Justiciómetro
El Foro del Agua denuncia hostigamiento policial contra sus voceros y habitantes de la Cooperativa El Bosque
La escalada de represión en contra de defensores de derechos continúa en El Salvador. Voceros de organizaciones como el Foro del Agua y Reverdes denuncian que policías llegan hasta sus zonas residenciales, les dan seguimiento en vehículos, les toman fotografías e interrogan a personas de comunidades donde desarrollan su trabajo. Una de las preguntas que hacen en las comunidades, incluida la Cooperativa El Bosque, es si estos voceros de las organizaciones los motivan a hacer protestas en contra del gobierno. “Lo que se está montando es una cacería de brujas” para desarticular organizaciones de sociedad civil y criminalizar la manifestación pacífica de los cuidadanos, señala Carlos Flores, vocero del Foro del Agua.
Por Guillermo Cartagena
Junio 20, 2025
Representantes del Foro del Agua y del Movimiento Reverdes —organizaciones dedicadas a defender los derechos ambientales— denunciaron públicamente haber sido víctimas de hostigamiento policial. Según su relato, el acoso se intensificó a partir del 30 de mayo, fecha en la que el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla decretó detención provisional para el abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez y para el pastor de la Misión Cristiana Elim, José Ángel Pérez. Ambos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva mientras acompañaban a los habitantes de la Cooperativa El Bosque en una manifestación pacífica. En esa protesta, 300 familias pedían a Nayib Bukele que interviniera para evitar el desalojo de sus viviendas y terrenos de cultivo. Además, los habitantes de El Bosque aseguran que, desde la captura y audiencia inicial contra Henríquez y Pérez, policías han llegado de manera constante a la comunidad con actitudes intimidatorias.
De acuerdo con Carlos Flores, representante del Foro del Agua, han registrado al menos cuatro ocasiones en los que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada llegaron a las viviendas de personas que estuvieron afuera del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, el pasado 30 de mayo, mostrando su apoyo a Alejandro y el pastor José Ángel durante la audiencia inicial. Ese mismo día, los policías se acercaron hasta las unidades de transporte en las que se trasladaron estas personas y comenzaron a fotografiar sus rostros, según detalló Flores.
Días después, policías llegaron a las cercanías de sus viviendas y preguntaron a los vecinos si conocen dónde viven las personas que pedían la liberación inmediata de Henríquez y Pérez. Aunque su permanencia no ha sido prolongada, van y regresan continuamente, perturbando la tranquilidad de defensores de derechos que suelen acompañar al Foro del Agua y a Reverdes.
Flores también relató que ha sido objeto de este hostigamiento policial. En su caso, ha observado que a cada lugar al que se dirige para participar en conferencias de prensa sobre la situación de Henríquez y Pérez, agentes encubiertos de la Policía le siguen en vehículos y le toman fotografías. Por esta razón, Flores confirmó que ha adoptado medidas de seguridad para evitar un arresto arbitrario en su contra.
Asimismo, las comunidades donde Carlos Flores ha trabajado —como representante del Foro del Agua dando seguimiento a conflictos por perforación irregular de pozos — reportaron que policías han llegado para preguntar sobre el papel que desempeña y si la organización que representa les anima a protestar contra el gobierno. Estas investigaciones, según denunció, ya no están vinculadas con el caso de la Cooperativa El Bosque, sino que están enfocadas directamente en el trabajo que realiza el Foro del Agua.
“¿Cuál es la vinculación que tiene el trabajo que desarrollamos en San Bartolomé Perulapía asesorando a una comunidad que está luchando contra la perforación de un pozo, con el caso de la Cooperativa El Bosque? Es decir, lo que se está haciendo ahorita es montar una cacería de brujas que busca desmovilizar la acción del Foro del Agua, una acción que es a todas luces legítima, porque estamos hablando de proteger el derecho humano al agua de la población empobrecida de este país”, recalcó Flores.
Para Flores, este hostigamiento policial es una clara muestra de que el Gobierno de Bukele está criminalizando el derecho a la organización con el objetivo de encarcelar a toda aquella persona que sea crítica y exija sus derechos.
“No puede ser posible que el derecho a la organización y a la expresión pacífica, a la acción pacífica de las personas sea considerado por la Policía Nacional Civil y por el Gobierno de Nayib Bukele como un motivo para hostigarte y eventualmente meterte preso, como ha sido el caso de Alejandro Henríquez y don José Ángel Pérez”, señaló Flores.
Cámara rechazó otorgar libertad condicional
Representantes del Foro del Agua también denunciaron que la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, de Santa Tecla, rechazó el recurso de apelación que presentó la defensa de Henríquez y Pérez, el pasado 9 de junio. En el recurso, los abogados argumentaron que la Fiscalía nunca fue capaz de probar la existencia mínima de los delitos por desórdenes públicos y resistencia agresiva, y que tampoco logró probar que, la solicitud de ayuda a Nayib Bukele de parte de los habitantes de la Cooperativa El Bosque, fuera un obstáculo para el proceso judicial de desalojo.
Sin embargo, estos argumentos fueron desestimados por la Cámara, misma que en algunos puntos da la razón a la defensa, como el hecho de que el uso de megáfonos no es suficiente para constituir el delito de desórdenes públicos.
De acuerdo a la resolución de la Cámara, el delito se configuró cuando los vigilantes de la Residencial Las Piletas cerraron los portones desde las 10:00 de la noche hasta las 12:00 de la medianoche, lapso de tiempo en el que elementos de la Policía Militar y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) llegaron a reprimir la protesta pacífica y que para ellos, en ese momento, “ya había subido de nivel”. El Foro del Agua denunció que estas consideraciones están basadas en suposiciones.
De esta manera, el pasado 16 de junio, apenas tres días hábiles después de recibido el recurso de apelación, la Cámara reafirmó la resolución del Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla para que Henríquez y Pérez sigan en prisión. Esta notificación llegó a los abogados dos días después, y una hora antes de que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla les notificara que para el proceso de instrucción serán suficientes tres meses, por lo que la próxima audiencia fue programada para el 16 de septiembre, fecha en la que Henríquez y Pérez habrán cumplido cuatro meses en la cárcel.
