Política
Gobierno adjudica compra de paquetes escolares a cinco empresas y excluye a pequeños proveedores
El Ministerio de Educación discriminó a pequeños proveedores que ya tenían contratos adjudicados del programa de dotación de paquetes escolares en los centros educativos para 2026. Sin ningún aviso o comunicación previa para advertirles sobre este cambio, Educación trasladó el suministro a cinco empresas consolidadas con las que resultaba imposible competir en una licitación. Este proceso, marcado por el desprecio del Gobierno de Nayib Bukele a los pequeños proveedores, impacta directamente en miles de familias que dependían de ese programa para subsistir durante el año.
Por Guillermo Cartagena
Diciembre 22, 2025
Sin ninguna notificación oficial, más de 500 pequeños proveedores de útiles escolares perdieron sus adjudicaciones con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) para el programa de dotación de paquetes escolares de 2026. En su lugar, esta cartera de Estado optó por contratar a cinco empresas consolidadas, en el rubro de librerías y papelerías, que serán las encargadas de proporcionar los útiles escolares para más de un millón de estudiantes de 5,080 centros educativos oficiales y subvencionados en todo el territorio nacional.
La decisión sorprendió a los pequeños proveedores que ya se encontraban listos para comenzar a trabajar los pedidos de 2026. GatoEncerrado tuvo acceso a las notificaciones oficiales de adjudicación de contratos que recibieron, en agosto de 2025, de parte del área de información de paquetes del MINEDUCYT. En esas notificaciones, se les indicaba que serían llamados para firmar los documentos contractuales, pero ese momento nunca llegó.
A pesar de la adjudicación, el gobierno incumplió su palabra y el proceso legal que inició con los pequeños proveedores. Para algunos, este era el contrato que les daría sostenibilidad económica para 2026. El MINEDUCYT optó por buscar empresas y ni siquiera les avisó que los contratos previamente adjudicados ya no se ejecutarían. No hubo ni llamadas ni correos electrónicos para explicarles la decisión de sacarlos del programa de paquetes escolares, que empezó a funcionar en 2010 con el objetivo de “apoyar la economía familiar de los hogares salvadoreños y promover un modelo de desarrollo integral que fortalezca las MYPES a nivel local”.
Cristina*, una pequeña proveedora afectada, contó a GatoEncerrado cómo se enteró de que ya no participaría en el suministro de útiles escolares. Fue gracias a un vendedor de una empresa con la que ella trabajaba para completar los paquetes, quien le preguntó qué pensaba sobre la nueva licitación pública que lanzó el Ministerio de Educación. Esa pregunta la desconcertó porque no tenía idea de a qué se refería.
A lo que el vendedor aludía era a la licitación competitiva No. 02/2026 MINEDUCYT-GOES, titulada “Adquisición de paquetes de útiles escolares para estudiantes de centros educativos oficiales y subvencionados de El Salvador”, publicada en el sitio de Comprasal el pasado 27 de octubre. Es decir, Cristina se enteró que los cuatro contratos que tenía adjudicados, con centros educativos del distrito de San Martín, en San Salvador, ya no tenían validez. Lo supo más de dos meses después de la adjudicación.
Licitación competitiva lanzada por el MINEDUCYT el 27 de octubre, dos meses después de que los proveedores habituales fueran notificados de la adjudicación de los contratos para 2026.
Además de enterarse de manera fortuita, tampoco obtuvo explicaciones de por qué el Ministerio de Educación dejó sin efecto las adjudicaciones. Las autoridades correspondientes no comunicaron las razones de por qué ya no trabajarían con pequeños proveedores. Cristina comenzó a cuestionarse si había fallado en algo, si no cumplió con los requisitos o si el gobierno lo hizo para ahorrar costos. Esas dudas parece que permanecerán porque ningún funcionario está en disposición de dar respuesta.
“Esto es lo que realmente duele, que nos ignoren en la sociedad, que solo nos dan una bofetada. Se siente feo, pues, y eso es lo que yo no quisiera, que mi país siguiera así”, lamentó Cristina.
Ante esta situación, los pequeños proveedores decidieron organizarse para denunciar y exigir explicaciones al gobierno. Fue así que el 31 de octubre, con carteles en mano, se presentaron en las instalaciones del Ministerio de Educación y en Casa Presidencial. En ambos lugares entregaron una carta en la que solicitaron ser tomados en cuenta para el proceso de licitación y seguir trabajando tal como lo habían hecho hasta este año. Según el relato de algunos proveedores, afuera del MINEDUCYT se encontraron a la ministra de Educación, Karla Trigueros, y le pidieron unos minutos para conversar, pero ella respondió que iba apurada a una reunión.
Carta entregada por el grupo de proveedores en Casa Presidencial para solicitar la ayuda de Nayib Bukele. Argumentaron que el programa de entrega de paquetes escolares daba la oportunidad de generar empleo y dinamizar la economía del país.
El pasado 3 de noviembre, sin desistir a su petición, los pequeños proveedores llevaron por segunda vez una carta dirigida a Nayib Bukele. Lo hicieron contra el tiempo, porque al día siguiente cerraba el plazo para aplicar a la nueva licitación. Ese mismo día, en el Ministerio de Educación, fueron atendidos y sostuvieron una breve reunión con empleados de esa institución. Ellos les dijeron que iban a trasladar sus inquietudes a la ministra Trigueros y que estuvieran pendientes de sus teléfonos por una posible llamada, pero los días pasaron y la llamada nunca ocurrió.
Finalmente, el 18 de noviembre, el Ministerio de Educación emitió la resolución de la nueva licitación. Tras analizar ocho ofertas, tres de ellas fueron declinadas por no subsanar observaciones en tiempo o por ofrecer precios demasiado elevados. Las cinco empresas seleccionadas fueron Industrias Facela, Grupo D’QUISA, Librería Cervantes, Papelera San Rey e Importaciones Carranza; nombres reconocidos con amplia trayectoria en el rubro de librerías y papelerías, y con las que resultaba imposible competir para los pequeños proveedores que venían trabajando con el gobierno de turno.
Impactos para los pequeños proveedores
Cristina comenzó a trabajar como proveedora de útiles escolares para el MINEDUCYT hace cuatro años. Durante este tiempo, ese ingreso le permitió sacar adelante a sus dos hijos y surtir la pequeña librería de la que se encarga junto a su hermana. Sin embargo, el nuevo rumbo que decidió tomar el gobierno respecto al programa de paquetes escolares le deja en una situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el economista Rafael Lemus, esta es una de las principales desventajas del cambio de proveedores, puesto que muchos de ellos pierden la venta con la que logran sobrevivir la mayor parte del año.
“Para ellos (proveedores), venderle al gobierno en estas instituciones significa salvar el año o prácticamente perder el año, en cuanto a ventas. Entonces, es una situación bien desafortunada estos procesos de exclusión a los pequeños y medianos proveedores. En el pasado lo que contemplaba la ley LACAP, un poco manteniendo ese balance, era dejar porcentajes o algunos productos a pequeños y medianos empresarios. Es decir, hacer una distribución en la cual participen de distintos tamaños dependiendo de la necesidad del gobierno, ya sea en cuadernos o en libros específicos. Es decir, tratar de darles espacio a todos”, recalcó Lemus.
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) fue derogada por los diputados de Nuevas Ideas el 25 de enero de 2023. Pese a ello, los pequeños proveedores siguen respaldados por la Ley de Desarrollo y Protección Social, en donde el programa de dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares forma parte del Subsistema de Protección Social Universal.
Esto, según el propio Instructivo para la Adquisición de Bienes y Servicios del Programa de Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares del Ministerio de Educación, implica contribuir a ampliar las capacidades productivas de la sociedad, especialmente de los pequeños proveedores, micro y pequeñas empresas.
El impacto no es solo para Cristina y su familia, sino que se extiende al personal que ya había contratado para el suministro de paquetes escolares del 2026. Cuatro personas más que ya estaban listas para realizar el trabajo, pero que tuvo que despachar porque ya no hay manera de pagarles. Según el grupo organizado de pequeños proveedores, son cerca de dos mil empleados fijos y casi cuatro mil empleados eventuales los afectados.
En el fondo, la decisión del gobierno de realizar este cambio, según explica Lemus, puede estar fundamentada en ahorrar costos y lograr mayores eficiencias en el precio de los productos que forman parte del paquete escolar, pero sin perder de vista que esto perjudica la participación de los pequeños proveedores, micro y pequeños empresarios y concentra en las grandes empresas las operaciones de compras públicas.
Para Lemus, una posible solución sería un modelo híbrido en donde los productos de alto volumen, como los cuadernos clásicos, estén a cargo de grandes proveedores; mientras que los productos y materiales de menor volumen y más especializados, como los de preescolar, podrían asignarse a los pequeños proveedores.
“En aquellos productos en los que es clave el volumen, porque hay que comprarle cuadernos a un millón de niños, me inclinaría por una solución de grandes proveedores para lograr eficiencias de costos para el gobierno. Donde hay volúmenes de un tamaño de escala menor para los grados de kinder, prekinder, primer grado, que son otros materiales más de colores, dibujos, repintar rayitas, círculos, material de motricidad, ahí siento yo que abriría espacio para los pequeños y medianos empresarios”, enfatizó Lemus.
Esa posible solución ayudaría a que los pequeños proveedores mantengan un ingreso considerable y puedan seguir nutriendo el ecosistema que ya se había formado entre los micro y pequeños empresarios, empleados fijos y empleados eventuales.
Esa posibilidad, de momento, parece muy lejana, sobre todo si se toma en cuenta las informalidades con las que ha actuado el Gobierno de Bukele en este caso, quien desde un primer momento no notificó la cancelación de los contratos para el 2026 a los pequeños proveedores y tampoco buscó una alternativa en conjunto para mitigar el impacto económico en sus hogares.
*El nombre verdadero de Cristina no fue publicado para resguardar su integridad ante posibles represalias del Gobierno de Nayib Bukele.
