Por GatoEncerrado

Los cinco ambientalistas de Santa Marta que han sido absueltos dos veces por tribunales diferentes —que han coincidido en que las pruebas en su contra son insuficientes para imponerles una condena— siguen perseguidos por la Fiscalía General de la República que busca, por tercera vez, llevarlos a juicio, acusados de participar en el supuesto asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido en 1989 en el contexto del conflicto armado salvadoreño. 

Los ambientalistas, sus familiares y miembros de la comunidad Santa Marta, que hablaron con GatoEncerrado, señalaron que la Fiscalía ha mantenido una “actitud caprichosa” y “obsesiva” para conseguir una “condena a toda costa”. Esto, a pesar de no contar con pruebas contundentes y de que el sistema judicial, subordinado a los intereses del Gobierno de Nayib Bukele, actúa a favor del ministerio público.

Como muestra de ese “capricho” y “obsesión”, los fiscales del caso acudieron, el pasado 13 de febrero, ante la Cámara Penal de Segunda Instancia para solicitar que anule la absolución que emitió el Tribunal de Sentencia de San Vicente y que, en su lugar, ordene la realización de un tercer juicio en contra de los ambientalista Antonio Pacheco, Pedro Rivas, Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Saúl Rivas y otras tres personas más. 

“La forma de cómo argumentan dicha apelación es un poco más buscando no la aplicación de manera correcta o la norma jurídica, sino un poco más como una actitud un tanto caprichosa en función de buscar una condena, aunque no haya prueba, pero ellos necesitan que seamos condenados”, dijo uno de los ambientales a GatoEncerrado, quien pidió no ser identificado individualmente. 

El mismo ambientalista agregó que considera incoherente la insistencia de la Fiscalía en un tercer juicio, a pesar de las absoluciones de los juicios de octubre de 2024 y su repetición entre julio y septiembre de 2025.

“Dos tribunales han participado ya en estos juicios. Son seis jueces los que han participado, tres en el primero de 2024 y tres en el de 2025. Es bien difícil que estos seis jueces se hayan equivocado y que dos fiscales tengan la verdad”, afirmó. 

En cuanto a la petición de la Fiscalía ante la Cámara Penal, el ambientalista expresó que su esperanza es que la Cámara ratifique la absolución. De esta manera, el caso podría tener un cierre definitivo y cesar la persecución.

“Esperamos que la Cámara pueda, digamos, hacer un análisis y un estudio bien detallado sobre los hechos planteados y en ese sentido pueda ratificar el sobreseimiento o la absolución del del Tribunal de Sentencia de San Vicente y así de esa manera ponerle fin a este Calvario en el cual hemos venido caminando por más de tres años”, dijo.

Milton Rivas, hijo del ambientalista Pedro Rivas, compartió con GatoEncerrado que los últimos tres años han sido difíciles para él y su familia debido al proceso legal que ha enfrentado su padre. Desde que comenzó la persecución de la Fiscalía, el proceso judicial y los meses en prisión, toda la vida en familia fue trastocada, ya que su padre es agricultor y su tiempo lo dedicaba al trabajo comunitario y al cuidado del hogar. La detención significó un cambio abrupto, pues estaban acostumbrados a convivir con él a diario.

“Estos últimos tres años han sido ese choque de ver cómo él estuvo prácticamente ocho meses desaparecido, en el que no sabíamos prácticamente nada, ni siquiera el abogado que teníamos podía verlo (…) Todo ha sido un golpe fuerte emocionalmente. Vemos que los fiscales están buscando la manera de condenarlo a toda costa. Eso nos preocupa porque están encaprichados en un caso sin tener pruebas”, lamentó Rivas. 

Otros familiares y miembros de la comunidad Santa Marta agregaron que la Fiscalía no solo carece de pruebas contundentes, sino también de argumentos para justificar la repetición del juicio. Por ello, confían en que la Cámara actúe conforme a derecho y ratifique la absolución. Además, esperan que se acepte la apelación de la defensa en la que solicitan que se anule la responsabilidad y la obligación de responder económicamente por supuestos daños y perjuicios a los familiares de María Inés Alvarenga.

“Obsesionada por condenarlos sin pruebas, la Fiscalía ha presentado una apelación carente de argumentos y claros vicios, tanto de forma como de fondo, por lo que debería ser rechazado por la Cámara”, expresaron.

Para Alfredo Leiva, líder comunitario de Santa Marta, el caso también refleja una clara criminalización contra las personas que defienden los bienes naturales, principalmente aquellos que se oponen a la minería. Especialmente en el contexto actual de la aprobación exprés de una ley que permite nuevamente la minería metálica en El Salvador. Antes de esta ley, en 2017, la minería metálica había sido prohibida gracias a la lucha de personas como los cinco ambientalistas que lucharon contra empresas mineras que operaban y contaminaban en El Salvador. 

“Esto nos lleva a pensar de que estamos frente a un caso de criminalización por la actividad que los compañeros realizaban en defensa de los bienes comunes”, señaló Leiva.