Política
Asamblea de Bukele ratifica reforma que allana el camino para la reelección presidencial indefinida
Los diputados de Nuevas Ideas ratificaron la reforma constitucional al artículo 248 que permite que una misma legislatura apruebe y ratifique enmiendas a la Constitución. Lo hicieron bajo el argumento de eliminar la deuda política, una medida que será implementada en los próximos días mediante otra reforma al artículo 210 de la Constitución. Sin embargo, abogados constitucionalistas y diputados de oposición advierten que detrás de esta decisión se esconden otros intereses: desviar la atención por el descontento social a causa de la aprobación de la Ley General de Minería Metálica y dejar vía libre para que se consolide la dictadura de Bukele con otra reforma a la constitución que permita la reelección presidencial indefinida.
Por Eugenia Velásquez
Enero 31, 2025
Bajo el argumento de eliminar la deuda política que reciben los partidos para financiar sus campañas electorales, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, ratificó la reforma al artículo 248 de la Constitución para permitir que una misma legislatura apruebe y ratifique enmiendas a la ley primaria de El Salvador. Con esta acción, el bukelismo eliminó una de las últimas barreras para aprobar la reelección presidencial indefinida, prohibida actualmente en la Constitución. Este es el mayor riesgo que visualizan expertos en derecho constitucional y diputados de la oposición.
En el pasado, Bukele ya modificó otros reglamentos a su conveniencia para alcanzar sus intereses. A través de sus diputados de la legislatura 2021-2024, el mandatario manipuló las reglas electorales con las reformas al Código Electoral aprobadas por la Asamblea previo a los comicios de febrero y marzo de 2024, y que le facilitaron sacudirse a la oposición. También se apoyó en los magistrados impuestos de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia para que emitieran una resolución judicial que le permitió postularse como candidato presidencial para un segundo mandato, a pesar de estar prohibido por la Constitución.
El artículo reformado en la plenaria de este 29 de enero de 2025 establecía que las reformas constitucionales debían decretarse por una legislatura y ratificarse en la siguiente con el voto de los dos tercios de los diputados electos. Ahora, con la enmienda ratificada por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, una misma legislatura podrá aprobar y ratificar todos los cambios que considere necesarios en la Constitución.
Abogados constitucionalistas y diputados de la oposición advirtieron que la principal consecuencia de esta acción del oficialismo es la degradación de la Constitución, hasta el punto de convertirla en un papel carente de legitimidad y que podrá ser manipulada a voluntad de Bukele.
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, describió que con la reforma ratificada al artículo 248, utilizando como excusa la eliminación de la deuda política, lo que la Asamblea hizo fue “destruir” la Constitución. De este modo, según Anaya, se consolida la dictadura y El Salvador deja de ser formalmente un “Estado Constitucional”.
“La mención de la deuda política es solo una simple excusa para alegar que es necesaria la reforma del artículo 248 de la Constitución. Todo el alegato del bukelato es una falacia (mentira): si las próximas elecciones serán hasta 2027, ¿cuál es la urgencia de eliminar la deuda política? Lo que le importa al bukelato es la reforma del art. 248 de la Constitución para destruirla, para hacer una no Constitución, para formalmente hacer lo que les ronque la gana”, expresó Anaya en su cuenta de X el 29 de enero.
Para la abogada Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la maniobra de Bukele de sacar a la luz la eliminación de la deuda política no es más que un intento por desviar la atención de otros temas que han desatado el clamor de la sociedad civil, como la reciente aprobación por parte de la Asamblea de la Ley General de Minería Metálica, también a petición de Bukele. Además, López recordó que desde 2020 el partido Nuevas Ideas ha ocultado quiénes son sus financistas.
La diputada del partido Arena, Marcela Villatoro, cuestionó que la reforma ratificada es una ventana abierta a una posible reforma constitucional para la reelección presidencial indefinida. “Esto de la deuda (política) es para querer modificar toda la Constitución, porque puede ser que lo tomen para poder cambiar y para poder tener reelección indefinida, entre otros temas que van a atentar en contra de la democracia de nuestro país”, manifestó Villatoro.
Por su parte, la diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, expresó que desconoce las verdaderas intenciones del gobierno de modificar la Constitución, pero insistió en que cualquier cambio a la Carta Magna debería servir para poner más candados al poder y otorgar más libertades al soberano que es el pueblo salvadoreño. Rivas también aseguró que el partido Vamos no ha recibido ningún fondo en concepto de deuda política.
Según explicó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, la reforma ratificada será publicada en el Diario Oficial y ocho días después aprobarán la reforma al artículo 210 de la Constitución para eliminar la deuda política. Luego, nuevamente ocho días después, ratificarán la enmienda, un procedimiento que anteriormente no se podía hacer. El candado que tenía el artículo 248, de que las modificaciones a la Constitución debían aprobarse en una legislatura y ratificarse en otra, tenía como propósito dar mayor debate y pluralidad a las reformas constitucionales.
La sesión plenaria de este 29 de enero se realizó en el Salón de Honor de Cancillería, exactamente el mismo lugar en el que nueve meses antes, en la última sesión plenaria de la legislatura 2021-2024, los diputados de Nuevas Ideas reformaron el inciso segundo del artículo 248 de la Constitución. En esta ocasión, para ratificar esa reforma, el oficialismo siguió los mismos pasos que aquel 29 de abril de 2024: aprobar la iniciativa con dispensa de trámite, es decir, de forma exprés y sin ninguna discusión.
La justificación de los parlamentarios para hacerlo de esa forma fue que “el pueblo ha hablado” y ellos deben cumplirle, haciendo referencia a la eliminación de la deuda política. Sin embargo, desde la legislatura pasada, la Asamblea Legislativa se ha convertido en una oficina de trámites para el Ejecutivo, donde los diputados carecen de propuestas propias y se limitan a acatar las órdenes de Bukele, a quien ellos mismos reconocen como su jefe.
La deuda política como excusa
El pasado 22 de enero, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, aseveró que la deuda política es un mecanismo que se utiliza para evitar que los partidos políticos sean financiados para sus campañas electorales con dinero “oscuro” o que a cambio tengan que ofrecer favores políticos.
“Nosotros podemos quitar la deuda política, por nosotros no hay problema, pero las preguntas van a venir ahorita, van a ser diferentes y ¿entonces, ahora quiénes van a financiar a los partidos políticos? ¿Será que los narcos van a financiar a los partidos políticos? ¿Será que fuerzas oscuras ahora van a financiar los partidos políticos?, ¿Quién los va a auditar si no son fondos del Estado? O sea ahora los partidos políticos, ¿cómo van a hacer?, manifestó Castro.
Castro añadió que la deuda política está dentro de las leyes de la República que se deben respetar y que en lugar de eliminarla, lo mejor es reducir los montos asignados a cada partido para las campañas electorales. Su postura parecía ser a favor de que la deuda política se mantuviera.
Sin embargo, dos días después, Bukele publicó en su cuenta de X la propuesta de eliminar la deuda política, argumentando que los partidos se pueden financiar recaudando fondos con eventos durante la campaña. Castro no cuestionó en absoluto la decisión del presidente inconstitucional, al contrario, le respondió asegurando que así lo harían. Con esto, Castro también demostró que su postura se moldea de acuerdo a lo que diga Bukele.
“Algunos parecen estar muy alterados porque vamos a quitar la deuda política ahora que lo ha propuesto el Presidente Nayib Bukele. En su momento afirmamos que no teníamos ningún problema con quitarla, ¿o se les olvida eso? Pero miren, es sencillo: no quieran descubrir la orilla azul de la bacinica. Nosotros venimos a la Asamblea desde el primer día a respaldar las iniciativas del Presidente Bukele. Por eso estamos acá, por eso la gente votó por nosotros. Punto. Si nuestro Presidente considera que la deuda política tiene que desaparecer, lo vamos a hacer. Y tengan por seguro que vamos a seguir aprobando todas las iniciativas que provengan del Ejecutivo. Vaya, clarito, con peras y manzanas. El que tenga entendimiento que entienda”, soslayó Castro en una publicación en su cuenta de X el 24 de enero.
Algunos parecen estar muy "alterados" porque vamos a quitar la deuda política ahora que lo ha propuesto el Presidente @nayibbukele.
— Ernesto Castro (@ECastroES) January 24, 2025
En su momento afirmamos que NO TENÍAMOS ningún problema con quitarla, ¿o se les olvida eso?
Pero miren, es sencillo. No quieran descubrir la…
Este intercambio de mensajes entre Bukele y Castro sirvió para que la atención se colocara en la eliminación de la deuda política. La mayoría de diputados y diputadas de Nuevas Ideas también replicaron mensajes en sus redes sociales sobre el tema. De este modo, la deuda política recobró relevancia y se convirtió en la excusa ideal para que la Asamblea ratificara la reforma al artículo 248 de la Constitución.
Nuevas Ideas es el menos transparente en el uso de la deuda política
Bukele y sus diputados eliminaron una fuente de financiamiento de fondos públicos del que Nuevas Ideas, el partido en el gobierno, ha sido el más beneficiado, dinero del cual se ha negado a rendir cuentas, según informes elaborados por la organización Acción Ciudadana. Esto contradice las palabras del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que estos recursos son auditados y que los partidos están obligados a mostrar al pueblo salvadoreño el uso de estos fondos.
“La deuda política cuando se recibe también es auditada, también es algo que tenés que finiquitar. Al final si tú recibís 10 dólares, tú tenés que decirle al pueblo salvadoreño, darle un informe al pueblo salvadoreño de manera legal, formal, en qué te gastaste esos 10 dólares”, sostuvo Castro en declaraciones a la prensa el pasado 22 de enero.
No obstante, la realidad es otra. El informe más reciente de la organización Acción Ciudadana, dado a conocer el 13 de diciembre de 2024, reveló que el partido Nuevas Ideas y las instituciones obligadas a transparentar esos fondos, como el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral, se han negado a brindar información de cómo los partidos políticos han gastado el dinero que han recibido en concepto de deuda política desde 2020.
De hecho, según Acción Ciudadana, el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda detalla que han desembolsado un total de $10 millones en concepto de complemento de pago de la deuda política correspondiente a 2023, de los cuales $4 millones fueron otorgados a Arena y al Fmln para las elecciones de 2024, pero hay $6 millones de los que se desconoce su destino porque no existe información al respecto.
Los fondos obtenidos para las campañas electorales de la deuda política y de financistas privados es un secreto impuesto por este gobierno desde 2021. Nuevas Ideas es el partido que nunca ha querido proporcionar información de cuánto dinero invierte en sus campañas electorales.
Lo único que se conoce, por declaraciones de Bukele, es que logró financiar su campaña presidencial en 2019 con fondos recaudados en eventos públicos con sus simpatizantes y con el dinero de los salvadoreños que residen en el exterior. Sin embargo, el mandatario omite que su partido Nuevas Ideas nunca ha rendido cuentas de los fondos otorgados en las campañas electorales de 2021 para las elecciones de diputados y alcaldes, ni para los comicios de 2024, en los que se postuló de nuevo como candidato presidencial, contraviniendo la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata.
El secretismo de cómo Bukele ha financiado sus campañas electorales inició desde que se postuló como candidato presidencial en 2019 con el partido Gana. Un informe del Centro de Monitoreo de la organización Acción Ciudadana reveló que ese partido, liderado por el exdiputado Guillermo Gallegos y Andrés Rovira —fallecido en junio de 2024— realizó entre octubre de 2018 y enero de 2019 una inversión total de $9.4 millones en spots televisivos, vallas publicitarias y cuñas de radio para promocionar la candidatura de Bukele, después de que este no lograra postularse con el Fmln, tras su expulsión por “vulnerar los principios del partido” de izquierda y “sus estatutos internos”.
De acuerdo al informe de Acción Ciudadana, para las elecciones presidenciales de 2019, Gana gastó incluso más en propaganda electoral que los partidos tradicionales: Arena y el Fmln. El partido Arena invirtió $8.4 millones y el Fmln $7.6 millones, superados solo por Gana, un partido relativamente nuevo y con poco recorrido para ese momento.
El gasto realizado por Gana para promocionar la candidatura de Bukele es, cuanto menos, llamativo. Un documento elaborado por Acción Ciudadana, en el que se detalla información sobre el financiamiento de los partidos políticos salvadoreños desde 2014 hasta 2021, revela que el partido que Bukele utilizó como trampolín para llegar a la presidencia en 2019 recibió, en 2018, $1.7 millones en concepto de deuda política, $151,410.07 en donaciones y $77,606.96 en aportaciones de la Asamblea Legislativa. Estos datos provienen del estado de resultado acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, entregado por Gana a la organización Acción Ciudadana. Sin embargo, el Centro de Monitoreo de esa misma organización señala que el monto total invertido en propaganda electoral fue de $9.4 millones.
En otro documento elaborado por Acción Ciudadana, titulado “El financiamiento de las elecciones presidenciales 2019”, publicado en enero de 2021, se detalla que el partido Gana se negó a entregar la información sobre sus donantes privados. Por ello, Acción Ciudadana acudió al Ministerio de Hacienda, institución que les proporcionó el dato de que uno de los principales donantes de Gana para los comicios de 2019 fue la empresa Alutech El Salvador S.A. de C.V., que donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Bukele de 2019.
Dos años después, en agosto de 2021, cuando Nuevas Ideas ya dominaba la Asamblea Legislativa, los diputados oficialistas aprobaron una concesión por un máximo de 35 años a la empresa Alutech para que a través de un asocio público-privado ampliara y remodelara la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero.
Acción Ciudadana también reveló que, en 2020, Nuevas Ideas recibió $60,000 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) para su campaña electoral de ese año, según un informe de la organización publicado en agosto de 2021. Actualmente, la Fiscalía investiga a COSAVI por el desfalco de $35 millones, dinero proveniente de los ahorros de miles de personas, a quienes aún no se les ha reintegrado la totalidad de su dinero.
“No sabemos el grado de involucramiento de COSAVI con el partido Nuevas Ideas más allá de esos $60,000”, explicó el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, el pasado 13 de diciembre en la presentación de un informe sobre la transparencia del financiamiento de los partidos políticos. Según dijo, la relación entre Nuevas Ideas y COSAVI duró en promedio un año, pero se desconoce si ese vínculo continuó con el partido y con las alcaldías gobernadas por el bukelismo.
