Por Leonel Herrera

La aprobación de la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida no ha sido ninguna sorpresa: sabíamos que abrir el camino para que Nayib Bukele intente perpetuarse en el poder era solo cuestión de tiempo. Y ese zarpazo final contra la democracia y la república llegó el pasado 31 de julio, en vísperas de las fiestas agostinas. 

Tampoco es una sorpresa que Bukele coloque la elección presidencial junto con las de diputados y diputadas, con el objetivo de hacerles campaña: poner otra vez su popularidad en función de lograr la mayoría parlamentaria, sabiendo que, de lo contrario, podría perderla y su gobierno quedaría sin el soporte legislativo que lo sostiene. 

En la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), la población otorga una nota de 6.02 a los diputados, que contrasta con la calificación de 8.15 que ese mismo sondeo le da a Bukele. Al 61% de los encuestados no le satisface la labor parlamentaria: el 31.8% está poco satisfecho y el 29.2% nada satisfecho; y el 66.3% no se siente beneficiado por las leyes aprobadas: 30.7% se siente poco beneficiado y 35.6% nada beneficiado. Por tanto, era esperable la movida de juntar la elección presidencial con  la legislativa.

Lo que sí ha sorprendido es el adelanto de la elección presidencial para 2027, pues la sospecha era que el oficialismo suspendería las próximas elecciones legislativas y municipales y las pospondría hasta el 2029 para hacerlas coincidir con la presidencial. ¿A qué responde esa movida? o ¿cuáles son las razones que están detrás de esta jugada? En mi opinión, hay ―al menos― cinco “cálculos políticos” del adelanto de los tiempos políticos del bukelismo.

El primero es evitar que un eventual estallido social provocado por la crisis económica ponga en riesgo la reelección presidencial y la renovación de la mayoría legislativa. Bukele y sus cómplices saben que se acerca una crisis profunda de las finanzas públicas (por el alto nivel de endeudamiento y el quiebre del sistema de pensiones) y de las condiciones de vida de la mayoría de la población debido a la falta de empleo, los bajos salarios y el alto costo de la vida.

Esta crisis está creciendo. La gente no protesta debido al clima de temor impuesto con el régimen de excepción, pero lo expresa en las encuestas. En el referido sondeo de la UCA, el 74.6% de la población señala que el principal problema del país es la situación económica de las familias: 39.2% dice que es “la economía”, 15% opina que es “el desempleo”, 10.1% señala “el alto costo de la vida”, 5% considera que “la pobreza”, y 4% menciona “la mala calidad de los servicios”. 

El 52.9% señala que el gobierno no logra controlar la subida de precios de los productos básicos: 38.6% dice que controla poco y 14.3% cree que no controla nada. El 52.5% cree que el reciente aumento de 12% al salario mínimo no representa una mejoría significativa en la calidad de vida: 34.4% cree que la mejorará poco y 18.1% considera que no mejorará nada.

La población también resiente problemáticas como la falta de acceso a la vivienda. El 87.2% opina que es difícil acceder a vivienda: 54.7% dice que es difícil y 32.5% siente que es muy difícil. La gravedad del problema es tal que la institución gubernamental peor evaluada es el Ministerio de Vivienda, con 5.9 de calificación. Además, la gente señala los problemas en salud y educación, por ejemplo: el 70.9% considera que el cierre de escuelas y unidades de salud afecta a la población (57.9% dice que afecta mucho y 13% considera que afecta algo).

La encuesta de la UCA también muestra que sólo el 30% de la población tiene trabajo y salario formal, mientras que el 70% sobrevive en el desempleo, el subempleo y el empleo informal; y de los que tienen salario, un 30% recibe entre 181 y 400 dólares mensuales. Mucha gente ha dejado de comer tres veces al día y/o no ingiere alimentos indispensable para una nutrición adecuada.

Bukele y compañía saben que esta situación económica “no aguanta” hasta el 2029 y, por eso se adelantan, teniendo en cuenta, además, factores como el incremento de las deportaciones realizadas por el actual gobierno de Estados Unidos.

El segundo “cálculo político” tiene que ver con el deterioro de la imagen y la popularidad presidencial. Como dije antes, la población le otorga 8.15 de nota a Bukele en la encuesta de la UCA; sin embargo, en este mismo sondeo el 57.9 % de la gente dice tener miedo de expresar lo que piensa y teme represalias si critica al gobierno. Esto pone en duda la veracidad de la alta calificación a la gestión presidencial, pues la opinión de la gente podría estar influenciada por el temor y su respuesta más “segura” o “correcta” sería decir que apoya al presidente aunque en realidad lo desaprueba.

La debilidad de Bukele en el plano simbólico también se expresa en la pérdida del control de narrativas en temas importantes como minería metálica, economía familiar, migración, entre otros. A esto se suma el hecho de que más personas empiezan a identificar problemas como la persecución política, la corrupción y los abusos de poder (incluida la aprobación de la reforma constitucional que comentamos). A nivel internacional, la caída de la imagen del “presidente cool” es aún más estrepitosa.

Una confirmación reciente de este problema sería el lanzamiento público de un grupo de supuestos intelectuales autodenominados “Círculo de Análisis Político Siglo XXI”, que busca librar la batalla comunicacional a favor del gobierno y contra “narrativas opositoras”. La caída de la hegemonía comunicacional sería más grave en el 2029, por lo que Bukele se adelanta para aprovechar la popularidad que todavía tendrá en 2027.

El tercer “cálculo” está relacionado con la dinámica política en Estados Unidos. Bukele necesita asegurar un nuevo mandato y la mayoría parlamentaria antes que Donald Trump deje la Casa Blanca en 2028, porque el regreso del Partido Demócrata podría generarle dificultades para sostenerse en el poder. El respaldo del ultraderechista estadounidense es clave para el gobernante salvadoreño: es su principal fuente de impunidad. 

De hecho, Trump es el único que ha respaldado la reforma constitucional para la reelección indefinida en El Salvador. Si vuelven al gobierno, los demócratras podrían mostrarse hostiles con Bukele, si son consecuentes con las acciones que promueven actualmente en el Congreso, especialmente las propuestas de sanciones por pactar con pandillas y violar derechos humanos.

El cuarto “cálculo político” está relacionado con el aislamiento internacional. Además de perder el apoyo gringo en un eventual retorno del Partido Demócrata, el régimen salvadoreño también podría tener represalias de la Unión Europea, sanciones de la ONU o nuevas condiciones para el otorgamiento de préstamos por el FMI, el Banco Mundial y el BID. A esto se agregan posibles demandas en cortes penales internacionales por crímenes de lesa humanidad cometidos contra personas inocentes en el régimen de excepción y contra migrantes venezolanos recluidos en el CECOT. 

Este creciente aislamiento y repercusiones desde fuera del país podrían complicar el logro de los objetivos electorales oficialistas para el 2029, sobre todo si el régimen no revierte la ominosa Ley de Agentes Extranjeros, no cesa la persecución política, sigue violando derechos humanos y no revierte el desmantelamiento institucional, que son las acciones más criticadas y reprobadas por la comunidad internacional. Por eso es mejor adelantarse.

Y el quinto “cálculo político” consistiría en darle menos tiempo a la oposición para reagruparse y evitar que surja una alternativa real que le dispute la hegemonía y el poder al oficialismo. De aquí al 2029 podría surgir una fuerza opositora creíble y competitiva, pero antes del 2027 es más difícil que eso suceda. Bukele lo sabe y adelanta los tiempos.

¿Estos cálculos políticos le saldrán a Bukele? Es probable que sí, pero también existe la posibilidad de que no los logre. ¿Qué tal si la crisis económica -inevitablemente- estalla antes del 2027 y, en consecuencia, la popularidad presidencial se viene abajo? ¿Y si Donald Trump cae antes de 2028 o se debilita, como resultado de la recuperación demócrata en las elecciones legislativas de finales de 2026? El aislamiento internacional también puede acelerarse para el 2027 y la oposición podría aprovechar las coyunturas para reposicionarse más rápidamente.

El tiempo y los hechos dirán si adelantar las elecciones presidenciales fue una “jugada maestra”, como suelen ufanarse Bukele y sus propagandistas o si, por el contrario, resulta ser una movida contraproducente que más bien acelere la caída de la dictadura.