Por Chris Woolston*

Su artículo sostiene que las políticas destinadas a reducir la “desesperación económica” pueden reducir los delitos contra la propiedad, pero no los delitos violentos. ¿Puede dar ejemplos de lugares o momentos en los que se hayan producido estas tendencias? ¿Existen estudios de casos de ciudades o estados en los que una política que redujera la desesperación económica haya dado lugar a una reducción general de los delitos contra la propiedad, pero no de los delitos violentos?

Schnepel: Diversos estudios demuestran que dar dinero en efectivo o prestaciones a las personas reduce los robos y los hurtos, pero tiene poco o ningún impacto en los delitos violentos, que consisten principalmente en diferentes tipos de agresiones, junto con un número menor de homicidios y robos a mano armada. Un estudio de 2020 reveló que cada pago del Fondo Permanente de Alaska, un pago anual que ahora asciende a más de 1.700 dólares, reduce significativamente los delitos contra la propiedad, pero no los delitos violentos, al menos a corto plazo. Varios estudios realizados en todo el país han demostrado que el empeoramiento de las condiciones del mercado laboral (por ejemplo, el aumento de las tasas de desempleo) a nivel estatal o condal se asocia con un aumento de las tasas de delitos contra la propiedad, pero no de delitos violentos.

¿La mayoría de los delitos contra la propiedad se basan en decisiones económicas racionales? Para las personas sin trabajo ni recursos, ¿el robo parece una opción razonable?

Schnepel: Las personas en situaciones económicas desesperadas —incluidas las que carecen de vivienda o están desempleadas— son más propensas que otras a cometer delitos contra la propiedad. Les motiva la ganancia económica. Si su situación mejora, el cálculo cambia y los delitos contra la propiedad dejan de ser tan atractivos o de merecer la pena el riesgo de encarcelamiento. Cuando aumentan las tasas de empleo, los delitos contra la propiedad disminuyen, en gran parte porque las personas con trabajo no necesitan robar para sobrevivir. También pasan menos tiempo vagando por lugares que puedan llevarlos a la tentación.

¿Existen inversiones específicas —programas de empleo o salarios mínimos más altos— que sean especialmente eficaces para prevenir los delitos contra la propiedad?

Schnepel: Los programas de empleo juvenil, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), los aumentos del salario mínimo y la asistencia alimentaria han demostrado, en estudios rigurosos, que reducen los delitos contra la propiedad. Por ejemplo, un estudio de 2023 que comparó a presos liberados en diferentes estados con diferentes políticas sociales descubrió que un aumento de 50 centavos en el salario mínimo por hora reducía las probabilidades de volver a la cárcel en los tres años siguientes en aproximadamente un 2 %, principalmente debido a la reducción de los delitos contra la propiedad y los delitos relacionados con las drogas. Por el lado negativo, podemos predecir que los recortes en estos programas podrían provocar un aumento de los delitos contra la propiedad.

¿Existen programas de bienestar social que reducen tanto los delitos violentos como los delitos contra la propiedad?

Schnepel: Sí, hay algunas excepciones a la observación general de que estos programas solo afectan a los delitos contra la propiedad. Si bien los programas de empleo para adultos no parecen tener mucho efecto en las tasas de delitos violentos, los programas para adolescentes en las grandes ciudades pueden ser extremadamente eficaces. Muchas ciudades organizan loterías para puestos de trabajo de verano, lo que proporciona experimentos naturales y aleatorios sobre los efectos del empleo. Estudios realizados en Boston y Chicago han descubierto que conseguir un trabajo puede reducir hasta en un 50 % la probabilidad de que un adolescente cometa un delito violento durante el verano.

Otra forma de prevenir los delitos violentos es proteger y reforzar Medicaid. Varios estudios han descubierto que los recortes en Medicaid han provocado un aumento de los delitos violentos. En Carolina del Sur, se ha observado un aumento significativo de los delitos violentos entre las personas con trastornos de salud mental que pierden el derecho a la cobertura de Medicaid al cumplir 19 años.

Una hipótesis que explica por qué estos dos programas tienen efectos tan diferentes es que no solo transfieren recursos a estas poblaciones, sino que también crean una forma de capital humano, en sentido amplio. En los empleos juveniles de verano, por ejemplo, podemos ver que no son los adolescentes que más se benefician económicamente los que experimentan la mayor reducción de la violencia. Y una de las funciones de Medicaid es facilitar el acceso de las personas a los servicios de salud mental.

¿Cuál es la relación entre la situación económica y los delitos violentos, como los tiroteos?

Ludwig: Quizás la parte más importante de nuestro artículo de Annual Review es un gráfico que muestra las tasas de tiroteos en los barrios de Chicago en relación con la renta media. Todos los barrios ricos tienen una tasa relativamente baja de violencia con armas de fuego, y todos los barrios con mucha violencia con armas de fuego son pobres. Pero dentro del conjunto de barrios pobres hay una gran variación. La violencia con armas de fuego en West Garfield Park es aproximadamente 20 veces mayor que en Armour Square, a pesar de que tienen ingresos medios casi idénticos. Esto significa que la situación económica afecta a la violencia con armas de fuego a gran escala, pero cuando se analiza más detenidamente, hay muchos otros factores que influyen.