Por Leonel Herrera

El Salvador cumplió este 1º de junio un año de gobierno inconstitucional, ilegal, fáctico. Un gobierno con un presidente impostor que se reeligió en el cargo a pesar de la prohibición constitucional, amparándose en la alta popularidad y aprovechando el control total de las instituciones públicas.

No pretendo en este texto hacer un balance del primer año del segundo gobierno de Nayib Bukele y mucho menos de los seis acumulados de su régimen autoritario. Para eso recomiendo leer dos excelentes artículos: “50 promesas incumplidas por Bukele”, del economista César Villalona, publicado en Diario Co Latino, y “25 actos antijurídicos más graves de la dictadura de Bukele”, del juez Juan Antonio Durán, publicado en El Diario de Hoy  

Mi propósito es, en primer lugar, recordar que Bukele no es un presidente constitucional, a pesar de haber ganado abrumadoramente las elecciones y a pesar del enorme respaldo popular en el que basó su decisión de reelegirse pasando por encima de la Constitución de la República.

Bukele se agarró de una resolución ilegal de la Sala de lo Constitucional igualmente ilegal, integrada por los magistrados impuestos en mayo de 2021. Dicha resolución violenta al menos cinco artículos de nuestra Carta Magna que prohíbe claramente la reelección presidencial continua: 

Artículo 88: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido”.

Artículo 131: Corresponde a la Asamblea Legislativa “desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado el período constitucional continúe en el ejercicio del cargo…”.

Artículo 152: No podrá ser candidato a la Presidencia de la República “el que haya desempeñado dicho cargo por seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior…”

Artículo 154: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Artículo 75: Pierden sus derechos ciudadanos “los que suscriban proclamas, actas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a este fin”.

Los “artículos escondidos” de la Constitución que —según el vicepresidente (también inconstitucional) Félix Ulloa— permiten la reelección presidencial no existen. Bukele y todos sus cómplices (Ulloa, magistrados de la Sala Constitucional, magistrados del TSE y el Fiscal General) tendrán que rendir cuentas, tarde o temprano, por haber violado la Constitución.

En segundo lugar, confirmo al régimen bukelista como una dictadura, no sólo por la condición ilegal y fáctica de la función presidencial, sino por eliminar la separación de poderes, anular el estado de derecho, violar sistemáticamente los derechos humanos y mantener un régimen de excepción innecesario e inconstitucional que suspende las garantías judiciales y otros derechos constitucionales para toda la población.

También por perseguir al periodismo independiente, al activismo social, la defensa de derechos humanos y la protección del medioambiente. Para terminar de mostrar su carácter dictatorial el bukelato aprobó la ominosa Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) con la que pretende dar por cerrado el espacio cívico y la acción ciudadana, silenciando a todas las voces críticas que denuncien injusticias, defiendan derechos, exijan transparencia o promuevan la democracia.

En tercer lugar, señalo que en seis años del bukelismo, El Salvador no sólo perdió su incipiente e insuficiente democracia, sino que se ha convertido en un país más empobrecido, más desigual, más injusto, más excluyente, más endeudado, más ambientalmente deteriorado y con más miedo, temor, amenazas e incertidumbre.

El único logro de este gobierno sigue siendo la reducción de la violencia pandilleril. Pero es un logro cruel que tiene a la base altísimos “daños colaterales”: anulación del debido proceso penal, suspensión de derechos y abusos contra miles de personas inocentes. 

Según el Socorro Jurídico Humanitario, 20,000 de los 76,400 capturados durante los 38 meses del régimen de excepción son personas inocentes, de las cuales centenares de estas han muerto en las cárceles vapuleados por custodios o muertos por hambre, sed o falta de atención médica. El propio Bukele declaró en su visita a Costa Rica, en noviembre del año pasado, que el gobierno ha liberado a 8,000 detenidos porque no se les encontró vinculación con pandillas.

El publicitado logro también está manchado por las negociaciones con las maras, a las que, según ex jefes pandilleriles entrevistados por El Faro, funcionarios del gobierno les permitieron asesinar bajo la criminal consigna de que “sin cuerpo no hay delito”. Hay suficiente evidencia periodística de que los pactos con las pandillas también fueron determinantes para el ascenso y la consolidación en el poder de Bukele.

En cuarto lugar, hago notar que, sin embargo, la poderosa autocracia bukeliana empieza a debilitarse debido a la caída de su imagen internacional por su relación con Donald Trump, el secuestro de migrantes venezolanos y salvadoreños en el CECOP, la persecución de defensores de derechos humanos y la aprobación de la LAEX; también por el descontento creciente en diversos sectores, que se expresa en una caída de al menos 20 puntos en las encuestas; y por la pérdida del control de narrativas relacionadas con minería, migración, situación económica, corrupción, aplicación de justicia y otros temas.

Frente a esto, la reacción de Bukele ha sido: reforzar el control de la institucionalidad estatal, prorrogar indefinidamente el régimen de excepción, replantear su estrategia propagandística, pasar a la represión violenta y aprobar la LAEX. 

Y, en quinto lugar, planteo la urgencia de una respuesta ciudadana orientada a fortalecer la organización y la articulación de todos los colectivos, foros, mesas, redes y otros espacios sociales para resistir a la dictadura y construir una propuesta alternativa al proyecto excluyente, corrupto y autoritario del clan familiar que pretende perpetuarse en el poder. 

Esta propuesta debe plantear una reconstrucción democrática y sentar las bases para un país justo, incluyente, equitativo, transparente, pacífico y sustentable por el que siempre hemos luchado. De la elaboración e impulso de esta propuesta dependen las esperanzas de un futuro mejor para las actuales y futuras generaciones.