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abril 11, 2025
Ambiente
Las mujeres salvadoreñas en zonas mineras temen por su salud, seguridad y una grave escasez de agua
Nayib Bukele ordenó que la minería metálica fuera reactivada en El Salvador bajo el “argumento” de que “Dios puso oro bajo nuestros pies” para extraerlo e ignoró los estudios científicos y sociales que advierten sobre las consecuencias de mantener la minería en el país. Según esos estudios, las mujeres salvadoreñas serán las más afectadas, sobre todo las que habitan cerca de las zonas mineras, donde temen una grave escasez de agua, más pobreza, afectaciones a su salud, criminalización y hasta el aumento de violencia sexual. GatoEncerrado platicó con mujeres que habitan en zonas mineras y conviven con la contaminación que ya dejaron las históricas minas en San Sebastián, La Unión, y en San Isidro, Cabañas.
Por Mario Beltrán
Abril 2, 2025
A tan solo 10 metros de la tortillería de Mayra Blanco yace el cadáver del río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión. Hace unos cien años, era un río en el que corría agua cristalina y en el que se podía encontrar diferentes especies de peces, anfibios y vegetación ribereña, pero todo cambió con la llegada de empresas mineras. Ahora, está contaminado. Aunque las operaciones mineras cesaron hace décadas, el río mantiene un color anaranjado que delata la presencia de metales pesados que exterminaron la biodiversidad de la zona y amenazan la salud humana con enfermedades en la piel, cáncer y afectaciones al desarrollo infantil. El agua es tan tóxica que no sirve ni para lavar ropa, así que las familias pobres del lugar, según Mayra, tienen que comprarla a empresas embotelladoras para evitar exponerse a la contaminación.
Mayra Blanco es una joven madre de familia que despierta, todos los días, a las 6:30 de la mañana para iniciar sus labores de cuidado no remuneradas y luego preparar su venta de tortillas que mantiene al lado de una de las pedregosas calles del cantón San Sebastián. Su puesto de tortillas, en realidad, es una carpa de plástico negra y rota que la protege del sol y la lluvia. Debajo, hay un barril metálico azul y oxidado que sirve de estructura para meter leños y calentar la plancha de hierro forjado sobre la que hace las tortillas. A veces, el viento caliente de esta zona sopla tan fuerte que parece arrancar del suelo los cuatro postes metálicos que sostienen la carpa.
Además de vender tortillas, Mayra es parte del 66.5 % de mujeres salvadoreñas que se dedican a labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Su rutina incluye alistar a sus hijos para que vayan a la escuela, cocina, cuida enfermos y busca medicinas. Asimismo tiene que ir a comprar agua, esa que en San Sebastián ha escaseado desde hace unos cien años, a pesar de que a inicios del siglo XX una minera que se instaló en la zona prometió a sus antepasados prosperidad y desarrollo, pero solo agudizó la pobreza y contaminó el río.
—¿De qué manera le afecta a usted que el río esté muerto?
—Mire que afecta porque estamos comprando agua. Usted sabe que eso es un gasto. El agua nos está costando de $10 a $15 los cinco barriles, y el agua de tomar de $20 a $25 los cinco barriles. Como la familia mía es chiquita y somos poquitos, me dura hasta 15 días—, respondió mientras abría una bolsa de agua para lavar sus manos y quitarse el exceso de masa de maíz de entre sus dedos.
—¿Cómo hacen sus niños en la escuela para tomar agua?
—El agua de tomar la compramos. Los padres de familia colaboramos con $3 semanales para comprar el agua de tomar en la escuela. Hicieron un pozo ahí, pero el agua no está bien (limpia), pero para dar abasto en toda la escuela, por los baños y todo eso, tiene que utilizarse de ahí.
La escuela a la que van sus hijos es el Centro Escolar Caserío El Baratillo cantón “Minas de San Sebastián”, que según el Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES), del Ministerio de Educación, atiende a 41 estudiantes.
El agua que las familias utilizan para la limpieza de sus viviendas también es extraída de un pozo cercano, pero, según Mayra, no dudan que esté contaminada.
Esa agua comenzó a contaminarse desde el año 1907, cuando las empresas mineras se instalaron cerca del río San Sebastián. El historiador Héctor Lindo consigna en una publicación de 2017, en el periódico digital El Faro, un fragmento de una carta que se encuentra en el Archivo General de la Nación de El Salvador, fechada en agosto de 1912, en la que los vecinos de Santa Rosa de Lima ya exponían al entonces presidente, Manuel Enrique Araujo, su preocupación por la contaminación y la petición de frenar las operaciones de la minera Butter Salvador Mines.
“Alentados de este íntimo convencimiento que está connaturalizado en nosotros no vacilamos en levantar nuevamente nuestra humilde voz en demanda de justicia, pidiendo al Supremo Poder Ejecutivo dirija su mirada bienhechora a estos lugares olvidados y dicte medidas que nos salven y la probable ruina que nos causaría la Compañía Minera de San Sebastián con el envenenamiento de las aguas de estos ríos, pues será mayor una vez que tendrá más ensanche el empleo del cianuro por tener más ensanche los medios de la empresa en la explotación de sus minas”, reza una parte de la carta rescatada por el historiador.
Las consecuencias directas para las mujeres
Más de cien años después de la llegada de las mineras a la zona, la contaminación es evidente. La cotidianidad de Mayra —caracterizada por la escasez del agua— muestra que la reactivación de la minería metálica en El Salvador es nuevamente un riesgo que se suponía superado desde 2017, cuando la Asamblea Legislativa la prohibió.
Ecofeministas y ambientalistas dijeron a GatoEncerrado que, tras la decisión del bukelismo de reactivar la minería de forma exprés, las mujeres enfrentarán afectaciones diferenciadas y directas. Es decir, las afectaciones serán peores para las mujeres que para los hombres.
Las ecofeministas explicaron que la mayoría de personas que se encargan del cuidado del hogar y que habitan cerca de las zonas mineras son mujeres. Ellas serán las primeras en enfrentar una crisis más grave de escasez de agua que la actual, probablemente la situación económica también las obligará a consumir cultivos contaminados y su salud y la de sus familias se verá perjudicada.
“La minería afectaría en un primer momento por la falta de agua. Sabemos que para las mujeres campesinas, el agua es lo más importante. Entonces, para las mujeres afectaría directamente por esa parte, pero también afectaría en la salud de la niñez, de las mujeres y hombres, pero toda esta gama de afectaciones viene directamente a perjudicar a la mujer como tal, porque es ella quien en esos momentos se vuelve doctora, se vuelve enfermera, se vuelve cuidadora de las y los enfermos de la familia”, detalló Lila Alvarenga, una lideresa comunitaria de Santa Marta, en Cabañas, una zona en la que mujeres y hombres organizados han denunciado históricamente a las mineras.
Morena Herrera, feminista y defensora de derechos humanos, añadió que la reactivación de la minería no solo agrega más carga a las mujeres cuidadoras que no reciben ningún tipo de remuneración, sino que también habrá afectaciones en su derecho a la tenencia de la tierra en zonas mineras.
“La otra cosa que está pasando en esas zonas mineras, en particular, es que hay familias que recibieron tierras del programa de transferencia de tierras de los Acuerdos de Paz y que están siendo desplazadas a raíz de los terrenos que van a intervenir por la minería. El desplazamiento de las familias afecta de manera particular a las mujeres. Por una parte, por ese papel en los cuidados; pero por otro lado, porque vulnera sus condiciones de seguridad. En esas condiciones se dan más afectaciones de violencia sexual y de violencia generalizada en contra de las mujeres”, señaló Herrera.
Estas situaciones no son suposiciones sin fundamento de las feministas. Hay estudios científicos y sociales que retratan las afectaciones y grave contaminación que dejó la minería en El Salvador antes de 2017. Uno de los estudios que específicamente aborda la situación de las mujeres es el que publicó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), denominado “Mujeres y la lucha antiminera en El Salvador”.
“Las mujeres fueron muy claras en señalar que el daño que sufren por efecto de la minería metálica es desproporcionado. La falta de agua, la escasez de los alimentos, la falta de acceso a la tierra, los impactos en el medio ambiente producto de la contaminación y depredación, todos, fueron enfrentados casi siempre en primera línea por ellas, quienes son las que hacen las labores de cuidado y son las que al final del día resuelven la falta de agua, de alimentos y la atención en salud”, concluyó el estudio de Fespad.
Vidalina Morales, una histórica luchadora antiminería y defensora de derechos humanos, explicó a GatoEncerrado que con la reactivación de la minería metálica en El Salvador también le preocupa la violencia sexual que puede incrementar alrededor de toda la actividad minera. Porque las afectaciones que deja la minería no solo son contaminación y depredación del medio ambiente, sino también sociales.
“Muchos de estos proyectos mineros se sostienen manteniendo a su alrededor prostíbulos, y allí (ocurre) la mercantilización del cuerpo de las niñas. Esto es una afectación muy fuerte y eso lo puedo decir con propiedad, porque lo he visto. No aquí en El Salvador, pero he visto en otros países donde se desarrolla la minería cómo se prostituyen a las mujeres, principalmente a las niñas”, lamentó Morales.
De eso también hay evidencia en Latinoamérica. Un reportaje de BBC News, publicado el 12 de abril de 2016, expuso cómo el delito de trata de mujeres y explotación sexual afectaba a más de 40 mil personas que vivían cerca de la minera La Rinconada, en Perú.
Livia Wagner, autora de un informe denominado "Crimen organizado y minería ilegal en Latinoamérica", aseguró a BBC en ese reportaje que “hay un fuerte vínculo entre la minería y la explotación sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tráfico sexual”.
En San Sebastián, La Unión, la mayor afectación que dejó la minería es la escasez de agua. Mayra explicó que el agua del río se usa solamente en invierno, época en que la lluvia hace que el rojo cobrizo y metálico disminuya, dando la impresión de que el agua está limpia.
“En el invierno la utilizamos, nos abastecemos y no compramos agua, como el río crece bastante y se ve limpio y ahí es a donde nosotros lo ocupamos. Y ya en el verano sí el agua es comprada”, comentó Mayra.
A pesar de que en invierno el agua del río parece limpia, no lo está. La bióloga y defensora de derechos humanos, Cidia Cortés, lleva estudiando las aguas del río desde 2010 y ha registrado que al río le caen tres litros de drenaje ácido por segundo, que proviene de la explotación minera que liberó metales pesados y que son movidos por la lluvia y el oxígeno. Según Cortés, este drenaje tiene arsénico, plomo y aluminio, que se encuentran en niveles superiores a los estándares internacionales. La norma dice que el arsénico debería estar en 0.1 partes por millón (ppm) para considerarse normal, pero en esa zona se ha encontrado en más de 100 ppm.
“Todos los metales pesados están en más de 100 ppm, sobrepasando los límites de calidad. Incluso el agua del dique que está clara, también tiene arsénico. El agua que ANDA le sirve a la comunidad en los pozos que ha abierto, en los reservorios de agua que tienen aquí, también hay arsénico. Toda el agua que consume la gente tiene metales pesados”, afirmó la bióloga Cortés y agregó que “cuando la lluvia entra y lava todos esos metales, se convierte en drenaje ácido de minas que llega a los ríos. Ese rojo es hierro, es aluminio, por eso se ve con esa coloración por el hierro que lleva por el drenaje de mina que hace contacto con el agua y el oxígeno del ambiente”, explicó Cortés.
En su calidad de bióloga, advirtió que el daño en el río provocado por la minería del siglo XX es irreversible y que la situación podría empeorar cuando las mineras retomen la extracción de oro en El Salvador, gracias a que el bukelismo levantó la prohibición y ahora permite de nuevo la minería metálica.
Las mujeres también han sido, históricamente, quienes más han salido a las calles a denunciar las afectaciones que deja la minería y eso, según la activista Vidalina Morales, las pone en riesgo de ser criminalizadas y llevadas ante los tribunales por su lucha social.
“No dudo que esta lucha en El Salvador la hemos librado hombres y mujeres, pero en su mayoría, quienes hemos salido a las calles en todos estos años de lucha, hemos sido mujeres. Sin embargo, yo creo que hay que fortalecer más esta lucha desde las mujeres, sabiendo, conociendo en realidad que las más afectadas somos nosotras. Entonces, ahí está la importancia de conocer más de estas problemáticas, de investigar más, de leer y de empoderarse de esta lucha. Problemáticas que quizás hoy por hoy no las vemos con la magnitud que las hemos visto o la he visto yo en otros países, pero no cabe duda de que estamos a las puertas de enfrentar situaciones muy precarias tanto para la vida en nuestros territorios, pero también para la vida misma de nosotras las mujeres”, denunció Morales.
Lila Alvarenga, la lideresa comunitaria de Santa Marta, agregó que las mujeres que encabezan la lucha social en contra de la minería también han sido víctimas de difamaciones para dañar su imagen y desprestigiar su trabajo.
“Somos las mujeres las que salimos más a la defensa del territorio y con esto del acoso que sufrimos, ya sea de los militares, ya sea de otros grupos de hombres, si lo enmarcamos así, pues las mujeres vamos a ser muy afectadas directamente, porque en algún momento se ha dado de que muchas mujeres hemos sido atacadas en la parte de la imagen, de la difamación, de hacernos ver mal ante la población”, lamentó Alvarenga.
En El Salvador, la situación de los activistas antiminería ha sido de tanto riesgo que entre 2009 y 2011, cuatro ambientalistas de Cabañas fueron asesinados y sus casos siguen impunes. Una de esas personas ambientalistas era Dora Sorto, quien junto a su esposo habían denunciado la contaminación de la minera Pacific Rim. Los ambientalistas, de hecho, ya habían denunciado que sus vidas corrían peligro debido a su lucha social y ya contaban con medidas de protección emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Sin embargo, estas medidas fallaron, y tanto la Policía como la Fiscalía General de la República (FGR) minimizaron sus casos y los atribuyeron a supuestas riñas con pandillas o conflictos de origen familiar, sin considerar su lucha antiminera contra la empresa Pacific Rim que realizaba exploración minera en San Isidro, Cabañas.
En San Isidro, Cabañas, al igual que en San Sebastián, La Unión, la reactivación de la minería metálica ha provocado temor. Una habitante de San Isidro advirtió que, además de la escasez de agua, prevé desalojos de familias.
“(La minería) en esta zona la van a trabajar a cielo abierto. Toda esta gente va a ser desalojada de este lugar. Y eso es lo que nosotros no queremos, pues, porque imagínese desde el reservorio que van a hacer, esa contaminación se va a levantar y eso los va a contaminar a todos, no solo a este lugar. Este lugar va a ser el primero en ser afectado”, dijo Graciela Funes, habitante de San Isidro.
En San Isidro, donde la empresa Pacific Rim/Oceana Gold tenía su “mina El Dorado”, también escasea el agua y los reservorios a los que se refiere Funes son unas piletas gigantes en las que se realizará el drenaje ácido de la mina, y que ya se están construyendo sin haber notificado a la comunidad. Afuera de la exminera hay afiches contra la minería en cada poste de alumbrado eléctrico y en las paradas de autobuses, con el común denominador de que están rasgados, como si los pegaron y luego alguien los intentaron quitar.
En El Dorado abunda una especie de piedra caliza amarillenta que, según Graciela Funes, es indicador de oro o de metales bajo tierra. GatoEncerrado, junto a otros medios, tomó fotografías de la zona, pero un sujeto sin identificación se detuvo en un vehículo a preguntar quién había autorizado la toma de fotografías, y con un tono militar solicitó que el equipo de periodistas se marchara.
Mayra en San Sebastián y Graciela Funes en San Isidro, junto a ecofeministas, concluyen que la reactivación de la minería metálica en El Salvador no solo amenaza el medio ambiente del país, sino que también trae riesgos diferenciados y directos en contra de las mujeres. Mientras tanto, el Gobierno de Nayib Bukele no escucha y sigue firme en recibir de nuevo a la industria minera que ya contaminó de forma irreversible, afectando principalmente a las mujeres, y criminalizó a los activistas y defensores de derechos.
