
Desde que comenzó la nueva legislatura 2024-2027, la Asamblea Legislativa, liderada por diputados y diputadas del bukelismo, ha operado de forma ineficiente, sin iniciativas propias y limitada a aprobar todas las propuestas del Ejecutivo. Tampoco existe debate porque la mayoría de iniciativas son aprobadas por dispensa de trámite, es decir, de forma exprés y sin estudio previo. Además, muchas sesiones de trabajo de las comisiones legislativas han sido canceladas a último minuto, a pesar de haber sido convocadas previamente. La reducción del número de comisiones, que se aprobó bajo el argumento de una mayor productividad, no tuvo el efecto prometido y la deficiencia sigue siendo una de las características del nuevo periodo legislativo controlado por Nuevas Ideas.
Enero 28, 2025
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En ocho meses de funciones de la legislatura 2024-2027, el papel de los diputados y diputadas ha sido el mismo que en la anterior gestión: ser una Asamblea Legislativa de mero trámite. Las iniciativas de ley aprobadas carecen de un estudio exhaustivo y del debate parlamentario propio de un órgano legislativo. Medidas como el régimen de excepción o la emisión de más deuda pública han sido avaladas con dispensa de trámite; es decir, sin estudio previo, una práctica que se utilizó durante toda la legislatura 2021-2024 y que ahora se repite. Además, los diputados del oficialismo aprueban con prioridad y de forma exprés todo lo que envía Casa Presidencial. A las votaciones se suman sus aliados del PCN y PDC, quienes se han vuelto leales al presidente inconstitucional Nayib Bukele.
Los diputados oficialistas y sus aliados han demostrado completa disposición para acatar las órdenes de Bukele, incluso si esto implica cambiar su postura y retractarse de opiniones previas, algo que ya ha ocurrido en varias ocasiones. El caso más reciente involucra al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
El pasado 22 de enero, al ser cuestionado por periodistas sobre la deuda política, Castro argumentó que no debe eliminarse porque permite “tener control de quién está financiando a los partidos políticos”. Sin embargo, dos días después, Bukele publicó en sus redes sociales que considera necesaria la eliminación de la deuda política. Castro cambió drásticamente su postura y le respondió al mandatario afirmando que es un “paso correcto y necesario desde todo punto de vista”, y agregó que iban a proceder de inmediato al análisis para eliminar la deuda política, contradiciendo lo que había dicho tan solo dos días antes.
Castro ha repetido en múltiples ocasiones que los diputados de Nuevas Ideas solo agachan la cabeza ante el pueblo salvadoreño, pero acciones como su repentino cambio de postura demuestran lo contrario. De hecho, en una publicación en sus redes sociales sobre la eliminación de la deuda política, la diputada Alexia Rivas no dudó en llamar “jefe” a Nayib Bukele, mientras que el diputado William Soriano lo nombró “voz de mando” y afirmó que cuando él habla se toman decisiones.
El día en que la actual legislatura tomó posesión, los diputados aprobaron reformar el Reglamento Interno de la Asamblea para reducir de 20 a ocho las comisiones legislativas. Los diputados oficialistas argumentaron que la reducción se hizo para una mayor eficiencia en su trabajo. Sin embargo, la producción de las comisiones se ha limitado a aprobar toda iniciativa de ley que llega desde el Ejecutivo.
La falta de propuestas propias ha provocado que cada semana la Asamblea suspenda la convocatoria a reuniones de al menos dos o tres comisiones. Incluso, han pasado semanas en que ninguna comisión de trabajo ha sesionado, según lo expuesto por la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos.
“De nada sirve que se reduzcan las comisiones si estas no sesionan, no se reúnen. Temas tan importantes como la Ley de Educación Superior que se propuso hace unas semanas, no hay certeza de qué es lo que va a pasar con esa propuesta. Los sectores universitarios públicos han pedido ser escuchados, también tenemos a los estudiantes en vilo sobre si esto va a afectar sus carreras o no, y hay otra serie de temas también que están en pausa como el tema ambiental”, señaló Ortiz en declaraciones a periodistas el 6 de junio de 2024.
Ese mismo día, Ortiz presentó una propuesta para modificar el artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente con respecto a la consulta pública de los estudios de impacto ambiental. Según Ortiz, el objetivo es que no se hagan de forma fraudulenta; sin embargo, su iniciativa fue rechazada en el pleno legislativo. A pesar de ello, entregó la propuesta en ventanilla de la Asamblea para “poner a prueba a la Junta Directiva” y verificar que fuera enviada a estudio de la respectiva comisión. Al cierre de esta nota su propuesta nunca pasó a estudio.
“¿Van a seguir engavetando las propuestas que presentamos los partidos que también representamos al pueblo salvadoreño? ¿Van a seguir engavetando necesidades básicas de la población o van a ponerse a trabajar? Mientras las comisiones de trabajo están sin hacer mayor cosa en esta Asamblea Legislativa, sin reunirse, allá afuera la gente tiene necesidades para las cuales debemos legislar”, expuso Ortiz.
De las ocho comisiones de trabajo, hay algunas, como la de Niñez e Integración Social, que a pesar de haberse reunido en más de la mitad de las veces que ha sido convocada, es la que menos dictámenes ha emitido a favor de la niñez. Según el informe publicado en el sitio web de la Asamblea Legislativa, los diputados de esta comisión aprobaron cuatro dictámenes: dos informes de labores del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Cultura, correspondientes al periodo 2023-2024, y un dictamen para declarar capital por un día al municipio de Ahuachapán por celebrarse el "Día de los Farolitos" el pasado 7 de septiembre. La única ley aprobada es la del Registro del Estado Familiar, una iniciativa de Nayib Bukele presentada a través del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
El pasado mes de diciembre, esta comisión, que tiene como propósito legislar a favor de la niñez, las mujeres y los sectores vulnerables de la población, lejos de cumplir con ese deber, prorrogó por séptima vez la entrada en vigencia de la “Ley Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. Esta normativa debió haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025, pero los diputados aprobaron extender por un año más su aplicación, hasta el 1 de enero de 2026. Esta ley fue aprobada en junio de 2020, pero no se ha podido ejecutar debido a que los diputados han prorrogado la vigencia del “Capítulo Relativo al Tribunal Sancionador”.
En el caso de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, presidida desde la legislatura pasada por el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, la mayoría de dictámenes aprobados han sido reorientaciones de fondos para distintas carteras del Estado, préstamos y emisión de títulos valores hasta por $1,500 millones. Varios de estos dictámenes fueron aprobados con dispensa de trámite, es decir, sin estudio ni debate. En la comisión de Hacienda no hay representación de los partidos Arena y Vamos.
La comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, dirigida al igual que en la legislatura pasada por la diputada Ana Figueroa, refleja un porcentaje de asistencia a las convocatorias del 56.5%. El dictamen más relevante emitido por esta comisión ha sido el de la Ley de Propiedad Intelectual, otra iniciativa de ley que no surgió de la comisión, sino que fue propuesta por Bukele a través de la ministra de Economía, María Luisa Hayem.
La otra comisión que aparece con actividad es la de Seguridad Nacional y Justicia. El diputado Caleb Navarro, subjefe de la fracción de Nuevas Ideas, es quien la dirige. Uno de los principales dictámenes que se encuentra en discusión en esta comisión son las reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal, impulsadas por el Ejecutivo para incrementar las penas, aunque la persona acusada se encuentre en fase de investigación, entre otras enmiendas. Para diputadas de la oposición como Cesia Rivas, suplente de Claudia Ortiz, de Vamos, un ciudadano podría pasar hasta cinco años detenido mientras se realiza la fase de indagación, lo que calificó de “inaudito y gravísimo”.
Por su parte, la comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que fue creada en esta legislatura para estudiar todo lo relativo a los temas que antes analizaban las comisiones de Economía, Financiera y Trabajo, suprimidas por la actual Asamblea, no ha tratado ninguna propuesta que incluya medidas para paliar la crisis económica. Hasta un 75.8% de la población considera que la economía es el principal problema que atraviesa El Salvador, según la encuesta más reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El dictamen más reciente de la comisión de Tecnología, Turismo e Inversión es el de la Ley General de Minería Metálica, una normativa aprobada en una sola reunión que derogó la prohibición de la explotación minera que estaba vigente desde 2017. La ley fue diseñada por el Ejecutivo sin contar con opiniones de organizaciones ambientales, quienes señalan que la minería contaminará el agua del país y dejará graves consecuencias para la salud de las personas.
La Comisión Política, dirigida por el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, es la que más se ha reunido. A la fecha, es la que presenta el 85% de convocatorias cumplidas por el pleno. Pese a ello, el trabajo también ha sido ineficiente. El 30 de julio de 2024, esta comisión emitió dictamen favorable para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2024-2029, pero fue hasta el 27 de septiembre, dos meses más tarde, que la Asamblea juramentó a la expresidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roxana Soriano, como la nueva titular del TSE. Su designación se realizó a pesar de ser ilegal, porque el artículo 45 del Código Electoral establece que no pueden ser magistrados del TSE los magistrados de la CCR, además de su evidente vinculación partidaria con Nuevas Ideas tras haber sido precandidata a diputada para las elecciones legislativas de 2021.
Al revisar el desempeño de las ocho comisiones se observa que no hay trabajo legislativo ni debate parlamentario, pues no existen propuestas de ley diseñadas y trabajadas por los diputados. La mayor parte de las iniciativas provienen de Casa Presidencial y las pocas que han sido presentadas por el partido oficialista no se han concretado.
Un ejemplo de lo anterior fue la propuesta de ley que supuestamente pretendía que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ofreciera un alivio económico a las familias, exonerando el pago de la mora por atrasos en la cancelación de facturas por el servicio de agua potable.
Sin embargo, lo que el partido político de Nayib Bukele intentó aprobar fue una ley que aumentaba la tarifa que las familias salvadoreñas pagan por recibir agua potable en sus hogares, especialmente en zonas en donde el servicio es tan irregular que pasan semanas sin recibir una sola gota de agua en sus grifos. Tras el anuncio de que esta ley se iba a aprobar en la plenaria del 20 de agosto, las críticas fueron tantas que Nuevas Ideas se retractó y devolvió la propuesta a la comisión de Hacienda para que los diputados la estudien y garanticen que la economía de las familias más pobres no sea afectada.
Por otra parte, las propuestas presentadas por los partidos Arena, Vamos y algunas iniciativas que ha lanzado el PCN no son agendadas por la Junta Directiva. Vamos y Arena han intentado introducir algunas piezas con dispensa de trámite, pero no logran los votos suficientes del oficialismo ni siquiera para ser consideradas.
“Lo que hemos visto han sido cancelaciones de las comisiones que no se han presentado o se han convocado y que al final, minutos antes, dicen que no. Definitivamente lo que pasa es que no se quiere trabajar dentro de la Asamblea Legislativa. Cuando se hicieron esas reducciones (de las comisiones de trabajo), nosotros preguntábamos el porqué y una de las respuestas fue que era porque no existía trabajo dentro de las comisiones y que por eso se iban a reducir”, explicó la diputada de Arena, Marcela Villatoro, al salir de una entrevista con Telenoticias Megavisión, el pasado 11 de junio.
Ante la ineficiencia de las comisiones de trabajo, el mecanismo más usado por la Asamblea es la dispensa de trámite. De mayo a diciembre de 2024, los diputados recurrieron a la dispensa de trámite en más de 80 ocasiones. Este método es el que usaron también en la legislatura pasada, acción por la cual se ganaron el epíteto de “puya botones” por parte de la oposición política.
A lo largo de estos meses también ha quedado evidenciado el poco o incluso nulo trabajo de los diputados del bukelismo y sus aliados para beneficiar a los sectores más vulnerables del país como las mujeres, la niñez, las personas adultas mayores y con discapacidades físicas, así como la población LGBTIQ+.
En la plenaria número ocho, celebrada el 26 de junio, los diputados aprobaron reformar la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), para modificar la conformación de su Junta Directiva. Según la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, la modificación fue para que la presidencia del ISDEMU se encargue de la dirección ejecutiva de esa entidad y así el trabajo se desarrolle de mejor manera. Sin embargo, la Asamblea eliminó la representación del Ministerio de Trabajo y una de las dos representaciones de la sociedad civil organizada, un cambio que impacta en la toma de decisiones al interior del instituto. La diputada Claudia Ortiz criticó esta reforma porque no se discutió en la comisión correspondiente, sino que se incorporó con dispensa de trámite.
Después de que Bukele nombró al exdiputado Raúl Castillo como nuevo ministro de Cultura el pasado 19 de junio, la bancada oficialista facilitó el despido de más de 300 empleados de ese ministerio mediante una ley transitoria aprobada sin debate en la plenaria del 26 de junio. El gobierno justificó los despidos masivos argumentando que eran empleados y funcionarios del Ministerio de Cultura que promovían “agendas incompatibles con la visión del gobierno”.
Unos días antes, el gobierno censuró la obra teatral “Inmoral” del colectivo queer Proyecto Inari, la cual fue calificada como “no apta para familias salvadoreñas”, según el comunicado que el Ministerio de Cultura publicó en sus redes sociales. La segunda función de esta obra, que había sido programada en el Teatro Nacional, fue cancelada. “Inmoral” es un monólogo que retrata un crimen de odio y las distintas violencias que experimenta la población LGBTIQ+.
Las plenarias en la nueva legislatura también han servido para que los diputados traten de enmendar acciones de un gobierno que en ocasiones ignora las leyes del país. Como ejemplo, para la toma de posesión inconstitucional de Nayib Bukele del pasado 1 de junio de 2024, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) intervino el Palacio Nacional —declarado monumento nacional de El Salvador desde julio de 1980— para adecuarlo al gusto del presidente. En ese proceso se destruyeron baldosas hidráulicas centenarias que formaban parte del recinto, un hecho en contra de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador.
El 26 de junio, casi un mes después y tras varias críticas por el desinterés en la protección del patrimonio cultural, los diputados aprobaron reformas a esa ley utilizando el mecanismo de dispensa de trámite. Con estos cambios, ahora se permite la demolición de bienes culturales que hayan sido destruidos o dañados. Anteriormente, la ley solo permitía su restauración o reconstrucción. Este dictamen nunca apareció en el informe que la Asamblea Legislativa ha publicado en su sitio web.
Además, a través de la reforma al Artículo 15 de esa ley, el Ministerio de Cultura puede cancelar la inscripción de bienes culturales muebles “cuando las circunstancias que determinaron su inscripción hayan cambiado sustancialmente”.
Otra característica que ha tenido la actual legislatura es que, contrario a la supuesta transparencia que pregonaban antes de ocupar sus curules en la Asamblea, los diputados y diputadas oficialistas no informan los motivos de sus ausencias. Por ejemplo, en tres plenarias, dos de ellas extraordinarias para aprobar el Estado de Emergencia por el temporal de junio del año pasado y los fondos para atenderla; y en una plenaria ordinaria, no estuvo presente el titular de la Asamblea, Ernesto Castro. En su lugar, fue la diputada Suecy Callejas quien lideró las sesiones en el pleno.
La Asamblea no explicó de manera oficial su ausencia, pero una publicación de La Prensa Gráfica del 19 de junio reveló, con base en información del personal administrativo de la Asamblea, que Castro y otros cuatro diputados oficialistas estaban de viaje en China en un foro centroamericano de partidos políticos. De acuerdo a La Prensa Gráfica los ausentes fueron Castro, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y los diputados Giovanny Zaldaña, Raúl Castillo y Dania González. La falta de transparencia también se traslada al sitio web de la Asamblea, en donde la información sobre el trabajo de las comisiones está incompleta.
Sin estudio previo de la mayoría de leyes que aprueban, sin un enfoque de trabajo para sectores vulnerables, sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición; bajo estas características, junto a la ineficiencia de las comisiones de trabajo, la Asamblea Legislativa se ha transformado en una oficina de trámite para el Ejecutivo.