Periodismo Explicativo
Bukelismo entrega el control del Tribunal Electoral a su leal abogada Roxana Soriano
Roxana Soriano es una persona de confianza para el bukelismo y por eso la recicla en cargos claves para asegurarse el absoluto control del aparato estatal. Ya pasó por el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), donde desnaturalizó esa institución y promovió la ocultación de información, apegándose así a la forma de operar del Gobierno de Nayib Bukele. También fue nombrada por el partido oficialista como presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR) donde nunca anunció auditorías para investigar los abundantes casos de corrupción del gobierno, que han sido revelados por el periodismo. Ahora, bajo la misma confianza, la Asamblea trasladó al Tribunal Electoral para dirigir los próxinos procesos electorales.
Por Eugenia Velásquez
Octubre 2, 2024
Resumen para lectores con prisa
En su cruzada por controlar absolutamente todo el aparato estatal, el partido oficialista Nuevas Ideas nombró a Roxana Soriano como la nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral para que dirija los próximos procesos electorales de 2027, cuando se elegirán alcaldes y diputados; y de 2029, cuando se decidirá quién se queda con la Presidencia de la República.
Soriano es una abogada, con título sospechoso, de confianza del bukelismo. Casi cinco meses después de que fracasó en su intento por conseguir una de las 24 candidaturas a diputada en 2020, Nayib Bukele la nombró comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), donde promovió ocultar información de los comisionados y desnaturalizar el mismo IAIP. Luego, la Asamblea controlada por Nuevas Ideas la ascendió a magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), donde no se pronunció ni mostró públicamente esa institución había iniciado alguna auditoría o investigación por los abundantes casos de corrupción del Gobierno de Bukele que el periodismo ha sacado a la luz.
Junto a Soriano, fueron elegidos como magistrados propietarios a Francisco Rubén Alvarado, propuesto por el FMLN y quien fue director de Migración y Extranjería; Cecilia María Marroquín Castro, propuesta por Arena y actual directora de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia; Karla Cecilia de Miranda, jueza suplente del Juzgado Cuarto de lo Civil, propuesta por la Corte Suprema de Justicia; y Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez, colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional, también propuesta por la Corte Suprema.
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Roxana Seledonia Soriano de Viaud es una pieza clave para el Gobierno de Nayib Bukele. Es una persona que ha gozado de la confianza del mandatario para encabezar instituciones que deberían ser independientes, pero que bajo su administración se han alineado a los intereses del bukelismo. El pasado 26 de septiembre, en el más reciente movimiento estratégico del partido oficialista Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, fue juramentada como la nueva magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Desde esa posición, Soriano será la encargada de dirigir los próximos procesos electorales del país, en los que se elegirán alcaldes y diputados en 2027 y se decidirá quién se quedará en la Presidencia de la República en 2029. Estas elecciones, además, ocurrirán bajo el control absoluto de todo el aparato estatal que ha logrado el bukelismo.
Soriano intentó ser candidata a diputada en julio de 2020, bajo la bandera de Nuevas Ideas y como parte de un grupo autodenominado “Diputados abogados por Nayib”, pero en las elecciones internas de ese partido no obtuvo los votos necesarios para conseguir una de las 24 candidaturas de San Salvador.
Casi cinco meses después de fracasar en su intento por entrar en la planilla de candidatos, Soriano fue nombrada por Bukele como comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), una instancia creada para transparentar y facilitar a los ciudadanos toda la información sobre el quehacer del Estado salvadoreño. A su llegada, promovió que se ocultaran las grabaciones de las reuniones de los comisionados, donde se discuten los casos de personas que denuncian a instituciones públicas por reservar información que debería ser pública. El legado de Soriano en el IAIP fue desnaturalizarlo y, en vez de promover la transparencia, ahora tampoco se pueden conocer las grabaciones en las que los comisionados exponen sus argumentos para respaldar el secretismo y ocultamiento de información en las instituciones públicas.
En agosto de 2023, la Asamblea de Bukele la ascendió a otra institución clave. La sacó del IAIP y la colocó en la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), la institución que audita el manejo de los recursos públicos en todas las instituciones del Estado salvadoreño. Durante el año que estuvo en la Corte de Cuentas, antes de que la Asamblea la trasladara hacia el Tribunal Electoral, no hubo ninguna auditoría ni juicio de cuentas que se hiciera público sobre los casos relacionados con la corrupción del Gobierno de Bukele que investigó la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES); la Fiscalía General de la República (FGR), antes de la destitución del exfiscal general Raúl Melara, en 2021; y periódicos independientes como GatoEncerrado.
Entre los antecedentes de Soriano también aparece que su título universitario de Ciencias Jurídicas, otorgado por la Universidad Militar, era uno de los sospechosos de haber sido obtenido de forma irregular y fraudulenta. El informe Vidales, que detalla la investigación del fiscal Roberto Vidales, reveló que al menos 169 abogados obtuvieron títulos haciendo fraude académico en siete universidades. La Universidad Militar, de donde se graduó Soriano, era una de esas. En el año 2000, esa universidad tuvo que cerrar porque el Ministerio de Educación comprobó irregularidades y fraudes académicos en la entrega de títulos universitarios.
Una elección ilegal y retrasada
Para trasladar a Soriano hacia el Tribunal Electoral, la Asamblea Legislativa cometió una ilegalidad. Se saltó el artículo 45 del Código Electoral que establece claramente que no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Para resolver el impasse legal, Soriano renunció un momento antes de ser juramentada como la nueva magistrada presidenta del Tribunal.
La diputada de Arena, Marcela Villatoro, también criticó que la elección de Roxana Soriano como presidenta del Tribunal Electoral obedece al control que Nuevas Ideas quiere tener en las próximas elecciones. Pero, además de haber elegido a una persona “leal”, señaló que probablemente la Asamblea cometió un “fraude de ley” al elegir una persona que ya era magistrada de la Corte de Cuentas.
“El procedimiento en el caso de ella (Soriano) no fue el correcto, primero porque la ley es clara cuando dice que no puede ser magistrado del TSE quien preside la Corte de Cuentas, por lo que si quería ser candidata debió haber renunciado con antelación y no después, cuando ya había sido electa. Si estuviéramos en un estado de derecho real, esto podría prestarse a una inconstitucionalidad del nombramiento por fraude de ley”, dijo Villatoro.
DATO
Código Electoral Art. 45
El literal A del artículo 45 del Código Electoral establece que no podrán ser magistrados o magistradas del Tribunal Supremo Electoral:
El Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, las y los Designados a la Presidencia de la República, las y los Ministros y las y los Viceministros de Estado, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Legislativa, el Presidente o Presidenta y Magistrados o Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente o Presidenta y Magistrados o Magistradas de la Corte de Cuentas de la República, la o el Fiscal General de la República, el Procurador o Procuradora General de la República y el Procurador o Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.
Además de esa irregularidad en la elección, el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, anunció inicialmente que la elección de los nuevos magistrados del Tribunal sería a través de un mecanismo transparente y que los elegidos serían profesionales sin ningún vínculo partidario. En ambos casos mintió. La elección se atrasó casi dos meses sin dar explicaciones y la persona juramentada como magistrada presidenta tiene evidentes vínculos partidarios con el partido Nuevas Ideas.
Diferentes constitucionalistas y analistas dijeron a GatoEncerrado que la elección de Soriano para que dirija el Tribunal Electoral refleja el interés del Gobierno de Bukele de tener bajo su control las próximas elecciones; así como ocurrió en agosto de 2023, cuando el oficialismo nombró a Soriano en la Corte de Cuentas para garantizar impunidad ante los graves casos de corrupción que el periodismo salvadoreño reveló.
“Soriano es un bastión del partido político (Nuevas Ideas) dentro de las instituciones, no es alguien que vaya a actuar con independencia. Me sorprendería francamente, sería una sorpresa muy agradable que actuara de forma independiente, pero con todo respeto no creo que así sería”, dijo el constitucionalista Enrique Anaya, en una entrevista de la Radio Fuego.
Anaya, además, señaló que otra de las irregularidades que ocurrió en la elección fue que la Comisión Política de la Asamblea rechazó la primera terna de candidatos que presentó el partido Arena bajo el argumento de que “no cumplían con los requisitos” y no explicó cuáles eran esos requisitos incumplidos. En lugar de esos candidatos, la Comisión exigió a Arena una nueva terna. Cuando el partido de derecha la entregó, los diputados se apresuraron a entrevistar a las personas de la nueva terna y el mismo día emitieron el dictamen y al siguiente, 26 de septiembre, el pleno legislativo eligió a las nuevas autoridades del Tribunal Electoral.
Para esa fecha ya habían transcurrido casi dos meses desde que el plazo para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral había vencido. El pasado 30 de julio, la Comisión Política ya había emitido un dictamen favorable para nombrar a las nuevas autoridades. Sin explicaciones, el dictamen no fue llevado al pleno y los nombres de las personas elegidas se mantuvo en secreto.
Un mes después, el presidente de la Asamblea se limitó a decir que el retraso se debía a una “discusión interna”. Fue tan escueto en su declaración que no especificó sobre qué era esa “discusión” y si en la misma estaban incluidos representantes de los partidos Arena y FMLN. Según el Código Electoral, estos partidos de oposición tienen derecho a proponer candidatos a magistrados por haber obtenido la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones presidenciales, por debajo de los votos que recibió Nuevas Ideas.
DATO
Código Electoral
Art. 43
El artículo 43 del Código Electoral detalla cómo será la integración del Organismo Colegiado:
El Tribunal Supremo Electoral, estará formado por cinco Magistrados o Magistradas, quienes durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales, que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Los dos Magistrados o Magistradas restantes, serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados o Diputadas electos, de las ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, junto a Roxana Soriano, fueron elegidos como magistrados propietarios: Francisco Rubén Alvarado, propuesto por el FMLN y quien fue director de Migración y Extranjería; Cecilia María Marroquín Castro, propuesta por Arena y actual directora de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia; Karla Cecilia de Miranda, jueza suplente del Juzgado Cuarto de lo Civil, propuesta por la Corte Suprema de Justicia; y Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez, colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional, también propuesta por la Corte Suprema.
Los nuevos magistrados suplentes son: Karen Elizabeth González de Girón, propuesta por Nuevas Ideas y quien también es secretaria municipal de la alcaldía de San Salvador Centro, en 2019 fue asesora de Casa Presidencial y ha trabajado en las administraciones municipales de Nayib Bukele; René Amílcar Claros, fue electo como magistrado suplente del Fmln; Irvin Antonio Castillo López, como magistrado suplente de Arena; Mario Alas Ramírez, como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y Francisco Castro, también de la CSJ.
Antecedentes de un TSE genuflexo y caótico
Las autoridades salientes del Tribunal Supremo Electoral también se mostraron alineados a los intereses de Nayib Bukele, por lo que la dirección de Soriano en esa institución no será una novedad ni un golpe de timón. GatoEncerrado reveló que los anteriores magistrados —excepto Julio Olivo— aceptaron reunirse en secreto, en Casa Presidencial, a solicitud del exasesor jurídico de la Presidencia de la República, para mostrarse afines al fallo de la Sala de lo Constitucional que dejó la puerta abierta a la reelección continua. En esa reunión, quedó claro que no estorbarían la candidatura de Bukele, a pesar de que la reelección es inconstitucional.
Los magistrados salientes también dirigieron las elecciones más cuestionadas de la historia reciente de El Salvador. Tanto las que celebraron para elegir a diputados y alcaldes en febrero de 2024, como las que se realizaron para elegir presidente en marzo del mismo año, tuvieron problemas de transmisión de datos, conteo de votos, infiltración de simpatizantes de Nuevas Ideas en labores que debía cubrir el personal del Tribunal y fallos técnicos en el voto electrónico del exterior. De manera que los resultados, hasta la fecha, carecen de legitimidad.
