Derechos humanos
Piden a Costa Rica que mejore el acceso a derechos laborales y salud sexual para personas migrantes
Costa Rica ha sido históricamente un refugio para miles de personas que han tenido que huir de sus países por diferentes razones, pero actualmente no está garantizando todos los derechos de las personas migrantes. En medio de la campaña presidencial, diversos colectivos que defienden derechos humanos piden a los candidatos y candidatas presidenciales que, independientemente de quien gane, le presten atención a este sector de la población.
Por Mario Beltrán
Diciembre 6, 2025
SAN JOSÉ — En Costa Rica hay una serie de asignaturas pendientes de mejorar cuando se trata de garantizar derechos a la población migrante. Entre estas destacan: el acceso a la educación sexual y reproductiva, y la protección laboral. Esa fue la conclusión a la que llegaron defensores de derechos humanos y migrantes que participaron en un conversatorio organizado por el medio costarricense La Voz de Guanacaste, junto a la Asociación Puntos de Encuentro y el medio feminista Volcánicas, en la Universidad de Costa Rica (UCR). En el encuentro también participó una defensora pública laboral del Poder Judicial costarricense, quien tomó nota de lo conversado y defendió que desde la institución en la que trabaja hay un esfuerzo por solventar la situación.
En el espacio, los participantes señalaron que las personas migrantes trabajadoras —en su mayoría provenientes de Nicaragua y Venezuela—, especialmente quienes se desempeñan en el trabajo doméstico, así como población LGBTIQ+, enfrentan obstáculos para acceder a créditos, atención a mujeres embarazadas, y servicios de salud sexual. Todo esto ocurre porque no cuentan con un estatus migratorio regular que, al final, se convierte en una situación discriminatoria que les complica el acceso a derechos universales.
“Una de las primeras barreras que se identifican es el tema del acceso al seguro social (…) Los trabajos muchas veces son informales y no se inscribe la persona ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, desde ahí ya se identifica como esta primera barrera en el acceso a la salud”, señaló Annie Rodríguiez, quien forma parte del equipo de protección legal en el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica.
Tania Quintana, abogada y quien acompaña procesos migratorios desde el Servicio Jesuita, agregó que las personas migrantes, en su mayoría mujeres nicaragüenses, son las más vulneradas. Y todo esto pasa porque les cuesta tiempo y pasar por procesos burocráticos para obtener un documento de identidad costarricense o un estatus de regularización migratoria. Además, atraviesan obstáculos para conseguir justicia cuando son víctimas de violencia doméstica, laboral o sexual, pues desconocen sus derechos jurídicos; y el sistema judicial de Costa Rica —afirmó— todavía no está preparado para acompañar estos casos. En muchos de los casos, las mujeres víctimas tampoco pueden conseguir justicia porque simplemente no pueden pagar una representación legal. Y la situación es peor cuando son mujeres apátridas, es decir, quienes por temas políticos fueron despojadas de su nacionalidad.
“Estas mujeres no están reconocidas, no están inscritas en ningún país ni en Costa Rica ni en Nicaragua, y al no estar inscritas en ningún sistema, pues es imposible que ellas puedan acceder a la justicia porque no tienen un documento que las identifique. Ya desde ahí tienen esa barrera. Y también al no tener un documento, al no ser reconocida, son objeto de revictimización, de bullying, de burlas, lo que hace que ellas se cansen, desistan y ya no continúen con su proceso”, lamentó Quintana.
Para Olinda Bravo, nicaragüense, representante de la Red de Mujeres migrantes y lideresa comunitaria, “los derechos migran con la persona”.
“Independientemente de nuestro estatus migratorio, los derechos también migran con las personas y deben de ser cumplidos por los países de acogida. Existen miles de convenios internacionales que los países han firmado y a veces nos dicen como que ‘estamos pidiendo cosas’ y nosotros no estamos pidiendo nada que la ley no lo contemple y que la constitución política de este país no lo haya aprobado, firmado y ratificado, pero a veces nos dicen: ‘no son de este país y todavía están exigiendo’. No exigimos nada, exigimos derechos que son reconocidos internacionalmente”, opinó Bravo.
Otro de los análisis centrales del conversatorio fue que, en teoría, Costa Rica es un país de acogida que recibe y cuida a las personas migrantes, pero en la práctica todavía hay muchas instituciones gubernamentales que generan discriminación y xenofobia contra personas migrantes. La conversación también se enfocó en la poca voluntad del Estado costarricense de divulgar los derechos de las personas migrantes.
“Eso es como mucha falta de divulgación de las leyes. Que esto le corresponde a los gobiernos también, hacer campañas, y pues muchas personas cuando llegamos a un país creemos que por ser extranjeros no tenemos derechos”, expresó Carmen Cruz, representante de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica (Astradomes) que vela por los derechos de las personas migrantes que se dedican a trabajo doméstico.
Añadió que, por la misma situación, aún es difícil llegar a mujeres migrantes trabajadoras domésticas en Costa Rica, pero que poco a poco, por medio de talleres y redes sociales, han alcanzado a muchas mujeres para orientarlas en sus derechos laborales, mayormente en zonas rurales.
La situación, entre otras cosas, se agrava por la elevada cantidad de migrantes que llegan al país. Para ponerlo en perspectiva, el informe estadístico de 2024, elaborado por la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME), revela que hasta el 31 de diciembre de ese año, se registraron 649,637 personas migrantes en Costa Rica, con diferentes estatus migratorios. De esa cifra, casi medio millón son personas nicaragüenses; destacan más de 21 mil venezolanos, más de 36 mil estadounidenses y más de 15 mil salvadoreños. Los datos, sin embargo, están limitados, ya que existe un subregistro de personas migrantes que no han sido identificadas oficialmente por la DGME, según especialistas.
Por su lado, Idania Arteaga Monge, defensora pública laboral del Poder Judicial costarricense, asegura que desde esa institución, hacen un esfuerzo por cumplir las leyes que amparan los derechos de las personas migrantes en cuanto a la defensa y representación en procesos judiciales en temas laborales, de violencia, entre otros.
“Aplicamos la Circular 220-2014 del Poder Judicial, que establece medidas específicas para garantizar igualdad en el acceso a la justicia, tales como: asistencia legal gratuita sobre Derechos Laborales a través de la Defensa Pública Laboral a las personas trabajadoras migrantes cuyos ingreso mensuales brutos no superen el monto de 806,000 colones. En caso de procesos de discriminación, despido de mujer embarazada, o menores de edad, no existen esos requisitos de ingreso económico para poder representarlos y/o atenderlos.
Se brindan servicios de traducción e interpretación para quienes no hablan español. Tenemos información clara y accesible sobre derechos y procedimientos”, matizó.
La abogada Arteaga asegura que en esos procesos, solicitan, a través de jueces laborales, la permanencia migratoria provisional para que la persona pueda permanecer y circular libremente en Costa Rica durante el litigio de sus casos. Aseguró que desde el Poder Judicial garantizan el acceso a la justicia a personas migrantes sin discriminación y sin obstáculos.
“Una prueba real del acceso a la justicia laboral se refleja en los datos de Atención de la Defensa Pública Laboral entre los años 2019 y 2024. Durante este período, la institución atendió 16.346 personas migrantes, de las cuales aproximadamente el 90 % (14.791 casos) correspondió a personas de nacionalidad nicaragüense”, añadió.
Acceso a salud y educación sexual
En cuanto a la falta de garantías al acceso de salud sexual y reproductiva de personas migrantes en Costa Rica, con mayor afectación a mujeres trabajadoras domésticas, agricultoras y población de la diversidad sexual migrante, el mayor de los obstáculos identificados es la opacidad o el poco acceso a datos actualizados oficiales y confiables.
Según Peggy Chamorro, activista y feminista costaricense de la Colectiva por el Derechos a Decidir, no hay datos actualizados sobre sexualidad en Costa Rica desde 2015, y la última encuesta evidenciaba que en ese período el 48 % de los embarazos eran no deseados.
En el conversatorio también fue señalado que el debilitamiento democrático que atraviesa Costa Rica podría ser un factor que vulnere aún más el derecho a la salud sexual y reproductiva, y hasta mental de las personas migrantes.
De acuerdo con William Cerna, coordinador y activista por los derechos de la diversidad sexual, la falta de acceso al trabajo para personas de la diversidad sexual, mayoritariamente los cuerpos feminizados, obliga a algunos migrantes a ejercer trabajo sexual “como supervivencia”.
“Eso requiere, lógicamente, un cuidado especial con respecto a la salud sexual y reproductiva. Nosotros llevamos cinco años organizades, de los cuales llevamos tres con un proyecto de financiación —que agradecemos demasiado— para poder atender acceso a derechos, mayoritariamente a los cuerpos feminizados: las mujeres y personas trans que viven la violencia. Un hombre trans, al querer gestar una vida, recibe todo el rechazo social que puede tener de funcionarios o funcionarias. Y esa violencia, donde te dice: ‘No tenés derecho a la al acceso a la salud por el simple hecho que soy una persona trans, un hombre trans’, es constante”, señaló Cerna.
El activista Cerna es también representante de Mesart, una organización LGBTIQ+ fundada por personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica y conformada por personas de diversos orígenes étnicos, culturales, migrantes y nacionales, dedicada a promover el desarrollo integral de la población LGBTIQ+ migrante, a través del acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de sus capacidades, espacios de discusión y debate sobre sus contextos de origen y la incidencia en las políticas públicas, según consignan en su sitio web.
“Hay una situación bastante compleja cuando atendemos a nuestras compañeras, mujeres lesbianas, que es a donde nos estamos enfocando con Mesart, el tema de acceder a un papanicolau (un examen ginecológico) es un sueño. A las pocas personas que tienen el Seguro Social, cuando piden una cita, se las pueden dar en tres o cuatro años. En ese tiempo, esa enfermedad que se podía prevenir, ese cáncer urológico que se podía prevenir con una salud preventiva, se convierte en un cáncer. Y cuando ya se convirtió en un cáncer, es cuando lamentablemente se notan más las brechas que tiene la población migrante, donde no tenés una red de apoyo, no tenés una red de cuidado, donde vivís el estigma”, agregó Cerna.
Agregó que la discriminación hacia la diversidad sexual migrante trasciende a lo comunitario, sobre todo en sectores rurales en los que se les discrimina por la iglesia y la comunidad, quienes ejercen presión sobre funcionarios públicos locales que también pueden ejercer discriminación.
En el conversatorio también se proyectó un documental referente a los obstáculos para acceder a derechos sexuales y reproductivos de mujeres nicaragüenses en Costa Rica. Uno de los testimonios que recoge la pieza audiovisual es de una mujer que expresaba que en un hospital le dieron el alta a los tres días después del parto, diciéndole que ya no la podían seguir manteniendo ahí por falta de seguro, pero que “a su hijo costarricense, sí”.
En el evento, también se hizo un llamado a los candidatos y candidatas presidenciales, quienes el próximo 1 de febrero de 2026 buscarán la Presidencia de la República, para que incluyan el eje migratorio en sus planes de gobierno, puesto que Costa Rica es y ha sido históricamente un país de refugio. Asimismo, pidieron que, independientemente del ganador de las elecciones, se revise el cumplimiento de derechos laborales, que haya más campaña de divulgación sobre los derechos de las personas migrantes y que se amplíe el derecho a la salud sexual, reproductiva y mental, con énfasis en mujeres, niñez y personas de la diversidad sexual que han buscado refugio o mejores oportunidades en Costa Rica.
“Por lo menos nos alienta un poco escuchar que, en el plan de gobierno de algunos dos o tres (candidatos) quizás, aparezcamos mencionadas las mujeres y personas migrantes. También reconocen los salarios bajos, especialmente el de las trabajadoras domésticas, y la necesidad de la eliminación de esa brecha”, expresó Carmen Cruz, de la organización Astradomes.
