Por Óscar Hernández y Bladimir Nolasco
Noviembre 24, 2024
El gremio de Salud y Educación se tomó nuevamente, este 23 de noviembre, algunas calles de San Salvador Centro para protestar en contra del Gobierno de Nayib Bukele por los recortes presupuestarios en estos sectores, según consta en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025. Asimismo, marcharon en contra de los despidos de docentes y personal médico que, según diversos sindicatos, son injustificados y fueron la represalia directa en contra de quienes participaron en la primera "Marcha blanca" del pasado 19 de octubre.
Aunque el punto de reunión inicial era el monumento al Divino Salvador del Mundo, los manifestantes tuvieron que moverse una cuadra al este, sobre la alameda Roosevelt, porque había otra actividad programada en el mismo lugar. Desde temprano, ciudadanos organizados comenzaron a congregarse en el lugar. Un aroma a incienso llenaba el espacio y alcanzaba incluso hasta la parada de buses cercana, donde algunos peatones observaban con curiosidad a los manifestantes y sus pancartas. Aunque al inicio no eran numerosas, las consignas eran claras: “A más represión, más lucha” y “No a los recortes en Salud y Educación”.
La marcha inició unos minutos después de las 8:00 de la mañana con una conferencia de prensa en la que los líderes sindicales señalaron que los recientes despidos no solo son una represalia directa contra quienes participaron en la primera marcha, sino también un intento de desarticular la lucha gremial.
“El objetivo de esta marcha es demandar un presupuesto justo en Salud y Educación, que realmente cubra las necesidades de los salvadoreños. No es posible que el Gobierno de Bukele le quite recursos a estos sectores para fortalecer a la fuerza armada y alimentar su programa de propaganda”, señaló Silvia Navarrete, secretaria General del Sindicato de trabajadores de la Salud (SITRASALUD), quien criticó que el Gobierno de Bukele proyecta una imagen internacional que no corresponde con la realidad: “Quieren hacer creer que vivimos en el país de las maravillas, pero hoy salimos a las calles para demostrar que aquí no hay cuentos. Vivimos una realidad donde día a día se violentan los derechos del pueblo salvadoreño”. Foto/Bladimir Nolasco
Idalia Zúniga, exmaestra del Centro Escolar República del Perú y quien fue una de las primeras despedidas tras su participación en la movilización del pasado 19 de octubre, regresó a las calles con micrófono en mano para seguir denunciando las acciones del gobierno, especialmente para dar a conocer su rechazo al presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, en septiembre. “El proyecto del presupuesto violenta, con carácter totalitario, las leyes de la república y atenta contra los derechos y conquistas de la clase trabajadora, así como contra la vida de las familias con escasos recursos”, señaló Zuniga. La sindicalista también exige el inmediato reintegro de 107 trabajadores despedidos, entre ellos 28 directivos sindicales, quienes fueron cesados de manera arbitraria de sus puestos de trabajo por ministros como Francisco Alabí (Salud), Jose Mauricio Pineda (Educación) y Óscar Alejandro Domínguez (Agricultura), así como otras figuras públicas como Silvia Azucena Canales Represa (Bienestar Magisterial) y Paul Steiner (Conamypre). “Estos despidos no respetaron el debido proceso, el derechos de audiencia y defensa ni la libre sindicalización. Incluso ignoraron el fuero sindical, lo que constituye una clara violacion a la ley”, denunció. Foto/Bladimir Nolasco.
Entre las exigencias de quienes marcharon también figuró el respeto a los contratos colectivos de trabajo, instrumentos legales que garantizan derechos laborales como ajustes salariales, condiciones laborales dignas y beneficios adicionales para los trabajadores. Asimismo, demandaron la reactivación de los escalafones de Salud y Educación, que establecen aumentos salariales periódicos basados en experiencia y desempeño, derechos que consideran fundamentales para la estabilidad laboral. Foto/Bladimir Nolasco
En la marcha, señalaron que la promesa de Nayib Bukele, de reparar cinco mil escuelas en sus primeros cinco años de gobierno, sigue sin cumplirse. Criticaron que en vez de cumplir esas promesas, Bukele se ha enfocado en controlar todo el aparato estatal y que las escuelas y atención hospitalaria no han sido una prioridad. Foto/Bladimir Nolasco
“El gobierno debe garantizar que los niños y niñas del país sigan gozando de una educación gratuita y digna”, afirmaron algunas personas que se sumaron a la marcha, exigiendo un incremento en el presupuesto de la Universidad de El Salvador (UES) para asegurar la gratuidad en la educación superior y evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos. Foto/Bladimir Nolasco
En materia de Salud, quienes asistieron a la marcha denunciaron el cierre de Unidades de Salud Familiar y la falta de avances en la construcción del Hospital Nacional de Nejapa, un proyecto para el que el gobierno tiene un presupuesto de $50 millones. El proyecto comenzó a construirse en septiembre de 2022 y se tenía previsto termina en 18 meses; sin embargo, la obra sigue en construcción. Foto/Bladimir Nolasco
Carmen Cabrera Aguiluz pertenece al Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y sostiene una pancarta que cuenta su tragedia. En las letras grandes y rojas se lee: “En 2016 fui víctima de las pandillas, ahora somos víctimas del régimen de excepción”. La imagen de su hijo José Elías Aguiluz, detenido arbitrariamente en mayo de 2022, ocupa la parte inferior de la cartulina.
José Elías fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil mientras regresaba de su trabajo en la empresa de boquitas Bocadeli. Desde entonces, ha pasado por bartolinas en San Martín y finalmente fue trasladado al penal de Mariona. “Lo detuvieron sin pruebas, sin investigar”, denuncia Carmen. A su dolor se suma la indignación por la falta de noticias claras sobre el estado de su hijo.
Carmen no es ajena a la violencia. En 2016, perdió a su otro hijo, José Joel Rodríguez Aguiluz, a manos de pandilleros. Lo torturaron y asesinaron brutalmente, dejando su cuerpo irreconocible. “La espalda de mi hijo parecía carbón quemado”, recuerda con voz entrecortada. Ahora, teme que el gobierno le arrebate a su único hijo.
Según datos de Socorro Juridico Humanitario, más de 75,000 personas han sido arrestadas desde el inicio del régimen de excepción, de las cuales al menos 5,000 han sido detenidas arbitrariamente. Foto/Bladimir Nolasco
Sonia Viñarta pertenece al Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y es una activista comprometida con los derechos de las mujeres. En la marcha denunció las consecuencias en recortes presupuestarios asignados al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la reducción del personal a solo 205 plazas a escala nacional. El ISDEMU es la institución encargada de velar por la seguridad de género y los derechos de las mujeres en el país y actualmente enfrenta una crisis de capacidad que amenaza con desmantelar los servicios esenciales. “Esto tendrá un impacto directo en las mujeres del país. La calidad de servicios será afectada, y quienes más la necesitan quedarán desprotegidas”, advirtió. Foto/Bladimir Nolasco
Ivania Cruz, abogada y vocera de UNIDEHC El Salvador, dijo a esta revista que está preocupada por la persecución política en contra de Fidel Zavala, un ciudadano que, según ella, ha sido blanco de una campaña de difamación por parte del Estado: “Le tienen miedo al testimonio que Fidel ha venido dando sobre las torturas y la corrupción”, señaló, refiriéndose a la declaración de Zavala sobre las violaciones a derechos humanos y las irregularidades dentro del sistema de justicia. La abogada destacó que este tipo de persecución no solo afecta a Zavala, sino que también envía un mensaje claro de que cualquier ciudadano puede ser víctima de represalias por alzar su voz en contra del gobierno. Cruz también denuncia las capturas arbitrarias de veteranos del FMLN y pide su liberación. Foto/Bladimir Nolasco
En la marcha también se denunció la actuación de la Fiscalía General de la República, que está sometida a los intereses del Gobierno de Nayib Bukele. Los protestantes señalaron que el fiscal general, Rodolfo Delgado, no es independiente y persigue a opositores, políticos, periodistas, líderes sociales y ciudadanos inocentes en medio del régimen de excepción. Foto/Bladimir Nolasco
Sobre la 25 Avenida Sur, donde los obreros de la Dirección de Obras Municipales (DOM) trabajaban en la construcción del Nuevo Hospital Rosales, el ambiente cambió momentáneamente. Los trabajadores, algunos de ellos privados de libertad en fase de confianza, hicieron una pausa para observar la movilización. Con curiosidad, escucharon las demandas que resonaban en los megáfonos y prestaron atención a las pancartas, cuyas consignas denunciaban las múltiples problemáticas sociales. El contraste era evidente: mientras algunos intentaban avanzar con sus labores, otros se detenían a reflexionar antes las palabras de los manifestantes. Foto/Bladimir Nolasco
La marcha concluyó en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, frente a las puertas de Catedral Metropolitana, al calor del mediodía y rodeados de las remodelaciones por la temporada navideña que se aproxima. Los sindicalistas alzaron sus voces para advertir sobre las consecuencias en los recortes presupuestarios proyectados en Salud en 2025. “Este recorte no solo es un golpe para los trabajadores del sistema de Salud, sino para toda la población salvadoreña”, denunció uno de los representantes. Hicieron énfasis en cómo esta medida profundiza los problemas crónicos del sistema, agrava la escasez de medicamentos y materiales necesarios para brindar asistencia médica adecuada.
