Por Cristian Meléndez

Delgado es un abogado que llegó a la Fiscalía en abril de 1995 y trabajó en la misma hasta 2016, cuando renunció. En 2001 asumió la dirección de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Delitos de Crimen Organizado, en sustitución de Gustavo Villatoro, quien en ese momento fue nombrado por el expresidente Elías Antonio Saca como director de Aduanas. Actualmente, Villatoro es el ministro de Seguridad de la administración Bukele y Saca sigue en prisión tras haber sido condenado por corrupción.

Mientras dirigía la Unidad de Delitos de Crimen Organizado, Delgado fue mencionado en informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como uno de los responsables de haber avalado torturas cometidas por policías en operativos antisecuestros y por encubrir abusos policiales. 

Desde el año 2000, Delgado trabajó de cerca con los fiscales generales. En 2014, el exfiscal general Luis Martínez —quien fue condenado por escuchas ilegales y procesado por actos de corrupción— lo ascendió a director de la unidad fiscal de Defensa de Intereses del Estado. En 2016, el exfiscal Douglas Meléndez lo nombró su asesor hasta que renunció en 2017. 

Afuera de la Fiscalía, se dedicó a ejercer como abogado particular. En 2019 trabajó para Alba Petróleos, una empresa ligada a los gobiernos del FMLN e investigada por lavado de dinero. Así lo dio a conocer el medio digital INFOBAE, en una investigación en la que se mostraba documentos del Ministerio de Hacienda de El Salvador en los que Delgado cobró de esa empresa $46,666. El caso, incluso, alcanza a Bukele y sus funcionarios, quienes recibieron contratos y donaciones de esa misma empresa por más de $3.4 millones. 

Procesos judiciales por lavado de dinero eran frecuentes entre sus clientes, según consta en su historial. Uno de esos clientes fue Byron Larrazabal, un socio del expresidente de la Asamblea Legislativa y efemelenista, Sigfrido Reyes. 

Asimismo, fue abogado particular de uno de los principales colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS13), según una investigación periodística de El Faro. Ese medio reveló que Delgado trabajó 29 meses como defensor de Jorge Manuel Vega Knight y su esposa, Vanessa Beatriz Argüello de Vega, quienes eran administradores y dueños de los moteles La Pirámide y La Estancia. Estos negocios eran utilizados por la pandilla para transacciones de droga en Sonsonate, reuniones de la clica y como refugio de pandilleros buscados por la Policía.

Luego, fue abogado particular del difunto y exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, cuando en 2020 fue sometido a un proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa por incumplimiento de deberes tras negarse a llevar por apremio al exministro de Hacienda para que rindiera cuentas por sus actuaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19. En 2021, cuando fue impuesto como fiscal general, tenía abierto un proceso en su contra por violencia intrafamiliar. 

Una de las primeras decisiones que tomó al asumir el cargo fue allanar las oficinas de los fiscales de su misma institución que estaban realizando la investigación “Catedral”, en la que estaban siguiendo la pista a distintos casos de corrupción del Gobierno de Bukele y sus negociaciones con las pandillas. Los fiscales que estaban detrás de esa investigación actualmente están exiliados.

También se unió al gobierno para expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que documentó al menos 12 casos de corrupción cometidos por varios funcionarios del bukelismo. Esos casos, que ya habían sido presentados ante la Fiscalía, Delgado los archivó y hasta la actualidad siguen sin avances en la investigación.  

Delgado también ha sido clave en la estrategia de seguridad del Gobierno de Bukele, en la que desde marzo de 2022 lo ha acompañado en el régimen de excepción. Bajo ese régimen, el periodismo y también organismos internacionales y nacionales que defienden los derechos humanos han documentado cientos de casos de abusos policiales y militares en contra de la población. La Fiscalía, bajo la administración de Delgado, no solo ha encubierto a policías, sino que también insiste en acusar sin pruebas a ciudadanos que no tienen ninguna relación con pandillas. 

Sin pruebas concretas, la Fiscalía de Delgado también ha sido la herramienta de Bukele para perseguir penalmente a sus opositores políticos, líderes ambientales y críticos. Entre esos casos está el de los ambientalistas que lideraron la lucha contra la minería. Aunque la Fiscalía no pudo probar su supuesta participación en el asesinato de una persona en el conflicto armado, la Fiscalía ha insistido en que se repita el juicio en el que los ambientalistas fueron sobreseídos. 

En las últimas semanas, la Fiscalía también se ha encargado de hostigar a periodistas con allanamientos irregulares e intentos para que reporteros den a conocer la identidad de sus fuentes.