Por Robert Valencia | Connectas

A mediados de julio de 2024, durante la Convención Nacional Republicana, miles de asistentes sostenían carteles con la frase “Deportaciones Masivas Ahora”. Era evidente que la presidencia de Donald Trump abrazaría esa consigna unos meses después al regresar a la Casa Blanca. Pero nadie imaginaba que llegaría a los extremos actuales. A poco más de un año de mandato, no solo sus detractores sino incluso algunos de sus seguidores han visto con estupor hasta donde ha llegado el recrudecimiento de sus políticas anti-inmigratorias.

Desde el momento en que Trump saltó a la palestra política en 2015, su lenguaje peyorativo hacia los mexicanos ya daba indicios de su acercamiento al tema migratorio. Su primera administración estuvo plagada de crueles medidas en ese tema, como la separación de familias bajo la premisa “cero tolerancia”, cuando envió a muchos niños a campamentos a miles de kilómetros de sus padres. Entre otras medidas controversiales, implantó la llamada “Quédate en México”, por la que obligó a miles de migrantes a vivir en peligrosas ciudades de la frontera mientras esperaban un proceso de asilo, en ocasiones atascado en las ya saturadas cortes migratorias.

Pero en esta segunda administración, Trump y su equipo llegaron más preparados. Esta vez, decidieron aplicar sus medidas anti-migratorias mediante una agencia federal a la que le multiplicaron exponencialmente sus recursos: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE. Creada en marzo de 2003 como producto de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ICE suplantó al Servicio de Naturalización e Inmigración (INS por sus siglas en inglés), que operó bajo el Departamento de Justicia entre 1940 y 2003. Ante la magnitud de los ataques del 9/11, y su enorme impacto en la opinión pública, la administración de George W. Bush decidió crear el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con la idea de que el país estaba bajo una permanente amenaza existencial.

Como lo señalan algunos críticos, el DHS se fue convirtiendo en un Frankenstein que agruparía una enorme cantidad de agencias, desde ICE, hasta el Servicio Secreto, la Administración de Seguridad en el Transporte y hasta la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), pero con un ADN en particular: instalar en la psiquis estadounidense una latente amenaza externa, aprender a convivir con la “Guerra contra el Terror” y comenzar a instalar campañas de contrainsurgencia, vigilancia masiva mediante equipos militares a nivel nacional —desde drones hasta vehículos blindados— independientemente de si las amenazas eran reales o no.

Pero desde 2001, Estados Unidos no volvió a experimentar un ataque de fuerzas externas, lo que obligó al DHS a justificar su existencia. Y qué mejor excusa que enfilar esfuerzos, por medio de ICE, contra la inmigración irregular. Durante los años de Obama fracasaron los esfuerzos bipartidistas por aprobar una reforma migratoria que permitiera legalizar y naturalizar a muchos migrantes. Y mientras tanto, silenciosamente, ICE comenzaba a crear sofisticados programas militares y a iniciar campañas de reclutamiento dirigidas veladamente a activistas del supremacismo blanco, miembros de milicias rurales armadas y veteranos de las guerras en Irak y Afganistán.

Ya bajo la presidencia de Trump, entró en escena su asesor Stephen Miller, el verdadero arquitecto de esta campaña contra los migrantes, quien se encargó de potencializar a ICE hasta convertirla en una verdadera fuerza de choque. Sus detractores lo señalan de basar su carrera en la intolerancia frente a comunidades de color mucho antes de convertirse en la mano derecha de Trump. Cuando trabajaba bajo el entonces senador republicano Jeff Sessions, Miller impulsaba políticas para debilitar programas a favor de grupos desfavorecidos, como personas racializadas, LGBT+ e inmigrantes.

Asimismo, a Miller le atribuyen vínculos con grupos supremacistas blancos, de acuerdo con algunos emails revelados por medios estadounidenses. Según ellos, Miller ha mantenido conversaciones con extremistas de la ultraderecha, particularmente el grupo el “Campo de los Santos”, notoriamente anti-inmigrante y racista. A pesar de que 100 congresistas pidieron su renuncia, Trump no cedió a las presiones y el funcionario sigue desempeñando su cargo en Washington.

De hecho, a mediados de 2025, Miller presionó a agentes de ICE a realizar, al menos, 3 mil arrestos por día, sin importar si se trataba de residentes legales o incluso ciudadanos naturalizados o nacidos en el país. Incluso en algún momento les dijo que podían hacer todo lo que quisieran porque tendrían inmunidad absoluta.