El matón que sirvió a Bukele contra la Sala de lo Constitucional
octubre 3, 2023
Política
Presupuesto del Órgano Judicial queda sujeto a voluntad del Ejecutivo tras reforma constitucional exprés
En apenas seis horas, la Asamblea aprobó y ratificó dos reformas constitucionales. La primera afecta directamente la independencia financiera de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados oficialistas de Nuevas Ideas defendieron que existen otras instituciones de Estado “con mayor importancia” que el Poder Judicial y que, por ello, su presupuesto no debía estar protegido por la Constitución. Lo que omitieron es que las otras instituciones que mencionaron son dependencias del Ejecutivo y, precisamente por esa subordinación, no requieren un presupuesto independiente ni enfrentan la necesidad de negociar o condicionar su financiamiento. La segunda reforma fue para ampliar el mandato de las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral, para sincronizarlo con el periodo presidencial a partir de 2027.
Por Beatriz Benítez
Diciembre 16, 2025
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La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Nayib Bukele, quitó el candado constitucional que garantizaba la independencia económica del Órgano Judicial y le aseguraba, cada año, no menos del 6 % de los ingresos corrientes del Estado. Con los votos de Nuevas Ideas y sus aliados, se eliminó ese porcentaje del inciso cuarto del artículo 172 de la Constitución de la República, una disposición incorporada en 1991, en el proceso de los Acuerdos de Paz, para evitar que la Corte Suprema de Justicia tuviera que negociar su financiamiento con los otros dos poderes del Estado.
La nueva redacción indica que la asignación presupuestaria del Órgano Judicial se hará según las “necesidades razonables” que presente, quedando sujeto a las decisiones del Ejecutivo, que propone el presupuesto, y de la Asamblea Legislativa, que lo aprueba.
Este nuevo golpe del bukelismo al Poder Judicial no es un hecho aislado, sino una maniobra que se suma a la ofensiva iniciada el 1 de mayo de 2021, cuando el oficialismo descabezó la Sala de lo Constitucional e impuso magistrados alineados a sus intereses. A ese asalto le siguieron reformas y una purga de jueces que culminaron en el control absoluto de la Corte Suprema, que hoy está reducida a una instancia subordinada, dócil y funcional para los intereses de Bukele.
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En la misma sesión plenaria del 16 de diciembre, el partido oficialista también impulsó otra reforma constitucional para ampliar de cinco a seis años el mandato de las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE); además, incluyeron un artículo transitorio para finalizar anticipadamente el periodo de los actuales funcionarios del TSE. Esto se hizo, según el oficialismo, para “sincronizar” los periodos de los funcionarios y las próximas elecciones que se realizarán en 2027.
Las modificaciones a la Constitución se hicieron en un lapso de seis horas y con dispensa de trámite (mecanismo utilizado de forma recurrente por Nuevas Ideas para abreviar el proceso y evitar que estas reformas pasaran por alguna comisión donde tenían que ser discutidas). En una misma tarde, la Asamblea realizó dos sesiones plenaria para aprobar y ratificar los acuerdos que, según el diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, ya habían sido publicados en el Diario Oficial, lo cual fue desmentido por la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien añadió que al violentar el debido proceso podría ser inconstitucional: “El último Diario Oficial que está publicado es del 10 de diciembre. Hoy es 16 de diciembre”, señaló.
El diputado oficialista Christian Guevara pidió ratificar los dos acuerdos de reformas y aseguró que tenía en sus manos las constancias de publicación en el Diario Oficial. La diputada Claudia Ortiz lo desmintió y señaló que la última publicación era del 10 diciembre.
Estas reformas exprés —que se despachan en menos tiempo que una jornada laboral común— son posibles porque, en la legislatura anterior, Nuevas Ideas reformó el artículo 248 de la Constitución con el fin de que una misma legislatura tenga la potestad de reformar y ratificar las modificaciones constitucionales, sin tener que esperar el siguiente periodo legislativo.
Presupuesto del Órgano Judicial en la mira
La diputada oficialista, Alexia Rivas, quien impulsó en el pleno la reforma al artículo 172, invocó el principio de “equilibrio financiero” y erróneamente argumentó que el porcentaje del 6 % se asignó en 1983 cuando se creó la Constitución vigente.
La asignación del 6 % del presupuesto al Órgano Judicial fue uno de los puntos del proceso de los Acuerdos de Paz para dotarlo de independencia económica. En una disposición transitoria, se estableció que sería efectiva en forma gradual, progresiva y proporcional hasta su total cobertura en un plazo no mayor de cuatro años.
Desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021, Bukele controla la Corte Suprema de Justicia, pero con esa reforma termina de mutilar su independencia económica.
Nuevas Ideas también argumentó que otras instituciones del gobierno no tienen asignaciones presupuestarias por Constitución, aunque omitió decir que esas son dependencias del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no tenían la necesidad de un presupuesto independiente de la voluntad política. En la iniciativa, el partido oficialista planteó que existen otras áreas que tienen una “importancia aún mayor” y que requieren más presupuesto como Salud, Seguridad y Educación; por lo que, los fondos destinados al Órgano Judicial deben efectuarse conforme a las necesidades de cada año y según las consideraciones del Ministerio de Hacienda.
Para 2026, la Corte Suprema presentó un presupuesto de 533.4 millones de dólares, que aún no ha sido aprobado por la Asamblea y queda en duda si se mantendrá ese monto.
“La Asamblea Legislativa ha planteado un falso dilema entre los derechos a la Salud, Educación y a la administración de justicia. El acceso a la justicia es de igual relevancia que contar con servicios de salud adecuados y un sistema educativo de calidad”, señaló Acción Ciudadana, quien mantuvo que la reforma abre la posibilidad de una significativa reducción de recursos que debilitará el ya saturado e ineficiente sistema de justicia salvadoreño.
Sincronía del TSE con el mandato presidencial
La segunda reforma modificó el artículo 208, inciso primero, ampliando el periodo de los magistrados del TSE de cinco a seis años para homologar la Constitución con el nuevo periodo presidencial de seis años, aprobado en una reforma constitucional el 31 de julio que también permite la reelección indefinida de Bukele.
Al igual que se hizo en la anterior reforma para que Bukele termine su mandato actual el 1 de junio 2027, se incluyó un artículo transitorio para finalizar anticipadamente el cargo de los actuales magistrados del TSE, para que concluyan su gestión el 31 de julio de 2027 y a partir de entonces los nuevos magistrados cumplirán períodos de seis años. Los actuales magistrados fueron elegidos en septiembre de 2024 y finalizaban sus cargos en 2029.
“Lo que nosotros estamos haciendo es ordenar los tiempos de las instituciones para que nuestro país funcione de mejor manera dentro de los ciclos electorales”, argumentó Dania González, la otra diputada de Nuevas Ideas que gestionó la reforma.
La diputada de Arena, Marcela Villatoro, señaló que el artículo 208 dice que el periodo del TSE es de cinco años, pero no quiere decir que tienen que ser exactamente esos cinco años al mismo tiempo que se elige Presidente de la República: “Estoy oyendo de las excusas, son por congruencia cronológica, porque los tiempos no coinciden. Ninguna de esas dos excusas tiene que ver con el texto constitucional. Entonces, mejor sincerarse y díganle a la gente que lo que quieren es que continúen sus cheros siendo magistrados”, sostuvo.
El TSE es dirigido actualmente por Roxana Soriano, una persona de confianza para el bukelismo, quien fue precandidata a diputada del partido Nuevas Ideas y luego fue elegida como presidenta de la Corte de Cuentas de la República. De esa institución es que la Asamblea la movió hacia el TSE.
La diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, sostuvo que ninguna de las dos reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea han sido para favorecer directamente a la gente: “Todas han sido para encajar en ese plan que ustedes tienen de perpetuarse en el poder”, criticó.
En ninguna de las dos reformas, los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo Electoral se pronunciaron. En ambos casos, los titulares de esas instituciones están alineados al bukelismo.
