Justiciómetro
"Me han procesado sin darme la posibilidad de defenderme": exministro Mauricio Ramírez Landaverde
El exfuncionario denuncia que el proceso judicial que ha enfrentado estuvo plagado de irregularidades, que no se le respetaron sus garantías legales y que esto le ha causado daños irreparables. Asegura, en una entrevista con GatoEncerrado, que la Fiscalía no pudo sostener la acusación de que desvió $14 millones de los fondos de las Tiendas Institucionales de Centros Penales. Afirma que ha demostrado su inocencia y que espera que la justicia falle a su favor, a pesar de que ya lo “perdió todo” en un caso que califica como persecución política.
Por Francisco Otero
Video: Bladimir Nolasco | Octubre 24, 2024
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Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, exdirector de la Policía Nacional Civil y exministro de Justicia y Seguridad durante el último gobierno del FMLN, ha enfrentado un proceso judicial bajo la acusación de desviar $14 millones provenientes de las tiendas institucionales de los Centros Penales. Tras esta imputación, pasó casi tres años en prisión preventiva, tiempo en el que, según dijo en una entrevista con GatoEncerrado, enfrentó una serie de irregularidades. Entre ellas, la vulneración de sus garantías legales y la imposibilidad de defenderse adecuadamente tanto en los tribunales como en un proceso simultáneo de expulsión de la Policía. El juicio ya terminó, solo falta que este 25 de octubre el Tribunal Quinto de Sentencia anuncie su decisión de absolver o condenar a Ramírez Landaverde y otros nueve acusados.
Mientras espera el fallo judicial, el exministro ha permanecido desde agosto de este año en arresto domiciliario, en una vivienda ubicada en Santa Tecla. Este medida sustitutiva a la detención provisional fue un beneficio legal que le negó en tres ocasiones la Dirección General de Centros Penales, a cargo de Osiris Luna, cuando desobedeció las órdenes judiciales para sacarlo de prisión.
Afuera de su vivienda, tres agentes de la Policía lo vigilan día y noche para que no salga ni a su pequeña cochera. Adentro, vestido con una camiseta negra y una calzoneta gris, se sienta en su pequeña sala de estar en unos muebles de madera pintados de negro y unos cojines anaranjados. Saca su computadora portátil y empieza a explicar a GatoEncerrado que ha documentado una serie de irregularidades que lo llevan a concluir que su caso es de persecución política, de venganzas y no apegado a la justicia ni para buscar la verdad.
El caso inició cuando Rogelio Rivas, el primer ministro de Seguridad del único gobierno legítimo de Nayib Bukele, se presentó ante la Fiscalía General de la República el 27 de junio de 2019 para interponer un aviso por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de las Tiendas Institucionales de los Centros Penales, a través de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO), en la que el exministro Ramírez Landaverde y otros exfuncionarios del FMLN eran directivos.
El exministro señala que Rivas interpuso el aviso por una supuesta corrupción sin tener pruebas de nada. Un par de años después, cuando la Fiscalía ya era controlada por el oficialismo —tras la destitución del fiscal general Raúl Melara y la imposición de Rodolfo Delgado—, fue ordenada su captura junto a otros nueve exfuncionarios del Ministerio de Seguridad y de la Dirección General de Centros Penales, el 09 de septiembre de 2021.
El fiscal Delgado explicó, en una conferencia de prensa de esa misma fecha, que la captura del exministro obedecía a que debía responder ante la justicia por el desvío y apropiación de fondos, a través de ASOCAMBIO.
“Al menos desde el año 2018, cuando se crea ASOCAMBIO, se generaron una serie de desvíos irregulares hacia personas que al mismo tiempo trabajaban para la administración pública, como Mauricio Landaverde”, declaró Delgado.
El segundo y actual ministro de Seguridad de los gobiernos de Bukele, Gustavo Villatoro, agregó ese mismo día que esta captura no se trataba de “una persecución política” sino de llevar ante la justicia “a exfuncionarios que jugaron con los fondos de los salvadoreños”.
Para Ramírez Landaverde, sin embargo, su captura y proceso judicial respondió a lo que él considera como una campaña difamatoria de la administración Bukele en contra de exfuncionarios y políticos, a quienes ha querido anular para gobernar sin oposición política. En su caso, asegura, la Fiscalía ha sostenido una acusación que no ha podido comprobar ni mostrar evidencias.
Esta Asociación Yo Cambio nació en agosto de 2018 tras una recomendación de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para el manejo de los fondos millonarios que generan las más de 300 tiendas institucionales dentro de los centros penitenciarios, según corroboró GatoEncerrado en el “Examen Especial a las Tiendas Institucionales de la Dirección General de Centros Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del 01 de enero de 2012 al 30 de abril de 2016”.
En esa auditoría estaban señalados 14 hallazgos sobre el uso y desorden financiero que los gobiernos del FMLN estaban haciendo con los fondos millonarios que dejaban las Tiendas Institucionales en el interior de los penales y que no estaban legalizados. Para subsanar los hallazgos, corregir el desorden financiero y legalizar los fondos, la Corte de Cuentas hizo tres recomendaciones para que Ramírez Landaverde siguiera alguna de esas, tras haber sido nombrado en el cargo.
Las tres recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República eran: “Crear un fondo de actividades especiales exclusivos para las Tiendas Institucionales, crear un fondo especial o crear una asociación o fundación sin fines de lucro”.
Los fondos no estaban legalizados porque las Tiendas Institucionales, en sencillas palabras y en líneas generales, fueron el resultado de distintos intentos históricos de las autoridades penitenciarias para quitarles el negocio a algunos privados de libertad que habían montado una especie de mercado interno desde antes de la década de 1990, donde se vendía y compraba casi de todo lo que hay afuera de los penales, a un precio más alto. En medio de estas ventas internas también había casos de contrabando de drogas y armas, controlado por grupos mafiosos como “La Raza” en el Centro Penal La Esperanza, que tenía conexiones en el exterior para abastecerse de mercancía, bajo la complicidad de algunos custodios penitenciarios corruptos. Rodolfo Garay Pineda, exdirector general de Penales por 15 años (1989-2004), explicó públicamente que estas tiendas se fueron sofisticando y detalló que algunos privados de libertad eran dueños y empleados de las tiendas donde se ofrecía “desde un dulce hasta un fino banquete, lo que era ilegal porque se utilizaba la infraestructura estatal para beneficio propio”. Para el año 2000, las tiendas institucionales fueron establecidas en el reglamento interno de la Ley Penitenciaria para su administración y regulación. En el nuevo milenio, aunque ya estaban institucionalizadas, las tiendas carecían de un orden en el manejo de los fondos millonarios. Fue por esa razón que en 2016, la Corte de Cuentas recomendó legalizar los fondos y ordenar administrativamente el manejo del dinero.
Con las tres recomendaciones, Ramírez Landaverde explica —mostrando correos electrónicos y memos en su computadora— que lo primero que hizo fue pedir al entonces ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que le ayudara a crear un Fondo de Actividades Especiales, como el mecanismo para captar fondos de los usuarios de la institución para fines propios de la misma. Pero Cáceres le dijo que ese dinero no se podía hacer público y que, por lo tanto, no podía ayudarlo.
Tras fracasar en ese intento, se dirigió al presidente de ese momento, Salvador Sánchez Cerén, para respaldar una iniciativa de ley con el objetivo de que el dinero de las tiendas se recogiera en un fondo especial. Pero tras varias correcciones, el proyecto de ley nunca obtuvo el aval del mandatario.
Así que finalmente, asegura Ramírez Landaverde, creó la asociación de sociedad civil sin fines de lucro “para desarrollar programas de rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad y dotar de un control a las finanzas de las Tiendas Institucionales”. El Ministerio de Gobernación de esa época avaló la constitución de la organización, permitiendo que funcionarios de gobierno fueran nombrados como directivos de la misma.
Pertenecer a la directiva de ASOCAMBIO, que manejó los fondos millonarios de las Tiendas Institucionales, fue uno de los argumentos para ser procesado judicialmente desde aquel 09 de septiembre de 2021, según explicó el fiscal general, en un caso en el que se le acusó de apropiación de $14 millones y se le imputó los delitos de actos arbitrarios y peculado. En el juicio, como esta cantidad no pudo ser comprobada por la Fiscalía, el mismo Tribunal Quinto de Sentencia sugirió un cambio de delito por administración fraudulenta de $510,000, en vez de apropiación de $14 millones. La sugerencia fue rechazada y la Fiscalía insiste en los mismos delitos y pide una pena máxima de 16 años de prisión y pagar una responsabilidad civil de $60,000.
Irregularidades en el caso
Antes de llegar hasta el juicio, Ramírez Landaverde describe una serie de irregularidades en el caso que iniciaron desde la audiencia inicial. El Juzgado Sexto de Paz le otorgó medidas sustitutivas a la detención provisional y recuerda que en esa audiencia “la jueza del caso le expresó a la Fiscalía que no había presentado los indicios de las pruebas para investigar y procesar los delitos señalados”.
Ante la resolución de la jueza de pasar el caso a la instancia de Instrucción con medidas sustitutivas a la detención provisional, los fiscales del caso anunciaron ese mismo día que iban a apelar, porque no estaban de acuerdo con la decisión, bajo el argumento de que en la audiencia inicial “no se hizo una adecuada valoración de los arraigos que fueron presentados”. Lo que quiere decir que la Fiscalía señalaba que al estar en libertad existía la posibilidad de fuga.
En noviembre del mismo año, la Cámara Tercera de lo Penal respondió al recurso de apelación y decidió revocar las medidas sustitutivas y ordenó, de nuevo, la detención provisional contra los diez exfuncionarios involucrados en el caso.
Cuando se enteró de la decisión, Ramírez Landaverde se presentó voluntariamente, el 6 de diciembre, ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, que estaba a cargo de su caso, para someterse a la detención provisional. Ese mismo juzgado, en enero de 2022, realizó una audiencia especial de revisión de medidas y ordenó, por segunda vez en el proceso judicial, medidas sustitutivas a la detención provisional para Ramírez Landaverde y el exinspector general de Centros Penales, Ramón Fernando Roque. No obstante, la Dirección General de Centros Penales no acató la orden judicial y los mantuvo en prisión.
Tras la orden judicial, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) controlada por el bukelismo removió a la jueza segunda de Instrucción de San Salvador, Edelmira Violeta Flores Orellana, hacia un juzgado de Mejicanos. Ramírez Landaverde opina que esta decisión en contra de la jueza es una represalia por haberle otorgado medidas sustitutivas a la detención; así como el arresto domiciliario que decretó para el exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, quien también es considerado por diferentes organismos de derechos humanos como un preso político del Gobierno de Bukele y quien permanece en prisión.
Un mes después del traslado de la jueza, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revocó las medidas sustitutivas a la detención provisional y ordenó que Ramírez Landaverde permaneciera en prisión mientras continuaba el proceso judicial en su contra, a la espera de la audiencia preliminar.
Esta audiencia preliminar se realizó finalmente en octubre de 2023, cuando una nueva jueza asignada al Segundo de Instrucción de San Salvador decretó que los imputados fueran enviados a juicio y que debían permanecer en prisión mientras esperaban el juicio a cargo del Tribunal Quinto de Sentencia.
El exfuncionario relata que en esa audiencia preliminar, la jueza se limitó a realizar el trámite de pasar el caso a juicio y recuerda que expresó que a ella “no le correspondía valorar las pruebas, sino solamente pasar el caso a la siguiente fase”.
“La audiencia preliminar es muy importante, ya que allí se decide, con lo que se ha investigado, si hay suficiente material para definir el cometimiento de los delitos”, comenta el exministro.
Por su parte, la Fiscalía presentó en esa audiencia preliminar una pericia contable en la que, según Ramírez Landaverde, se evidencia que nunca existió el desvío de $14 millones. Fue por ese peritaje, y para “salvar el caso”, que el mismo tribunal sugirió cambiar la tipificación del delito.
En diciembre de 2023, Ramírez Landaverde junto a Fernando Roque cumplieron 24 meses en detención provisional, así que uno de los defensores de los exfuncionarios, Gustavo Huezo, presentó ese mismo mes un escrito en el que argumentó que el tiempo máximo de la detención provisional había vencido y que, por lo tanto, solicitaba medidas alternas para los dos exfuncionarios.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, en respuesta, ordenó que podían seguir el proceso judicial en libertad. Esta era la tercera vez que una instancia judicial ordenaba la libertad para los acusados y la segunda vez que la Dirección General de Centros penales desobedecía la orden.
En enero de 2024, el Tribunal Quinto de Sentencia tuvo que suspender el juicio porque la Dirección General de Centros Penales, además de desobedecer la orden de ponerlos en libertad, no los trasladó desde el Penal La Esperanza “Mariona” hasta los tribunales para enfrentar la vista pública. Tampoco les habilitó una videoconferencia desde la cárcel para seguir el juicio.
Mientras se encontraba en prisión provisional, imposibilitado de defender su empleo en la corporación policial, el Tribunal Disciplinario Metropolitano de la Policía volvió a hacerle un proceso de destitución. En 2021, antes de ser procesado judicialmente, la Inspectoría General de Seguridad Pública y el Tribunal Disciplinario lo destituyeron. Tras esa decisión, Ramírez Landaverde demandó a la Policía ante una instancia de lo contencioso administrativo, donde se resolvió que debía ser reinstalado y que la corporación policial tenía que desembolsar los salarios que no le pagó.
En marzo de este año, Ramírez Landaverde recibió una notificación de parte del Tribunal Disciplinario, mientras aún se encontraba en prisión. En la nota decía que el proceso de destitución se iba a realizar en ese mismo mes. Como estaba en la cárcel, no pudo defenderse. Luego, personas enviadas por el Tribunal Disciplinario lo visitaron en el penal para notificarle que la decisión había sido expulsarlo de la Policía y que el plazo para apelar vencía el 15 de agosto.
Mientras tanto, el Tribunal Quinto de Sentencia reiteró, por cuarta vez en el proceso judicial, que Ramírez Landaverde y el exinspector fueran puestos en arresto domiciliario, porque el tiempo procesal de dos años para permanecer en prisión sin ser condenado había caducado en diciembre de 2023.
El 16 de agosto, Centros Penales finalmente acató la orden judicial y puso a Ramírez Landaverde en arresto domiciliario. Para ese día, el plazo para apelar la destitución de la Policía ya había caducado.
“Un principio fundamental del proceso disciplinario de la PNC y de cualquier proceso administrativo y que incluso tiene rango constitucional, es el derechos a la defensa y a mi no me han dado ninguna oportunidad de defenderme”, lamenta.
El juicio
El juicio empezó el 20 de agosto. La Fiscalía presentó siete testigos y cinco peritos para intentar probar su acusación. Cuando se discutió la prueba sobre el delito de peculado, los fiscales llamaron como testigo a Rogelio Rivas, quien, según relata Ramírez Landaverde, admitió que interpuso el aviso sin tener un reporte de auditoría o pruebas, y que lo hizo porque su equipo de asesores jurídicos le informó que detectaron un manejo irregular de los fondos de las tiendas institucionales de los penales, a través de la Asociación Yo Cambio.
Entre los testigos también fueron llamados empleados de las Tiendas Institucionales, quienes indicaron en el juicio que el dinero era trasladado por personal de la empresa Servicio Salvadoreño de Protección (Sersaprosa S.A. de C.V.) y depositado en cuentas bancarias a nombre de la Dirección General de Centros Penales y no a cuentas de particulares. Esa información, según constató GatoEncerrado, coincide con las peritajes que se hicieron en la investigación fiscal.
“El caso inició con la acusación de la Fiscalía que me involucraba en la apropiación de $14 millones, pero como no pudieron sostener esa hipótesis, la cambiaron a otra en la que aseguraban que los gastos no fueron en beneficio de la población penitenciaria”, asegura el exministro.
El exfuncionario agregó que, a pesar de la insinuación de la Fiscalía, el dinero se invirtió en los privados de libertad “para gastos de salud, servicios y funcionamiento de la institución; asimismo, el jefe del activo fijo de la Dirección General de Centros Penales, quien también era testigo de la Fiscalía, declaró que todos los bienes que se habían adquirido existen en los inventarios de la institución”.
Por las afirmaciones de los testigos, que la misma Fiscalía hizo desfilar en el juicio, el Tribunal de Sentencia recomendó que el delito de peculado debía de cambiarse por el de administración fraudulenta. Ramírez Landaverde interpreta este cambio como la conclusión de los jueces de que no existía el delito de peculado. Respecto al delito de actos arbitrarios, los fiscales siguen sosteniendo que los funcionarios no pueden ser al mismo tiempo directivos de una asociación privada que administra fondos públicos. Tras el cambio de delitos, la Fiscalía pide una condena de 16 años de prisión, más una responsabilidad civil de $60,061.63.
La decisión del caso será revelada por el Tribunal de Sentencia este viernes 25 de octubre. Mientras tanto, Ramírez Landaverde espera en su vivienda, custodiado por cuatro policías, y dice que independientemente de la resolución, “enfrentar un proceso así” le ha arrebatado todo.
“Las consecuencias son bien amplias, todos los planes y proyectos familiares se terminaron, los daños a nivel familiar, económicos, salud son fuertes. Enfrentar un proceso así ha hecho que yo haya perdido todo”.
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