Por Alejandro Henríquez

La industria minera, ese negocio imperialista, colonial y extractivista, volverá a recorrer nuestros territorios. Sus bocas volverán a masticar grandes cantidades de tierra, a devorar vidas y a exhalar un aliento envenenado que acabará con todo. La codicia de unos pocos crea este monstruo dorado, al que disfrazan de verde y le ponen una máscara humana para prometer un falso progreso, una prosperidad y un enriquecimiento colectivo que nunca llegará, especialmente para las comunidades que habitan en las cercanías de las mineras.

Y es que los impactos territoriales de la minería únicamente dejarán muerte, pobreza, sed, hambre e injusticia. La minería, sea en términos económicos, sociales, ecológicos y espaciales, es inviable, puesto que, en resumidas cuentas, requiere grandes cantidades de agua –se sabe que es capaz de consumir un aproximado de 900,000 litros de agua diarios, lo que equivale a la cantidad de agua necesaria para abastecer a una familia promedio durante 20 años–. En cuanto a la tierra, sin duda, la concentración de este bien en pocas manos se agravará, deteriorando la agricultura aún más y volviéndonos mucho más dependientes de las importaciones –en Honduras, por ejemplo, se tiene registro de que, en 2011, se había concesionado el 31% del territorio nacional para la industria minera, dicha extensión equivale a 34,872 kilómetros cuadrados–. Asimismo, se degrada el territorio, ya que para la extracción de una onza de oro, aproximadamente, se destruyen 25 toneladas de tierra; además, se debe considerar la generación de residuos tóxicos y la utilización de cianuro de sodio para la separación de la roca y el mineral que terminan alterando el paisaje. 

En lo que respecta al pago de tributos, la minería no significa un aporte considerable para la economía nacional. A manera de ejemplo, la Ley de Minería de 1996, en su artículo 65, establecía que las empresas mineras concentraran el 98% de las ganancias obtenidas por la extracción de material mineral, puesto que los municipios y el Estado salvadoreño se quedaban cada uno con el 1% del total de esas ventas.  La minería también implica un proceso de desterritorialización, puesto que, al instalarse en los territorios, trae consigo el desplazamiento forzado, la destrucción de culturas y la apropiación y control violento de los bienes naturales que han sido las condiciones materiales de vida para comunidades.

Por todo lo anterior, se afirma que la minería es irrealizable en nuestro país. Se trata, entonces, de un proyecto que es económicamente desigual, socialmente excluyente, ecológicamente insustentable y espacialmente desterritorializante. Es este tipo de proyectos, que son asesinos, los que aprueba Bukele y sus diputados para las grandes mayorías, proyectos en los cuales los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, en los que la injusticia es el sostén de su adecuado funcionamiento.

Sabiendo lo anterior, Bukele se ha esforzado por darle legitimidad, legalidad y seguridad a los proyectos mineros que están por venir. Esto, mediante dispositivos discursivos, legales-institucionales y el uso de la fuerza. Discursivamente, Bukele, desde noviembre de 2024, ha desplegado su estrategia mediática en redes sociales y en sus medios de comunicación, diseñando un relato que disfraza de verde hierba a lo que, en realidad, tiene una tonalidad oscura-dorada que anuncia la destrucción del territorio y la concentración de la riqueza en pocas manos. El discurso, entonces, tiene el objetivo de tergiversar e ideologizar, como diría Ellacuría, una realidad que es insustentable —no existe la minería verde— y que conlleva la concentración de riqueza en pocas manos, puesto que es mentira que las familias que viven cerca de las minas se harán tan ricos que podrán comprar hasta 10 casas; de hecho, ocurrirá lo contrario, ya que tendrán que migrar, sus tierras serán despojadas y serán condenadas a la sed. De momento, Bukele no ha logrado que la minería goce de la legitimidad social que espera. Según encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 59.2% de la población rechaza la minería.

En este orden de ideas, hay una reactivación de la minería que es ilegítima y legal. La creación de condiciones institucionales y legales ha sido previa a la mediatización de falacias y sandeces por parte de Bukele. En 2021, la Asamblea Legislativa creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, ente rector de la Ley General de Minería aprobada por el partido cian. En este mismo año, El Salvador ingresó al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible. Luego, en 2022, se asignó un presupuesto de cuatro millones y medio para revisar la Ley de Prohibición a la Minería Metálica; y, finalmente, en diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Minería Metálica, la cual entró en vigencia el día 7 de enero de 2025.

La legalidad y la legitimidad son insuficientes para alcanzar un adecuado funcionamiento de la minería, tal y como los sueñan aquellos que se harán con el oro, puesto que ambas condiciones no evitan el despojo de la tierra y el agua y la muerte en los territorios, lo cual es la base fundamental de este negocio extractivista. Es en este punto que ebullen los conflictos sociales como mecanismos de resistencia, reapropiación y defensa de la vida en las comunidades afectadas por la minería. Esta defensa del territorio por parte de comunidades es sofocada y ahogada por el uso de la fuerza, por el despliegue de militares para reprimir cualquier intento de articulación y organización. Esto, por supuesto, se expresa en la criminalización y estigmatización de los cinco defensores antimineros de Santa Marta y ambientalistas, así como en la presencia de elementos militares en Santa Marta.

Estos han sido, entonces, los dispositivos mediáticos, legales-institucionales y represivos empleados por Bukele para revivir la minería, un monstruo verde oliva y dorado que ya ha sido combatido y vencido por la lucha organizada. No nos dejemos convencer por las palabras que escupe aquel que invoca a Dios para destruir la creación y la casa común, que miente en cuanto a la cantidad de oro que posee El Salvador —según Bukele, el 4% del territorio del país posee cerca del 60% de las reservas de oro a nivel mundial—, que se dedica a atacar a aquellos que defendemos la vida y que, desesperadamente, cada día intenta crear agenda y temas para sacar a la minería de la discusión pública. Luchemos y defendamos nuestro terruño, desmintamos a los funcionarios aspirantes a oligarcas y digamos todas y todos ¡No a la minería, sí a la vida!