Por Leonel Herrera

Para silenciar, perseguir y aniquilar críticas ciudadanas, disidencias políticas y periodismo independiente, la pareja dictatorial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandó a aprobar una ley para expulsar agencias de cooperación internacional y cerrar ONG locales.

Así, el régimen autoritario que somete al hermano país centroamericano, fichó y expulsó o cerró miles de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Según BBC News, el gobierno de Nicaragua ha cancelado 5,600 ONG en los últimos siete años: organizaciones de derechos humanos, comunitarias y hasta religiosas y caritativas.

Ortega y Murillo aprovecharon la revuelta social de 2018 para lanzar su ofensiva contra las organizaciones sociales, a las que acusaron de ser las instigadoras de las protestas antigubernamentales y de responder a intereses intervencionistas. 

Siguiendo este guion, Nayib Bukele ordenó aprobar una ley similar, aprovechando la protesta pacífica de una cooperativa agropecuaria amenazada de desalojo, que pedía apoyo presidencial para mantener las tierras que habitan desde hace 30 años. Ojo: una protesta pacífica, poco o nada comparable con la rebelión violenta en Nicaragua.

Sin embargo, en vez de ayudar a los pobladores de la Cooperativa El Bosque, el autócrata salvadoreño envió a la policía antimotines y la “policía militar” a reprimirlos y capturar arbitrariamente a sus líderes. José Ángel Perez, presidente de la cooperativa y pastor evangélico, aún permanece detenido.

También está detenido Alejandro Henríquez, defensor de derechos humanos, abogado del Foro del Agua y asesor legal de la cooperativa. Al momento de escribir este texto, ambos están detenidos y técnicamente desaparecidos bajo las reglas del régimen de excepción que Bukele mantiene desde hace más de tres años para, supuestamente, combatir a las maras o pandillas. 

Días antes de la captura de Arévalo y Henríquez, fueron detenidos empresarios del transporte colectivo por, supuestamente, incumplir una orden presidencial de dar transporte gratuito durante una semana. Roberto Jaco, uno de los detenidos murió, sin derecho a la defensa y antes de estar frente a un juez.

Y una semana después de la represión y las detenciones de la Cooperativa El Bosque, la Fiscalía y la Policía de Bukele capturaron a Ruth Eleonora López, abogada y defensora de derechos humanos, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, una de las organizaciones que más han denunciado los abusos de poder, violaciones de derechos humanos y casos de corrupción del gobierno. 

López es autora de reveladores informes presentados en Naciones Unidas, la CIDH, el Parlamento Europeo y otras instituciones. El régimen la vincula injustificadamente con supuestos delitos de corrupción del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, con quien ella trabajó en el pasado.

El 13 de mayo, Bukele acusó a las ONG de estar detrás de la protesta de la Cooperativa El Bosque y anunció que les aplicaría la Ley de Agentes Extranjeros. Una semana después, la Asamblea Legislativa aprobó sin consulta y con dispensa de trámite la normativa anunciada por el presidente inconstitucional.

La Ley de Agentes Extranjeros establece un draconiano impuesto del 30% a la cooperación internacional solidaria y establece mecanismos de control y de sanciones contras las ONG, claramente orientadas a acabar con las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas.

La normativa pone multas desde 100 mil dólares hasta 250 mil dólares, penas de cárcel y la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones no gubernamentales que, a juicio de la todopoderosa oficina de registro de agentes extranjeros,  incumplan las obligaciones. Por tanto, se viene una arremetida de aniquilación contra las ONG, como pasó en Nicaragua: es la “orteguización” del bukelato.

El macabro objetivo de la Ley de Agentes Extranjeros no solo se confirma con las malévolas disposiciones que contiene, sino con el discurso criminalizador y de odio político con que Bukele y sus diputados la han justificado, especialmente confirmadoras son las declaraciones del presidente legislativo Ernesto Castro.

Para Castro, principal lugarteniente de Bukele, las ONG caritativas (y otras que “no hacen política”) “son buenas” y “pueden estar tranquilas”. Pero a las “otras” (que incomodan a él y a su jefe por defender los derechos humanos, la transparencia, la democracia o el medioambiente) las acusó de robar dinero, llamó delincuentes a sus miembros y las amenazó con la Ley. Para esas, dijo, es la ley recién aprobada.