
30 días antes de que la minería metálica volviera a ser legal en El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recomendó que se mantuviera la prohibición de esta actividad por sus efectos adversos en el medio ambiente y la salud de las personas. Esta recomendación fue incluida en el informe que la PDDH entregó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal que evalúa la situación de los derechos humanos en el país. El Gobierno de Nayib Bukele ignoró esta recomendación y la de expertos ambientalistas que ven en la reactivación de la minería un peligro para los recursos naturales del país y la salud de la población.
Enero 17, 2025
Como parte de su contribución al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de El Salvador, en su informe de noviembre de 2024, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recomendó al Estado mantener la prohibición de la minería metálica que se encontraba vigente desde 2017. Sin embargo, tan solo un mes después, el 23 de diciembre de 2024, esta actividad considerada por científicos y ambientalistas como altamente contaminante del medio ambiente, fue legalizada por los diputados y diputadas de Nuevas Ideas a solicitud del presidente inconstitucional Nayib Bukele, quien anteriormente había calificado de “absurdo” que El Salvador fuera el único país del mundo con una prohibición total de la minería metálica.
La recomendación de la PDDH de mantener la prohibición de la minería metálica se sostiene en conformidad con el artículo 117 de la Constitución de la República de El Salvador, que obliga al Estado a “proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente” y, además, “declara de interés social, la protección, conservación y aprovechamiento racional (…) de los recursos naturales”.
El informe de la PDDH también es acorde a algunos principios fundamentales de la Ley de Medio Ambiente de El Salvador, como el de otorgar a los ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el principio del desarrollo económico y social compatible y equilibrado con el medio ambiente, tomando en cuenta el interés social señalado en el artículo 117 de la Constitución.
En materia de medio ambiente, la PDDH destacó en su informe algunos avances como la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, pero cuestionó que el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento sigue sin ser reconocido a nivel constitucional, y que la brecha por el acceso al agua entre el área urbana y el área rural sigue siendo significativa. Por último, esta institución agregó que “preocupa la degradación ambiental consecuencia de la deforestación, la autorización de permisos ambientales, el desarrollo territorial desordenado, la contaminación de suelos y agua por uso de agrotóxicos, y la pérdida de la biodiversidad”.
DATO
El Examen Periódico Universal (EPU) es una evaluación periódica realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este proceso permite que los Estados miembros de la ONU revisen la situación de los derechos humanos en cada país. En esta ocasión, el examen se llevará a cabo el próximo 20 de enero en Ginebra, Suiza. El Salvador había sido evaluado anteriormente en febrero de 2010, octubre de 2014 y noviembre de 2019.
Los señalamientos de la PDDH fueron ignorados por Nayib Bukele, quien justificó su interés en la exploración minera argumentando que es una “riqueza dada por Dios” que puede utilizarse para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, diversos estudios demuestran que las empresas mineras no aportan progreso a las comunidades; al contrario, generan empleos con condiciones precarias y mal remunerados.
Citando estudios que aún no se conocen públicamente, Bukele aseguró que el valor total del oro que pretenden extraer asciende a 3 billones de dólares, lo que representa más del 8,800% del Producto Interno Bruto de El Salvador.
Capturas de pantalla de las publicaciones de Nayib Bukele cuando insinuó la reactivación de la minería metálica el pasado mes de noviembre.
En un conversatorio que tuvo lugar en la Universidad de El Salvador, el pasado 13 de enero, científicos de distintas ramas analizaron los potenciales riesgos y consecuencias de la futura implementación de la minería metálica. En sus intervenciones, los expertos desmintieron la perspectiva de Bukele sobre una minería “sostenible”.
La doctora en Química Analítica de Medio Ambiente y Polución, Velia Sosa, aseveró que la minería metálica genera graves consecuencias para la salud humana y contamina el suelo, agua y aire. Por su parte, el doctor en Ciencias Naturales con especialidad en Física, Rafael Gómez Escoto, calificó la actividad minera como una de las más nefastas para el planeta, debido a su alto riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
La opinión de los científicos se basa en que el proceso de extracción del oro requiere del uso de químicos como Mercurio, Cianuro, Plomo, y Arsénico, los cuales contaminan el agua, suelo, aire y dejan graves consecuencias para todas las formas de vida.
GatoEncerrado buscó la opinión de la Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos sobre su recomendación de mantener prohibida la minería metálica en El Salvador, la cual fue ignorada tanto por el Órgano Ejecutivo como por el Legislativo, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.