Por Ezequiel Barrera*

En cuanto a lo técnico, Aguirre señaló que la aplicación ha sido descargada por un poco más de 300,000 usuarios. Pero ese número, advierte, apenas equivale a alrededor del 4 % de la población que se puede beneficiar de esta política de salud, mientras que el 96 % restante sigue llegando a hospitales, a las clínicas comunales y a unidades de salud, donde se encuentran con una realidad muy distinta a la planteada en la propaganda gubernamental. En esos centros públicos de salud, los usuarios enfrentan, con frecuencia, la falta de insumos para medir la presión arterial o hacerse exámenes. 

Aguirre plantea que hay una grieta cada vez más difícil de ocultar entre la realidad y la propaganda gubernamental. Mientras en los hospitales y clínicas públicas persiste el desabastecimiento de medicamentos y la fuga del 45 % de especialistas en el ISSS y del 50 % en todo el sistema público de salud, el Gobierno de Bukele ha destinado $5.8 millones en contratos, poco transparentes, con farmacias y laboratorios privados. GatoEncerrado solicitó, por medio de la Ley de Acceso a la Información, esos contratos que el gobierno celebró con las farmacias y laboratorios privados, pero la solicitud no fue respondida.

En la práctica, según explicó el doctor Aguirre, exámenes básicos como el ácido úrico o la hormona tiroidea (TSH) se suspenden en centros institucionales por falta de insumos que, comprados por el sistema público, cuestan centavos o pocos dólares; pero cuando el paciente se ve obligado a realizarlos en laboratorios privados, el precio puede ascender hasta $47. Para el médico, antes de financiar la “innovación” que sirve como parche tecnológico para disimular la crisis, el gobierno debería fortalecer los laboratorios públicos y contratar más especialistas, como radiólogos. 

Aguirre sostiene que esta innovación en el sistema de salud es, en el fondo, otra forma de profundizar la desigualdad social. Advierte que, si el Gobierno de Bukele sigue apostando por soluciones que dependen del sector privado mientras la red pública se debilita, el resultado es predecible: quienes tienen recursos económicos podrán sortear la crisis pagando, mientras que las mayorías pobres quedarán más lejos de una atención médica oportuna y de calidad. 

“No podemos seguir permitiendo esta situación y eso es un abandono del sistema nacional por querer fortalecer un sistema privado de atención. ¿Y cuál es el problema en que la atención sea privada? Recordemos, ¿qué es lo que pasó con las telecomunicaciones? Allí lo que pasó fue que se hicieron categorías de ciudadanos, ¿sí? Ahora está el ciudadano que puede adquirir un teléfono de baja gama, el de media gama y el de alta gama. ¿Ustedes lo han escuchado cuando han ido a las telecomunicaciones? Uno va y dice: ‘Mire, yo quiero un teléfono’ y le responden a uno: ‘¿Cómo lo quiere? ¿De alta, de baja o de media gama? Y eso tiene que ver con el precio. Hay diferencias entre un telefonito de $100 a un teléfono de $1800. Lo mismo quieren hacer con la salud: Quieren categorizar a nuestra población. Categoría A, categoría B, categoría C y categoría Z. Y eso no lo podemos permitir”, dijo Aguirre.

Para el secretario del SIMETRISSS, la innovación tecnológica que se está implementando en el sistema público de salud, y de la que se jacta el Gobierno de Bukele, es como ponerle un GPS de última generación a un vehículo viejo y sin combustible. 

El presidente del Colegio Médico de El Salvador también señaló que los recientes despidos masivos de unos siete mil doctores, especialistas, enfermeras y personal técnico en el Ministerio de Salud, el Seguro Social y el Fondo Solidario para la Salud es el aviso de que la crisis y la baja calidad en atención médica se agudizará en 2026, poniéndo en riesgo la vida de los salvadoreños. Lo peor de todo, según expresó, es que esta es una “crisis premeditada” con el objetivo de facilitar procesos de “innovación” y posible privatización de los servicios de salud.