Mario salió de El Salvador expulsado por la violencia de las pandillas y la escasez de oportunidades. Ha tenido que regresar debido a que el país que lo había recibido considera que las condiciones de inseguridad que provocaron su salida han dejado de existir. Retornó voluntariamente para ahorrarle a su familia el trauma de una deportación convencional. Comprueba a su vuelta que se han intensificado las dificultades económicas y el silencio gubernamental lo decepciona, en un El Salvador donde las oportunidades para la población retornada son menores ahora ante el cierre de instituciones de cooperación internacional como la USAID.
Por Moisés Alvarado
Agosto 19, 2025
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Mario llegó a Estados Unidos en 2021 para huir de la violencia en El Salvador. Un atentado, que fue precedido por semanas de amenazas, lo convenció de que este país se le había terminado. Los pandilleros de una comunidad en Sonsonate, en la que residía desde hace décadas, hirieron a su hijo en la misma agresión.
Salió con su familia nuclear completa —su esposa y su hijo— y su padre, gracias a que aplicó a un proceso de asilo en Estados Unidos. De pronto, a cientos de kilómetros, el futuro se le presentaba luminoso y amplio.
Al recordarlo, la cara se le vuelve sonrisa. Contempla una paradoja: cuando en su patria se quedó sin oportunidades, una extranjera se las brindó. Y en mucha mayor abundancia que la propia.
Pierde la sonrisa cuando cuenta que, solo cuatro años después, en mayo de 2025, toda la familia tuvo que regresar a El Salvador. Según las autoridades estadounidenses, “las nuevas condiciones de seguridad” hacen innecesario que el proceso de asilo continúe su desarrollo. A Mario se le acabó, de un día para otro, un nuevo país, ese que le brindó las oportunidades que en el suyo no encontró.
Cuando concluyó que el regreso a su patria era un hecho imparable, intentó ahorrar todo lo posible. Lo más crítico de su situación era que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo y su padre tiene insuficiencia renal en un grado avanzado, con necesidad de diálisis. No fue mucho lo que Mario pudo juntar en soledad y en tan poco tiempo.
Así que el regreso fue para empezar de nuevo, sin poder volver a su hogar original en Sonsonate. La violencia en El Salvador había desarraigado a su familia por completo de su primer hogar. Ahora, ha sido desarraigada una vez más, bajo el argumento de que ese escenario de violencia ya no existe en El Salvador.
“Puede ser que las condiciones de seguridad en el país hayan cambiado, pero no podemos regresar allá (la comunidad en Sonsonate). Quizá se llevaron a los pandilleros, pero los familiares de ellos siguen allí”, explica a GatoEncerrado, mientras vive con su familia en casa de un amigo que les ha dado acogida mientras las condiciones mejoran.
Mario ya no ve luz ni amplitud en el futuro.
“Salimos del país por la violencia. Pero también por la falta de oportunidades. Nos fuimos porque aquí no había manera de salir adelante, de mejorar nuestras condiciones de vida. Desgraciadamente, el tiempo en que he estado de vuelta me ha mostrado que, en eso, nada ha cambiado”, añade.
Salvador Carrillo, del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), que brinda atención médica y psicológica gratuita a salvadoreños retornados, coincide con Mario.
“Ahora hay un convencimiento de que las cosas han cambiado en el tema de la seguridad. Y (los deportados) vienen con esa esperanza, de que el peligro ha cesado. Pero las condiciones económicas y políticas por las cuales inició el accionar de los grupos criminales armados no han dejado de existir. Que son la desigualdad, la inequidad, la falta de justicia”, comentó Carrillo.
Un regreso voluntario en plena Administración Trump
Mario y los suyos tuvieron que abordar uno de los 17 vuelos con salvadoreños repatriados enviados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que salieron en mayo rumbo a El Salvador. Ese mes llegó a nuestro país un vuelo de este tipo cada dos días.
Se trata de un número cercano al promedio de vuelos enviados por ICE durante esta nueva Administración Trump, 15.29 por mes. Las cifras oficiales indican que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos envió 107 vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Este promedio es un 46 % superior a la media mensual de los cuatro años anteriores (2021-2024), cuando Joe Biden era el presidente del país nortemericano.
Si se compara el promedio del Gobierno de Trump con el de años completos individuales en el periodo de Biden, es posible concluir que en 2022 se enviaron más vuelos mensuales con salvadoreños deportados que en los primeros meses del segundo gobierno del mandatario republicano. En 2022, el número de viajes fue de 184, 15.33 por mes.
ICE todavía no ofrece información actualizada del número de inmigrantes retornados en 2025, pues la página web de la entidad recoge datos hasta enero de 2025.
La Dirección de Migración y Extranjería de El Salvador ofrece, por su parte, datos hasta el segundo trimestre de 2025. Según esa entidad, entre enero y junio de 2025, Estados Unidos deportó a 5,551 salvadoreños, lo que marca un descenso del 24 % con respecto a la cantidad reportada en el mismo periodo de 2024 (7,299).
“Las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tampoco arrojan un aumento en las deportaciones. Sin embargo, es necesario estar a la expectativa de lo que ocurrirá en los próximos meses, pues ahora se están registrando cosas nunca antes vistas”, explica el académico especialista en migraciones Jaime Rivas.
El especialista alude, por ejemplo, a la orden ejecutiva de reducir los fondos destinados a estados como California, apodados “santuario” por su legislación amigable con los migrantes y donde el gobierno ha desplegado a la Guardia Nacional para proteger a los agentes del ICE mientras ejecutan las operaciones de deportación. O a la decisión de deportar a personas fuera de las cortes cuando llegaron por su trámite de asilo.
Mario y su familia pudieron haber corrido esta suerte, ser capturados fuera de las cortes y deportados con engaños. Sin embargo, decidieron aceptar el retorno sin más alegaciones porque les dejaron claro que las condiciones de seguridad que los obligaron a huir ya no existían en El Salvador y que no tenía sentido continuar con el proceso.
La indicación fue utilizar CBP Home, una aplicación creada durante la administración de Joe Biden para solicitar el inicio de procesos de asilo. El Gobierno de Donald Trump la transformó en una herramienta para que quienes no cuentan con un estatus migratorio regular puedan solicitar su autodeportación. En la propaganda, utilizarla le da al usuario un bono de $1,000 y permite que pueda ser elegible en un futuro para obtener una visa, lo que no ocurre con una persona deportada por las vías convencionales.
Mario consideró que el proceso de deportación podría constituirse en un trauma todavía más profundo para su hijo si, debido a la reticencia de regresar a El Salvador, eran capturados y obligados a hacerlo. Pasar por prisión o ser separados durante ese proceso era una posibilidad.
El uso de la aplicación les ahorró, al menos, todos esos problemas. La deportación fue efectiva en solo unos días.
No es un dato de acceso público la cantidad de salvadoreños que han hecho uso de este sistema para regresar a El Salvador desde que el Gobierno de Estados Unidos modificó CBP Home.
El pasado 9 de julio, decenas de salvadoreños retornaron al país en condiciones y vuelos similares al que trajo a Mario y su familia. Ese día, GatoEncerrado consultó a la familiar de un joven retornado, a las afueras de la Gerencia de Atención al Migrante, una dependencia de la Dirección General de Migración y Extranjería, ubicada en la Colonia Quiñonez de San Salvador Centro. Aseguró que su sobrino estaba en medio de un proceso de asilo, pero decidió volver voluntariamente a El Salvador porque se le habían hecho impagables los honorarios de los abogados que llevaban su caso en Estados Unidos. También temió tener que pasar por un proceso de deportación convencional.
El subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Harry Fones, brindó una brevísima conferencia acerca de la herramienta CBP Home el jueves 10 de julio. Pero la conferencia, en realidad, no aportó mayor información y fue para incentivar la salida voluntaria de los migrantes. El funcionario no contaba con cifras globales sobre la utilización de la aplicación, menos aún con datos desagregados por país, por lo que aún no es posible saber cuántos salvadoreños se han autodeportado durante la administración de Donald Trump.
“Si estás en Estados Unidos y eres ilegal, debes usar esta aplicación para una autodeportación. Puedes registrarte a ti y a toda tu familia (…) La deportación es una prioridad en esta administración”, dijo Fones.
Las perspectivas del regreso
A Mario, Estados Unidos lo deportó a El Salvador porque, en teoría, ya no existen las condiciones de seguridad que lo llevaron a huir. Está de acuerdo con parte de esa afirmación, pero opina que las condiciones económicas que también lo empujaron fuera del país siguen existiendo.
Piensa que el gobierno extranjero tomó la decisión de deportarlos porque el de El Salvador se ha encargado de vender al exterior una falsa imagen del país. Una en la que cada problema ha sido resuelto y su población puede tener un desarrollo pleno.
“En eso hay algo de desinformación. Es una publicidad casi que dañina para gente como nosotros”, dice.
Su situación es difícil: sin vivienda, esperando a un segundo hijo, sin un trabajo y con su padre enfermo. Se le ha puesto todo cuesta arriba con su regreso forzado a El Salvador. Cree que sería más fácil sobrellevar las pruebas en otro país, pues tampoco encontró el apoyo de su familia en El Salvador.
“Cuando el migrante está en Estados Unidos y manda remesas, es el héroe. Cuando regresa (deportado), al migrante se le estigmatiza porque es visto como una carga dentro de las propias familias. Incluso se sigue identificando a las personas retornadas con el crimen, debido a nuestra historia anterior”, comenta el académico y especialista en migraciones Jaime Rivas.
Mario siente que no comienza de cero, sino de un punto inferior: a su cúmulo de cargas se suma la inflación. Todo está mucho más caro que cuando se fue. Sobre todo, la comida.
Los números lo respaldan: En mayo de 2021, la canasta básica costaba $201.04. En mayo de 2025, $248.22, un aumento de más de $47, un 24 %. Además, entre octubre de 2021 y septiembre de 2024 (36 meses consecutivos), la inflación de los alimentos fue superior a la de la generalidad de los productos.
Desde que regresó a El Salvador, ha recibido pocos apoyos. La Cruz Roja, por ejemplo, le dio víveres.
Desde el lado gubernamental, en Cancillería, en los primeros días de su retorno, recibió algunas charlas informativas sobre lugares donde le podrían dar un trabajo, a los que ha acudido, pero todavía no hay suerte. Nada más.
Esta última institución ha sido una de sus mayores decepciones, pues incluso han dejado de contestar sus llamadas. A pesar de que lo solicitó, no le informaron a qué programas podía acudir para estabilizarse en su regreso. O a qué proceso podría someterse para recibir financiamiento para comenzar un emprendimiento, su mayor ambición en su retorno al país ante la poca esperanza de conseguir un empleo formal.
Hace unas semanas, se enteró de que en la alcaldía de Santa Ana, municipio donde reside en casa de su amigo, se desarrollaban programas para la población retornada. Acudió allí, pero le dijeron que los fondos ya se habían ejecutado a principios de año y que no había nada más en lo que resta de 2025. Se trata del Proyecto Semillas, impulsado por Cancillería y financiado por la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS).
En El Salvador de hoy se han cerrado otras oportunidades ejecutadas por instituciones gubernamentales que hasta no hace mucho eran aprovechadas por personas deportadas. Eran financiadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), institución que fue desmantelada por la nueva administración de Donald Trump. Por eso, Mario ya no puede acceder a ellas.
David, un inmigrante atendido en INSAMI, afirma que, contrario a lo que ocurre con Mario, él sí contó con un impulso importante para comenzar un emprendimiento que hoy le permite ganarse la vida: la manufactura de detergentes. Fueron dos entregas de capital semilla, de $1500 y $2500. Esto fue parte de un programa de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que ejecutaba fondos de la ahora extinta USAID.
El académico especialista en migraciones, Jaime Rivas, señala que este punto es uno de los menos visibilizados de la situación actual de la problemática: que la Administración Trump, además de mantener una política antinmigrante en territorio norteamerciano, también lo hace en los países de origen, donde quita oportunidades para ganarse su sustento a los deportados y les arrebata una mejor adaptación a la sociedad que los recibe.
El problema podría agudizarse a partir de 2026.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de hondureños y nicaragüenses llegará a su fin el 6 de septiembre de este año. La decisión fue tomada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. El mismo les fue brindado después de la catástrofe provocada en ambos países por el huracán Mitch, en 1998.
Para Noem, ambos países han logrado una recuperación significativa. Citó como ejemplo la industria turística que opera en los dos países, así como la inversión inmobiliaria en Honduras y el sector de las energías renovables en Nicaragua.
¿Qué ha dicho la funcionaria sobre El Salvador? Tras su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en marzo, elogió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por su colaboración con el Gobierno de Estados Unidos en el combate a la “migración ilegal”. Días atrás, esa prisión había recibido a ciudadanos venezolanos provenientes de la nación norteamericana.
El TPS para salvadoreños tiene vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026, extensión aprobada en marzo de este año. El escenario más probable, según expertos en estos temas, es que no se renueve. Muchos de los que actualmente gozan del beneficio tendrían que retornar a El Salvador, más de 200,000 personas que han vivido en Estados Unidos desde comienzos de siglo.
“Como país, hasta ahora, no contamos con un plan estratégico para atender a esa bandada de personas que vendrían. Nosotros, como organizaciones de sociedad civil, lo hemos conversado y hemos querido compartirlo con el Estado, con los organismos internacionales. ¿Por qué no creamos un albergue para alojar a los que vienen, que muchas veces no tienen una casa a la cual llegar?”, comentó el doctor Jizi Moza, director ejecutivo de INSAMI.
A organizaciones como INSAMI no les queda otra cosa que referir a los repatriados a albergues temporales manejados por iglesias o municipalidades. A esta misma entidad la ahoga ahora la escapada del financiamiento internacional: en todo el año no han podido realizar una campaña de salud enfocada en población migrante en el interior del país.
En El Salvador, la atención inmediata a los salvadoreños retornados le corresponde a la Gerencia de Atención al Migrante, una dependencia de la Dirección General de Migración y Extranjería. El programa bajo el cual se maneja esta recepción se llama “Bienvenido a Casa” y consiste, según la misma institución, en la entrega de un refrigerio, en “el traslado a terminales de transporte para que se dirijan a sus lugares de origen o residencia” y en atención médica y psicológica.
El proceso de recepción en esta institución dura poco más de una hora, según pudo atestiguar GatoEncerrado el 9 de julio con la llegada de un grupo de salvadoreños deportados desde Estados Unidos. Según Mario y otros salvadoreños retornados consultados para esta nota, luego de este primer contacto no vuelven a saber más de esta institución. Y, realmente, no existe tal atención médica o psicológica. Este vacío es cubierto por instituciones como INSAMI.
El Gobierno ha solicitado a la Asamblea Legislativa la creación de una ley para aumentar la contratación de salvadoreños deportados por parte de empresas. Ofrece incentivos tributarios a compañías que contraten a ese sector de la población.
El rango estipulado de deducciones va entre los tres y los cinco salarios mínimos del sector en que operen dependiendo del número de salvadoreños deportados que contraten.
“Siente usted que si no hay oportunidades para los que ya están, sería como complicado que hayan también para quien regresa… Afuera, uno pasa muchas situaciones difíciles, es discriminado por quien es. Pero uno, por el mismo sueño de sacar adelante a la familia, sigue luchando”, dice Mario.
Fuera del gobierno
En El Salvador, instituciones no gubernamentales como Swiss Contact o el Centro de Integración de Migrantes Trabajadores y Trabajadoras (CIMITRA) manejan programas para brindarle apoyo a retornados como Mario para conseguir un empleo o apoyarlos con un emprendimiento.
El programa específico de Swiss Contact, financiado con fondos de la Cooperación Alemana a través del Banco de Desarrollo KfW, se llama “PERSPECTIVAS para los retornados a través de la integración social y profesional” y es el más grande de este tipo que opera en El Salvador tras el cierre de la USAID, que, a su vez, financiaba a múltiples organizaciones no gubernamentales en programas de este tipo.
En el país, el proyecto de Swiss Contact funciona solo en seis localidades. En Guatemala y Honduras es un número similar.
Eso se traduce en que las organizaciones no tienen un alcance amplio (se limitan a ciertas zonas geográficas del país) y no cuentan con los recursos para atender a una población tan grande (2,546 en los primeros tres meses del año solo en El Salvador). Ni siquiera para identificarlos.
Sin embargo, las organizaciones existen y realizan una labor para brindar una mano amiga a quien retorna al país.
Mario no ha acudido a estas entidades porque desconocía su existencia. En ese lugar al que él consideró un puerto seguro en su regreso, Cancillería, nunca le explicaron que podía acudir a entidades de la sociedad civil, fuera del gobierno, para poder acceder a alguna oportunidad. A pesar de que esta es una de las funciones del Viceministerio de Diáspora y Movilidad, que ahora realiza las funciones del disuelto Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), que estaba conformado por funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.
Se lamenta por no haber sido más acucioso por su parte para buscar antes cómo acceder a alternativas fuera del gobierno. Lo cierto es que en El Salvador no existe un mecanismo de identificación y contacto centralizado de personas retornadas, como sí ocurre, por ejemplo, en Honduras.
“Cuando uno es expulsado de otro país, ve el futuro como algo borroso, como oscuro. Lo menos que espera de las instituciones de su país es que le den un poquito de luz”, señaló Mario.
*Mario no es el nombre real de la persona que contó su testimonio a GatoEncerrado. Accedió a relatar su historia bajo condición de que se resguardara su identidad.
