes ni los gastos de representación y tampoco especifican si tienen vehículos institucionales asignados, motocicletas, vales de gasolina y gasto de comunicaciones. 

La falta de esta información con el detalle de la asignación presupuestaria, que no está colgada en el portal de transparencia de la Asamblea, viola los artículos 10 y 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que todavía está vigente aunque las instituciones del Estado la incumplen en complicidad con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Este secretismo del bukelismo en la Asamblea Legislativa es similar a la falta de transparencia que caracterizó a los diputados del pasado, quienes también se aferraron a mantener bajo reserva la información relacionada con su asignación presupuestaria mensual, los viajes, gastos de representación y otros.

En sus publicaciones, los diputados oficialistas se limitaron a seguir una misma narrativa, como si estuvieran siguiendo un guion predeterminado. En sus cuentas de redes sociales escribieron, el pasado 8 de agosto: “Estaba en plenaria, pero me tomo un momento para hacer de su conocimiento la planilla”. 

Para cuando publicaron los cuadros simples, ya había pasado un mes desde que los seguidores del oficialismo comenzaron a cuestionarlos por su falta de transparencia. Las críticas eran tan fuertes que, el pasado 5 de julio, Nayib Bukele aprovechó una cadena nacional de radio y televisión para intervenir. En la cadena, el mandatario —quien se mantiene en el poder de forma inconstitucional— trató de zanjar el asunto diciendo que habló con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien le aclaró que todos los diputados recibían $14,500 mensuales para gastos de funcionamiento en el periodo legislativo anterior y que en el actual hubo un recorte para desembolsar a cada uno $13,200; excepto a la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, a quien la Gerencia de Operaciones Legislativas (GOL) le aprobó $20,000.

Insatisfecho con el monto mensual, Bukele aseguró que le solicitó al presidente de la Asamblea un descuento de al menos $2,200 a cada diputado, con el fin de que ninguno tenga más de $11,000 mensuales para contratar a su personal, porque “la gente está pidiendo otro recorte”. 

Además, exigió que la diputada Ortiz también debería tener asignado el mismo monto. Asimismo, entre sus indicaciones al presidente de la Asamblea, dijo que el recorte de $2,200 debería ser usado para becas estudiantiles. En la cadena y de forma implícita, Bukele también dejó evidencia que interviene y controla los asuntos del poder legislativo y que en El Salvador ya no existe la división de poderes.

Cadena nacional de radio y televisión en la que Nayib Bukele interviene en la polémica por falta de transparencia en la Asamblea Legislativa.

Pese a la intervención de Bukele, las críticas no se apagaron entre la opinión pública. De hecho, los cuestionamientos aumentaron cuando un grupo de hackers, autodenominado “Ciberseguridad SV”, filtró un listado que contenía información de 1,465 empleados del Órgano Legislativo, de los que 450 trabajan para Nuevas Ideas. La lista, sin embargo, no tenía información sobre empleados de Arena, Vamos, PDC y PCN.

 El listado dejó en evidencia que la Asamblea está sobrepoblada de empleados y que algunos tienen plazas para las que no están calificados. Por este tipo de acciones y la falta de transparencia, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular acudieron, el pasado 19 de agosto, al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para denunciar lo que califican como “corrupción legislativa” en el uso de los fondos públicos para contratar “familiares, creadores de contenido, exfutbolistas, excandidatos” y otras personas afines al partido oficialista.

Los cuadros simples de Nuevas Ideas

Los primeros cuadros que compartieron los diputados oficialistas, para reaccionar ante la avalancha de críticas, fueron simples, escuetos, con información a cuentagotas y no oficiales. Contenían, a duras penas, tres columnas: nombre del empleado bajo la modalidad de contrato, cargo y sueldo. Abajo del cuadro aparecía la firma de cada diputado y un sello que no era el oficial de la Asamblea, sino de sí mismos o de su fracción legislativa autodenominada “La bancada cyan”. 

Al día siguiente, los diputados siguieron incómodos ante las críticas que no lograban callar con los cuadros simples que habían compartido. Así que publicaron constancias laborales con el diseño de membrete legislativo, sellos oficiales y firmados por el gerente de recursos humanos de la Asamblea, Wilfredo Amílcar Polanco Aquino. Esas constancias aportaban unos cuantos datos más sobre los descuentos en sus remuneraciones, pero la información siguió siendo incompleta porque en ningún momento detallaron cuántos vehículos o motocicletas tienen asignadas ni cuántos vales de gasolina usan al mes y tampoco cuánto es el gasto para viajes y representación.

Los aliados del oficialismo ocultan hasta lo mínimo

En medio del escándalo por la falta de transparencia en la Asamblea, los tres diputados aliados del oficialismo —dos del partido PCN y uno del PDC— intentaron mantenerse en silencio. Ni siquiera compartieron la mínima información escueta e incompleta que los diputados de Nuevas Ideas sí mostraron.

Tras la presión de la opinión pública, el diputado del PDC, Reynaldo Carballo, se limitó a compartir los acuerdos de la Junta Directiva de la Asamblea, en los que consta que su fracción dejará de recibir $13,200 mensuales para gastos de funcionamiento y que el nuevo monto será de $11,000 al mes. Es decir, compartió información que ya era pública y no reveló quiénes son parte de su equipo y sus salarios. Argumentó que se tardó en compartir esta información porque andaba de viaje en Estados Unidos, donde supuestamente se reunió con líderes políticos. Sobre ese viaje, el funcionario no transparentó públicamente si fue un viaje oficial ni cuánto fue el gasto y tampoco explicó con quiénes se reunió ni los temas que abordaron. 

Reynaldo Cardoza, uno de los diputados del PCN, dijo a GatoEncerrado que no revelará quiénes trabajan en su fracción ni cuánto les paga. “Eso sería exhibir a cada uno de los empleados y no, eso no, yo tengo 11 empleados y eso es lo que voy a dar, más no voy a dar yo”, se excusó el legislador.

Arena también oculta información

La fracción de oposición Arena tampoco fue transparente en publicar la información completa. El partido de derecha se limitó a revelar, en su página web, un cuadro simple con el nombre de los 15 empleados que trabajan para los dos diputados que aún sobreviven en la actual legislatura. El cuadro de Arena solo agregaba, además de los nombres, los cargos y el número de carné de cada empleado. Las remuneraciones fueron ocultadas. 

Lo que sí publicó Arena, a diferencia de Nuevas Ideas, es una carta dirigida al gerente de operaciones legislativas, Franklin Nolasco, en la que comunica que “no hará uso” de vehículos, motocicletas ni vales de gasolina. Marcela Villatoro, la coordinadora de ese grupo parlamentario, argumentó que no aceptaron esa designación por su “compromiso con la austeridad” y porque esos beneficios son “innecesarios para el trabajo legislativo”. Todas las demás fracciones no han transparentado si han recibido o rechazado recursos institucionales de la Asamblea, como vehículos y gasolina.

Carta de Arena, en la que anuncia, ante la Junta Directiva de la Asamblea, que “no hará uso” de vehículos institucionales ni vales de gasolina.

Los $20 mil de la discordia

Las críticas por la falta de transparencia en la Asamblea Legislativa comenzaron cuando la única diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, publicó en su página web personal quiénes son parte de su equipo, sus cargos y los salarios que ganan. 

En ese portal, consta que Ortiz tenía inicialmente a 11 personas en su fracción, contratadas por la Asamblea. Con ese total de empleados y sumando sus salarios, el monto que la Asamblea iba a desembolsar mensualmente para Vamos, en el actual periodo legislativo, era de $20 mil; mientras que en el periodo anterior fue de $18 mil. La diputada aseguró, en una entrevista televisada de Frente a Frente, que de esos $18 mil ocupó hasta $12,500 mensuales y que lo restante quedó en manos de la administración de la Asamblea. 

A pesar de transparentar quiénes fueron contratados en el actual periodo legislativo como su equipo y cuánto ganaban, la información también estaba incompleta. La diputada ocultó que tiene asignado un pickup y una motocicleta con vales de gasolina. Cuando fue abordada sobre estos beneficios para su fracción, Ortiz argumentó que esos recursos son para “el trabajo de campo” de su equipo. El pasado 2 de septiembre, la legisladora dijo que la Asamblea le quitó el vehículo.

Siete de los 11 empleados de su equipo fueron candidatos en elecciones anteriores o tienen altos cargos en la estructura organizativa de Vamos. Una de esas personas es su jefa de asesores, Cesia Rivas, la actual secretaria general del partido y diputada suplente de Ortiz, quien inicialmente tenía una remuneración asignada de ocho salarios mínimos ($2,975) en un país donde el 42.5 % de las personas no tiene empleo o lo hizo en condiciones precarias ganando menos de un salario mínimo, según la última encuesta de Hogares Múltiples de Propósitos Múltiples de 2023. 

Entre su personal también fue contratada Wendy Xiomara Díaz como asistente de prensa, con un salario de $1,150, quien fue candidata a diputada por San Salvador. Como jefe de comunicaciones contrató a Iván Morataya, con un salario de $2,300. El secretario nacional de actas y acuerdos de Vamos y excandidato a diputado de San Salvador, Josué Alvarenga, fue contratado como su encargado de participación ciudadana con un salario de $1,600. El también excandidato a diputado por San Salvador, Juan Carlos Villalta, fue contratado como asesor jurídico con un salario de $2,550. El secretario nacional de ideología del partido, Pacífico Chávez, fue contratado como el encargado de tecnologías de la información y comunicación con un salario de $1,150. La excandidata a diputada por La Libertad, Estela Mata, fue contratada como ordenanza con un salario de $500. La secretaria nacional de organización del partido, exconcejal en la alcaldía de Santa Tecla y excandidata a diputada por La Libertad, Wendy Alfaro, fue contratada como analista de grupo parlamentario con un salario de $1,600. 

Captura de pantalla del sitio web personal de la diputada Claudia Ortiz.

Esa cantidad de dinero mensual para pagar a los empleados de Vamos fue un escándalo entre la opinión pública y marcó el inicio de los cuestionamientos a los diputados de la Asamblea por ocultar información. Mientras tanto, Ortiz denunció que unos días después de publicar que tenía 11 empleados contratados, la Asamblea despidió a seis sin previo aviso y sin seguir el debido proceso.

El 22 de agosto, en una entrevista de la radio YSKL, Ortiz aseguró que se ha quedado solamente con una persona, sin precisar quién y cuánto le está pagando. En la plenaria de esa misma semana, GatoEncerrado observó que Cesia Rivas, su diputada suplente y jefa de asesores, es quien la acompañó y grabó videos mientras daba declaraciones a los periodistas, como si estuviera retomando el trabajo de los comunicadores de la funcionaria.

Mentiras y justificaciones de los diputados oficialistas

Después de que la diputada Claudia Ortiz publicó que tenía asignado un presupuesto mensual de $20 mil para pagar a sus 11 empleados, comenzaron los cuestionamientos en contra de Nuevas Ideas por permitir —siendo la bancada que controla la Asamblea— una asignación tan alta a una diputada de oposición en un país con la mitad de su población en emergencia alimentaria y sin empleo formal. Las críticas fueron subiendo de tono cuando los diputados oficialistas decidieron guardar silencio y esconderse, mientras sus votantes exigían transparencia.

Los diputados de Nuevas Ideas prometieron y afirmaron, como parte de su campaña, que iban a eliminar los privilegios que los políticos del pasado habían gozado en la Asamblea. Aseguraron que eran diferentes, que no eran como “los mismos (funcionarios) de siempre” que exprimieron los recursos del Estado para su beneficio personal, sus amigos y aliados. Pero mintieron y quedaron en evidencia. 

La vicepresidenta de la Asamblea y diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, pregonó en la entrevista “Diálogo” del canal 21 que era un “mito” que los diputados recibían mensualmente $12 mil para contratar a su personal. Lo dijo en mayo de 2021, cuando el primer periodo del bukelismo en la Asamblea todavía estaba iniciando. 

El hecho es que no recibían $12 mil, sino más: $14,500, como lo dijo Nayib Bukele en la cadena de radio y televisión del pasado 5 de julio. 

Callejas no fue la única que mintió. El 2 de julio de 2023, en un programa de opinión del canal 23 TVO, llamado “La verdadera gobernabilidad”, los anfitriones y diputados de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, William Soriano y Raúl Castillo, afirmaron que ellos no recibían $14 mil mensuales para gastos de funcionamiento. De hecho, se burlaron de la gente que les pedía cuentas sobre ese dinero.

Los diputados de Nuevas Ideas que mintieron, en un programa de televisión, sobre la asignación presupuestaria en la Asamblea Legislativa.

Un año después, el 9 de julio de 2024, luego de la presión y críticas en redes sociales, el diputado William Soriano tuvo que salir “a dar respuestas a los salvadoreños” en su canal de YouTube, en el que hace transmisiones y cuelga videos como si fuera un youtuber que habla de sí mismo en tercera persona y con titulares e imágenes de portadas llamativas para generar más vistas.

En el video, Soriano contradijo las afirmaciones que hizo en el programa “La verdadera gobernabilidad”. Admitió que es cierto, tal como lo informó Bukele, que los diputados recibieron $14 mil mensuales en el periodo anterior, pero cantinfleó cuando aseguró que él no mintió cuando dijo que no los recibió, aunque sí los tenía asignados. En la transmisión de YouTube trató de dar a entender que no es un mentiroso y que es transparente porque, aunque sí tenía asignados los $14 mil, en realidad solo recibía $8,500 al mes para contratar a su personal y que el resto quedaba en la administración de la fracción legislativa para los gastos de funcionamiento del grupo parlamentario. En palabras simples: Soriano admitió que mintió, pero que eso no lo hace un mentiroso y además aseguró que sigue siendo transparente con la población.

El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, hizo una transmisión en su canal de YouTube para aclarar lo que había dicho en el programa de televisión. Admitió que sí tiene una asignación presupuestaria para contratar a su personal.

Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, habló en los mismos términos contradictorios el pasado 27 de agosto. Aseguró que no transparentar la asignación presupuestaria a la población fue un error que ya está corregido. Pero al mismo tiempo mantiene en secreto el gasto en plazas por contrato de todas las fracciones legislativas. En el portal de transparencia de la Asamblea solo aparece el gasto de las plazas por ley de salario, pero el gasto de las plazas por contrato sigue estando oculto. 

Días antes, Castro también había mentido. Dijo, tajantemente, que era falso que cada diputado tenía asignado $14 mil para la contratación de su personal. Luego, según explicó Bukele en la cadena de radio y televisión, aclaró que los diputados tenían inicialmente $14,500, pero que se hizo un recorte para dejar la asignación en $13,200. Con la injerencia de Bukele en el asunto, la Asamblea hizo el recorte final para que cada diputado reciba $11 mil mensuales para gastos de funcionamiento. 

Una Asamblea que oculta información

La falta de transparencia en la ejecución del presupuesto de la Asamblea y sobre todo en el gasto para cada diputado no es exclusiva de la presente legislatura, ha sido un fenómeno recurrente desde las Asambleas pasadas. Al respecto, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, señaló que la Asamblea Legislativa es una de las instituciones que más incumplen  la Ley de Acceso a la Información Pública.

“De 38 instituciones que evaluamos, la Asamblea Legislativa ocupó el lugar 23, estuvo más cerca de la parte baja de la evaluación que de la parte alta y la Asamblea solo tiene publicada alrededor del 32 % de la información que la ley le obliga a publicar”, manifestó Escobar en la entrevista de TVX, del 11 de julio de 2024.

El experto añadió que al realizar esta evaluación encontraron que el Órgano Legislativo sólo publica dos tipos de información financiera, de nueve que debería tener: “La Asamblea sale mal evaluada en temas de transparencia”, concluyó Escobar.